En diversos medios de comunicación electrónicos e impresos, trasciende la noticia de la emisión de la Recomendación sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea por parte de la CEDHJ. La información periodística resalta el involucramiento de once servidores públicos entre agentes del ministerio público, policias investigadores y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la petición para que se «continúen» las investigaciones, además de solicitarle al Presidente Municipal de Guadalajara la conservación del memorial ubicado en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Encontramos que de nueva cuenta la CEDHJ se contagia de un espíritu de tribunal y declara que no encontró «pruebas» para fincarle responsabilidad a Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación; es decir prácticamente exhonera a dicho funcionario.

La familia Rodríguez Licea y el Cepad queremos mencionar que hasta el momento no se nos ha notificado el contenido de la resolución, lo que demuestra que a la CEDHJ le interesa mantener más relación con las autoridades que con los afectados por la violación a los derechos humanos, o acaso ¿ existe temor por la consistencia de su Recomendación?, o ¿ cómo podemos explicar que se haya emitido prácticamente al finalizar el año, escondida entre otras cuatro resoluciones y cuando la nota es la entrada de las nuevas administraciones municipales?.

Sin duda la CEDHJ le interesa más su papel político que de defensa de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el poder público.

Ante este hecho es importante que para su opiniòn tomen en cuenta los siguientes puntos:

1. La Recomendación se realizó luego de más de 1000 días en el que sucedieron los hechos. Ante ello la pregunta es ¿esa es la defensa que se busca por parte de la CEDHJ?

2. La mayoría de las 100 diligencias que supuestamente realizó la CEDHJ, fueron impulsadas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad, en medio de un ambiente hóstil y favorecedor de las autoridades. La CEDHJ sólo era una observadora de lo que ocurría.

3. La familia de Néstor Alan Rodríguez, durante todo 2009 gestionó el inicio del deslinde de responsabilidades ante la Procuraduría de Justicia del Estado y el IJCF, aspecto que ya se encuentra en trámite, sin que para ello mediara gestión de la CEDHJ, al contrario omitió desde un inicio solicitarlo como es su facultad hacerlo. (ver artículo)

4. Por último, resulta absurdo que la CEDHJ manifieste haber documentado irregularidades durante el trámite de la averiguación previa y la actuación de los peritos, y no pudo o más bien no «quizo» documentar las de Fernando Arias Pérez, cuando existe suficiente evidencia de ello. Una de ellas publicada el día de hoy en La Jornada Jalisco.

No puede existir esperanza donde nunca la hubo, donde hubo el menor esfuerzo de una institución, donde fomenta la impunidad y busca con sus resoluciones quedar bien consigo misma, más no resarcir los daños causados a los afectados.

La familia Rodríguez Licea y el Cepad continuarán en la lucha porque estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Pueden consultarse las notas en La Jornada Jalisco, Público y Mural.