Por Gerardo Moya García. Integrante del Cepad AC.
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta. 10 de julio del 2013

 

En un artículo publicado el 27 de junio del 2013, en Sinemargo.mx, titulado: “Defender a los defensores”, Darío Ramírez, defensor de derechos humanos, hace un magnífico recuento del reciente informe que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dio a conocer el pasado 26 de junio. En el artículo, su autor refiere que: “en el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos: actualización 2012 y balance 2013”, se señala que desde 2006, México refleja la instalación de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan;” y que en el mismo, “se da cuenta que de noviembre 2010 a diciembre de 2012 se registraron 89 casos de agresiones contra defensores. Dentro de ellos, 27 asesinados y ocho desapariciones forzadas”.
El número habla por sí solo, sobre todo porque como sabemos, los casos de agresiones contra personas defensoras que se han registrado, son únicamente “la punta del iceberg” de una problemática mucho muy profunda, y son también una muestra de un número mayor de “cifra negra” de casos no denunciados, ni dados a conocer por otros medios.
Para completar el panorama desolador, continúa relatando “Darío Ramírez” en su artículo, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo de 2005 a 2011 abrió 523 expedientes de queja por este concepto, y se solicitaron 156 medidas cautelares para personas defensoras. De los 523 expedientes abiertos, la CNDH únicamente emitió 33 recomendaciones, es decir, en menos del 10% de los casos de agresiones a defensores de derechos humanos”.
 

El que exista un número cada vez mayor de personas defensoras de los Derechos Humanos, permite reconocer la numerosa cantidad de violaciones a los mismos, sin embargo, que exista cada vez mayor número de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, es el “pulso” para medir el nivel de degradación de un Estado Democrático frente a sus deberes de protección y garantía de los derechos Humanos.

En este entendido, es urgente el llamado que hacen una serie de personas, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al haberse cumplido el pasado 25 de junio del 2013, un año de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el Mecanismo para su protección, ya que hasta el momento, pese a los esfuerzos de su implementación, reza el llamado, “existen graves obstáculos y fallas para su adecuado y eficaz funcionamiento”; por ejemplo: no se puede aún acceder a los recursos asignados para la protección de las y los defensores porque no se ha instalado el “Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo” que está previsto en la citada Ley.