Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, presentar el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2009, no solamente constituye una gran oportunidad para hacer público el trabajo realizado por la organización, sino además, la de compartir un espacio editorial con otras organizaciones civiles, movimientos sociales, activistas y expertos con quienes nos une la esperanza de alcanzar un mundo mejor para todos y todas.

La primera parte del Informe 2009, presenta algunos de los casos considerados paradigmáticos por el CEPAD, entre los que se encuentra uno de especial atención relacionado con la militarización de la seguridad pública y el combate al narcotráfico, cuyos hechos han sido documentados ampliamente por el CEPAD, quien junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez daremos el acompañamiento y el soporte jurídico a las víctimas de los hechos ocurridos en una comunidad rural de Jalisco.

El día de hoy se cumplen tres años del injusto fallecimiento de Néstor Alán Rodríguez Licea; su caso pasó de un proceso de exigencia a diversas instancias a la lucha por un acceso a la justicia, a la verdad y a la no repetición de los actos. En ese aspecto, la familia con el acompañamiento del Cepad, logró que se iniciaran investigaciones administrativas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Procuraduría de Justicia, que buscan que oficiosamente la autoridad sancione a sus propios servidores públicos.

En lo que se refiere al Poder Judicial, el 19 de junio de 2009, el Juez Octavo de lo Penal, dentro del proceso 710/2006-B, dictó sentencia condenatoria por tres años de prisión a Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez, por los delitos de homicidio imprudencial y daños en las cosas, la cual fue confirmada en noviembre por magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

El absurdo es encontrar a una Comisión Estatal de Derechos Humanos incapaz de resolver una queja de tanta trascendencia. Conviene decirle al ombudsman que la sociedad no requiere de una defensa construida desde los pasillos de la oficialidad, distante de la completa reparación que buscan las víctimas. Tampoco de un Congreso del Estado que extravió la petición de la familia y nunca se pronunció por su contenido. Sin duda se suma a los agravios que incrementan la distancia entre la sociedad y el gobierno.

Otro caso que ha llamado fuertemente la atención entre las organizaciones del país vinculadas a la observación de la figura del ombudsman nacional y locales, es el proceso constitucional entablado en contra del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su presidente por la consejera Paola Lazo Corvera, con el acompañamiento del CEPAD. En él, se logró acreditar ante los órganos judiciales de la Federación, la ilegalidad de la elección celebrada por dicho Consejo. Son dos los artículos sobre este caso; uno escrito por la propia consejera Paola Lazo, quien nos relata su experiencia y lucha contra la ilegalidad, y el otro, un análisis jurídico de las violaciones cometidas por el máximo órgano de dicha institución pública.

El último de los artículos del CEPAD contenido en este apartado, es en el que se escucha el escuchar la voz del corazón de quien enfrentó y sigue enfrentando a la estructura del gobierno de Jalisco, quien junto con el CEPAD denunció la violencia institucional que sufren las mujeres en la entidad.

Cuando analizamos los hechos ocurridos en este año que termina, no podemos dejar de decir que el balance en materia de derechos humanos en México ha sido negativo, y para muestra tenemos algunos ejemplos dolorosos como la muerte de dos defensores en la sierra del Estado de Guerrero. Nos referimos al caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con visibles huellas de tortura el 20 de febrero, siete días después de haber sido desaparecidos por tres hombres armados, que se identificaron como policías.

Un hecho lamentable para la historia de Jalisco, es la forma en que los poderes públicos y fácticos decidieron reformar la Constitución local para considerar que la vida inicia a partir de la concepción, sin ni siquiera considerar la posibilidad de escuchar las voces de los y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil y de las y los académicos, pero principalmente de las mujeres de Jalisco. En cuanto a los feminicidios en Jalisco, se registran sobre todo en jóvenes que van de 21 a 40 años, y se calcula que de 1997 al 2009 han ocurrido 581 asesinatos; un promedio de 44 casos por año. Las anteriores cifras fueron proporcionadas por la Agenda Feminista Jalisco, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Comité de America Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, en el marco del día internacional de lucha contra la violencia de género.

En junio pasado, el Estado mexicano rechazó las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal respecto de los temas relacionados a la utilización del arraigo, la definición de delincuencia organizada, los crímenes del pasado y la justicia militar.

En las primeras planas de los diarios locales del 10 de septiembre, nos enteramos que para el gobernador Emilio González Márquez “en Jalisco no hay tortura“. Dichas declaraciones ofenden a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, pues a la fecha no se encuentran evidencias o indicadores que nos demuestren que, en efecto, esa práctica fue desterrada de las instituciones como la Procuraduría General de Justicia del estado o de las corporaciones policiacas. Desde la fundación del Cepad nos hemos dado a la tarea de darle seguimiento a las instituciones encargadas de la prevención, la investigación y sanción de la tortura en Jalisco. Los informes sobre la Situación de los Derechos Humanos 2006 y 2007-2008, dan cuenta de la gravedad de ésta violación catalogada por el derecho internacional como de lesa humanidad.

Por otra parte, el Senado de la República ratificó a Arturo Chávez Chávez como nuevo Procurador General de la República, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión de Expertos de la ONU contra la Droga y el Delito, entre otros organismos nacionales e internacionales, señalaron las actuaciones de Chávez Chávez, y la afectación que tuvieron sobre violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México, presentó el informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, en el que da cuenta que de 2006 a 2009 se han presentado 128 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, 10 de ellas terminaron en la muerte de los mismos. Llama la atención que en los registros de la Oficina, Jalisco sea el sexto lugar nacional en agresiones a defensores, destacando artero crimen contra Francisco Quiñones, visible opositor a las actividades de la empresa minera en Peña Colorada, cuyo cuerpo fue encontrado por comuneros de la zona nahua de Cuzalapa al sur del Estado. Incluso, dicho informe registra agresiones contra defensores, por parte del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.