Conmoción, impacto, tristeza y hasta sensacionalismo, fueron parte de las reacciones que surgieron frente al terrible acontecimiento ocurrido en días pasados en una escuela privada en la ciudad de Monterrey, en la que un chico de 15 años de edad disparó contra tres de sus compañeros y su maestra, disparándose luego a sí mismo dentro del aula. El suceso, grabado en un vídeo tomado desde una cámara de seguridad, se filtró a las redes sociales, provocando una serie de reacciones encontradas en torno a su difusión, la ética en los medios, y el riesgo grave de contravenir los derechos de la infancia contenidos en diversos tratados internacionales y leyes de nuestro país.

Son muchas las vertientes de análisis que se pueden hacer ante un hecho como éste; los medios y redes sociales se han dedicado a difundir explicaciones simplistas y alarmistas, que tienden a estigmatizar a los jóvenes y sus familias, a censurar imágenes que muestran una realidad que nos negamos a ver, a buscar justificaciones individuales, patologizantes o deterministas que difícilmente nos permitirán comprender las causas de fondo y hacerles frente, y que a fin de cuentas nos llevan a evadir nuestra responsabilidad como sociedad. Pero las cosas no suceden de manera aislada; para que la violencia emerja y se visibilice, se necesita de un contexto social y cultural que la propicie.

No podemos dejar de ver lo que las imágenes y los hechos nos muestran, por más duro que resulte. Hacerlo nos permite intentar desentrañar la violencia: reflejo de una realidad social, política, económica, moral y cultural de la que surgen las causas por las que un muchacho como Federico actuó como lo hizo, sin detenerse a pensar en sus compañeros y compañeras, en el valor de su vida y la de los demás. Hemos de reconocer que como sociedad no supimos construir un entorno que le ofreciera una razón para imaginar un futuro posible y atractivo, que lo anclara a tener ganas de compartir la vida con su familia y amigos.

Desde la sociedad nos corresponde repensar la manera en que convivimos comunitariamente, la forma en que interactuamos en familia, con nuestros vecinos, amigos, alumnos… para buscar estrategias sensatas y sensibles para evitar que ocurran más tragedias como ésta. Reflexionar con seriedad, y evitar hacer juicios simples, que sólo llevan a soluciones superficiales que no logran trasformar las estructuras sociales. Propuestas emergentes como retomar las revisiones de mochilas, colocar detectores de metales o la ridícula idea de instituir escuelas militarizadas para contener a los alumnos problemáticos, sólo logran criminalizar a los jóvenes sin garantizar nuestra seguridad. Y lo que es peor, son medidas que siembran la desconfianza a través de la imposición disciplinaria y que no contribuyen a construir espacios de respeto, libertad y colaboración, tan necesarios para convivir de manera armoniosa unos con otros.

La complejidad a la que apunta esta situación radica principalmente en el significado que le demos al término seguridad y los medios que estemos dispuestos a dejar que las autoridades empleen para garantizarla y promoverla, lo que de manera natural también atañe a la prevención y la forma de atender cualquier situación de crisis que pueda presentarse en este tema. El cómo concibamos la seguridad escolar definirá a quiénes involucremos en su establecimiento y en su atención, así como la forma en cómo se planteen, diseñen y pongan en práctica los programas y acciones de las diversas políticas públicas orientadas a atenderla, pero también las condiciones con que desde las familias, los hogares y los espacios de convivencia estemos dispuestos a configurar y construir.

Diseñar políticas públicas desde un enfoque de Derechos Humanos y desde una perspectiva de Infancia y Juventud implica necesariamente el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos de derechos. No podemos dar prioridad al concepto de escuelas seguras por encima de ellxs, creando ambientes escolares hostiles que inhiben la asistencia regular a la escuela y la posibilidad de aprender en un espacio de respeto de su integridad personal. La revisión de mochilas, los detectores de metal, la presencia policiaca en las escuelas, son a todas luces reflejo de un trato discriminatorio que los vulnera y criminaliza a través de prácticas cotidianas toleradas por las autoridades y por la sociedad. Es el paso inevitable de la condición de ciudadanos plenos a la de sospechosos permanentes.

El problema de la violencia social que vivimos requiere de acciones profundas que promuevan la transformación estructural y cultural de la violencia, que involucren a niños, niñas, jóvenes, profesorado, directivos, padres de familia y autoridades, en el diseño e implementación de mecanismos que permitan el involucramiento activo de todos en un proceso de reconocimiento del problema, para en forma paulatina ir generando acciones no-violentas (para influir en el curso y resolución pacífica de un conflicto), que configuren los espacios escolares, familiares y comunitarios en ambientes de respeto, tolerancia y armonía.

Aumentar nuestra capacidad de escucha, de acercarnos afectivamente a niñxs y jóvenes, conversar con ellxs, compartir la cotidianidad y estar presentes de manera constante, cuestionando los estereotipos que fomenten la violencia, la humillación y la injusticia, ofreciéndoles miradas alternativas de solidaridad y de compromiso social. Se trata de un proceso de conciencia y transformación entre todos los integrantes de la comunidad, que promueva el mejoramiento de la convivencia social, la cultura de la no-violencia y el buen trato entre todos y todas.

Paola Lazo Corvera

Asambleísta del CEPAD