Su testimonio fue incluido en el informe Análisis de la tortura en Jalisco 2000-2009, en el cual se confirma que es una práctica recurrente de las autoridades jaliscienses, en especial de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).
El tiempo pasa muy lentamente para Pedro. El objetivo principal de la tortura es que firme, sin leerlas, declaraciones en las cuales se declara culpable de diversos delitos. “Fírmale”, le gritan.

Uno de los torturadores le dice de plano: “Mira, cabrón, ya sé que no eres culpable, pero qué le vamos hacer, el gobernador quiere resultados. Tú coopera firmando”. Y firmó por miedo de perder la vida, la propia y la de sus familiares.

Pedro cuenta lo que parece la filmación de una película, pero en las peores circunstancias y dirigida por la delincuencia organizada:

“Me llevaron a otro lugar, donde otro jefe me dijo: ‘Mira, cabrón, te vas a sentar ahí mirando de frente a la cámara y vas a leer lo que dice la cartulina, si no, ya sabes’. Tuve que hacerlo. Leí frente a la cámara de video, y me pusieron otra cartulina más con nombres de gente que yo no conozco.”

Después lo llevaron a una supuesta casa de arraigo, donde otro grupo de policías judiciales siguieron torturándolo aunque legalmente era todavía un “presunto inocente”. Le cayeron encima con más golpes, uno que otro toque con picana antes de cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico para comenzar a asfixiarlo, o bien lo sumergían de cabeza en un tambo lleno de agua, con los pies y manos amarrados. Le infligían este procedimiento una y otra vez…

En ese lugar había otras 11 víctimas. Cuando terminaba una golpiza entraba una especie de médico al cuarto y les daba unas pastillas que, recuerda Pedro, “nos ponían muy mal; entonces llegaban otra vez los judiciales con lo mismo, a torturarnos”.

Pedro escupe su historia unos días antes de que visite Jalisco una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas.

Bajo presión

Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2008 estuvo en el estado la delegación de la ONU integrada por un jefe, Víctor Rodríguez Rescia, y por Hans Petersen, Zdenek Hajek, Marija Definis-Gojanovic, Zbigniew Lasocik y Mario Coriolano, todos ellos expertos internacionales en el tema de la tortura.

Un año después el grupo entregó al gobierno de México un informe, al cual el Cepad tuvo acceso después de varios meses de litigio ante el Instituto Nacional de Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai) para obtener una copia.
Pedro relató que ante la visita de los expertos, los agentes de la PGJ les quitaron las esposas a todos sus prisioneros de la casa de arraigo y les concedieron un baño “porque iba a ir una misión de derechos humanos, pero antes de dejarlos entrar (a los expertos de la ONU) nos advirtieron que no dijéramos nada porque nos iba a ir mal”.

El primer día los detenidos obedecieron, de manera que cuando la delegación se fue, los verdugos les dijeron: “Así se hace, cabrones”. Pero al día siguiente la misión regresó porque percibieron la tensión en el lugar y les extrañó que los policías les advirtieran constantemente que no se acercaran a los detenidos puesto que eran de “alta peligrosidad”. Los especialistas describieron estas actitudes durante su visita como acoso de personal fuertemente armado.

En el informe que la delegación entregó a la ONU dice también que “pudo constatar cómo estas personas no sólo vivían en condiciones indignas, sino con muchas limitaciones en lo que a la integridad personal se refiere. No habían tenido acceso a un abogado ni se les había explicado cuáles eran sus derechos. Todos cohabitaban en la misma celda y, tal y como algunos pusieron en conocimiento a esta delegación, a pesar de haber pedido que se les permitiera asearse, se les había negado ese derecho”.

El grupo de expertos constató que los detenidos eran objeto de vejaciones después de su detención. “Explicaron cómo durante los interrogatorios se encontraban con los ojos vendados y las manos esposadas. Algunas incluso habían sido expuestas a ‘la bolsa’. La mayoría de esas personas presentaban lesiones físicas”, se lee en el informe de la delegación.

Continúa: “Todos presentaban un estado de ansiedad muy alto. No había ningún tipo de registro en esa casa de arraigo, y cuando los miembros de la delegación lo solicitaron al personal a cargo, éste se dedicó a escribir en un papel los nombres de las personas allí arraigadas”.

Nada es igual después de las descargas eléctricas que hacen vibrar el cuerpo de dolor, de las bolsas en la cabeza, de los tambos de agua, de los golpes, de las amenazas constantes de que asesinarán a la esposa o a un hijo si el preso no se declara culpable.
La psicóloga Felícitas Treue, experta en la atención a víctimas de tortura, señala que ésta afecta por igual a niños, mujeres, ancianos, jóvenes o adultos: “Daña profundamente al individuo en su esquema psíquico, no sólo a nivel personal, sino también en las relaciones sociales. Destruye la confianza hacia los otros seres humanos, que es básica en todos. Esto porque la tortura es un hecho sumamente cruel y agresivo”.

Treue, que ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), agrega que las personas sometidas a esa práctica se retiran, se aíslan y vive con muchísimo miedo; pierden la confianza en sí mismos y hacia los otros:

“La tortura marca un rompimiento en la vida de la persona. Con mucha dificultad recupera sus habilidades y la confianza, y lo que viene a complicar más (su situación) es la falta de justicia: los torturadores andan libres y gozan de impunidad absoluta.”

Por su parte, Agnieska Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, enfatiza que en este tema el Estado ha incurrido en omisiones al no investigar y así solapa la práctica de la tortura. Enfatiza que la víctima es de nuevo atacada en los juicios que llegan a iniciarse porque en ella recae la carga de la prueba.

“Desde 1997, el relator de la ONU sobre tortura destacó en su informe que este delito de lesa humanidad es una práctica generalizada en el país. Desde esa fecha hasta la actualidad seguimos recibiendo recomendaciones en torno a este tema”, insiste.

Agnieska revela que la delegación de la ONU que visitó Jalisco emitió 192 recomendaciones, muchas dirigidas al gobierno del estado:
–¿Se han atendido algunas de esas recomendaciones?

–No. No hay ningún plan para atender ese flagelo. La impunidad sigue imperando. A 13 años de las primeras visitas del relator sobre la tortura, se siguen las mismas prácticas.

En el documento Análisis de la tortura en Jalisco 2000-2009, el Cepad analizó y comprobó que en la entidad se sigue torturando institucionalmente. Ahí se mencionan tres administraciones estatales, todas del PAN: un año de la de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000); Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007, con el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez), así como lo que va de la gestión de Emilio González Márquez (de 2007 a diciembre de 2009).

Dichos gobiernos panistas “se han caracterizado por la falta de voluntad política para reconocer que la práctica de la tortura es sistemática en el estado de Jalisco, hasta el extremo de manifestar, en el caso de las dos últimas administraciones, que la tortura en Jalisco ‘no existe’”.

Durante el periodo que abarca el análisis se registraron mil 343 personas torturadas, de las cuales 175 son mujeres y 79 niños o niñas. Y un dato preocupante es que desde 1993, año en que entró en vigor la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, no se ha consignado ni penalizado a ningún servidor público por dicho delito”, se dice en el documento del Cepad.

Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha emitido 21 recomendaciones sobre tortura, en ningún caso la institución ha presentado una denuncia formal, alegando que no es de su competencia.

Incluso, desde que Felipe Álvarez Cibrián asumió el cargo de ombusdman, en agosto de 2007, las quejas por tortura disminuyeron drásticamente y “se deja de registrar como una violación a los derechos humanos más frecuente, sin alguna justificación”, acusa el Cepad.
Lo atribuye a que la CEDHJ “carece de criterios internos de actuación que permitan calificar las presuntas violaciones por tortura, su investigación y documentación, bajo el parámetro de los instrumentos internacionales”.

Una actitud cuestionable, si se tiene en cuenta que, como lo sintetiza Felícitas Treue, “la tortura es un instrumento de poder del Estado utilizado con el fin de mantener un determinado orden y defenderlo contra un peligro o una oposición emergente. Y no es un acto de omisión de algunos agentes; es intencional y planeado, es parte de una estrategia del Estado”. l