La señora María Araceli Arellano Enciso y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, informan lo siguiente:

1. El 12 de febrero de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes a favor de la señora Maria Araceli Arellano Enciso y sus hijas, en un plazo no mayor a 20 días. Estas medidas cautelares fueron otorgadas con el fin de garantizar su integridad, dado el hostigamiento al que se han visto sometidas a raíz de la denuncia que presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco el 24 de abril de 2007, así como para que se investigaran judicialmente los hechos.
2. El 14 de febrero de 2008, estas medidas cautelares entraron en formal funcionamiento. Esto significa que desde ese día, la señora y sus hijas cuentan con la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones que las escoltan durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
3. Estas medidas cautelares son operadas desde la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), que a su vez forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
4. El 28 de febrero de 2008, en la ciudad de México, se realizó la primera reunión para la implementación de estas medidas cautelares. En esta reunión participó la señora Araceli, la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el CEPAD como peticionarios, así como personal de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la FEVIMTRA y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. En esta reunión se protocolarizaron la implementación de las medidas cautelares solicitadas al Estado mexicano, consistentes en la protección a la integridad física y la vida de las víctimas y se programó una serie de reuniones de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento de las mismas.
5. Esta segunda reunión, se llevó a cabo el día de hoy, en la representación estatal de la Secretaría de Gobernación.

La importancia de hacer del dominio público esta información, es porque durante el último mes, en el Cepad hemos documentado que el Gobierno del Estado de Jalisco violó las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación se describen los hechos:

1. Durante la primera quincena de marzo de 2008, la señora María Araceli Arellano Enciso se vio fuertemente presionada por su familia, quienes fueron influidos por terceras personas para que abandonara el proceso jurídico que inició en la FEVIMTRA en diciembre de 2007.
2. Ante el temor por la vida e integridad de la señora Araceli y víctima de las presiones antes señaladas, uno de los miembros de la familia, estuvo insistiendo varias veces, para que se reuniera con funcionarios del gobierno estatal, quienes le podrían ayudar a resolver su caso, a lo cual la señora se negó en repetidas ocasiones.
3. Sin embargo, después de varias semanas de presión, y al no tener alternativa, la señora accedió a reunirse con éstas personas. Fue así cuando el 13 de marzo de 2008, María Antonia Durán López, Directora General de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, visitó “en nombre del Gobernador, Emilio González Márquez” a Araceli para persuadirla de retirar la denuncia en contra del Procurador.
4. Esta funcionaria le hizo varios ofrecimientos a cambio de retirar la denuncia. El primer ofrecimiento fue poner a disposición de Araceli, un abogado para que llevara su caso directamente en la Procuraduría del Estado; el segundo ofrecimiento fue conseguir un mejor trabajo para la señora; el tercer ofrecimiento era otorgarle becas a sus tres hijas; y el cuarto ofrecimiento era conseguirle una audiencia con el Gobernador del Estado.
5. A cambio le pedían que se desistiera de la denuncia, principalmente para limpiar el nombre del Procurador y ofrecer una entrevista en donde se retractara de sus dichos en una televisora local.
6. Dicha funcionaria utilizó a la familia de Araceli y su necesidad de seguridad como una herramienta para vulnerar el ánimo y voluntad de ella, lo que propició que firmara algunos documentos a los que ellos no han tenido acceso (la primera vez fue en agosto de 2007 cuando ella y sus hijas fueron privadas de su libertad en las instalaciones de la Procuraduría Local). Suponemos que estos documentos serán utilizados en algún proceso jurídico.
7. Inmediatamente de ocurridos estos hechos, la señora Araceli denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual documenta, otra vez, un hostigamiento sistemático por parte de las autoridades estatales.
8. Con esto queda manifiesta la falta de voluntad de las autoridades de Jalisco para respetar y dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
9. Las condiciones que se han dado para este escenario, en donde no hay acceso a la justicia, son originadas por varios factores. Uno de ellos es la existencia en la PGJEJ, de la averiguación previa AP 392/2008 en la Agencia Operativa de Delitos Sexuales, por lo que se considera que en tanto subsista una investigación en el ámbito local, no cesarán las presiones hacia las beneficiarias.

Las circunstancias anteriormente expuestas, hacen más que evidente que no existe un clima de seguridad para la señora y sus hijas; pero también documenta, no solo la falta de interés del Gobierno del Estado por llegar al fondo del asunto, sino la clara intención de encubrir a los servidores públicos involucrados en estas investigaciones. Por todas estas razones, el Cepad hace los siguientes exhortos:
1. A la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA): que agilice las investigaciones, para que acredite la comisión de los delitos de su competencia por parte de los involucrados.

2. A Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco:

§ Primero. Que el gobierno del Estado de Jalisco se comprometa públicamente a cesar con los hostigamientos hacia la familia de la señora Arellano Enciso.
§ Segundo. Que a través de la instancia competente, agilice la localización y captura de Martín Aguirre Aguirre, que a casi siete meses de haberse dictado la orden de aprehensión en su contra, aún no se conoce su paradero.
§ Tercero. Se le reitera para que separe de su cargo al Procurador General de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, a fin de que se garantice una investigación transparente e imparcial por parte de la federación.
§ Cuarto. Que suspenda todos los procesos de investigación relacionados con este caso, que actualmente se encuentran en operación en la Procuraduría General del Estado de Jalisco, y que en respeto al derecho ejercido por la señora, sea la FEVIMTRA la única instancia encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Por último, el Cepad reitera que el fondo de todo este asunto es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el estado de Jalisco. No sólo hablamos de víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la Comunidad Internacional como la prostitución y pornografía infantil, sino de violencia institucional propiciada por el propio poder público del estado.