Han transcurrido cuatro años desde que se inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en memoria de nuestro hijo Néstor Alan Rodríguez Licea; que nos ha permitido encontrarnos con la solidaridad de personas y organizaciones, para juntos incrementar la conciencia y lograr un primer cambio en la ley a la que se le ha llamado “salvavidas” que incremento las sanciones en contra de personas que conducen en estado de ebriedad; en la cual incluso existió una amplia participación ciudadana, tan necesaria en estos tiempos.

Se ha logrado la reducción notable de muertes de personas en accidentes en las cuales el alcohol tenía una influencia total, sin embargo dejó para después la modificación de otro tipo de leyes y estructuras administrativas de Secretarías como la de Vialidad y Transporte del Estado, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), e incluso de las policías municipales, que favorecen en este tipo de casos la impunidad y opacidad en la actuación de los servidores públicos de las mismas; aspecto que no puede posponerse por más tiempo.

Nuestra experiencia al defender junto con el Cepad el caso de nuestro hijo, implicó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, peticiones al Gobernador del Estado y Congreso del Estado, además de quejas por responsabilidad administrativa ante la propia PGJE e IJCF, las cuales no han tenido los resultados esperados, precisamente por que faltan los mecanismos adecuados y el compromiso de sus funcionarios responsables para oponerse a la impunidad, actualmente en nuestro caso encontramos:

· Que se emitió la Recomendación 30/2009 por parte de la CEDHJ, de forma incompleta y fuera de los plazos oportunos para lograr un deslinde de responsabilidades, con peticiones a las autoridades que no evitan la repetición de los actos.
· Que a petición nuestra y del Cepad, el IJCF sancionó el 6 de septiembre de 2010, con suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y a los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así mismo se impuso cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz; aspecto que reconocemos a dicha institución, ya que de forma imparcial tramitó e impuso las sanciones.
· Respecto a la PGJE, a cuatro años de ocurridos los hechos, no contamos con información sobre los avances de una supuesta averiguación previa que se inició en la Dirección de Visitaduría, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del Procedimiento Administrativo interno 402/2009 llevado en la Contraloría Interna de esa institución; aspecto que indudablemente vuelve a lesionar nuestro derecho a saber la verdad.

Nuestra familia y el Cepad, continuaremos en la búsqueda de la justicia y el deslinde de responsabilidades, para lograr que el camino logrado incluya aspectos de evaluación, observación y seguimiento de esas instituciones, tarea a la que nos dedicaremos con mayor énfasis en el futuro.

Deseamos compartirles que la muerte de Néstor Alan, nos ha llevado a buscar la esperanza, por lo que como familia acompañamos a otros padres que han sufrido pérdidas similares a la nuestra para lograr ayuda profesional a través de una experta en tanatología, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 38256240 ó 33 34 61 28,

Para continuar con la exigencia de justicia e incrementar la memoria, invitamos a medios de comunicación y sociedad en general a repartir volantes con un mensaje de conciencia que hemos preparado, el 26 de noviembre a las 14:00 horas, en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León.