El trabajo del 2007 y 2008 del Cepad ha girado en torno a los temas prioritarios para el mismo, a saber: La tortura, la violencia institucional contra las mujeres, la discriminación, la procuración y administración de justicia, así como la labor de los organismos públicos de defensa de derechos humanos.

En cada uno de éstos temas, el Cepad recibe casos en los que trabaja desde distintas aristas: la defensa jurídica, la investigación, la formación, la difusión, la interlocución, etc, sin embargo, no hemos perdido de vista el contexto estructural en Jalisco. A la corrupción y falta de conciencia de muchos funcionarios públicos, se suma una ausencia de política pública en DH.

En los primeros meses de trabajo del gobierno de Emilio González Márquez, se mostró interés, en el discurso, por consultar a la ciudadanía sobre cuáles serían las mejores políticas públicas y planes de gobierno que deberían implementarse. Recordarán el ejercicio de “La Gran Alianza por Jalisco” en el 2007. Más de veinte organizaciones civiles y universidades que trabajan a favor de la defensa de derechos humanos en la entidad, así como diversos ciudadanos y ciudadanas, se dieron a la tarea de hacer un documento que arrojara un diagnóstico preliminar sobre la situación de los derechos humanos en el estado y una serie de propuestas de trabajo para el Ejecutivo en esta materia.

Para quienes lo vivimos desde dentro, se trató de una clara farsa. Casi dos años después, los grupos ciudadanos de derechos humanos que participamos desde distintas temáticas (medio ambiente, procuración de justicia, movilidad urbana, salud, entre otros) constatamos que fue un acto demagógico y que no tomó en cuenta los intereses de la sociedad. En los planes oficiales de gobierno, los derechos humanos, si acaso cumplen con una debida mención protocolaria, están lejos de convertirse en una política de Estado.

Un indicador final de por dónde van los intereses del Gobierno del Estado, lo podemos observar en la reciente aprobación del presupuesto de ingresos del 2009 en el que se advierten los proyectos más importantes para el año que viene, por ejemplo, la inversión en infraestructura.

Más allá de seguir un debate que origine la confrontación, en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo reivindicamos la idea de que hoy más que nunca es necesario establecer un diálogo con el gobierno “en igualdad de circunstancias”, que devenga en reales políticas de Estado en materia de Derechos Humanos.

En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006, y con el ánimo de avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia, emitimos una serie de recomendaciones. Si revisamos las cuatro recomendaciones generales, a saber: la necesidad de contar con un diagnóstico construido de manera participativa sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de Jalisco; avanzar en el reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos; contar con una legislación estatal para prevenir y eliminar las formas de discriminación; y adoptar un sistema penal acusatorio que garantice el derecho al debido proceso, nos daremos cuenta, al confrontarlas con el contexto imperante en nuestro estado, que no sólo siguen siendo vigentes, sino “urgentes” en su cumplimiento.

En cuanto al primer tema, vemos con agrado que en el Distrito Federal, ya existe un diagnóstico construido de forma participativa entre organizaciones de la sociedad civil, la comisión de derechos humanos y el gobierno del DF, que les servirá para aterrizar programas y políticas públicas en la materia. En Jalisco, las organizaciones de la sociedad civil, a través de éstos informes y del diagnóstico realizado en 16 municipios de la zona sur del Estado, hemos hecho un esfuerzo para mostrar una parte del acontecer del tema, sin embargo estamos lejos de concretar un Diagnóstico General que permita sentar las bases para un trabajo planeado y estructurado.

La segunda recomendación general referida a avanzar en el reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos, no sólo no registró avances, sino un claro retroceso. Aun con la existencia de la llamada “Declaración de Defensoras y Defensores”, hemos visto cómo se reprime y criminaliza la organización y la protesta social, que entre otros casos, se advierte en el del activista ambiental de El Salto, Raúl Muñoz.

Por otro lado, el contar con una legislación estatal para prevenir y eliminar las formas de discriminación en el estado, tema que aborda la tercera recomendación general del informe 2006, también registró una regresión. Después de un trabajo de más de seis años, dos legislaturas y 30 organizaciones civiles involucradas, el 21 de noviembre de 2007, el pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el acuerdo legislativo que desechaba la iniciativa del Ley para crear la “Ley para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación en el estado de Jalisco”. Para desechar la iniciativa, el Congreso avaló la argumentación de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el sentido de que mientras no se comprobara que existe la discriminación en Jalisco, y que ésta fuese grave, entonces, no se requería de una ley al respecto.

Finalmente la cuarta recomendación general referente a adoptar un sistema penal acusatorio que garantice el derecho al debido proceso, tuvo su acierto y desacierto impulsados desde la federación, con la reciente reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Si bien el decreto reconoce algunos aspectos positivos como: la presunción de inocencia; la ampliación de derechos para las víctimas; o la integración de principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, hay cambios que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que su aprobación significa un retroceso en la materia. El Congreso del estado de Jalisco ya aprobó dichas reformas, lo que queda ahora es esperar a que entren en vigor paulatinamente en un plazo que no debe exceder de ocho años.

Ante la escalada de violencia del crimen organizado, nos encontramos con un Estado que camina a sus derroteros autoritarios y represores. La política de Estado de combate al crimen organizado, ha marcado un proceso que atenta sistemáticamente contra los derechos civiles de la población: el signo más evidente es la militarización de varias ciudades del país, y en el caso de Jalisco, de algunas entidades como Puerto Vallarta. De estas políticas de seguridad pública, las cuales colocan a los derechos humanos como un tema prescindible, se han incubado casos particulares como la muerte de civiles en operativos militares, o la represión de movimientos sociales que exigen derechos.

El incumplimiento y falta de armonización legislativa de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del estado mexicano, no sólo es padecido por la sociedad en general, sino por algunos servidores públicos. Tal es el caso de un militar jalisciense dado de baja por ser portador del VIH, que con la defensa jurídica del Cepad, así como de las organizaciones Vihas de Vida y el Centro Pro, logró en julio del presente año, un fallo de la Justicia Federal a su favor, que lo reintegró a sus funciones.

La violencia de género, ha posicionado a Jalisco, en el tercer lugar de la república en Feminicidios. Resulta escalofriante que con todo y el llamado que se ha hecho desde Juárez, existan más feminicidios registrados en Jalisco que en el estado de Chihuahua. Hace pocos días, el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio en Jalisco y CLADEM en coordinación con el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer que en los últimos dos años, se han cometido 96 asesinatos de mujeres en Jalisco y que de enero de 1997 a octubre de 2008, el número ha sido de 523. Esto nos tiene al borde de lo que la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” denomina “alerta de género”.

Vigilar, por otro lado, la labor de la entidad pública autónoma encargada de la defensa de los derechos humanos en el estado, es otro de nuestros encargos. La CEDHJ, mantiene su trabajo operativo y emite recomendaciones, pero deja de lado las quejas y temas espinosos.

Debemos decir que con el inicio de la presente administración, si bien cuestionada desde nuestro ejercicio de “Evaluación sobre el proceso de elección del Ombudsman en Jalisco, 2007”, decidimos, con ánimo propositivo, presentar al Consejo Ciudadano como órgano máximo de dirección, una serie de recomendaciones, fruto del informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006. En este sentido, en sesión pública del 22 de octubre de 2007, acordamos junto con el Consejo, hacer extensivo lo visto en la siguiente sesión ordinaria; no obstante, este Centro no fue requerido nuevamente.

En sentido contrario, el desconocimiento, la falta de vinculación con la sociedad civil organizada, y la evidente carencia de autocrítica, llevó al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a violar la declaración de defensores, al descalificar el 12, 13 y 14 de febrero de 2008, a través de diversos medios de comunicación, el trabajo del Cepad como organización civil dedicada a la defensa de derechos humanos. Se nos acusó de “lucrar” con la defensa de un caso y desinformar a la sociedad de Jalisco. Lo anterior provocó el 26 de febrero de 2008, un pronunciamiento público de personas y organizaciones ciudadanas, tanto locales, como nacionales en defensa del Cepad y en contra de la actuación del Presidente de la CEDHJ.

Dichas agresiones públicas, ya han sido puestas en conocimiento tanto de la unidad de defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El asunto no es menor, cuando se trata del funcionario público encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la entidad.

La igualdad de género, tampoco ha sido un acierto de la presente administración de la CEDHJ; el actual Consejo ha sido sentenciado a través de un juicio de amparo, de violentar las garantías individuales de una consejera ciudadana, al pasar por alto los procedimientos constitucionales durante el proceso de elección motivado por la renuncia de una de sus integrantes. Durante el proceso judicial, el titular del Organismo, mostró su desconocimiento de los instrumentos jurídicos en materia de género.

La Tortura, es de especial preocupación para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Desde el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006, se hacía referencia al análisis de las quejas por tortura presentadas en la CEDHJ en cuatro años de la administración de Alberto Cárdenas Jiménez, en relación con las quejas presentadas en cuatro años de la administración de Francisco Ramírez Acuña. En el segundo periodo, presentaron un incremento de más de 1000% con relación al primero.
Sin embargo, al parecer la tortura dejó de ser una preocupación para la presente administración de la CEDHJ. El rubro que permitía establecer su medición, fue extraído de su base de datos, de tal manera que no existe parámetro alguno en Jalisco que permita llevar una estadística de las inconformidades que se presenten por esta grave violación.

La recomendación del Cepad a la CEDHJ, de presentar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las denuncias penales correspondientes a los 640 casos de tortura a que la CEDHJ hizo referencia en su recomendación 6/2006, tampoco se cumplió. En los primeros ocho años de la presente década, el número de quejas por tortura registradas ante la CEDHJ suman 943; asimismo, según se desprende de la información recabada del organismo público de derechos humanos, el promedio de quejas por presunta tortura de 2002 a 2007 fue de 147.6 anuales. Sin embargo, de enero a julio de 2008 se han registrado sólo 11 quejas por esos actos. Las causas atribuidas a ésta disminución según declaraciones del Ombudsman se debe, entre otros motivos, a la capacitación que personal de la CEDHJ ha dado a funcionarios públicos en toda la entidad. No obstante, de acuerdo con la información pública recabada por el Centro, se constató que del 2 de agosto de 2007 (fecha de inicio del trabajo del actual ombudsman), al mes de diciembre de ese mismo año, solamente se había proporcionado un taller sobre Derechos Humanos a 38 agentes del ministerio público; y que del 1 de enero al 31 de julio de 2008, no se había impartido ningún curso o taller al personal de la PGJE.

Otro dato de contexto es que desde el 24 de diciembre de 1993, el estado de Jalisco cuenta con una ley especial para prevenir y sancionar la tortura, sin embargo, hasta el mes de agosto de 2008 no se había consignado a ningún servidor público ante algún órgano jurisdiccional de la entidad, por su presunta participación, por acción u omisión, en la comisión de dicho delito.

En cuanto al IJCF, el dato preocupante es que actualmente, no cuenta con un protocolo para investigar casos de tortura. De acuerdo con la información entregada por dicho instituto, se detectaron un total de 68 casos positivos de tortura en la entidad; sin embargo de 2000 a 2007, la PGJE, no registra una sola denuncia.

Este dato resulta relevante ante la abrumante cifra negra del delito, que advierte que en 2007, de cada cien delitos cometidos, solamente se denuncian siete. Si tomamos como referencia el dato anterior, suponemos que las denuncias por tortura son más escasas aún, pues ¿cuántas víctimas se atreven a denunciar o presentar una queja cuando la dependencia encargada de investigar y perseguir los delitos es la más señalada de practicar presuntos actos de tortura?

Los datos que el Cepad ha podido recuperar sobre este tema arrojan una conclusión contundente: la PGJE no investiga los presuntos actos de tortura, no la combate y no la previene.

Jalisco, se ha caracterizado también por una procuración de justicia que se encuentra al servicio de intereses particulares, y que actúa impune, irresponsable y discrecionalmente en aquellos casos en que así le conviene. Para muestra basta un botón; el caso del joven Néstor Álan, quien víctima fatal de un accidente vial a manos de otros dos jóvenes parientes de un alto funcionario y un ex gobernador, encuentra una justicia tardía y amañada. Los jóvenes tuvieran un trato privilegiado, ya que muchas de las autoridades involucradas en el caso, omitieron o modificaron procedimientos a su favor. El examen de alcoholemia se llevó a cabo ocho horas después cuando ya había desaparecido todo vestigio de la ingestión alcohólica, aun a pesar de que: se encontraron latas de cerveza en uno de los automotores que conducían estos jóvenes; de que uno de los auxiliares del Ministerio Público afirmó ante la propia CEDHJ haberles detectado aliento alcohólico “casi imperceptible” a ambos detenidos, y de que existen partes médicos elaborados en la Cruz Roja Mexicana en los que se les detectó dicho aliento.

La Impunidad en el caso de Néstor Álan, se refleja en las omisiones de las autoridades involucradas, que impidieron la aplicación de las agravantes de exceso de velocidad y estado de ebriedad, y permitieron que hasta la fecha los responsables disfruten de una libertad inmerecida.

Qué decir de quien ostenta la Representación Social en el Estado, el Procurador General de Justicia, en contra de quien pesa una investigación penal federal por delitos como explotación sexual infantil, pornografía y prostitución infantil, de la que ha tomado conocimiento la Fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República, así como el mismo Congreso de la Unión, a través de la emisión de un dictamen con punto de acuerdo del 21 de mayo del 2008, dirigido a la propia FEVIMTRA y al Gobierno del Estado de Jalisco. A éste último, le exhorta a garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la menor “n” y sus familiares, así como cooperar con las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la primera, a continuar con celeridad y diligencia las investigaciones en torno al caso de la menor “n”, específicamente en relación con los probables delitos de explotación sexual infantil, pornografía infantil y trata de personas, a efecto de que sea valorado el ejercicio de la facultad de atracción por la PGR.

Recientemente, el caso, también ha sido puesto en conocimiento de las Relatoras Especiales sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, así como sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de la Organización de las Naciones Unidas.

En el caso de la OEA, de la Relatora Especial sobre los derechos de las mujeres, del Relator Especial sobre derechos de la niñez, y del Relator para México, pertenecientes todos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, el Procurador, sigue siendo solapado por el Gobernador ante los crecientes llamados de no mantener a un funcionario con dichos señalamientos en una función tan delicada como la procuración de Justicia.

La Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana de Guadalajara, representa cada vez más una preocupación de los ciudadanos que trabajan para tener una ciudad más habitable, amigable, y de inclusión para todos; los beneficios se observan para los grandes inversionistas de desarrollos inmobiliarios y de infraestructura para la circulación del automóvil; de otros temas, casos y situaciones, pueden dar cuenta organizaciones como la Red Jalisciense de Derechos Humanos en cuanto a las violaciones a los mismos de los pueblos indígenas que habitan en la zona limítrofe con Colima. Un salto de vida, Instituto Vida, e Imdec, respecto de la situación de contaminación del agua y aire en la cuenca del río Santiago, entre otros.

En la introducción del actual informe 2007-2008, Juan Larrosa Fuentes miembro del Cepad, advierte que en el mismo, se dejan pendientes muchos temas, pues resultaría un acto titánico agotarlos en una edición. Sin embargo hace una relación de aquellos relevantes. Por ejemplo, los casos de tortura que han sucedido en los últimos meses como el de los campesinos de Campo Acosta, en el municipio de Tomatlán, en el que más de cien policías fueron señalados como presuntos torturadores; se ha documentado que en Ocotlán existe una policía secreta que se dedica a interrogar a presuntos delincuentes, a través de prácticas de tortura; o la historia, en Guadalajara, en la que un ciudadano murió a causa de los golpes propinados por elementos de seguridad, en las celdas de la policía municipal. Otro caso muy relevante, y que ha quedado en la impunidad, es el caso del niño Miguel Ángel, quien murió por envenenamiento luego de caer a las aguas contaminadas del Río Santiago. Respecto al derecho a la información y la transparencia, hemos atestiguado cambios en el Consejo del Instituto de Transparencia y de Información Pública del Estado de Jalisco que debilitan su independencia, o las inexplicables donaciones que el Gobierno del Estado hizo a Televisa para producir “Espacio 2007”; la telenovela “Las tontas no van al cielo”; a MTV y al evento internacional de Golf de Lorena Ochoa. Estas y otras donaciones, como el famoso “macrolimosnazo”, generaron movilizaciones públicas nunca antes vistas en Guadalajara. Respecto de la defensa del territorio y los recursos naturales, el tema de la construcción de la Presa de Arcediano ha seguido en la agenda pública; y a lo largo de este tiempo brotaron otros casos similares como el de Temacapulín, o el de la comunidad wixárika en el caso de la destrucción de un espacio sagrado como “Paso del oso”.
En el sur de jalisco, el panorama tampoco pinta nada bien. El diagnóstico realizado por el Cepad y el Programa de Derechos Humanos del Iteso en el 2006 y 2007 en 16 municipios respecto de la vigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como sobre seguridad pública, género, discriminación y participación ciudadana, arrojó datos alarmantes: El 22% de la población de esta región no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud. El 83% de los encuestados percibe entre cero y tres salarios mínimos. En cuanto a la migración, 78% de los entrevistados tiene al menos un pariente que migró a los Estados Unidos. El 55% de las mujeres consideran que son discriminadas, y el 70% de los entrevistados afirma que existe violencia familiar. De las respuestas obtenidas, 54% de los habitantes de esta región califican su entorno entre inseguro y muy inseguro, mientras que el 53% expresó que conoce casos de tortura. Si se cruzan algunos de los datos que arrojó el estudio en su totalidad, se puede afirmar que aproximadamente 20% de la población sufre una situación de marginación, vulnerabilidad y pobreza extrema.

Pues bien, frente a este escenario en el estado, hay que preguntarse: ¿Es éste el Jalisco que queremos? La respuesta para el Cepad derrocha obviedad; aún con este escenario, el Cepad se proyecta con la esperanza como bandera con el objeto de aportar a la creación de una sociedad que experimente los valores de la paz, la justicia y el desarrollo, pero también para contrarrestar a un estado que no pone el interés en los y las ciudadanas. La esencia del Estado moderno, es lograr el bienestar de sus gobernados en todos los sentidos; cuando un Estado se aleja de dicha esencia, se vuelve autoritario, preocupado más por los intereses personales de quienes detentan el poder, que por ejercer el servicio que su cargo les demanda.

No me resta más que invitarlos e invitarlas a que lean el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2007-2008” que tienen en sus manos; en el que encontrarán en abundancia lo aquí expresado, así como muchos otros temas como los que mis colegas en esta mesa, expondrán a continuación.

Muchas gracias.