Precampañas

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Por Jorge Narro Monroy,

Asambleísta del CEPAD AC

El 5 de agosto de 1999 Vicente Fox solicitó licencia al Congreso de Guanajuato para abandonar el cargo de Gobernador para el que había sido electo cuatro años antes. Desde ese momento –en realidad desde 1997, año en que dio a conocer su intención de contender por la Presidencia- hasta junio de 2000, no hizo otra cosa que lo que hoy la legislación electoral llama “actos anticipados de campaña”. Se les adelantó a todos y por ello –y por otras razones- les comió el mandado.

Muy probablemente Fox dio el banderazo de salida a las campañas precoces: a partir –sobre todo- de él, se volvió costumbre el madruguete: comenzar cada vez más temprano la búsqueda pública de la candidatura y del cargo. La inexistencia de reglas lo permitía y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas, la ruptura del principio de equidad en los procesos internos de los partidos y la opacidad respecto del origen y destino de los recursos empleados.

Pero los legisladores decidieron acabar con eso: en 2007 el Congreso reformó la Constitución y el Código Electoral (Cofipe) y estableció normas para meter en cintura a los políticos acelerados: ¡Se acabaron las precampañas por la libre! ¡Arriba la transparencia y la equidad!

En Jalisco las precampañas orientadas a la renovación del Congreso local y de los Ayuntamientos, se desarrollan durante un período que inició el pasado 28 de diciembre y terminará el próximo 5 de febrero.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en su Artículo 230, define como actos de precampaña electoral: “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, el Artículo 229, fracción 3, señala que “Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político”.

La contradicción la resuelve una norma jerárquicamente superior: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su Artículo 227, fracción 2, dice que en los actos de precampaña “los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato (…)”.

¿Qué queda claro en todo esto?

Que las precampañas son procesos que suponen la existencia de varios aspirantes a una misma candidatura. Procesos de selección –entre varios sujetos- del que sólo resultará un ganador: el candidato. ¿Por qué entonces hace precampaña Ricardo Villanueva, si es el único aspirante del PRI a la candidatura de Presidente Municipal en Guadalajara? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC) dijo que no podía y le ordenó quitar diez espectaculares y borrar la propaganda en siete bardas (¿Y lo demás?). Pero después el Tribunal Electoral del Estado revirtió la decisión y repuso la propaganda.

Al IEPC -y al INE- también les corrigió la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ordenó restituir un spot de Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara, que habían “bajado” los dos órganos electorales argumentando que no era claro que se dirigía a los militantes de su partido. ¿Por fin? ¿A qué artículo del Código electoral del estado le creemos? ¿Y a que normatividad: al Código local o a la Ley General? Y si la propaganda se dirige sólo a la militancia, ¿los demás cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y pretendemos no haberla visto ni escuchado? ¡Qué absurdo!

Según se ve, la realidad poco ha cambiado en este tema de Fox para acá. Aunque ahora hay reglas, nadie las respeta, empezando por los tribunales electorales, el local y el federal.