El pasado 14 de Octubre del año en curso, en Tlapa de Comonfort Guerrero, se llevó a cabo la XLIV Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” de la que el Cepad forma parte; y conformada actualmente por 73 organizaciones defensoras de los derechos humanos en 21 estados de la República Mexicana.

En el pronunciamiento público resultado de la Asamblea se advierte lo siguiente: “[…] las organizaciones que la conformamos constatamos el final de un sexenio de muerte, violencia, despojo, temor y miseria, y con él la salida impune de Felipe Calderón, que sin embargo, será recordado como responsable de la peor crisis del estado de derecho en México”.

Los saldos del sexenio que termina son: 60 mil muertos (número proporcionalmente mayor a los ocurridos en la guerra civil guatemalteca); más de un millar de desaparecidos, que rebasa la cifra de los de la guerra sucia; miles de desplazados internos y refugiados por la violencia; un aumento desmesurado de la tortura como método de investigación y castigo; ataques a derechos de las mujeres y un creciente feminicidio; una política de seguridad que por un lado, criminaliza la migración generando mayores dividendos por la trata de personas y profundizando la inseguridad en vastas regiones, y que por el otro, ha creado un estado de sitio, y en muchos lados de guerra civil entre militares y grupos criminales, que carece de sentido y parece no tener fin.

A la par de lo anterior, se han formulado en este sexenio las condiciones jurídicas e institucionales para un régimen de avaricia desmedida y despojo, que lejos de traer bienestar para la mayoría, crea miseria e incertidumbre a través de centenares de concesiones mineras a lo largo y ancho del territorio, parques eólicos, presas, proyectos de turismo a gran escala, etc.; y como corolario, se promueve una reforma laboral que precariza el derecho al trabajo decente.
 
Es en estas condiciones, que periodistas y personas defensoras de derechos humanos, termómetros de la democracia, sufren muerte, amenazas, estigmas y calumnias, particularmente por quienes tienen la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar dichos derechos.

 

Con relación a la contienda electoral el pronunciamiento refiere:

Declaramos que en democracia no basta tener la mayoría para alcanzar legitimidad, se requiere además jugar con reglas democráticas, garantizar certeza, transparencia y equidad en la contienda, así como una verdadera representatividad, condiciones que no han sido alcanzadas.
 
Con estas carencias y retos nos enfrentamos al inicio de una nueva administración que encabeza quien debiera estar enfrentando procesos penales (al menos desde los hechos de Atenco en 2006); sin embargo, vemos también enormes esfuerzos de la sociedad civil que en resistencia y de manera contra-hegemónica, lucha por cambiar las condiciones y procurar el ejercicio de los derechos humanos de la población: organizaciones civiles, de campesinos, sindicatos, pueblos indígenas, comunidades, barrios y colectivos ciudadanos, que se han transformado en defensores de derechos humanos. En estos momentos de crisis del estado de derecho, en ellos depositamos la esperanza y con ellos asumimos el compromiso de defender los derechos humanos como el modo más radical para combatir de raíz la impunidad y la desigualdad, sin hacer concesiones a gobiernos y grupos de poder que discriminan y pisotean los derechos de las y los olvidados de siempre.
 
No hay mucho que agregar a éste pronunciamiento, quizás apuntar que si alguno(a) aún cree que el resultado de todo esto es porque el gobierno federal pretender luchar a fondo contra la delincuencia organizada, baste con comparar la cantidad de “presuntos delincuentes” que se presume se han “detenido”, con las sentencias penales condenatorias firmes efectivas a los mismos por los delitos cometidos, para darse cuenta de que el fantasma de la impunidad sigue rigiendo en México.