Foto: Público-Milenio

Recientemente el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, se reunió con diversas organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos en el Distrito Federal, entre ellas con Amnistía Internacional, quien el mismo día presentó un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en México. En dicha reunión, se planteó la problemática de la falta de garantías así como la ausencia de legitimidad por parte del Estado Mexicano para la labor que realizamos las y los defensores. Otra de las preocupaciones planteadas es la persecución judicial a la que estamos siendo sometidos, sobre todo en algunos estados de la República, como Guerrero y Chihuahua. El caso extremo lo tenemos por ejemplo en una defensora de Chihuahua, quien fue asesinada precisamente por su labor de defensa de los derechos de la población, al denunciar las arbitrariedades cometidas por el Ejército Mexicano en su ilícita función de “lucha contra la delincuencia” en dicha entidad.
En el marco de su informe, Amnistía Internacional se reunió con diversas autoridades, entre ellas con la Secretaría de Gobernación y la PGR, a quienes urgió la creación de un “mecanismo de protección” para quienes desarrollamos la labor de defender los derechos de todas y todos. Dicho mecanismo, no sólo debe de velar por la seguridad de las y los defensores, sino que debe de ir acompañado de una investigación exhaustiva de aquellos hechos en los que se involucren amenazas o actos de agresión o intimidación hacia dicha labor que no de cabida a la impunidad de los mismos. De la misma manera, deberá contemplar la capacitación a funcionarios públicos, la difusión y aceptación de la gravedad de la problemática por parte de las autoridades; la evaluación y seguimiento de las medidas, así como su publicidad en todos los casos. El talón de Aquiles para las autoridades federales responsables de este tema, lo es la articulación con los estados y los municipios que es en donde comúnmente se dan los actos de hostigamiento.
Lo que las autoridades estatales y municipales deben saber, es que son precisamente ellas las obligadas a cumplir y a hacer cumplir aquello que como Estado Federado nos hemos comprometido frente a la comunidad internacional. En esta materia existe la así llamada “Declaración para la Defensa de Defensores”, instrumento internacional firmado y ratificado por el Senado, lo que lo convierte en Ley Suprema para toda la Unión Mexicana. Las recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas a México en el reciente Examen Periódico Universal, dan cuenta también de ello.
Se preguntarán ustedes por qué tanto énfasis en la función de los y las defensoras de derechos humanos. Pues bien, en un país que se precie de ser democrático, aunque el nuestro lo sea sólo en teoría, los y las defensoras de derechos humanos, así como los y las periodistas son el “equilibrio de la balanza”. Son los que permiten hacer público y denunciar aquello que las autoridades tienen la obligación de hacer en favor de la ciudadanía y no lo hacen, o aquello que aún sabiendo que es incorrecto, se realiza con alevosía y aprovechando la posición de poder en la que se encuentran. Nada más alejado del espíritu de lo que el Servicio Público debe ser.
Velar por la labor de los y las defensoras entonces, es velar por todos y todas.