En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se conocen dos mecanismos para proteger a las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, así como aquellas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos fundamentales: las medidas cautelares y las medidas provisionales . Las primeras son solicitadas por la Comisión Interamericana DH, y las segundas, por la Corte Interamericana DH a los Estados partes de la Convención Americana DH como a los Estados que no la han ratificado pero que son miembros de la Organización de Estados Americanos.

Las solicitudes de medidas cautelares deben necesariamente demostrar que se está ante la presencia de casos urgentes y graves, y que tales medidas buscan evitar que se consuma un daño irreparable a los derechos de las personas. Así por ejemplo, si se solicitan medidas cautelares para salvaguardar la vida o la integridad de una persona debemos demostrar que las amenazas u hostigamientos son inmediatos o inminentes, que están dirigidos contra derechos fundamentales y que se pueden evaluar como verosímiles de acuerdo con la información disponible.

El pasado 13 de diciembre de 2007, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), en calidad de peticionarios solicitaron a la Comisión Interamericana se adoptaran las medidas cautelares a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de la señora Araceli y sus menores hijas. Después de requerir a los peticionarios información adicional, así como requerir al Estado mexicano por un informe detallado de los hechos contenidos en la solicitud, la Comisión Interamericana acordó el 12 de febrero pasado, solicitar con base en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión para que en un término de 20 días el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las víctimas; concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, e informen sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción delas medidas.

Dicha determinación nos hace reflexionar sobre aspectos importantes en un contexto de violaciones a los derechos humanos en Jalisco: que las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos de Jalisco y Nacional respectivamente han demostrado su ineficacia e ineficiencia para atender una petición de protección a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Tuvo que ser un organismo supranacional dependiente de la OEA quien analizara el estado de vulnerabilidad de las víctimas, no obstante que las autoridades mexicanas remitieron sus informes argumentando lo contrario.

De acuerdo con la información vertida en la página de la CIDH , es la primera ocasión que la Comisión solicita al Estado mexicano que adopte las medidas cautelares en el territorio de Jalisco, esto a pesar de la incredulidad por parte de esos personajes públicos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana, así como respetar y defender los derechos humanos de los y las jaliscienses.