El pasado 9 y 10 de noviembre del 2011, se celebró en Ginebra, Suiza, el Foro Mundial sobre el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, instrumento jurídico internacional del que el Estado Mexicano forma parte.

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizadora del Foro, creyó conveniente que a 5 años de la entrada en vigor de dicho Instrumento, se llevara a cabo una evaluación de su implementación. Para tal efecto se invitó a los Estados Partes; a todos los miembros del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura; a todos los demás expertos relevantes de la ONU y Órganos Regionales, así como a representantes de la sociedad civil, para compartir sus experiencias e inspirarse de las soluciones propuestas por cada uno de ellos. Al Foro, asistieron representantes de cerca de 90 países, y como representante de la Sociedad Civil Mexicana, asistió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD).

Para la etapa conclusiva del Foro, nos reunimos por zonas geográficas. He aquí algunas de las conclusiones o propuestas formuladas por los Estados de las Américas:

1. El término y alcance de lo que significa “prevención de la tortura”, debe de ser reglamentado y sistematizado desde la doctrina y experiencia del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (SPT), órgano creado por el Protocolo Facultativo y que inició su trabajo en febrero de 2007.

2. Que se difundan masivamente los objetivos y funciones de los Mecanismos de Prevención contra la Tortura tanto nacionales como estatales de los países firmantes del Protocolo y que formen parte de dichos mecanismos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e incluso personas que hayan estado o estén privadas de su libertad con el objeto de dar pluralidad, interdisciplinariedad y legitimidad a los mismos; elemento del que por cierto, carece el Mecanismo Nacional de Prevención Mexicano y los de las entidades Federativas.

3. Capacitación a los medios de comunicación, debido a que en ocasiones, éstos pueden favorecer la comisión de tortura hacia los detenidos.

4. Se advirtió que la impunidad alienta la práctica de la tortura, por lo que un elemento de prevención de ésta, es terminar con la impunidad en la comisión del delito de tortura con el objeto de que baje su incidencia. En este sentido vale la pena recordar que en el Estado de Jalisco, desde 1997 que se creó la Ley estatal para prevenir la tortura, no se ha abierto una sola averiguación previa por el delito de tortura en la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que es inadmisible.(ver informe del cepad sobre el tema)

5. Finalmente, se hizo alusión a la necesidad de poner especial importancia en la supervisión de los centros de reclusión de personas con discapacidades mentales, orfanatos, albergues y de aquellos centros de internamiento de personas con adicciones, que cuentan con permiso o aquiescencia del estado, ya que en ellos se da la tortura, como bien lo documenta el estudio realizado recientemente por “Disability Rights International” en Oaxaca y otros entidades federativas.
Esperaremos las relatorías y conclusiones generales del foro, que confiamos sirvan para dar luz y mejorar las prácticas de prevención de esta grave violación a los derechos humanos.

Gerardo Moya García
Interlocución Estratégica