El pasado jueves 25 de septiembre, se llevó a cabo en la casa Iteso-Clavigero, el Foro para la Libertad, la Organización y contra la Represión, inscrito en el marco de las II Jornadas contra la represión. Los participantes fueron diversos. Se expusieron situaciones de represión como las que han vivido los y las defensoras del bosque El Nixticuil, los y las habitantes del Municipio de El Salto, y las y los jóvenes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, asimismo un balance histórico de la Represión en México y en Jalisco previo a los años 60s.

Hay que tomar muy en cuenta que por actos de represión, no sólo entendemos aquellos en los que se haya utilizado la fuerza pública en contra de la población, como en el caso del 28 de mayo o de San Salvador Atenco, sino que el Estado reprime desde distintas esferas y formas, como la económica, la política, etc. De la misma manera, un papel importante en los actos represivos, viene de los poderes fácticos, entre ellos, los medios de comunicación que responden a intereses que benefician a minorías.

Al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) le correspondió hacer un breve diagnóstico sobre la política de represión y la criminalización de la protesta social que el Estado ha asumido, misma que se ha venido ampliando mediante cambios legislativos que la profundizan.

Dicha política supone hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos. Hay una clara renuncia al diálogo que está acompañada por el desprestigio a los movimientos sociales y sus líderes. Existe una tendencia a favorecer los intereses privados por encima de los intereses públicos; además, las violaciones de derechos humanos, sobre todo de los económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de las empresas privadas nacionales y trasnacionales, permanecen en la impunidad. En este sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” registró en 2007, 60 casos de criminalización de la protesta social, provenientes de 17 estados de la República.

En la reciente reforma al sistema de justicia penal, destacan aspectos inquietantes como la constitucionalización del arraigo y la creación de un régimen excepcional para procesar a las personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada que permite, por ejemplo, su incomunicación. En el caso del arraigo, la aprobación de la reforma se da no obstante la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el mismo viola las garantías de libertad personal consagradas de la Constitución Mexicana.

Esta situación, mas la expresada por los participantes en el Foro, llama a las organizaciones civiles, movimientos sociales y ciudadanos en general, a ser conscientes de la restricción de derechos ejercida por un Estado cuyo mandato es garantizarlos, con el objeto de tomar las medias que sean necesarias para combatirlas de forma conjunta.