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Se absuelva a integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados

AU/CEPAD/01/2015
Guadalajara, Jalisco, a 6 de octubre de 2015

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador del Estado de Jalisco
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos Magistrado Presidente de la Sexta Sala Manuel Higinio Ramiro Ramos
Magistrado Celso Rodríguez González
Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo e independiente, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. Estamos integrados a la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 75 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Nuestras actividades se ciñen en lo dispuestos por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de las Naciones Unidas. Por tal virtud, acudo ante ustedes a promover la ACCIÓN URGENTE: SE ABSUELVA A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA COCA DE MEZCALA DE DELITOS FABRICADOS

El CEPAD acompaña jurídicamente a la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, Municipio de Poncitlán, Jalisco, en el proceso penal injustamente instaurado en contra de algunos de sus integrantes, acusados por el delito de daños a las cosas en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 se encuentra en posesión ilegal de 10 hectáreas del territorio comunal con la protección de diversa autoridades municipales, estatales y federales. Aunque es una cultura milenaria, la comunidad cuenta con títulos virreinales que datan de 1534 por la corona española y desde 1668 existen documentos que ordenan la restitución de tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como a sus autoridades comunales.

Antecedentes

A) Ubicada en la ribera norte del Lago de Chapala, la Comunidad Indígena Coca de Mezcala tiene muy presente el movimiento de Independencia, al refugiar a insurgentes buscados por los Realistas tras la derrota de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Sumada la comunidad Coca a la causa independentista, mantuvo junto con los insurgentes de 1812 a 1816 la defensa de su Isla. Existe un documento del gobierno español donde se compromete a aniquilar al pueblo de Mezcala por ser el único foco de resistencia de los “indios salvajes” en Nueva España. Los pobladores enfrentaron muchas batallas contra militares de la Corona que trajeron marinos incluso desde el puerto de San Blas al “mar chapálico”, y los isleños se hicieron de armas conforme vencían a los españoles. La única arma de Mezcala era la honda, que hasta la fecha se utiliza .

B) En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución. Después de varios cambios con motivo de los ajustes jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios, actualmente corresponde conocer al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, radicado bajo expediente 475/2013. En este procedimiento se dictó sentencia, reconociendo los derechos de la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción, ordenando al Señor Guillermo Moreno Ibarra la desocupación y entrega de la superficie invadida. Con esta sentencia el invasor se inconformó y a la fecha está pendiente se dicte nueva sentencia.

C) Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación, el invasor ha desmontado un área forestal (bosque) y ha construido una casa en la cima del cerro, resguardada por una malla metálica electrificada y una brecha exclusiva para que circulen sólo sus vehículos. Además ha desviado cauces de barranquillas, todo con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, Jalisco, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Agraria (PA), sin que estas autoridades actuaran, a pesar de las denuncias o quejas presentadas por individuos y el Comisariado del Bienes Comunales.

D) En Asamblea de Comuneros, de fecha 22 de marzo de 2011, se acordó hablar con el invasor Guillermo Moreno Ibarra, para que retirara el panel solar que pretendía instalar en predio “El Comal”, con el propósito de hacer una represa para retener agua y bombearla hasta la finca que construyo en la parte alta del cerro conocido como “El Pandillo”, además provocaría dejar sin agua a los animales de los comuneros y a los que habitan en los cerros cercanos. El 10 de abril de 2011, la asamblea de la comunidad acuerda entrevistarse con el invasor, sin embargo, al pretender hacerlo, en el camino de terracería cerca del predio invadido, fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego por personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la Delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo la autoridad hasta la fecha ha sido omisa.

Los actos que consideramos dieron motivo a la integración de un juicio injusto, son los siguientes:

Hechos

A) El 14 de abril de 2011, el prestanombres Crescenciano Santana presentó ante la Agente Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, una denuncia en contra de seis integrantes de la Comunidad a la que posteriormente se sumaría el invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la integración de la averiguación previa se dieron diversas inconsistencias jurídicas, una de ellas, no menos importante, es que los acusados no fueron citados para que conocieran el contenido de la denuncia, saber quién los acusaba, ni las pruebas que los incriminaban. Es muy importante señalar que en contra de seis de las diez personas no había acusación o querella.

B) La lideresa indígena Rocío Moreno, fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011, a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por dos agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Uno de los agentes se hizo pasar por periodista y, mediante engaños, la citó a través de su teléfono celular para realizarle una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando Rocío Moreno en la puerta del diario Milenio Jalisco, era uno de los dos agentes, haciéndose pasar por miembro de la redacción de dicho periódico, se acercó a ella.

C) El 13 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de Rocío Moreno, dejándola en libertad por falta de elementos para procesar, toda vez que se comprobó que ella, el día de los hechos, estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo asuntos escolares. Esta resolución fue apelada por el Agente del Ministerio Público, correspondiendo conocer de la apelación a la Sala Décima Primera, quien confirmó la resolución de libertad. Para evitar su detención, los otros miembros de la comunidad se presentaron al Juez que los requería.

D) El 18 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de los 9 miembros de la Comunidad: Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro, decretando auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas. Con el depósito de una cuantiosa fianza, fueron dejados en libertad bajo caución.

E) El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena, teniéndolos responsables del delito de daño en las cosas, condenándose a 8 miembros de la comunidad a la pena de 2 años 6 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue apelada y en los agravios se hicieron valer las violaciones cometidas al debido proceso y la inobservancia mínima del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

F) La apelación a la sentencia antes citada, fue turnada a la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada por los Magistrados Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez registrada bajo el Toca número 880/2015. El 2 de septiembre de 2015 se celebró audiencia de vista.

G) Hasta la fecha no se ha dictado sentencia por parte de la Sexta Sala, ni se ha informado el nombre del Magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación, esto contraviniendo el derecho a la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo a saber, constituyéndose en una violación al debido proceso.

Por todo lo antes expuesto, exigimos lo siguiente:

Primero. Al Gobernador del Estado de Jalisco, que ordene se investigue los hechos donde interviene el personal del Ministerio Público adscrito a Poncitlán, Jalisco, y determine las violaciones procesales en generadas por el personal, así como al papel que ha jugado el representante social adscrito al Juzgado penal en Ocotlán, Jalisco.

Segundo. Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, que en el ámbito de su responsabilidad, vigile que se imparta justicia, pronta y expedita, al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo en contra del C. Licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Ocotlán, Jalisco, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal de origen y que han derivado en la condena injusta en contra de miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala.

Tercero. A los Magistrados integrantes de la sexta sala, exigimos atiendan los agravios planteados, derivados de las violaciones cometidas al debido proceso y a la falta de aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En consecuencia se absuelva a los condenados (Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, Jalisco) del delito que injustamente se les señala.

Esta petición es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República.

 

Atentamente
Haz clic para ver firmantes

César Octavio Pérez Verónica
Director ejecutivo
defensa@cepad.org.mx
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)
Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. C.P.44160
Teléfono y fax 52 (33) 3613-4066
Guadalajara, Jalisco. MÉXICO.
https://cepad.org.mx

Los correos a donde hay que dirigir la Acción Urgente

Gobernador del Estado de Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Correo electrónico: aristoteles.sandoval@jalisco.gob.mx

http://www.facebook.com/jaristoteles.sandoval
Teléfono: 36681800 extensiones 34814 y 55850

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco:
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes
presidente@stjjalisco.gob.mx

https://www.facebook.com/SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco
Teléfono: 12001500 extensión 303

Magistrados integrantes de la Sexta Sala:
Magistrado Presidente Manuel Higinio Ramiro Ramos
maghiginio@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 342

Magistrado Celso Rodríguez González
magcelso@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 301

Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez
magesteban@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 344

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Alerta Preventiva. Posible represión a opositores a la Presa El Zapotillo, Jalisco

Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, 200 personas integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y personas solidarias de otros siete estados, se dirigieron a la cortina de la presa El Zapotillo con el objetivo de detener la obra. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado la obra pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra. Por información de los mismos afectados tenemos conocimiento de que, aproximadamente a las 12:30 horas tres patrullas de la policía municipal se apostaron cerca de ahí. Aproximadamente a las 17:30 horas 54 elementos de la Policía Estatal y un agente del Ministerio Público se concentraron en los alrededores. Nos preocupa que la concentración de la policía estatal vaya en aumento con miras a reprimir al movimiento opositor a la presa y poner en riesgo la integridad, vulnerando los derechos fundamentales de las y los manifestantes.

Es por esto que instamos a las autoridades correspondientes:

• Garanticen la integridad física y emocional de los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como de las organizaciones que están apoyando. • Se establezca, de manera inmediata, un mecanismo de distensión donde prive el diálogo entre autoridades y los afectados. • Se respete el derecho a la libre expresión y manifestación. • No se criminalice la protesta social y se busque una solución pacífica para resolver las demandas de los manifestantes.

Suscribe esta acción preventiva en la página de la Red “Todos los derechos para todos y todas”
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Acción Urgente a favor de Raúl Muñoz Delgadillo

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), es una organización de la sociedad civil con sede en Guadalajara, Jalisco, cuya misión es la defensa integral de los derechos humanos; parte de nuestra tarea es vincularnos con aquellas personas que también defienden los derechos humanos en México. El Cepad tiene conocimiento de que el señor Raúl Muñoz Delgadillo, luchador social, ambientalista y representante del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, fue detenido ilegalmente el pasado 9 de julio de 2008 por la policía municipal de El Salto (Jalisco). Esta detención, se presume, fue debido a sus actividades ciudadanas y de lucha social, lo cual resulta preocupante. Ante esta situación, el Cepad le pide su intervención urgente.

HECHOS
Raúl Muñoz fue detenido porque le sembraron unos gramos de marihuana. Hoy no sólo demandamos su libertad, sino su total inocencia. Un caso como este, sólo puede ser considerado de represión a los líderes sociales y criminalización de la protesta social. Raúl Muñoz vive en El Salto Jalisco y ha emprendido una lucha para sanear el Río Santiago, en el que descargan una gran cantidad de residuos altamente tóxicos, ya que además de las aguas negras, se le agregan heces de las granjas porcícolas, avícolas y de ganado vacuno y toda una gran descarga de metales pesados de grandes empresas que descargan sus aguas en sus cauces, que acaban por generar un concentrado de contaminantes que afectan gravemente la salud de la población. Desde su Comité de Defensa Ambiental, ha denunciado además de la contaminación, a las inmobiliarias que construyeron en los últimos cinco años, viviendas en los márgenes del río.

En este escenario, Raúl Muñoz se ha convertido en un férreo defensor del Río y de la salud de los habitantes del municipio de El Salto y colonias como La Azucena. Los grupos sociales son los únicos que se han preocupado por la gente, sus necesidades y el agua. Se han constituido redes para luchar por la salud de los habitantes de El Salto, Raúl es uno de ellos y ha documentado 600 casos de personas que presentan enfermedades como cáncer, insuficiencia renal entre otras.

Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y ratificados por México, la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2); y los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que se vive en México, en el Estado de Jalisco y en lo particular en el Municipio de El Salto, respetuosamente solicitamos lo siguiente:

· Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de Raúl Muñoz Delgadillo y su familia.

· Con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de detención arbitraria , y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

· A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.

· De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.

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Acción urgente en favor de la defensora Cristina Auerbach Benavides

El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo AC (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil cuya misión es defender integralmente los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, para lograr cambios estructurales que mejoren su calidad de vida. Nuestro trabajo se enmarca en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, aprobada por la ONU; razón por la cual manifestamos nuestra preocupación por la situación de la defensora Cristina Auerbach Benavides, ya que según lo referido por la organización Amnistía Internacional en su acción urgente AU 272/08, denuncia el atentado que sufriera el 10 de septiembre de 2008, al encontrarse el automotor de Auerbach con todos los tornillos de las ruedas aflojados, precisamente cuando el servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que le proporciona protección, precisamente por incidentes previos muy serios, se encontraba de baja por enfermedad.

La defensora Auerbach Benavides, es conocida por su trabajo en la organización católica Pastoral Laboral, así como por su lucha en la búsqueda de justicia para las familias de 65 mineros muertos en la explosión de la mina “Pasta de Conchos” en Coahuila.

Es por lo anterior que de acuerdo al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Declaración internacional referida al tema de Defensores de los Derechos Humanos, le solicito:

1. Que se garantice Cristina Auerbach cuenta con medidas de protección continuas y adecuadas, conforme a sus propios deseos;

2. Que ordene a quien corresponda una investigación exhaustiva sobre la aparente manipulación del auto, y que se sancione a los responsables;

3. Que se garantice ampliamente a Cristina Auerbach su derecho a defender los derechos humanos, reconociéndose la legitimidad de sus actividades sin que por ello sufra represalias.

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Acción urgente: caso Tomás Coronado

Lic. Emilio González Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Dra. Alicia Elena Pérez Durate y Ñorona
Fiscal Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.

Dr. José Luís Soberanes Fernández
Al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde agosto del presente año, en la prensa local del estado de Jalisco comenzaron a circular testimonios de menores de edad, quienes fueron abusadas sexualmente y / o que participaron en fiestas en donde el consumo de alcohol y drogas, así como la explotación y el abuso sexual, eran prácticas recurrentes. A estas fiestas asistían, en su mayoría, adultos varones, entre los cuales figura el nombre de un servidor público de segundo nivel del Ayuntamiento de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, así como del Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomas Coronado Olmos.

Los hechos anteriormente descritos son graves, sin embargo, el escenario se agudiza cuando una de las víctimas, junto con su madre, decide denunciar la violación sexual de la que fue objeto: el trámite ante las autoridades correspondientes resultó deficiente, tardado y con claras señales de encubrimiento de los funcionarios públicos involucrados. Después de interponer su denuncia, la víctima fue privada de su libertad para obligarla a retirar la demanda en contra de los funcionarios públicos; una vez que fue liberada y denunciados los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio y junto con su madre y una de sus hermanas, fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en donde fueron obligadas, a través de amenazas, a firmar hojas en blanco, en un movimiento que se presume servirá para exculpar a los involucrados en todo este contexto.

El caso de Arellano Enciso y su hija, refleja la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en el estado de Jalisco. No sólo hablamos de víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la Comunidad Internacional como lo es la prostitución y pornografía infantil, sino de violencia institucional propiciada por el propio poder público del estado de Jalisco. En este sentido, resulta incompetente para proporcionar protección, así como realizar una investigación pronta, completa, imparcial y eficaz, aun en contra de quien ostenta la Representación del Ministerio Público en el Estado.

Por ello, se ha presentado formal denuncia en la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país (FEVIM), para que ante la denegación de justicia por parte de la instancia de procuración de justicia en el Estado de Jalisco, investigue los hechos denunciados.

De la misma manera, y debido a las violaciones graves y generalizadas a los derechos de la mujer, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que dicte medidas cautelares que permitan salvaguardar la seguridad de las denunciantes, así como para que ejerza la facultad de atracción de la investigación de las inconformidades al parecer promovidas por varios servidores públicos de la PGJE con relación a los hechos, y que se integran en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Lo anterior, debido a que el Ombudsman estatal determinó públicamente, de manera anticipada, que en el presente caso no existían presuntas violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como académicos, intelectuales y ciudadanos, exigimos:

1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. De conformidad con las atribuciones que la Constitución Política del Estado de Jalisco le confiere, destituya de forma inmediata al Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, para que responda ante la instancia federal respecto de las acusaciones que se le imputan.
2. A la Fiscal Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres. Tome las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de María Araceli Arellano Enciso y su hija Águeda Yazmín. Asimismo, lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las denuncias presentadas por las víctimas.
3. Al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicte las medidas cautelares solicitadas, y ejerza su facultad de atracción para conocer de las quejas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan ante su homóloga del estado d