Señalan que funcionarios estatales han pedido que se desista de la denuncia a cambio de becas y empleo
Por Mario Gutiérrez / Grupo Reforma

Guadalajara, México (15 abril 2008).- El Gobierno del Estado viola las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la familia que denunció al Procurador Tomás Coronado Olmos por presuntos abusos sexuales, advirtió ayer el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

El organismo indicó que funcionarios estatales han pedido a María Araceli Arellano Enciso, madre de una de las menores que habría sido abusada, que desista de la denuncia y le han ofrecido a cambio becas de estudios y empleo.

«Después de varias semanas de presión, y al no tener alternativa, Araceli accedió a reunirse con funcionarios. Fue así cuando el 13 de marzo María Antonia Durán López, Directora General de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración, visitó ‘en nombre del Gobernador’ a Araceli para persuadirla de retirar la denuncia en contra del Procurador», explicó Francisco Macías Medina, coordinador del Cepad.

Arellano Enciso denunció este nuevo caso de hostigamiento a la CIDH, la cual en febrero había pedido al Estado mexicano proteger a la madre de familia y a sus tres hijas.

La insistencia gubernamental para que retire la denuncia en contra de Coronado Olmos llega cuando Arellano Enciso y sus hijas ya se encuentran bajo protección de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) desde el 14 de febrero.

La custodia forma parte del cumplimiento de las medidas solicitadas por la CIDH y de la intervención de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), encabezada por Guadalupe Morfín Otero.

«Se proporciona un servicio profesional de escolta que la Fevimtra solicita a la AFI y se brinda un paquete integral de atención a las víctimas a través del Centro de Atención Integral que es parte de la misma Fiscalía», indicó Morfín Otero.

Con independencia de las investigaciones que realiza la Procuraduría del Estado, la Fevimtra elabora sus propias pesquisas para conocer si Coronado Olmos y otros funcionarios públicos participaron en fiestas donde presuntamente se habrían dado abusos sexuales contra menores.

El 12 de diciembre del año pasado la Fiscalía, dependiente de la PGR, recibió una denuncia para investigar si el Procurador habría cometido los delitos de pornografía y corrupción de menores.

Ayer se realizó una reunión, convocada por la Secretaría de Gobernación, para dar seguimiento en distintas dependencias a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Tras la reunión, Morfín declinó dar detalles de la investigación que tiene abierta le Fevimtra, pero la calificó de un «asunto muy complejo» y en el cual se han dado varios avances.

Está sola
Es custodiada las 24 horas por policías de la Agencia Federal de Investigaciones, pero María Araceli Arellano Enciso está sola. Su familia le ha retirado el apoyo que le había otorgado para denunciar al Procurador Tomás Coronado Olmos y la relación con sus tres hijas se ha deteriorado desde que el año pasado acusó al funcionario de haber participado en fiestas donde, acusa, se abusó sexualmente de su hija mayor, de 17 años.

«Estar bajo custodia ha significado para mi y mis hijas una incomodidad, pero a la vez me hace estar más tranquila. Creo que es importante seguir con la custodia porque considero que estamos en riesgo para las personas a quienes denunciamos», señaló Arellano Enciso.

Esta mujer reitera la invitación a todas las madres y niñas que han estado involucradas en las fiestas a denunciar y a que le hagan compañía en esta denuncia.