Por Francisco Macías 

La policía es uno de los elementos más que componen el ejercicio de un buen gobierno, ya que de su desempeño dependen factores como el cumplimiento de la ley, así como la protección de personas y bienes preciados. 

Su función tiene directa relación con la democracia: ” Todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder a ella”, “Todos los funcionarios de policía son parte de la comunidad y tienen la obligación de servirla” (Ver Manual OACNUDH). 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, hace referencia que los elementos deberán respetar y proteger la dignidad humana, además de mantener y defender los derechos humanos de las personas, aspectos que se encuentra reforzado por la Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos de 2011, la cual coloca a las corporaciones como garantes de nuestras libertades. 

Propiamente en Jalisco a pesar de que se cuenta con leyes recientes como la del Sistema Estatal de Seguridad y la que regula el trabajo de la Fiscalía General del Estado, con claras definiciones hacia el cumplimiento de su función, se siguen apreciando varios problemas: por ejemplo que en promedio los elementos perciben bajos salarios para el riesgo de su función (nueve mil pesos mensuales), que sólo 11 % de ellos se encuentran debidamente capacitados, que el 61.6 % de la población manifestó confiar poco o nada en los policías, al mismo tiempo de que el 80 % consideró que son corruptos de acuerdo a la encuesta del observatorio  “Jalisco como vamos” y diversas informaciones periodísticas. 

Hay que agregar que mensualmente se reciben más de mil inconformidades en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por actos que van desde la intimidación,  lesiones, allanamientos, amenazas, entre otras. 

En este escenario, es que el Gobierno de Jalisco conformó en días recientes la llamada Fuerza Única que busca instalar un nuevo modelo de policía centralizado en un solo mando estatal con presencia en regiones con 1 500 elementos provenientes de corporaciones municipales, que atenderá la grave debilidad de la inseguridad en diversas zonas de Jalisco. 

Algunas de sus principales debilidades son la carencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar y exigir la rendición de cuentas de su trabajo desde las mismas comunidades a las que responderán, nace con la carencia de un marco legal específico que lo regule, funciona más bien por acuerdo el cual ha sido visto como una imposición e intromisión a la autonomía municipal, ya que serán éstos quienes carezcan de los resultados de una policía que ellos conformaron. 

Existen dudas razonables sobre el nivel que tendrán en cuanto a la garantía y respeto de los derechos humanos, debido principalmente a la reiteración de incidentes, aspecto que puede verse agravado en zonas donde acceder a la justicia es más probletico que en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El reto es crear una corporación que responda a las exigencias de la entidad y al respeto a las libertades, pero que sea un ejemplo de lo hasta ahora visto. Caso contrario estaremos ante una pobre versión 2.0 de la policía estatal de antaño