El día de hoy, el Centro de Atención Integral en Vih-Sida, AC (Vihas de Vida), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), queremos comunicar que luego de un proceso legal de más de seis años, un militar que fue dado de baja del Ejército por vivir con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (Vih), de quien se omite su nombre en respeto a su vida privada, fue reinstalado en su puesto de trabajo y por tanto, reestablecidos sus derechos laborales y humanos. Este es un caso histórico en el estado de Jalisco.

Hace más de un lustro, un militar experto en mecánica trabajaba normalmente en sus labores cotidianas. Por motivos propios de su trabajo, sufrió un accidente laboral que requería intervención quirúrgica. Semanas antes de la operación fue sometido a varios exámenes rutinarios previos. El número de revisiones médicas fue en aumento y los médicos militares lo atribuían a errores de procedimiento. La fecha de la operación se postergó. Posteriormente recibió un certificado médico en el que se le declaraba inútil para seguir realizando su trabajo: habían resultado positivos los exámenes del virus de inmunodeficiencia humana (Vih) que le practicaron sin su consentimiento. Ese día supo que era seropositivo. Además le informaron que se iniciaría un trámite que culminaría con su baja del Ejército, y que mientras tanto tendría que permanecer en custodia familiar, retirado de sus actividades.

Transcurrieron un par de años hasta que fue notificado de su baja definitiva de las Fuerzas Armadas después de casi dos décadas de servicio. Aunque siguió recibiendo atención médica, fue objeto de discriminación ya que fue destituido de su empleo sólo por vivir con Vih. Después de casi veinte años de servicio, la institución pública para la que trabajaba no sólo despedía, sino que también lo dejaba a la deriva frente a una situación en donde tendría que solventar altos costos económicos para enfrentar su situación serológica y familiar.

Ante esta situación, el militar comenzó un largo camino –de más de seis años- en donde se vería involucrado en la defensa de sus propios derechos. Después de tocar en varias puertas llegó al Centro de Atención Integral en Vih-Sida, AC (Vihas de Vida), en donde recibió diversas orientaciones desde una perspectiva integral. Los primeros trabajos tuvieron que ver con atención sicológica a través de la cual logró reunir toda la información que necesitaba para entender lo que le estaba sucediendo, tanto física como laboralmente. Después, Vhias de Vida gestionó una alianza estratégica con dos organizaciones civiles dedicadas a la defensa jurídica de los derechos humanos: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro DH) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). A partir de ese momento, comenzó una carrera legal en el que a través del proceso administrativo interno previsto en la ley castrense, y posteriormente a través de la defensa jurídica de sus derechos humanos mediante dos demandas de amparo (una por la consideración que hizo el Ejército mexicano sobre su inutilidad para trabajar y otra demanda en contra de la aplicación de una norma considerada como inconstitucional en la Ley Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que lo inhabilitó como soldado en activo), este militar logró mantener medianamente sus derechos hasta ser restituido en su puesto de trabajo en las Fuerzas Armadas con todo y sus prestaciones originales.

Este caso es paradigmático respecto de la discriminación en contra de las personas que viven con Vih, atendiendo a que:

· Es el caso de un militar que vive con Vih, y que da cuenta de muchos otros casos que existen en las Fuerzas Armadas. Se han denunciado casos de militares que han sido dados de baja por la misma razón y que después han enfrentado el riesgo de perder la vida debido al retiro definitivo de sus tratamientos médicos.

· El caso ilustra lo que se conceptualiza como grupos en situaciones de riesgo: aquellos conjuntos de personas –que comparten alguna característica en común- que son más susceptibles que el resto de la población de contraer el Vih. En este ejemplo encontramos que las Fuerzas Armadas son un grupo que vive en situación de riesgo, por diversas razones: porque la mayor parte de la población castrense tiene un rango de edad entre los 18 y 39 años (etapa de mayor actividad sexual); por su alta movilidad, considerando que los soldados viajan constantemente y tienden a estar alejados de sus entornos de origen; y finalmente porque las prácticas sexuales en estos grupos tienden a ser de riesgo. Por todas las razones anteriores, entre otras, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Vih/Sida (Onusida) considera a este grupo de tres a cinco veces más vulnerable que el resto de la población.

· El caso muestra también la necesidad de que las Fuerzas Armadas sometan al escrutinio civil sus políticas en la materia. Es imprescindible que se conozca una cifra sobre cuántos militares viven con Vih en el Ejército; además se tendría que conocer públicamente: ¿Qué recursos se destinan para informar a los militares sobre el tema del Vih y sus derechos sociales? ¿Qué presupuesto tiene para la prevención y tratamiento de esta enfermedad? ¿Cuáles son las políticas en materia de salud que se impulsan desde esta institución?

· Es particularmente relevante señalar que la demanda de amparo interpuesta por la persona cuyo caso publicamos terminó de ser conocida por la Justicia Federal cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la ley del ISSFAM. Es decir, el caso se resolvió con posterioridad a una decisión del máximo tribunal del país en la que se había establecido que las Fuerzas Armadas violaban los derechos de los elementos a quienes separaban de sus funciones por el solo hecho de vivir en condición de seropositividad. No obstante, contrariando las declaraciones públicas que altos mandos del Ejército habían realizado cuando la SCJN analizó los casos de VIH, el Ejército lejos de allanarse a la demanda se defendió vigorosamente hasta el último momento. En otras palabras, defendió hasta sus últimas consecuencias la aplicación de una norma que ya la SCJN había declarado inconstitucional. Evidentemente, semejante proceder pone de relieve la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para erradicar en todos los casos una práctica que ya ha sido calificada de discriminatoria por la Justicia Federal; por otra parte, también pone en entredicho la veracidad del compromiso de los altos mandos de la SEDENA con el respeto a los derechos fundamentales, expresado insistentemente cuando la SCJN examinó casos análogos.

Finalmente, es importante destacar que el caso que hoy hacemos público pone de relieve el potencial de las vías legales para exigir el respeto a derechos sociales como el derecho a la salud. Esta resolución es histórica y no tiene precedentes en el estado de Jalisco. Para las organizaciones que trabajamos el caso, los cambios legales y estructurales en las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas siguen siendo un asunto pendiente en la agenda nacional de derechos humanos.

Muchas gracias por su atención.

Centro de Atención Integral en Vih-Sida, AC (Vihas de Vida)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad)

Nota 1: Este texto será leído en una conferencia de prensa que se ofrecerá en la ciudad de México, dentro del marco de la Conferencia Internacional sobre el Sida. Para información en Guadalajara, comunicarse al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

Nota 2: el Centro de Atención Integral en Vih-Sida, AC (Vihas de Vida), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) han creado un texto en donde se contextualiza y documenta a profundidad este caso. El documento se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: www.cepad.org.mx/panel/pdf/VIH.pdf.