Carlos Chávez Reyes

La defensa de su territorio emprendida por la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán, representa, por sus características, una historia muy especial al significar, al mismo tiempo, un complejo proceso de recuperación identitaria y reconformación de poderes en toda una región.

Antecedentes

Como en casi toda la geografía nacional, el Pueblo Tepecano de Azqueltán, a través de una larga historia, fue sometido sistemáticamente a un intenso y violento despojo de sus tierras y cultura hasta quedar profundamente reprimido y dividido por un grupo de familias de caciques, dueños del poder económico y político en la región.

El desprecio de los derechos ancestrales de la comunidad por parte de las autoridades, fue uno de los mecanismos del despojo. Los miembros de la comunidad reclamaron ante el Estado Mexicano el Reconocimiento y Titulación de sus Bienes Comunales (RTBC), reservado a las comunidades con posesiones de origen inmemorial. No obstante, las instancias Federales, Estatales y Municipales se unieron para revertir dicho RTBC a la dotación de ejidos. Esta dotación está dirigida a comunidades o campesinos sin tierra, que no cuentan con el reconocimiento de posesión ancestral, hecho muy significativo desde el punto de vista legal.

Algunas referencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán nos hablan del vínculo entre la cultura y la lengua tepehuana del norte y la tepecana del sur, cuyas diferencias son tan mínimas que antropólogos como John Alden Mason los consideran como una única etnia con dos núcleos geográficos distintos.

La Nación Tepehuana hasta poco antes de la llegada de los españoles, era la más extensa territorialmente del norte de México. Los primeros misioneros en llegar en 1581, fueron los frailes Pedro del Monte y Andrés de Medina. Por sus relatos y otras referencias, como los escritos revisados por el Padre Nicolás Valdés, las coincidencias lingüísticas y de la historia oral, sabemos que los tepehuanos tenían su espacio territorial desde Azqueltán al norte, hasta San Cristóbal de la Barranca al sur, en las cercanías de Guadalajara, la Sierra de Morones al oriente, y a la de los Wixarika en el poniente.

Fue hasta 1777 cuando la Corona Española otorgó títulos Virreinales a San Lorenzo de Azqueltán reconociéndoles la posesión de 94,400 hectáreas. Aún con sus Títulos, los despojos nunca pararon, primero de los colonos, después de hacendados. Tan es así que transcurrieron poco más de 150 años cuando la comunidad retomó gestiones agrarias ya ante el Estado Mexicano moderno en 1952, exigiendo la restitución de las tierras perdidas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y presentando como fundamento de su derecho sus títulos coloniales. Fue hasta 1954 cuando la SRA reconoció la autenticidad de los títulos de la comunidad.

Posteriormente, en 1959, estudios técnicos de la SRA determinaron que de las 94,400 hectáreas reconocidas en los títulos virreinales, solo podrían restituirles 9,086 hectáreas, que sumadas a las 2,375 hectáreas que le quedaban a la comunidad en posesión, significaría que la Comunidad de Azqueltán llegara a recuperar la posesión de sólo 11,461 hectáreas.

En 1961, el Cuerpo Consultivo Agrario de la SRA, por ilegales tecnicismos revirtió el trámite de restitución de la comunidad al de dotación de ejidos, aun cuando la comunidad tiene títulos virreinales que acreditan su carácter indígena, despojándola con ello de la condición ancestral de su territorio. Ese mismo año, sectores de la comunidad mostraron su inconformidad con la acción arbitraria de quitarles el carácter de comunidad por el de ejido.

Este es un momento clave del proceso de Azqueltán, pues a partir de esto, poco a poco comenzaron a formarse dos grupos, quienes se opusieron rotundamente a que se les impusiera la condición de ejidatarios y quienes comenzaron a aceptar la idea de convertirse en ejidatarios. Esta situación fue sistemáticamente manipulada por diferentes actores, entre los que se encuentran los grupos caciquiles, sus operarios en las comunidades cooptados con prebendas, las autoridades municipales que siempre pertenecen a alguna de las familias dominantes e, incluso, las autoridades agrarias que, con sus omisiones, su corrupción y larguísimos tiempos para la aplicación de la justicia, incubaron y propiciaron las condiciones para la agudización de la injusticia, la división y la violencia en Azqueltán.

Con motivo de esto, la indignación fue creciendo hasta que en 1981, la comunidad interpuso un Amparo en contra de la acción del gobierno de cambiar de trámite de restitución a dotación de ejido, por considerar que viola sus derechos colectivos. Trece años después, en 1994, la SRA por orden de los Tribunales, determinó que no procedía la orden de reversión de trámites de restitución a dotación de 1961, pero solo por cuestiones de procedimiento, por lo que ordenó reponer el mismo.

Finalmente, luego de otros 6 años, en el 2000 se dotó a San Lorenzo de 1,096 hectáreas. Los beneficiarios fueron los miembros del grupo de habitantes que se opusieron a aceptar esta supuesta solución y se decidieron a reivindicar su carácter comunitario e indígena, por lo que no aceptaron incorporarse al censo del ejido.

Más allá de la absurda dotación que, además fue entregada en los terrenos más escabrosos, en realidad, lo grave fue que ésta ha sido usada por los caciques de Villa Guerrero y algunos habitantes de Azqueltán cercanos a los primeros, para nuevas invasiones en los terrenos comunales.

Aunque, desde entonces, la violencia se ha incrementado en contra de los líderes comunitarios, con mucha más fuerza creció también la organización comunitaria determinada a hacer valer sus derechos e identidad. Así, desde principios de los noventa, la asamblea comunitaria decidió albergar a un grupo pequeño de familias wixáritari, pero que ha crecido mucho al pasar del tiempo, quienes no solo se sumaron a la resistencia y defensa del territorio y sus recursos, sino que aportan la gran herencia cultural prehispánica que el Pueblo Wixárika ha preservado. Desde entonces, se ha dado un profundo proceso de reconstitución territorial y cultural en el Pueblo de Azqueltán que ha fortalecido y retroalimentado las capacidades de organización y resistencia frente al acoso de los poderosos grupos caciquiles.

El proceso actual

Fruto de la lucha de la comunidad es la demanda de RTBC que, en febrero de 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. En esta se reivindican 38,240 hectáreas, pues la comunidad decidió que solo buscarán el reconocimiento del territorio que ocupan actualmente y no las más de 94,400 de su título virreinal, pues ya hay poblados enteros se han instalado en su territorio original, incluida la cabecera municipal de Villa Guerrero.

El proceso jurídico sigue su marcha, si bien con la lentitud con la que suelen desarrollarse estos procedimientos. Lo grave es que la oposición de los grupos adversarios a la comunidad se va volviendo cada vez más encarnizada conforme avanza el juicio. Por otro lado, se profundizan sólidamente los reclamos comunitarios de sus derechos indígenas ligados al alcance de la territorialidad, autonomía, manejo de recursos naturales, autoridades propias, etc.

La gravedad de las violencias ejercidas contra las reivindicaciones comunitarias creció de forma alarmante durante 2017 y 2018. Esta situación de alto riesgo, puso en alerta y provocó intervenciones específicas de las Comisiones de Derechos Humanos Estatal (CEDHJ) y Nacional (CNDH), de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y también del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El problema de la violencia llegó a un punto culminante el 19 de abril de 2018, cuando fueron privados de su libertad dos de las autoridades comunitarias más prominentes, Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas. Gracias al monitoreo constante de las organizaciones mencionadas, la respuesta de todos estos organismos fue inmediata y exigieron urgentemente a los tres niveles de Gobierno que dieran con el paradero de Catarino y Noé y que se investigaran los hechos.

Durante casi 24 horas no hubo ninguna noticia de las autoridades comunitarias que se encontraban privadas de su libertad, y fue notable que poco después de la emisión de una estricta comunicación de las oficinas de la OACNUDH desde Ginebra, Suiza, se recibió la noticia de que Catarino y Noé habían sido liberados. La presión llegó directamente al grupo de sicarios que los tenía retenidos en una zona aislada en las montañas, lo cual se supo después por las instrucciones que recibían por radio los autores materiales de los hechos, varias de las cuales Catarino y Noé pudieron escuchar.

La Misión Civil de Observación de la Red TDT

El hecho propició la decisión de la Red TDT de crear la Misión Civil de Observación de Azqueltán que se concretó en mayo de 2018, y el cual ha permanecido en el seguimiento activo de la evolución de la situación de derechos humanos en Azqueltán. En la Misión participan la Secretaría Ejecutiva de la Red, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), la Red Solidaria por los Derechos Humanos en Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A.C. (AGAJI).

Además de establecer y mantener un contacto directo, permanente y activo con la comunidad, la Misión ha mantenido contacto con las autoridades de primer nivel del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio, así como con la amplia coordinación y colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las actividades iniciaron en el periodo del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y con su administración se logró establecer que la situación de constante violación a los derechos humanos de la comunidad indígena de Azqueltán, en el Municipio de Villa Guerrero, deriva de una dinámica histórica de abusos de poder, que requiere de una acción decidida del Estado para la reestructuración social y la redistribución de poder en favor del Pueblo Indígena agraviado. Y que, una vez que la Comunidad ha recurrido a las instancias legales para la solución a sus reivindicaciones, es el Estado quien debe garantizar la paz en la región, disuadiendo con rigor toda acción violenta y estimulando la solución pacífica y legal de las controversias.

Durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre, fue posible abatir casi completamente la dinámica de violencia que se había venido registrando y se concretaron acciones políticas y programas sociales que contribuyeron a una re-nivelación social y el empoderamiento debido a la Comunidad.

El 18 de septiembre tuvimos una reunión con el actual Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y otros miembros del equipo del Gobernador electo Enrique Alfaro. Junto al Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la CEDHJ, les dimos a conocer la situación que la Misión Civil de Observación encontró en San Lorenzo de Azqueltán y el proceso construido junto con la administración del Gobierno Estatal saliente. Lo anterior, con la finalidad de poder retomarlo a la brevedad posible, una vez que entraran en funciones en diciembre.

Lamentablemente, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la comunicación con el nuevo gobierno, pese a que se ha solicitado otra reunión con Ibarra Pedroza. Esperamos que podamos acordar las medidas de seguimiento correspondientes de manera oportuna con la nueva administración.