Las redes de prostitución y pornografía infantil, operan mayoritariamente en aquellos lugares en los que reina la impunidad o peor aún, en donde son las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las que no sólo permiten o toleran, sino que participan en ellas.

Un claro ejemplo de lo anterior, es lo recientemente sucedido con el ahora ex gobernador de Nueva York. A estas alturas no se sabe si dimitió por la moral norteamericana, por la presión y poder de los medios de comunicación, o de plano, por la comprobación fehaciente de forma legal, de su participación. En cualquiera de los tres supuesto, sirve de ejemplo para México.

La visita a Guadalajara en 2007 del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Juan Miguel Petit y su reciente informe, nos dan una pista de la problemática que vive el estado, ya que otro gran foco lo tenemos en Puerto Vallarta.

Las conclusiones del Relator Especial en su informe son enfáticas:

“Lejos de ser una modalidad rústica o espontánea de delincuentes aislados, la explotación sexual de niños y adolescentes está vinculada a diversas formas del crimen organizado y a circuitos clandestinos del mercado sexual, donde la abundancia de dinero que generan estas actividades y las conexiones corruptas con diversos estamentos del sector estatal, facilitan el desarrollo de la explotación y vuelven con frecuencia una tarea imposible la persecución de los infractores”

“… la corrupción y desidia policial como una de las causas principales para que la explotación y la trata se desarrollen. La ineficacia, la mala capacitación, la corrupción y la falta de adecuados protocolos y reglamentos de monitoreo, persistentes en diversos organismos policiales y municipales encargados de asegurar que no existan menores explotados en el llamado «mercado sexual», favorece el accionar de especuladores y aprovechadores, que quieren ofrecer a sus «clientes» adolescentes y jóvenes”.

Muchas han sido las voces en el estado de Jalisco para que quien lleva el delicado encargo de procurar justicia, dimita también ante las acusaciones de su presunta participación en fiestas en donde se llevaban a cabo juegos sexuales con menores de edad; sin embargo, no han tenido el eco necesario para ello. A estas voces, se suma el reciente informe del Relator Especial que trae los ojos de la comunidad internacional a nuestro estado, como un llamado firme y respetuoso a la legalidad y a la justicia para las víctimas de éstos delitos.