Mtro. Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
9 de julio de 2014

Se trataba de un grupo de amigos como los hay en muchas de nuestras poblaciones. Los unía la amistad, la fiesta, los proyectos en común sembrados desde sus familias, incluso la confianza probablemente no tan consiente de saber que más allá de la puerta de entrada existía una comunidad que los cuidaba. Más todavía, una autoridad que se suponía nos debería de garantizar seguridad y libertad.

Era junio de 2013 cuando Eduardo Isaías Ramírez Hernández (22 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), vecinos todos ellos de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron inexplicablemente para sus familias, pero explicable de otras maneras a las que preferimos no darles nombre por miedo y que la autoridad prefiere callar por conveniencia o por mantener una relación con lo no dicho.

Las familias iniciaron el peregrinar de peticiones hasta llegar al reclamo ante distintos niveles de autoridades, se manifestaron y su voz movió a una sociedad acostumbrada al silencio que se convirtió en exigente por días.

Los reclamos y el dolor eran imparables, sobre todo cuando se trasciende a la única agenda que en ocasiones importa al poder: la agenda de los medios de comunicación.

Es así que la autoridad investigadora decide reaccionar, insertar un discurso de seguridad que no existe en los hechos, que no es real.

La autoridad municipal se decide por dividir a la sociedad al criminalizar a los jóvenes y vincularlos con eso que no se atreve a reconocer en ellos, al fin y al cabo como sociedad nos movemos entre etiquetas.

Finalmente luego de una investigación sujeta a muchas presiones, anuncia las detenciones de varias personas y la localización de un sitio de inhumanidad, que en automático negó a los familiares de los jóvenes el derecho a reencontrarse, a despedirse, incluso a vivir un duelo, buscar un consuelo. Incluso el Gobierno de Jalisco entregó “restos” de ellos en cajas con su logotipo y pagó una ceremonia religiosa sin su consentimiento.

Hechos similares recientemente han ocurrido con ocho jóvenes en Encarnación de Díaz, que nos hacen pensar que mientras no mostremos nuestra solidaridad y empatía, no nos veamos en los otros y otras, la indignidad prevalecerá.

En Jalisco, se estima que existen más de 2,175 personas desaparecidas de acuerdo al Informe del CEPAD sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012.

Nos unimos al llamado del grupo Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco quienes señalaron a un año de lo ocurrido: ¡abrazamos a sus familias pidiendo consuelo y justicia para ellas! ¡ni uno más!