Diseño: Ana María Ortega Alaniz

El 23 marzo de 1981, México ratifico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC o el Pacto), donde se obliga adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos orientados a satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, como son: al trabajo, la seguridad social, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la cultura, al agua, entre otros muchos.

En el 2008 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto con el Programa Institucional de Derechos humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), presentaron el Diagnostico sobre el estado y vigencia de los derechos humanos en el sur de Jalisco: DESCA, Seguridad Pública y Participación ciudadana, el cual fue realizado en 16 municipios de la región sur de Jalisco, donde se aplicaron 500 encuestan al mismo número de personas, las cuales contestaron 131 reactivos cada una.

Este diagnóstico revelo que más de una quinta parte de la población de esta Región carecía de accesos a servicios de salud, un tercio consideraba que estaba mal alimentado y dos terceras partes pensaba que los precios de los alimentos eran caros, demostrando un proceso real de empobrecimiento, incidiendo así en el alto fenómeno migratorio de sus habitantes. Además, la investigación arrojó datos relacionados con los servicios que reciben los hogares, como fue que el 52% de las personas encuestadas señalaron que hay escases de agua potable en la Región, y un 45% calificó como caro el cobro del vital líquido. Éste documento puede ser consultado en la página electrónica del CEPAD, https://www.cepad.org.mx/publi_culturales.php

Precisamente en el mismo año que se realizó el Diagnóstico, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto, mediante el cual se establece la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para recibir y considerar comunicaciones de parte de particulares y grupos de personas que alegan violaciones a los derechos contenidos en el Pacto.

La importancia del Protocolo Facultativo se deriva de sus facultades para atender violaciones a los derechos contenidos en el Pacto. Estos mecanismos son: Primero) La comunicación de personas o grupos que aleguen ser víctimas de una violación contenida en el Pacto, mediante la cual el Comité está facultado para emitir un dictamen con recomendaciones al Estado que haya cometido la violación alegada; segundo) La comunicación con la que los Estados parte pueden alegar la falta de cumplimiento de otro Estado, respecto a los derechos contenidos en el Pacto. Y tercero) un procedimiento que permite al Comité DESC iniciar una investiga­ción cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el Pacto.

Hasta el día de hoy solamente ha sido ratificado el Protocolo por Ecuador, El Salvador, Mongolia y España, faltando 6 Estados para su entrada en vigor. Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el mundo, han impulsado campañas para exhortar a sus gobiernos a que ratifiquen dicho Protocolo y reconozcan la Competencia del Comité.

En México, mediante un comunicado de prensa emitido el 23 de septiembre del 2011, más de 70 Organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluido el CEPAD, dieron aviso del inicio de “la Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo”. Esta campaña tiene como objetivo presionar al Estado mexicano a que garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del presente año.