Guadalajara, Jalisco, a 02 de septiembre de 2008.

Una de las líneas estratégicas de trabajo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es el tema de la tortura en Jalisco. Desde hace dos años que se creó el Cepad, se han documentado casos de tortura, así como la situación general de esta práctica en Jalisco. A partir de este trabajo, el Cepad, junto con otras organizaciones civiles, entregó información al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, a propósito de la visita que esta instancia de la ONU hizo el día de hoy a Jalisco.

Para el Cepad, la documentación del tema de la tortura arroja información preocupante, misma que se comunican a los medios de comunicación y a la sociedad en general:

• El estado de Jalisco cuenta con la “Ley especial para prevenir y sancionar la tortura” desde diciembre de 1993. Hasta agosto de 2008 ningún servidor público ha sido consignado por presunta participación en actos de tortura. Esta nula utilización de la Ley contrasta con el hecho de que en los últimos ocho años se han interpuesto 943 quejas por tortura ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos de Jalisco (CEDHJ).

• Sobre el trabajo específico del Instituto de Ciencias Forenses, encontramos que según peticiones de transparencia y del seguimiento a la prensa local, esta instancia no cuenta ni aplica ningún protocolo de investigación de la tortura. Resulta contraproducente entonces, que de 2000 a 2007 se hayan solicitado 377 dictámenes para determinar la existencia de actos de tortura física y 531 solicitudes para detectar tortura psicológica (síndrome de estrés postraumático); de estas últimas peticiones de información 52 casos fueron positivos.

• Respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encontramos que en el periodo 2000 – 2007, se interpusieron 586 quejas por tortura y 2,488 servidores públicos fueron señalados por incurrir en violaciones a los derechos humanos. Un dato importante es que de 2003 a 2007 se recibieron 44 denuncias por violaciones a los derechos humanos (sin especificar el término tortura), de éstas, 9 están en trámite, 24 fueron archivadas, y lo más grave: en ninguna se ejerció acción penal.

• Sobre el trabajo del Poder Judicial del Estado. Después de enviar sendas peticiones de información respecto del tema de la tortura a las Unidades de Transparencia de dicha dependencia, la respuesta que se obtuvo fue que no se genera dicha información. Es decir, el concepto de tortura no existe en sus registros de información, luego entonces, resulta imposible hacer un diagnóstico del tema desde la perspectiva de este poder del Estado.

• Comisión Estatal de Derechos Humanos. De 2000 a 2008 se han interpuesto 943 quejas por presuntos actos de tortura; de estas quejas se desprenden 1,281 víctimas; 936 servidores públicos fueron involucrados en estos actos de 2000 a octubre de 2007. 92% de las quejas fueron presentadas en la sede de la CEDHJ y 8% en las oficinas regionales. En estos ocho años sólo se han emitido 14 recomendaciones por tortura, en las cuales la PGJE es la más señalada. Los datos más graves: se ignora cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones. De todos estos casos y recomendaciones, el organismo solo ha presentado 7 denuncias por tortura, de las cuales ninguna ha sido consignada ante un organismo judicial.

• En las últimas semanas, en la prensa local se ha instalado el debate sobre una posible disminución (e incluso se llegó a presentar como “desplome”) de las quejas por tortura. El actual ombudsman de Jalisco y presidente de la CEDHJ, ha manifestado que durante su gestión (agosto de 2007 a agosto de 2008), han disminuido las quejas por tortura pues “el hecho del conocimiento de los derechos humanos inhibe en cierta medida la práctica de la tortura” (La Jornada Jalisco, 28/07/08). De acuerdo con la información recabada a través de la solicitud de transparencia promovida por el Cepad, y la obtenida de la página de la CEDHJ, se puede observar que del mes de diciembre de 2007 a la fecha, no se ha proporcionado ningún taller sobre Derechos Humanos al personal de la PGJE ni al del IJCF ni del Poder Judicial del Estado de Jalisco. La pregunta es: ¿cómo entonces se puede establecer una relación entre la capacitación dada y el desplome de las cifras?

Por todo lo anterior, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), exhortó al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, para que haga visitas de inspección a todas las dependencias que tienen un alto índice de quejas por realizar actos de tortura; a saber: Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco; Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco; y a la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara.

Por último, debemos señalar (y denunciar), que la tortura es todavía un flagelo para la sociedad jalisciense y que mientras no se erradique esta práctica dentro del sistema de procuración y administración de justicia de México, seguirá en riesgo la seguridad de las garantías individuales de la población, en este caso, el respeto a la integridad física y psicológica de las personas.

Agradecemos su atención

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC