Con el argumento de que es necesario detener la inseguridad y la violencia que prevalecen en el país, legisladores y autoridades de todos los niveles están intentando establecer mecanismos legales para criminalizar aún más las protestas ciudadanas. Cabe resaltar que tanto la inseguridad como la violencia son responsabilidad del Estado y consecuencia de la impunidad y la corrupción que impera en los poderes públicos.

Asimismo, los llamados a la “unidad” lanzados por el Ejecutivo y otros sectores pretenden atribuir a las disidencias ciudadanas responsabilidad por el clima de impunidad, inestabilidad y aguda violencia que atraviesa el país.

La criminalización de la protesta social consiste en penalizar, a través de la vía judicial, los conflictos sociales, dejando de lado el diálogo y la política. Perseguir a quienes participan en movimientos sociales, defienden el medio ambiente o hacen públicos los abusos de las policías y las arbitrariedades de los gobiernos no va a resolver los problemas del país. Tampoco va a silenciar a todos estos movimientos, aunque el gobierno pretenda eso.

Cabe señalar que la criminalización de la protesta social por parte del Estado es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto y la anulación de los derechos fundamentales de todos.

Las organizaciones y los ciudadanos reivindicamos el derecho a disentir, a pensar diferente, a ser oposición, a ejercer la desobediencia civil y a ocupar las calles como espacio para la protesta y debate de los problemas sociales. Hoy que México transita por una crisis social, ambiental, política y económica sin precedente es fundamental -más que nunca- garantizar los espacios y proteger las formas en las que los ciudadanos expresamos nuestras opiniones y protestamos ante los abusos de los tomadores de decisiones.

No es acallando a quienes luchamos contra la desigualdad, la impunidad, la destrucción del medio ambiente, la violación de los derechos humanos como se van a resolver los problemas del país.

Rechazamos enérgicamente la militarización de los espacios públicos, el cierre de espacios de difusión y la aprobación de leyes que equiparan a los disidentes con delincuentes.

La voz de la ciudadanía no debe ser silenciada con leyes oportunistas ni con actos de persecución.

¡¡No a la criminalización de la protesta social!!