Honorable David R. Obey, Chair
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América

Honorable Nita M. Lowey, Chair
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de America

Estimados Representante Obey y Representante Lowey:

Como miembros de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se han presentado durante los últimos meses por parte del Ejército mexicano y de los cuerpos policiales de nuestro país en el marco de la estrategia del gobierno federal para hacer frente al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Les escribimos en relación a la reciente aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado de las respectivas versiones del proyecto de ley para la Asignación Suplementaria de Emergencia (Emergency Supplemental Appropriations bill). Vemos con interés su preocupación por la protección de los derechos humanos en México. Estamos de acuerdo con el apoyo de los Estados Unidos a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. Sin embargo, queremos llamar su atención en relación con ciertos aspectos fundamentales que se han considerado en la versión aprobada por el Senado y que han sido omitidos de la versión de la Cámara de Representantes:

Las precauciones relacionadas con los derechos humanos que el Senado solicita al gobierno mexicano y que creemos que tienen que estar añadidos a la versión final son las siguientes:

• Que el gobierno mexicano establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil para monitorear los programas de combatir al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado, actividades relacionadas con la reforma judicial, la anti-corrupción y el cumplimiento de la ley.
• Que el gobierno mexicano asegure que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte del personal militar al sistema de procuración e impartición de justicia civil.
• Que el gobierno mexicano se asegure de cumplir con la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura o mal-trato como se define tanto en la ley mexicana como en el derecho internacional.
Como es de su conocimiento, las organizaciones de derechos humanos en México, la sociedad civil en general y el Congreso mexicano no han participado en la toma de decisiones en el proceso de creación de este proyecto que implica la posible transferencia de US$1.4 billones de dólares de los cuales unos US$950 millones han sido propuestos por el Presidente Bush para que sean destinados a Mexico.

Comprendemos la gravedad que significa la violencia que en los últimos meses se ha desatado con motivo de la lucha que el gobierno federal ha emprendido contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; sin embargo, amplios sectores de la sociedad civil han cuestionado las políticas actuales en la materia debido al preocupante número de violaciones a los derechos humanos que se han presentado.

Las ONG abajo firmantes hemos documentado y reconocemos las varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano y el personal policial en nuestro país.

Los cuerpos policiales, los militares y el sistema judicial tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y violación a los estándares internacionales del debido proceso. Las autoridades mexicanas han fracasado repetidamente en llevar ante la justicia a los responsables de estos actos. La falta de imparcialidad e independencia de los tribunales de justicia militar ha asegurado una casi total impunidad para los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las y los defensores de derechos humanos, activistas políticos y gente que participa en manifestaciones sociales han sido víctimas de un uso excesivo de fuerza a manos de agentes de seguridad pública intentando silenciar a quienes ejercen su legítimo de derecho de manifestación.

Consideramos oportuno la colaboración estadounidense en temas de seguridad, entre los cuales destacamos la conveniencia de establecer mayores controles para regular la venta de armas. Creemos por otra parte que es esencial incluir en el paquete de ayuda la creación de un mecanismo mexicano de monitoreo que permita observar el cumplimiento de metas específicas relacionadas con la seguridad pública y los derechos humanos. Este sistema de monitoreo debe incluir una presencia sustancial de la sociedad civil mexicana así como los mecanismos pertinentes que garanticen su independencia.

El Congreso de los Estados Unidos tiene ahora la responsabilidad de clarificar las expectativas de este proyecto de cooperación. El fortalecimiento de mecanismos eficientes que garanticen un respeto pleno a los derechos humanos debe ser el centro de toda propuesta si realmente quiere ser un acto de colaboración entre países con preocupaciones comunes.

Debido a lo anterior, las organizaciones abajo firmantes les solicitamos atentamente que durante las próximas discusiones sobre la “Iniciativa Mérida” la Cámara de Representantes considere las condiciones antes señaladas.