Boletín 01/2011


25 de febrero de 2011
Las organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresan a través de este medio la condena ante las muertes violentas sufridas por los familiares de la activista Josefina Reyes.
Condenamos así el exterminio de toda una familia dedicada a defender sus derechos y la terrible muestra de impunidad, de complicidades, de insensibilidad ante el llamado desesperado de quienes tuvieron que recurrir a la huelga de hambre en Ciudad Juárez y en el DF sin ser oídos por las autoridades, incapaces de brindar las más elementales medidas de protección a la vida y la seguridad de las personas.

Josefina Reyes Salazar, una activista de derechos humanos y luchadora social del Valle de Juárez, murió asesinada el 3 enero de 2010 a manos de un grupo armado. El hermano de ella, Rubén, fue asesinado en agosto de 2010 en el municipio de Guadalupe, Chihuahua y el 7 de febrero de 2011 fueron secuestrados los hermanos Elías Reyes Salazar y María Magdalena Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, cuando acudían a supervisar una panadería que posteriormente fue robada. En días recientes, el 16 de febrero de 2011 fue incendiada la casa de la señora Sara Salazar, mientras ella se encontraba en una huelga de hambre en la subprocuraduría de Justicia Zona Norte, exigiendo la libertad de sus hijos.

Señalamos la omisión y negligencia del Estado mexicano ante la desaparición de estas personas y ahora su fallecimiento. A pesar de que por vías diversas, se alertó a las autoridades sobre el peligro y riesgo en que vivía toda la familia Reyes, estas no tomaron las medidas necesarias para asegurar su protección.

Las organizaciones de derechos humanos que conformamos esta Red exigimos a las autoridades llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer estos crímenes y llevar ante la justicia a los culpables. Las autoridades son responsables de la ola de impunidad que vivimos en México, ante la falta de investigaciones efectivas y la sanción de los perpetradores en este y otros actos de violación a los derechos fundamentales.

Las acciones del gobierno mexicano, lejos de reducir la violencia que se vive en el país han contribuido a su incremento, elevándose el número de asesinatos, la mayoría de ellos registrados en el estado de Chihuahua. Exigimos a las autoridades tanto estatales como federales, la revisión de su estrategia de combate al crimen organizado y a enfocar esfuerzos en poner fin a la impunidad.

¡No más muertes de defensores y sus familias, no más violencia, no más sangre!

¡Basta de la criminalización de las y los defensores de derechos humanos!