Denuncian presión en caso Coronado
Maricarmen Rello/Sonia Serrano Íñiguez

Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración, le prometió un abogado, un mejor trabajo, becas para sus hijas y una audiencia con el mandatario, a cambio de retirar la denuncia contra el procurador.

María Araceli Arellano Enciso, mamá de Águeda, la joven supuestamente violada por un ex funcionario de Guadalajara y quien denunció al procurador de Justicia Tomás Coronado Olmos, por su participación en fiestas donde se corrompía a menores de edad, señaló ayer que ha sido víctima de graves presiones por parte del gobierno del estado para que retire la denuncia contra el fiscal.

En conferencia de prensa, la mujer narró los hechos flanqueada por miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quienes calificaron dichas presiones como una franca violación a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la mujer y sus hijas.

Francisco Macías Medina, representante del Cepad, detalló que, en marzo, Arellano “se vio fuertemente presionada por sus familiares, quienes fueron influidos por terceras personas, para que abandonara el proceso jurídico que inició en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas [Fevimtra] en diciembre de 2007”. Así, aunque desde el 14 de febrero María Araceli y sus tres hijas tienen custodia permanente de la Agencia Federal de Investigaciones, fue orillada por sus familiares a reunirse con funcionarios del gobierno estatal.

Tras varias negativas, María Araceli aceptó un encuentro en el domicilio de un pariente, el 13 de marzo, y al que asistió María Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración, que acudió, según le dijo, en representación del gobernador. Esta funcionaria le prometió un abogado, un mejor trabajo, becas para sus hijas y una audiencia con el mandatario, a cambio de retirar la denuncia contra el procurador. Le habló también “como mujer y como madre” y le solicitó firmar documentos, a lo que Arellano se negó, por lo que “no me dejaron salir” hasta no hacerlo.

Macías Medina recordó que no es la primera vez que María Araceli es obligada a signar documentos cuyo contenido desconoce (en agosto fue retenida horas en la Procuraduría de Justicia). La mujer ya denunció este nuevo hostigamiento ante la CIDH. Por lo pronto, en la segunda reunión de evaluación a las medidas cautelares, el Cepad insistió que la PGJEJ debe excusarse de seguir la averiguación previa AP/392/2008, pues, “en tanto subsista una investigación en el ámbito local, no cesarán las presiones” contra Arellano y su familia (ver anexo).

La evaluación de las medidas se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, a la que asistieron representantes de esta dependencia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la fiscal especial Guadalupe Morfín Otero.

Esta última aseguró que desde el 14 de febrero se da cumplimiento a las medidas de seguridad y se negó a adelantar cómo van las investigaciones. Afirmó que antes de asumir la fiscalía especial podía declarar sobre el tema, pero ahora la ley se lo impide.

Por su lado, ayer mismo el secretario de Gobierno del estado, Fernando Guzmán Pérez Peláez, rechazó que se hayan violado las medidas cautelares, e incluso aseguró que hay indicaciones precisas para la Procuraduría de Justicia sobre el respeto a sus garantías.

Afirmó que el gobierno del estado “garantiza que no serán molestadas personas que además han sufrido un delito, como es el caso de esta persona, que es una víctima, que hay una averiguación que se ha llevado adelante, que hay una consignación de un responsable que esperamos pueda ser aprehendido y puesto ante los tribunales”.

Rechazó también que se hayan hecho ofrecimientos a María Aracelia para retirar la demanda.

En Perspectiva

Peticiones:
A la Fevimtra: Que agilice las investigaciones en torno a este caso

Al gobernador Emilio González
• Que su gobierno se comprometa públicamente a cesar los hostigamientos hacia la familia de María Araceli
• Agilice la localización y captura de Martín Aguirre Aguirre, ex funcionario acusado de violar a la menor Águeda
• Separe de su cargo al procurador Tomás Coronado Olmos
• Suspenda todos los procesos de investigación de la PGJEJ en torno a este caso, y deje a la Fevimtra ser la única instancia encargada de deslindar responsabilidades
• Fuente: Cepad