COMUNICADO DE PRENSA
Postura de la señora María Araceli Arellano Enciso y del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), sobre las notas aparecidas ayer en la prensa local, respecto a la resolución que deja sin efecto la orden de aprehensión en contra de Martín Aguirre Aguirre

El día de ayer, martes 17 de junio de 2008, a través de la prensa local, la señora María Araceli Arellano Enciso así como los integrantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), nos enteramos de la resolución donde deja sin efectos la orden de aprehensión en contra de Martín Aguirre Aguirre, mediante un amparo en revisión concedido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Cabe señalar que la orden de aprehensión fue girada en contra de Martín Aguirre Aguirre por ser presunto responsable del abuso sexual que sufrió la menor de edad, hija de la señora Arellano Enciso. Hasta el momento, la señora no ha sido notificada de esta resolución y la postura que aquí se expresa tiene sustento en lo publicado por la prensa local.

Por lo tanto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo comunica lo siguiente:

Según se entiende en los artículos de prensa, el fallo de los Magistrados que resuelven dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra de Martín Aguirre Aguirre se debe, en lo general, a que hicieron falta elementos de prueba para acreditar su responsabilidad penal. Esto demuestra que la investigación del caso por parte de la Procuraduría General del Estado de Jalisco fue realizada de forma incompleta e irresponsable. Las deficiencias en las investigaciones se deben, creemos, a dos razones:

• La primera es que en todo este contexto, tanto la señora María Araceli como su hija, denunciaron penalmente al señor Martín Aguirre Aguirre por abuso sexual, pero también han denunciado delitos de corrupción de menores, así como prostitución y pornografía infantil, en donde entre los señalados se encuentra el actual Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos. El hecho de que el Procurador no haya sido removido de su cargo, o que al menos se excusara de intervenir en este caso, ha generado un sesgo que a todas luces lo favorecen a él y a sus allegados, entre ellos a Martín Aguirre Aguirre. Por esta condición –el hecho de que el Procurador siga en su cargo-, es evidente que las investigaciones no se han realizado de forma adecuada, lo cual devino en una irregular integración de la averiguación, que constituye una violación a los derechos humanos.

• La segunda razón es que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lugar de proteger y salvaguardar los derechos de las afectadas y a realizar una investigación completa e imparcial, se ha dedicado a violentarlas y denostarlas públicamente. Basta recordar que en agosto del año pasado la señora y su familia fueron privadas de la libertad por personal de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco en las instalaciones de la misma, en donde las obligaron a firmar declaraciones ya elaboradas; o las reiteradas declaraciones del Procurador a la prensa estatal en el sentido de que en esta investigación “no hay nada”.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo desea recordar a los medios de comunicación a la opinión pública en general que:
• Se encuentran vigentes medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque las condiciones que ofrece el entorno local, no garantizan su seguridad. Esto ha implicado que las afectadas tengan una custodia permanente de varios escoltas.
• La señora y su hija presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), debido a que en el estado de Jalisco no hay acceso a la justicia. La resolución que deja sin efectos la orden de aprehensión en contra de Martín Aguirre Aguirre, es sólo uno de tantos incidentes que prueban esta situación.

Ahora, con esta resolución, que no significa una exoneración (es decir, tiene la calidad de indiciado) las investigaciones del caso se encuentran como en un inicio. La pregunta que queda en el aire es ¿cómo va a garantizar acceso a la justicia una instancia en la que su titular está señalado en una denuncia penal? Sabemos, por desgracia, que esa investigación, dadas las condiciones actuales, no protegerá ni salvaguardará los derechos de las víctimas.

Por último, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una vez más, hace los siguientes exhortos:

• Que el gobernador del Estado de Jalisco tome la decisión de remover de su cargo al Procurador General de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, a fin de que se garantice una investigación transparente e imparcial por parte de la federación.
• Que suspenda todos los procesos de investigación relacionados con este caso, que actualmente se encuentran en operación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco
• Que se otorguen todas las facilidades para que la Procuraduría General de la República, a través de la FEVIMTRA, ejerza las facultades de atracción del caso, dada la gravedad de los señalamientos.

Agradecemos su atención.