No se trata de fundamentar los DH, como pretende Mexicanos por la Vida de Todos, revira

Reforma federal en derechos humanos es un avance histórico en la materia: Cepad

La discusión está en el ejercicio y el cumplimiento de las garantías por parte del Estado, indica

ANALY S. NUÑO

Mexicanos por la Vida de Todos condena la reforma en derechos humanos aprobada por el Senado de la República Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

“La reforma en derechos humanos recién aprobada en el Senado de la República representa para el país un avance histórico en la materia, contrario a los señalamientos que han hecho organizaciones civiles cercanas a la Iglesia católica, quienes aseguran que el mecanismo “compromete la soberanía nacional y daña a la familia mexicana”.

En entrevista con La Jornada Jalisco, Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), señaló que era urgente y necesario que se realizara una reforma de este tipo en la Constitución Política mexicana, puesto que por la antigüedad de ésta ya no reflejaba en la totalidad lo que requiere la ciudadanía, por lo cual la iniciativa que desde hace cinco años se discutía en el Congreso federal sienta las bases para desarrollar en mayor medida los derechos humanos de forma específica, pues los derechos humanos tienen que ver con el nivel democrático de un país.

“Hay asuntos de precisión muy importantes que en un contexto en el que vivimos, pues es una buena noticia, pero digamos que se requiere ampliarlo mucho más en la materia. Los principales avances que refleja la reforma son básicamente darle reconocimiento a los derechos humanos de forma explícita en la ley y ampliar una serie de mecanismos para su protección. Tener una postura que se fundamenta en la regresión de los derechos, eso no es hablar de libertades fundamentales”.

El mecanismo aprobado el pasado 8 de marzo establece en primer término que el Capítulo 1 de la Constitución Política se denomina De los derechos y sus garantías, además de las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del estado.

Asimismo, se establece la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas y que el respeto a los derechos humanos deberá contemplarse en la educación que imparta el estado, “lo cual brindará mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales, ya que esta modificación corresponde a la realidad a la que se enfrentan muchas personas que llegan a ser discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que ha producido agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte”, señala el dictamen.

Igualmente, determina que en el caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo y que por causas de carácter humanitario se recibirá refugio y da la facultad de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos de violaciones graves de esos derechos.

Además, establece que la elección del titular de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo de la misma, así como de los titulares de los organismos públicos estatales deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública, en un procedimiento transparente, entre otros.

Sin embargo, a pesar de que tanto los titulares de las comisiones estatales de derechos humanos en el país como distintas organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos humanos, han celebrado la aprobación de la reforma registrada por todo lo que conlleva, distintas agrupaciones conservadoras como Mexicanos por la Vida de Todos, han mostrado un rechazo rotundo a la iniciativa que aún falta sea aprobada en los estados (La Jornada Jalisco, 17 de marzo 2011).

En este contexto, Macías Medina consideró que el pronunciamiento en contra de la reforma realizado por dicha agrupación, tan sólo “reduce y hace inútil” el concepto de derechos humanos, lo que representa un retroceso en la materia, puesto que están partiendo de una discusión “en abstracto” ya que la discusión no está en la fundamentación de los derechos humanos sino que está en el ejercicio de los mismos y su cumplimiento.

“Eso es inexacto, los pronunciamientos que ellos están haciendo son algo que no coincide con el desarrollo propio de los derechos humanos. Los derechos humanos no son una discusión de conceptos, son una discusión del cumplimiento de obligación que tiene el Estado para promoverlos, protegerlos y garantizarlos, con visiones que nos hagan crecer como sociedad. Varias de las características de los derechos humanos son como lo vemos reflejado en esta reforma que se aprobó, es decir van cambiando, se van adecuando con el tiempo. Discutirlos en abstracto, de forma aislada y sin relacionar todo lo que implica la garantía de estos derechos, es erróneo”.

Explicó que bajo este escenario es importante recalcar que la cuestión de los derechos humanos es poner límites al estado, es decir, representan una ampliación de la visibilidad de los grupos vulnerados, lo que deriva que la obligación de las autoridades de respetar y ponderar los derechos humanos sea cumplimentada, ya que éstos reconocen de origen las necesidades de las personas, por lo que deben tener progresividad.

“En el caso de los derechos humanos, en el fondo lo que protegen es nuestra integridad y libertad como personas, por eso la progresividad es una característica importante. Yo creo que por eso genera tantos cuestionamientos, porque lo único que hizo el legislador fue actualizar de acuerdo a lo que él percibe de la realidad, somos un país diverso, somos un país pluricultural, donde hay muchos componentes sociales, muchos modelos que tienen que ser reconocidos y que se les tiene que dar la posibilidad de ejercer sus derechos”.

Finalmente, Macías Medina cuestionó la postura manifestada por la representante de la agrupación Mexicanos por la Vida de Todos, Edith Martínez Guzmán, puesto que debe ser más explícita en el origen de sus declaraciones toda vez que es integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, “aunque tiene todo el derecho de ejercer su libertad de expresión y asumir sus posicionamientos, tiene la obligación de rendir cuentas públicas sobre ese posicionamiento al seno de la propia Comisión y conforme al marco legal de ésta”.