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Dos hechos marcaron la semana en Guadalajara: el retiro voluntario (aunque en realidad fue forzoso) que hiciera un policía a una pareja de compañeras que felizmente disfrutaba en el Parque Metropolitano, con estricto apego a una disposición legal que se encuentra solamente en los renglones de la mente del elemento pero no en un reglamento.

El segundo, son las declaraciones del regidor Gamaliel Ramírez del Ayuntamiento de Guadalajara, quien reprobó la marcha lésbico-gay por la vestimenta “provocativa” de sus participantes, además de manifestarse en contra de una Guadalajara de “sidosos”.

Sus declaraciones pudieran pasar como uno de tantos ejemplos pintorescos de nuestro país y de Jalisco, sin embargo la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la localidad, así como la defensa llevada por el Cepad del caso de “Juan”, militar que fue dado de baja del ejército por ser portador de VIH, nos lleva a la reflexión de que es importante levantar la voz, oponerse y exigir sanciones ante este tipo posicionamientos, sobre todo en contra de aquellas personas que han asumido la responsabilidad de representar a una comunidad, la cual no es homogénea, sino diversa.

Resulta claro, que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos reconoce el derecho a no ser discriminados por nuestras preferencias u opiniones y prohíbe este tipo de acciones, las cuales con mayor razón tiene que ser evitadas por el poder público.

Es insuficiente que el Presidente Municipal de Guadalajara haga un llamado a la cordura o que el líder del Partido Verde en el estado se deslinde de las declaraciones, porque en lo anterior no existe una sola medida que restituya y repare el derecho que se ha violado, además de una sanción que deje constancia de que esto no volverá a ocurrir.

Desafortunadamente en Jalisco no existe un organismo que prevenga y sancione este tipo de acciones, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si bien es su obligación intervenir, su trabajo ha dejado de manifiesto que le importa mucho más “reprochar” y cubrir las formalidades de su procedimiento que inmediatamente buscar el cese de las violaciones a los derechos humanos, en comparación de otros organismos especializados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred), al cual por cierto han acudido los y las interesadas en denunciar estos hechos.

Queda claro que hace falta una ley que propicie mejores condiciones de igualdad, pero mientras tanto exijamos al Presidente Municipal de Guadalajara que en la próxima de sesión de cabildo realice un extrañamiento al Regidor Gamaliel Ramírez, al mismo tiempo de solicitar al Consejo de Transparencia y Ética Pública emita una resolución al respecto, ya que de acuerdo a su Reglamento (artículo 15, fracción VIII), tiene facultades para proponer reformas administrativas que permitan prevenir actos de corrupción, detectarlos de manera pronta y eficaz, y fomentar y gestionar las investigaciones.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, corrupción es “aquella práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquella en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”; en este caso mal utilizó su función para externar un posicionamiento totalmente ajeno a una ética apegada al respeto a los derechos humanos, de esa forma existe un desvío de poder al que hace referencia la definición.

Los invitamos a realizar su inconformidad en el formato respectivo, al no hacerlo algún día nos alcanzará la discriminación. Hay que intentarlo.