Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

https://cepad.org.mx/2018/04/informe-derechos-humanos-jalisco-2017/