Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
9 de enero del 2013
El pasado 2 de enero, cuando el año apenas estaba arrancando, el Diputado Francisco Arroyo, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la presente Legislatura del Congreso de la Unión, puso a consideración ante los diputados una iniciativa con proyecto de decreto para que se vuelva a reformar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que apenas fue modificado en junio del 2011.
Los que nos dedicamos de una u otra manera a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, consideramos que la pasada reforma constitucional, misma que redimensiona los derechos humanos, ha sido una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, porque se define la primacía de los derechos humanos y a la vez porque se incorpora de manera positiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, se clarifica la vinculación entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, interacción que esta ya establecida claramente en varios países.
Todo avance en materia de derechos humanos es relevante, pero la reforma nos marca una norma de acción que puede re definir el rumbo del país. Tengamos presente que tan solo durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, en relación a la estrategia de combate al crimen organizado, imperó la impunidad y se violó el derecho a la seguridad. Fueron asesinadas aproximadamente 60,000 y existen miles de personas desaparecidas. Además de que el uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido de uso rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad, según han denunciado diversas agrupaciones entre ellas Amnistía Internacional. Además de todo esto las cárceles están sobre pobladas y no existen mecanismos adecuado para la readaptación social.
Con la reforma perecía que los diputados asumían una nueva y relevante visión, que se transmitiría a todos los funcionarios públicos y a todos los mexicanos, con la fuerza normativa de la Constitución, impulsando así el respeto y la realización de los derechos en el ámbito interno, con perspectiva internacional. La fundamentación filosófica y axiológica, sustento de los derechos humanos haría más confiable nuestro Estado de derecho.
Era de esperarse entonces que a partir de la reforma, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieran que, de forma gradual, adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos. De entrada, acorde al Artículo 1: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido el poder judicial está obligado a analizar y juzgar todos los casos que se le presenten a la luz del amplio conjunto de normas en materia de derechos humanos, específicamente en sus juicios deben favorecer en todo tiempo la protección de las personas, es decir, basarse en el principio Pro Persona, que es un principio fundamental a nivel internacional.
A diferentes abogados les he escuchado decir, y también lo menciona el diputado Arroyo, que la reforma Constitucional pone a México a la vanguardia y en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados a nivel mundial en la protección de los derechos humanos. Esta sintonía facilita que se pueda reflexionar y ampliar nuestro sistema jurídico a partir de debates y tratados internacionales que hoy se registran mundialmente.
No obstante todo lo positivo de la reforma el Diputado Francisco Arroyo, sugiere que el proceso de implementación para una reforma de esta envergadura es sumamente difícil. Su trascendencia dificulta la implementación efectiva. Así entonces, en lugar de sugerir e impulsar cambios o la reformulación de los sistemas para hacer viable y posible la implementación de los derechos, el diputado sugiere volver a cambiar la Constitución. Es decir, propone que la Constitución debe adaptarse a los sistemas actuales porque es difícil cambiarlos.
El diputado alude que la implementación de la reforma ha encontrado dificultades por una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, y los legisladores deben modificar la reforma para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.
En concreto menciona que según el párrafo primero del Artículo 1, los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “…salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”. Lo cual pudiera llegar a ser contradictorio.
Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de realizar una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos firmadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse para privilegiar la protección de la persona. Sin embargo, alude que este precepto, no se puede aplicar con facilidad en México en la medida que “deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado”. Podemos interpretar que en la perspectiva o experiencia de este diputado, este principio pro persona es difícil de aplicar en México por el tipo concreto de sociedad en la cual vivimos, por lo tanto es más fácil para el volver a cambiar la constitución.
Es cierto que la realidad social es complicada, y no se diga en lo relativo a la vigencia de derechos vinculados a la acción de la procuración y administración de justicia. Mucho se ha mencionado sobre el arraigo como un esquema que viola derechos a la justicia. Debemos también tener presente que en todas las encuestas nacionales realizadas en torno a la seguridad pública, la cifra negra de delitos no denunciados es cercana al 80% y mucho tiene que ver con la falta de confianza hacia la acción policial, lo cual se refleja también en que el porcentaje de delitos que quedan impunes es cercano al 97%. No en balde una de las reformas más importantes a los sistemas de procuración y administración de justicia es la introducción de los llamados juicios orales, que pretenden hacer más ágil y eficaz todo el proceso. Así entonces, coincidimos en que la realidad social y de los sistemas es no es adecuada, pero es posible cambiarse, pero para ello tenemos que fijarnos metas altas y trabajar en función de ellas. Desde mi perspectiva la reforma constitucional y el principio pro persona marcan una serie de normas que ayudan a dirigir el rumbo de los cambios. Tener normas de altura nos obligan a ser mejores y más eficientes. Bajar el nivel de exigencia en la norma nos lleva a realizar modificaciones menores, que a la larga no cambian el origen de los problemas.
Opino que nuestro país se merece tener una Constitución que no escatime en lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.
