Mtro. Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC
Artículo publicado en el periódico Mural, 26 de mayo de 2014

“¿Mejoró la producción en el campo o se elevó la calidad de vida de los campesinos como efecto de la reforma (…) al ejido? ¿Ha obstaculizado el título IV de la Constitución el tráfico de influencias o la malversación de fondos? ¿La prohibición constitucional de los monopolios, los ha impedido? (…) ¿Disminuyó el poder de las televisoras como efecto de la prohibición de la venta de espacio a partidos (y candidatos)?”

Éstas y otras preguntas se hace la académica María Amparo Casar (“El fetichismo constitucional”, Nexos 422) a propósito de las constantes reformas a la Constitución (614 a sus artículos). Reformas en cuyo potencial transformador –dice- la clase política “tiene una fe ciega”. Y añade: “Aquí es donde entra el fetichismo constitucional. Un fetiche es un objeto de culto al cual se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales y el fetichismo es la cualidad de un objeto para ostentar un poder que no le pertenece por naturaleza”.

A la Constitución y a sus reformas se les ha atribuido este poder mágico, “pero su transformación en los objetivos que persigue es muy deficiente”. Hay dos maneras, “muy socorridas en el caso de México”, para dejar sin efecto las reformas: la primera es “no emitir las leyes reglamentarias de esas reformas” y la segunda es matarlas “por la vía de los hechos, pues no se proveen los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer”.

¿Pero a cuento de qué viene todo este rollo sobre la utilidad práctica o no de las reformas a la Constitución (o a las constituciones, para no olvidar las de los estados) y a las leyes? Viene a cuento de la discusión, que está por darse en el Congreso local, sobre una iniciativa de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) que buscaría reformar la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. La ley fue promulgada en diciembre de 1993 …y nunca se ha aplicado.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una organización de la sociedad civil jalisciense dedicada a la defensa de los derechos humanos, acaba de hacer pública su opinión sobre este caso: sobre las reformas a la ley que no transforman nada, sobre el fetichismo…

En 2010 el Cepad reveló que entre 2000 y 2009 se habían registrado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), 933 expedientes de queja que daban cuenta de un total de mil 343 personas víctimas de tortura. Desde 2010 hasta abril de 2014 son sólo 49 expedientes los que se contabilizan (muy pocos debido a deficiencias –“alarmantes e injustificadas”, califica el Cepad- de la CEDHJ y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses).

No obstante, hasta el día de hoy no se ha investigado ni sancionado a ninguno de los autores materiales e intelectuales de esta práctica, expresa un comunicado emitido por la institución el martes pasado.

Y agrega: “(…) insistimos en que el problema no está en la legislación, sino en la impunidad de los criminales”.

“(…) Quienes integran el Congreso local (…) están involucrados con que la tortura persista, pues teniendo las facultades constitucionales para citar a los titulares de las dependencias directamente vinculadas con la prevención, investigación, sanción y reparación del daño, para que expliquen públicamente las razones por las cuales no han implementado las recomendaciones emitidas por (…) la Organización de las Naciones Unidas (y no) han aplicado la actual legislación contra la tortura, (no lo han hecho)”.

¿Por qué entonces tanto empeño en hacer reformas si la clave no está en ellas sino en su aplicación? Un motivo, dice María Amparo Casar, es que “el costo de aprobarlas es muy bajo y (…) los propios legisladores no se hacen cargo ni de sus implicaciones ni de su viabilidad”.

Bienvenidas las reformas, pero acompañadas de medidas –al alcance del Congreso- que empujen, por ejemplo a la Fiscalía General y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones…