El día de ayer, por diferentes medios electrónicos, nos percatamos que el Gobernador Enrique Alfaro envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto que reforma la Ley de Ingresos y modifica el decreto de aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 frente a lo que ha significado enfrentar la pandemia del COVID-19 en el estado.

En esta iniciativa resalta la reducción de 2.3 millones de pesos del presupuesto dedicado la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la reasignación por completo de los recursos destinados a Servicios Personales de la Fiscalía Especial y de la Comisión de Búsqueda de Personas a la partida acumulada del Despacho del Gobernador, dejando los sueldos de todo el personal de las dependencias dedicadas a la investigación y búsqueda de personas a su disposición y sin claridad y transparencia sobre el manejo de dichos recursos. En este contexto, es importante resaltar que Jalisco, desde hace algunos años, se ha encontrado entre los primeros tres lugares de las entidades federativas en las que más personas desaparecen. En ese sentido, apenas el 6 de enero el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población reafirmó que Jalisco se encuentra en el segundo lugar nacional, además de que encabeza, en particular, a las entidades con mayor número de desapariciones de mujeres y menores de edad.

En Jalisco más de 9,000 personas esperan ser encontradas y regresar a casa. 

Esta decisión del Ejecutivo contradice las promesas y compromisos de Enrique Alfaro en materia de desaparición de personas, que se hicieron tanto frente a colectivos de familias, como frente al gobierno federal. El 7 de octubre de 2019, el gobernador Enrique Alfaro, prometió destinar un presupuesto de 453 millones de pesos a las instituciones encargadas de atender la problemática de la desaparición de personas, aunque el monto aprobado fue de 417 millones.  Posteriormente, el 20 de marzo de este año el Gobernador se comprometió frente al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas , y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a fortalecer tanto a la Fiscalía que investiga el delito de desaparición, como a la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado, que tiene como fin impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

A pesar de la coyuntura que estamos viviendo es importante resaltar que las labores de búsqueda localización e investigación en casos de desaparición de personas constituyen actividades esenciales y no pueden quedar en segundo plano. Al no fundar ni motivar debidamente la reducción del presupuesto de la Fiscalía Especial y no entender los criterios y principios en los cuales se basó esta propuesta de modificación, el Gobernador evidencia el desinterés por seguir trabajando en el tema, hecho al que se suma que los recursos destinados a la comunicación externa o entretenimiento no se ven afectados.

Al reducir el presupuesto de estas dos instituciones esenciales para la búsqueda y localización de  personas desaparecidas no sólo se restan posibilidades de pronto hallazgo de quienes están desaparecidos, sino que se refuerza la falta de interés y prioridad a la grave problemática de desaparición en el estado  lo cual se traduce en instituciones sin la capacidad de realizar el trabajo para el que fueron creadas al menguar con esta reducción del presupuesto las capacidades de la institución encargada de investigar y perseguir el delito de desaparición de personas, situación por demás grave en un estado en el que todos los días las cifras de esta grave violación de derechos humanos aumentan y las familias se destruyen. 

Además, cualquier reducción del presupuesto dedicado a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, constituyendo la materia de derechos humanos, es violatoria al principio de progresividad y no regresión consagrado en el artículo 1° y vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXIGIMOS AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

Dé marcha atrás a la propuesta de reducir el presupuesto de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y que aclare cuál es el presupuesto que realmente están ejerciendo tanto esta Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas. Además, que la gestión de recursos destinados a la partida de Servicios Personales del Despacho del Gobernador se realice con criterios claros, transparencia y rendición de cuentas y que esta no se refleje en la disminución de recursos destinados a la búsqueda e investigación.

  • Que se garantice los recursos suficientes y necesarios para la implementación de la Ley General en materia De desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Jalisco.
  • Que se respete el presupuesto aprobado de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
  • Que se declare la búsqueda, localización, e investigación de personas desaparecidas como una actividad esencial ante el confinamiento frente a la pandemia del COVID-19.
  • Que se aumente la capacidad de personal operativo en la investigación del delito y la búsqueda de personas desaparecidas tanto en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, como en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
  • Que se garantice en todo momento el presupuesto y recursos humanos necesarios para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Asimismo, exigimos al Congreso del Estado de Jalisco que no aprueben la iniciativa del gobernador tal como está presentada actualmente y que las y los diputados constituyan un verdadero contrapeso para el poder ejecutivo, toda vez que las propuestas de modificaciones contravienen las garantías y principios establecidos en nuestra Constitución.

Además, les recordamos que sigue pendiente la aprobación y previa consulta de las tres leyes pendientes de aprobación en materia de desaparición de personas, declaración de ausencia y atención a víctimas.

Nuestro compromiso, Señor Gobernador, todos los días ha sido encontrar a nuestros familiares desaparecidos y acompañar a otras familias en su búsqueda. Su búsqueda es nuestra búsqueda. Esperamos el mismo compromiso de usted como titular del Ejecutivo del estado, recordando que en dos ocasiones nos ha empeñado ya su palabra.

#HastaEncontrarles

Por Amor a Ellxs

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Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)

Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ

Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

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Tómala, un golpe de conciencia