Por Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC

Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta

23 de enero de 2013

Recientemente se publicó la Ley de Víctimas que beneficiará, según su texto, a víctimas no solo de la delincuencia organizada, sino también de violaciones de derechos humanos, es decir, aquellas que cometen las autoridades de cualquier nivel de gobierno. Dice la ley que deberá contarse con un fondo que garantice la reparación del daño económico a las víctimas; ahora bien, confrontemos esto con la realidad actual: 
Según la base de datos divulgada en la dirección de internet http://desaparecidosenmexico.wordpress.com presuntamente filtrada a tres medios de comunicación por la Procuraduría General de la República, se da cuenta de que en el país, de agosto de 2006 a febrero de 2012, se registraron 20 mil 851 desaparecidos, de los cuales 11 mil 201 son hombres y 8 mil 340 mujeres. Del resto no se tienen registro.
Del análisis hecho por la organización “Propuesta Cívica” se advierte que el sector poblacional más afectado es el que comprende de los 10 a 17 años de edad. El grupo de 18 a 30 años de edad está también en mayor riesgo, ya que uno de cada cuatro reportes de desaparecidos abarcan a esta población.
De entre las cuatro entidades con mayor número de casos de personas desaparecidas, se encuentra Jalisco, con 2 mil 177, lo anterior, claro sin contar el sub registro de víctimas.
Vale la pena hacer mención de información actualizada. Según nota publicada en el periódico El Informador el pasado 17 de enero del 2013, el Procurador General de Justicia del Estado Tomás Coronado Olmos, afirmó que: “en la Zona Metropolitana de Guadalajara operan diferentes células de al menos tres cárteles, a los que se atribuye la ola de violencia que ha dejado al menos 34 ejecuciones desde el inicio del 2013. En Jalisco se han registrado, hasta este jueves, 67 homicidios en los primeros 17 días del año”. 
Ante éste panorama y tomando en cuenta que el actual Gobierno Federal tiene conocimiento de lo grave del mismo, surge el siguiente cuestionamiento ingenuo: 
¿Tendrán la intención, el interés, la voluntad política de destinar los recursos económicos suficientes para hacer frente a este problema, o la publicación (con bombo y platillo) de la ley de víctimas es otro parapeto político más, de los que suelen utilizar los funcionarios para mejorar su imagen pública?
El tiempo responderá a ésta y otras preguntas pertinentes, sin embargo, la mirada atrás no nos lleva a probabilidades alentadoras…