Con mucha preocupación las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, hemos visto no solamente un aumento de la violencia en todo el país en los últimos años, sino que la crueldad de ésta es inmensamente proporcional a la incapacidad de las autoridades federales para responder el grave problema que significa el crimen organizado.

Datos de la propia autoridad y de algunos medios de comunicación indican que en lo que va del sexenio la cifra de alcanzan los 23 mil personas fallecidas, y miles han sido víctimas inocentes, entre ellas niños, niñas y jóvenes.

Expertos de las Naciones Unidas en temas de seguridad nacional y delitos contra la salud, han insistido al gobierno de Calderón que la estrategia para atender el problema no es la correcta, como sacar al Ejército mexicano a realizar las tareas propias de la policía, y dejar intacta la estructura financiera de las organizaciones delictivas.

Lamentablemente la nota roja se ha vuelto costumbre, pero no para la gran mayoría que habitamos este país. Al parecer las autoridades y algunos medios de comunicación se empecinan en tenemos que vivir en este clima de violencia, que es inevitable y que nada se puede hacer.

El fin de semana pasado asesinaron a jóvenes en la ciudad de Torreón, y la Fiscalía estatal se apuró a decir que no habían sido 18 sino 17 el número de jóvenes muertos, es decir, para la autoridad las personas muertas en estos hechos a los largo y ancho del país dejaron de tener su nombre y a apellido, para ser números solamente.

Lo que sigue siendo otra constante, es la percepción de la falta del poder público o la incapacidad de atender los graves problemas del país, como son la impunidad, la corrupción, la opacidad del manejo de los recursos públicos y en especial, la inseguridad para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes integramos esta sociedad.

En un país con más de la mitad de su población que vive en la pobreza, y muchos de esas personas en pobreza extrema; donde millones de niños y niñas viven y trabajan en la calle para sobrevivir; donde miles y miles de jornaleros indígenas salen de sus comunidades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracrúz entre otros, a ganarse la subsistencia para ellos y sus familias a estados como Jalisco, cuyas autoridades estatales y municipales, así como las dependencias federales se hacen de la vista gorda, ante la explotación laboral que sufren, la ausencia de servicios de salud, de vivienda y demás violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y de las mujeres.