Mtro. Gerardo Moya, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 29 de enero de 2014

Se escuchó recientemente en diversos medios de comunicación, la “estrategia” del Gobierno del Estado de Jalisco, de “blindar” la frontera con nuestra vecina entidad federativa de Michoacán, para “evitar que se pasen los delincuentes”.

Francamente, cuando la escuché, se dibujó en mi cara una leve sonrisa burlona; no sé si por la ingenuidad de las autoridades Jaliscienses de creer que con dicha acción pueden “detenerlos”, o por la ingenuidad de pensar que los ciudadanos nos vamos a creer que la estrategia funcionaría. Como un desliz, pasaron por mi mente las imágenes de diversos puestos estratégicos, en los que servidores públicos jaliscienses, tanto estatales como municipales, se encontraban apostados revisando a cuanto Michoacano quería pasar a Jalisco, como si en Jalisco fuéramos los puritanos vecinos del Norte, no queriendo dejar pasar a los “mojados mexicanos”.

Pues bien, las autoridades jaliscienses, ya sea estatales o municipales que lo hicieren, no sólo estarían cometiendo el delito de abuso de autoridad de acuerdo con nuestro Código Penal; sino que estarían violentando la Norma Constitucional Federal, aquella de que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Además, revisarlos por el mero hecho de ser “Michoacanos” es precisamente lo que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define como “discriminación”; es decir, “restringir” basándose en su “origen”, el ejercicio de su derecho al libre tránsito y a la no molestia de su persona. En otro sentido, se trata de “estigmatizarlos”; ponerle la etiqueta a alguien precisamente por “ser de Michoacán”. Estarían cometiendo entonces un acto discriminatorio, ese que prohíbe también el artículo 1 de Nuestra Constitución Política Federal y el 4to de nuestra Constitución Local de Jalisco.

¡Pero qué creen!, que NO existe procedimiento administrativo que permita a la postre sancionar a servidores públicos estatales y municipales de Jalisco que cometan “actos discriminatorios”. ¿Por qué?, porque no existe aún en Jalisco, una Ley Estatal en materia de Discriminación, y porque la Ley Federal sólo puede abrir procedimientos en contra de servidores públicos Federales.

Aquí es en donde al Poder Legislativo local le toca cumplir con su función, y crear una ley para Jalisco que elimine este vacío. Valga decir que el Colectivo “Jalisco Incluyente” integrado por diversas organizaciones tanto civiles como públicas, ha impulsado desde 2002, una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco, pero a lo largo de cuatro Legislaturas su propuesta ha tenido que esperar, debido a que siempre hay un tema “más importante” que legislar. Veamos si ésta Legislatura, con todo y sus escándalos puede hacer la excepción.

Entonces, señores de las grandes ideas de revisar personas en la frontera con Michoacán, antes de violar la ley, mejor cumplirla primero en casa, tanto ciudadanos como autoridades, ya que los “delincuentes” también los tenemos en casa y muchos de ellos coludidos, protegidos, entrelazados con nuestros servidores públicos de todos los niveles. La frase bíblica lo describe mejor: “no mires la paja en el ojo ajeno”.