A la familia se le ha brindado servicio profesional de escolta, revira Guadalupe Morfín
El gobierno estatal ha violado medidas cautelares para María Araceli Arellano y sus hijas: abogados

La titular de la Fevimtra se negó a revelar el avance de la investigación del caso de violación
JUAN CARLOS G. PARTIDA

En tanto la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR, Guadalupe Morfín Otero, confirmó que agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) custodian día y noche desde el 14 de febrero a la señora María Araceli Arellano Enciso y sus hijas, los abogados de esta familia (que ha vivido un suplicio desde que denunció que una de las menores fue violada por Martín Aguirre Aguirre, organizador de fiestas sexuales en las que presuntamente participaba el procurador Tomás Coronado Olmos) afirmaron que el gobierno estatal ha violado esas medidas cautelares a cargo de la Fevimtra y tomadas a solicitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al Estado mexicano.

Morfín Otero no quiso adelantar el avance, el término ni las líneas de investigación que se siguen en el caso, pero dijo que todos los señalamientos que se vertieron en la denuncia de la menor –de la que se derivaría la existencia de una supuesta red de corrupción de menores– han sido tomados cuenta.

La funcionaria fue entrevistada al término de una segunda reunión de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, realizada en la delegación de la Secretaría de Gobernación. A ella asistieron representantes de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la propia Segob y por supuesto Morfín Otero, en su calidad de fiscal especial encargada del caso.

“Se proporciona un servicio profesional de escolta que la Fevimtra solicita a la AFI, y se brinda un paquete integral de atención a las víctimas a través del centro de Atención Integral que es parte de la misma Fiscalía”, especificó Morfín Otero, quien afirmó que no podía adelantar el avance de las investigaciones debido a que se trata de “un asunto muy complejo”, expresó Morfín.

–¿Ha declarado alguien más aparte de las víctimas?, se le cuestionó.
–Se han hecho todas las gestiones que van apareciendo en el expediente, no podría especificar (…) Es un asunto complejo pero tenemos reserva de ley por lo que toca a una investigación abierta.
–¿Ha recibido presiones, específicamente del gobierno estatal?
–Ustedes me conocen a través de mi actuación en Jalisco y saben si soy una persona que acepte presiones en su trabajo cuando tiene que proteger derechos de víctimas.
–Al tratarse de un asunto complejo seguramente hay varías líneas de investigación, una de ellas la posible existencia de una red corruptora de menores, ¿eso también se investiga?
–Todo lo que nos han planteado los representantes de las víctimas lo estamos investigando, sin entrar en precisiones.
–Usted el año pasado hizo un señalamiento muy preciso en contra del procurador, pero ahora, ya como fiscal, parece que los tiempos son diferentes, más lentos.
–Porque los ciudadanos estamos autorizados a hacer todo lo que no nos prohíba la ley, los tiempos ciudadanos son más ágiles para unas cuestiones que los tiempos institucionales que requieren actuar siempre por medio de facultades expresa que nos da la ley.

Jalisco incumple
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en rueda de prensa por la tarde, manifestó en su calidad de representantes de la familia agraviada que el gobierno estatal “viola las medidas cautelares” que “entraron en formal funcionamiento” el 14 de febrero. Advirtieron sin embargo que durante el último mes la Cepad ha documentado la violación luego que en la primera quincena de marzo la señora María Araceli Arellano Enciso “se vio fuertemente presionada por su familia, quienes fueron influidos por terceras personas para que abandonara el proceso jurídico que inició en la Fevimtra desde diciembre de 2007”.

De acuerdo con el Cepad “uno de los miembros de la familia” varias veces le pidió a María Araceli que se reuniera con funcionarios del gobierno estatal hasta que logró que el 13 de marzo se diera una reunión con “María Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración” estatal, quien la visitó “en nombre del gobernador Emilio González Márquez” en busca de persuadirla de retirar la denuncia. Los ofrecimientos que se denuncian le hizo Durán López fue pagarles un abogado para que llevara el caso en la Procuraduría de Justicia del Estado, conseguirle un mejor trabajo, otorgarle becas a sus tres hijas y conseguirle una audiencia con el gobernador. A cambio, la mamá de la menor violada debía desistirse de la denuncia ante la Fevimtra y ofrecer una entrevista donde se retractara de sus dichos “en una televisora local”.

Aparentemente, María Araceli, vulnerada en el ánimo y voluntad por la difícil situación de vivir escondida y escoltada, firmó algunos documentos que, al igual que cuando “fueron privadas de su libertad en las instalaciones de la PJE” no les dejaron copia. “Suponemos que esos documentos serán utilizados en algún proceso jurídico”, manifestó el Cepad. Sin embargo la señora denunció el hostigamiento otra vez ante la CIDH.

Por ello el Cepad exhortó a la Fevimtra a que agilice sus investigaciones, al gobernador a que se comprometa públicamente a cesar con los hostigamientos, que agilice la captura de Martín Aguirre quien está por cumplir siete meses prófugo tras acreditarse la violación de la menor y girarse orden de aprehensión. También le pide al gobernador que separe a coronado Olmos del cargo “a fin de que se garantice una investigación transparente e imparcial por parte de la federación”, que suspenda todos los procesos de investigación abiertos a nivel estatal y que sea la Fevimtra la única instancia encargada de deslindar responsabilidades.