Por Francisco Macías Medina. Integrante del Cepad AC.

Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta 13 de junio del 2013.

 En fechas recientes, observamos a través de un videodifundido por redes sociales a un pintoresco agente de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Puerto Vallarta, quien reacciona en contra de un ciudadano que hacía las veces de “documentalista involuntario”, el cual momentos antes fue obligado a mover su vehículo estacionado en un lugar prohibido, para luego ser utilizado el mismo sitio por otro automotor pero ahora con la anuencia de la autoridad.

El hecho originó un reclamo altisonante del ciudadano que fue reprimido airadamente por el “agente de autoridad”,  el cual lanzó la siguiente amenaza: ¿Cuánto vas si yo te meto al bote?

 Las amenazas, maltratos y atentados en contra de la integridad por los agentes policíacos es un problema endémico de las corporaciones, las cuales aún con los cambios de las administraciones municipales o del gobierno del Estado, parece muy lejano el momento de erradicar esa conducta.

 De acuerdo a la última estadística de la CEDHJ (abril 2013), se recibieron 156 inconformidades en contra de diversas corporaciones, por violaciones a los derechos humanos tales como lesiones, detención arbitraria, robo, allanamiento de morada, amenazas e intimidación

El video nos muestra la facilidad con la que un agente común puede con toda impunidad atentar contra una persona y utilizar la ley a su antojo, al respecto debemos preguntarnos ¿Qué es lo que facilita este tipo de conductas?, ¿Con qué tipo de herramientas ó recursos cuenta la ciudadanía para denunciar este tipo de casos?,  ¿Son sancionadas?;  Y si no lo son ¿ Cuál es el mensaje que enviamos a este policía que hace parte de su trabajo este tipo de conductas?.

 Sin duda la permisividad motivada por una autorización velada, propicia un incremento en los atentados a las libertades hasta llegar a las más graves, por lo menos eso es lo que demuestra el reciente nombramiento de J. Hérnan Guízar Maldonado, como director de seguridad pública de Zapopan, Jalisco.

Según los hechos documentados en la Recomendación 54/2011, del 21 de diciembre de 2011, el actual director, participó en la detención arbitraria, siembra de evidencia, tortura y posterior muerte de un quejoso, debido a los atentados a su integridad, junto con otros integrantes de la extinta Dirección de Seguridad Pública del Estado. Cabe mencionar que contra él, pesaban en ese tiempo más señalamientos.

 Su erróneo e inadmisible nombramiento por parte del Presidente Municipal de Zapopan, lo hace directamente responsable de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos que cometa este funcionario.

Nos hace ver una vez más que la impunidad propiciada desde las corporaciones, agencias del ministerio público, juzgados y hasta oficinas del ombudsman, daña, hace perder vidas y lesiona nuestros derechos básicos.

No lo permitamos, porque lo que le pasó a este quejoso nos pudo haber pasado a cualquiera.