Categoría: Acción urgente

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), es una organización de la sociedad civil con sede en Guadalajara, Jalisco, cuya misión es la defensa integral de los derechos humanos; parte de nuestra tarea es vincularnos con aquellas personas que también defienden los derechos humanos en México. El Cepad tiene conocimiento de que el señor Raúl Muñoz Delgadillo, luchador social, ambientalista y representante del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, fue detenido ilegalmente el pasado 9 de julio de 2008 por la policía municipal de El Salto (Jalisco). Esta detención, se presume, fue debido a sus actividades ciudadanas y de lucha social, lo cual resulta preocupante. Ante esta situación, el Cepad le pide su intervención urgente.

HECHOS
Raúl Muñoz fue detenido porque le sembraron unos gramos de marihuana. Hoy no sólo demandamos su libertad, sino su total inocencia. Un caso como este, sólo puede ser considerado de represión a los líderes sociales y criminalización de la protesta social. Raúl Muñoz vive en El Salto Jalisco y ha emprendido una lucha para sanear el Río Santiago, en el que descargan una gran cantidad de residuos altamente tóxicos, ya que además de las aguas negras, se le agregan heces de las granjas porcícolas, avícolas y de ganado vacuno y toda una gran descarga de metales pesados de grandes empresas que descargan sus aguas en sus cauces, que acaban por generar un concentrado de contaminantes que afectan gravemente la salud de la población. Desde su Comité de Defensa Ambiental, ha denunciado además de la contaminación, a las inmobiliarias que construyeron en los últimos cinco años, viviendas en los márgenes del río.

En este escenario, Raúl Muñoz se ha convertido en un férreo defensor del Río y de la salud de los habitantes del municipio de El Salto y colonias como La Azucena. Los grupos sociales son los únicos que se han preocupado por la gente, sus necesidades y el agua. Se han constituido redes para luchar por la salud de los habitantes de El Salto, Raúl es uno de ellos y ha documentado 600 casos de personas que presentan enfermedades como cáncer, insuficiencia renal entre otras.

Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y ratificados por México, la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2); y los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que se vive en México, en el Estado de Jalisco y en lo particular en el Municipio de El Salto, respetuosamente solicitamos lo siguiente:

· Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de Raúl Muñoz Delgadillo y su familia.

· Con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de detención arbitraria , y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

· A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.

· De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.

El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo AC (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil cuya misión es defender integralmente los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, para lograr cambios estructurales que mejoren su calidad de vida. Nuestro trabajo se enmarca en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, aprobada por la ONU; razón por la cual manifestamos nuestra preocupación por la situación de la defensora Cristina Auerbach Benavides, ya que según lo referido por la organización Amnistía Internacional en su acción urgente AU 272/08, denuncia el atentado que sufriera el 10 de septiembre de 2008, al encontrarse el automotor de Auerbach con todos los tornillos de las ruedas aflojados, precisamente cuando el servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que le proporciona protección, precisamente por incidentes previos muy serios, se encontraba de baja por enfermedad.

La defensora Auerbach Benavides, es conocida por su trabajo en la organización católica Pastoral Laboral, así como por su lucha en la búsqueda de justicia para las familias de 65 mineros muertos en la explosión de la mina “Pasta de Conchos” en Coahuila.

Es por lo anterior que de acuerdo al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Declaración internacional referida al tema de Defensores de los Derechos Humanos, le solicito:

1. Que se garantice Cristina Auerbach cuenta con medidas de protección continuas y adecuadas, conforme a sus propios deseos;

2. Que ordene a quien corresponda una investigación exhaustiva sobre la aparente manipulación del auto, y que se sancione a los responsables;

3. Que se garantice ampliamente a Cristina Auerbach su derecho a defender los derechos humanos, reconociéndose la legitimidad de sus actividades sin que por ello sufra represalias.

Lic. Emilio González Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Dr. José Luís Soberanes Fernández
Al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde agosto del presente año, en la prensa local del estado de Jalisco comenzaron a circular testimonios de menores de edad, quienes fueron abusadas sexualmente y / o que participaron en fiestas en donde el consumo de alcohol y drogas, así como la explotación y el abuso sexual, eran prácticas recurrentes. A estas fiestas asistían, en su mayoría, adultos varones, entre los cuales figura el nombre de un servidor público de segundo nivel del Ayuntamiento de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, así como del Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomas Coronado Olmos.

Los hechos anteriormente descritos son graves, sin embargo, el escenario se agudiza cuando una de las víctimas, junto con su madre, decide denunciar la violación sexual de la que fue objeto: el trámite ante las autoridades correspondientes resultó deficiente, tardado y con claras señales de encubrimiento de los funcionarios públicos involucrados. Después de interponer su denuncia, la víctima fue privada de su libertad para obligarla a retirar la demanda en contra de los funcionarios públicos; una vez que fue liberada y denunciados los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio y junto con su madre y una de sus hermanas, fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en donde fueron obligadas, a través de amenazas, a firmar hojas en blanco, en un movimiento que se presume servirá para exculpar a los involucrados en todo este contexto.

El caso de Arellano Enciso y su hija, refleja la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en el estado de Jalisco. No sólo hablamos de víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la Comunidad Internacional como lo es la prostitución y pornografía infantil, sino de violencia institucional propiciada por el propio poder público del estado de Jalisco. En este sentido, resulta incompetente para proporcionar protección, así como realizar una investigación pronta, completa, imparcial y eficaz, aun en contra de quien ostenta la Representación del Ministerio Público en el Estado.

Por ello, se ha presentado formal denuncia en la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país (FEVIM), para que ante la denegación de justicia por parte de la instancia de procuración de justicia en el Estado de Jalisco, investigue los hechos denunciados.

De la misma manera, y debido a las violaciones graves y generalizadas a los derechos de la mujer, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que dicte medidas cautelares que permitan salvaguardar la seguridad de las denunciantes, así como para que ejerza la facultad de atracción de la investigación de las inconformidades al parecer promovidas por varios servidores públicos de la PGJE con relación a los hechos, y que se integran en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Lo anterior, debido a que el Ombudsman estatal determinó públicamente, de manera anticipada, que en el presente caso no existían presuntas violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como académicos, intelectuales y ciudadanos, exigimos:

1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. De conformidad con las atribuciones que la Constitución Política del Estado de Jalisco le confiere, destituya de forma inmediata al Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, para que responda ante la instancia federal respecto de las acusaciones que se le imputan.
2. A la Fiscal Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres. Tome las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de María Araceli Arellano Enciso y su hija Águeda Yazmín. Asimismo, lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las denuncias presentadas por las víctimas.
3. Al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicte las medidas cautelares solicitadas, y ejerza su facultad de atracción para conocer de las quejas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan ante su homóloga del estado d