Guadalajara, Jalisco, a 13 de diciembre de 2007.
Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2007.

BOLETIN DE PRENSA
Presentación de las estrategias emprendidas en contra de funcionarios del estado de Jalisco, implicados en presuntas violaciones -prostitución infantil, corrupción de menores y pornografía a menores de edad

Desde agosto del presente año, en la prensa local del estado de Jalisco comenzaron a circular testimonios de menores de edad, quienes fueron abusadas sexualmente y / o que participaron en fiestas en donde el consumo de alcohol y drogas, así como la explotación y abuso sexual, eran prácticas recurrentes. A estas fiestas asistían, en su mayoría, adultos, entre los cuales figura el nombre de un servidor público de segundo nivel del Ayuntamiento de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, así como del Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos.

Los hechos antes descritos son graves, sin embargo, el escenario se agudiza cuando una de las víctimas, junto con su madre, decide denunciar la violación sexual de la que fue objeto: el trámite ante las autoridades correspondientes resultó deficiente, tardado y con claras señales de encubrimiento de los funcionarios públicos involucrados. Después de interponer su denuncia, la víctima fue privada de su libertad para obligarla a retirar la demanda en contra de los funcionarios públicos señalados; una vez que fue liberada del cautiverio y denunciados los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio y junto con su madre y una de sus hermanas, fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en donde fueron obligadas, a través de amenazas, a firmar declaraciones prefabricadas, en un movimiento que se presume servirá para exculpar a los involucrados en todo este contexto.

Dada la situación anterior, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), detecta dos situaciones graves:

1. Una de las menores participantes en estas fiestas, y que fue víctima de violación sexual, no ha tenido acceso a la justicia. Esto da luz de cómo un aparato de justicia es utilizado para encubrir a sus propios funcionarios y de la nula protección de los derechos fundamentales de las víctimas.
2. Hay presunción de que servidores públicos del estado de Jalisco han participado en fiestas a las que acuden menores de edad, en donde se consume alcohol, drogas, y en donde se dan prácticas de prostitución infantil, corrupción de menores y pornografía.

De esta forma, la denuncia presentada por la señora Arellano Enciso y su hija, refleja la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el estado de Jalisco. No sólo hablamos de víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la Comunidad Internacional como lo es la prostitución y pornografía infantil, sino de violencia institucional propiciada por el propio poder público del estado de Jalisco. En este sentido, resulta incompetente para proporcionar protección, así como realizar una investigación pronta, completa, imparcial y eficaz.

Lo anterior vulnera el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas, constituyendo actos de exclusión por su condición de mujeres y niñas. Lo anterior, lo consideramos violaciones generalizadas en contra de todas aquellas menores que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, lo que contraviene instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Parà); la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del niño; el Protocolo Facultativo a dicho instrumento internacional, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Debido a que el presente caso ha trascendido el ámbito estatal y tiene repercusiones para el Estado Mexicano, las víctimas han decidido presentar el día de ayer, formal denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (FEVIM), para que ante la denegación de justicia por parte de la instancia de procuración de justicia en el Estado de Jalisco, investigue los hechos denunciados, toda vez que consideramos pudieran constituir delitos de pornografía, prostitución y explotación sexual infantil; corrupción de menores y delincuencia organizada. Lo anterior, con independencia de los delitos cometidos por agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, no sólo al omitir investigar las denuncias presentadas por las víctimas en el fuero estatal sino al privar de la libertad, coaccionar e intimidar a las denunciantes para someter la delicada función de procurar justicia, a los intereses personales de su titular Tomás Coronado Olmos, quien hasta el momento permanece impunemente en el cargo, con la seguridad que le concede el fuero de su nombramiento público.

Asimismo, hacemos del conocimiento público, que el 7 de diciembre de 2007, el CEPAD solicitó a la FEVIM, su intervención para que proporcionara con carácter de urgente las medidas tendientes a salvaguardar la seguridad e integridad de las víctimas, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta oportuna, por lo que conminamos a dicha autoridad a que ejerza todas sus facultades para garantizar los derechos que como víctimas de violencia tiene la familia Arellano Enciso.

De la misma manera, y debido a las violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de la mujer, el CEPAD solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que dicte medidas cautelares que permitan salvaguardar la seguridad de las denunciantes, así como para que ejerza la facultad de atracción de la investigación de las inconformidades al parecer promovidas por varios servidores públicos de la PGJE con relación a los hechos, y que se integran en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Lo anterior, debido a que el Ombudsman estatal determinó públicamente, de manera anticipada, que en el presente caso no existían presuntas violaciones de derechos humanos, determinación en la que se basó el Gobernador del Estado de Jalisco para afirmar que no se tenía que investigar al Procurador del Estado y menos removerlo de su cargo. Lo anterior, representa un claro incumplimiento de sus atribuciones para investigar de oficio cualquier asunto en donde se adviertan atentados a las libertades fundamentales, exigiendo de manera injustificada, la presentación de una inconformidad por parte de las víctimas, lo que daña seriamente la autonomía y fines del organismo.

Aunado a lo anterior, y debido a las obligaciones que le nacen al Estado Mexicano, derivadas de la firma de los diversos instrumentos internacionales y relacionados con la protección de los derechos humanos de la mujer, hemos solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para que dicte medidas cautelares con carácter de urgentes con el objeto de salvaguardar la vida e integridad personal de la familia Arellano Enciso. Asimismo, para que dicho organismo exija al Estado Mexicano una investigación imparcial y la sanción para los responsables de los hechos denunciados, así como para aquellos derivados de la violencia institucional.

Por lo tanto, el CEPAD comunica lo siguiente:

• Solicitamos la intervención de la FEVIM con el propósito de que el Estado Mexicano cumpla con las obligaciones internacionales que ha suscrito para prevenir y erradicar la situación de violencia contra la mujer, así como sancionar con todo el peso de la justicia a quienes cometen delitos en contra de ellas, sobre todo de aquellos que utilizan los puestos públicos para adquirir impunidad.
• Le corresponde al Gobierno Federal responder ante la incompetencia manifiesta del Estado Jalisco por la violación generalizada y sistemática a los derechos humanos de la mujer.
• Finalmente hacemos responsable al Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, de cualquier atentado a la integridad física o psíquica de las víctimas, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos que hemos acompañado a estas víctimas.

Para concluir, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo agradece la solidaridad de las organizaciones que hoy nos acompañan: CLADEM Jalisco y MAMA AC.