Fecha: 09/03/2011
Exhortamos al Gobierno Federal a que cumpla cabalmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas .
Organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos rechazamos la aprobación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que el Senado de la República por unanimidad de 84 votos realizó el pasado 3 de marzo, tras la aprobación por la Cámara de Diputados del dictamen de dicha ley el 15 de diciembre de 2010.

Las organizaciones abajo firmantes si bien reconocemos la labor por parte del Poder Legislativo que reconoce y ha dado la relevancia que amerita el tema en la agenda gubernamental, consideramos que el antiguo paradigma médico rechazado y transformado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas hacia un nuevo paradigma social y derechos humanos, prevalece a lo largo de su articulado errando el enfoque, fundamento y contenido.

Efectivamente se incorporan nuevos conceptos y se prevé la creación de un organismo público descentralizado con mayor autonomía que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) anterior; sin embargo el problema comienza desde su fundamento constitucional, pues parte de las facultades implícitas del Congreso de la Unión en materia de salubridad general de la República para emitir dicha Ley y por ende necesariamente mantiene un enfoque médico y anacrónico.

Aunado a lo anterior, las disposiciones de la recién aprobada Ley sólo otorgan facultades genéricas a la Administración Pública Federal en algunas materias como la laboral, educativa, desarrollo social, salud, accesibilidad, entre otras, sin prever un listado de todos los derechos y obligaciones específicas a lo que necesariamente deberá acompañar una armonización legislativa integral local y federal en las respectivas materias aplicables como segundo paso fundamental.

Cabe destacar que en el lapso entre la aprobación del dictamen en la Cámara baja y su aprobación por la Cámara alta, diversas organizaciones de y para personas con discapacidad, así como juristas y especialistas del tema se pronunciaron en contra de dicho dictamen, habiendo dichas organizaciones, aparentemente cambiado de posición y celebrado finalmente su aprobación.

Elevamos un atento llamado al Gobierno federal para que:

– Cumpla cabalmente con el nuevo paradigma previsto en la Convención respetando el sistema de distribución de competencias previsto en nuestra Carta Magna, lo que implicaría su imposibilidad para regular la materia desde el enfoque medicalista y por tanto permitiendo a las entidades federativas de manera exclusiva su regulación bajo un enfoque social;

– llamamos a los gobiernos locales para que en esta labor contemplen y retomen los grandes avances que se han logrado en el ámbito internacional y que constituyen una obligación para el Estado mexicano en su conjunto.


Atentamente,

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Litiga, Organización de Litigio Estratégico A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. integrada por 70 organizaciones en 23 estados de la República