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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas


Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
28 de agosto de 2014

Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizara y cumpliera con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud ésta era: ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema, ¡queremos acciones concretas!

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixaricas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores, sin embargo decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron siguieron el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras. Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo la sedatu no atendió el conflicto de fondo el asunto y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal César Pérez Verónica Sin categoría

Jalisco, un fracaso en la implementación de la Reforma constitucional de derechos humanos a tres años de su vigencia

César Octavio Pérez Verónica, director del CEPAD AC
12 de junio de 2014

Hoy se cumplen tres años de la entrada vigor de la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada un día antes en el Diario Oficial de la Federación, considerada por muchos como la más importante después de la Constitución de 1917 en cuanto a la protección de derechos se refiere.

Igualmente recordamos que en agosto de 2013, diversas personas y organizaciones de la sociedad civil decidimos publicar en algunos medios impresos de Jalisco, un desplegado dirigido al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribual de Justicia, a los y las diputadas de la Sexagésima Legislatura y a las y los Presidentes municipales de la entidad, debido a que mostraban ningún interés de asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos de quienes habitamos Jalisco.

Les explicamos en aquel documento que la trascendencia histórica de la Reforma radicaba en su Artículo 1º, al incorporar a los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano como normas internas, así como las obligaciones que tienen TODAS las autoridades de GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER los derechos humanos en el ámbito de sus competencias conforme a los PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD de quienes habitamos, transitan y visitan el estado de Jalisco.

Asimismo, les hicimos énfasis sobre las obligaciones que todas las autoridades tienen para GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER el goce y disfrute de estos derechos y que el 28 de agosto de 2012, fue armonizado el Artículo 4º de la Constitución de Jalisco en los términos de la Reforma general.

Han transcurrido tres años donde no solo no vemos intentos por parte de las autoridades estatales y municipales de acatar las obligaciones contenidas en el marco constitucional e internacional en derechos humanos, sino que vemos graves retrocesos en esta materia. No existen programas, presupuestos, políticas públicas, capacitaciones, armonizaciones legislativas y reglamentarias, protocolos ni nada que nos permita suponer que las autoridades locales y municipales estén trabajando a favor de los derechos humanos.

También observamos un Ejecutivo local y gobiernos municipales donde se ejerce la autoridad sin ninguna perspectiva de los derechos humanos, ni en los discursos, ni en el gasto público ni en sus leyes orgánicas y reglamentos, como tampoco en la capacitación de sus funcionarios.

Sobre el Poder Judicial local, continúan los operadores de justicia sin ejercer las facultades de interpretar las normas de derechos humanos conforme a la propia constitución y de los instrumentos internacionales de la materia, y por ende, sin aplicar en los juicios el principio pro persona, ni el control de convencionalidad.

Quizás el ejemplo del poco interés por implementar la Reforma constitucional de derechos humanos en Jalisco, lo representa la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al no informar a la sociedad en que consiste, cuáles son los deberes y obligaciones de las autoridades. Dice el organismo que a partir de la Reforma hasta marzo del año en curso, ha capacitado a tan solo 106 de sus servidores públicos. Indica además, que ha impartido 40 capacitaciones externas en este tema durante el mismo periodo. Incluso, el titular del organismo público, señaló en su séptimo informe de principio del año en curso, que durante 2013 se capacitó a 89 mil personas, entre servidores públicos y representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, el Cepad mediante una solicitud de información pública requirió al organismo a proporcionar copia de los manuales, materiales, documentos y cualquier otro relacionados con los talleres de capacitación referidos con la Reforma constitucional, siendo la respuesta a dicha solicitud como INEXISTENTE.

Definitivamente la vigencia del nuevo paradigma jurídico que representa el respeto a los derechos humanos en México, correrá a cargo no de las instituciones públicas, ni de sus organismos públicos de derechos humanos, que de paso vale la pena decir que son prescindibles para los gobernados, sino de los movimientos sociales, colectivos, grupos vulnerables y de cualquier persona que luchan por la justicia y la dignidad.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Discriminación Gerardo Moya Sin categoría

Otro delito más en Jalisco. La discriminación.

Mtro. Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
28 de mayo de 2014

Si bien aún no se promulga por el Ejecutivo del estado, el pasado 27 de marzo del 2014, se aprobó en el Congreso, el decreto que adiciona al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el artículo 102 BIS que tipifica la “discriminación” como delito.

¡Qué buena noticia! Dirán algunos… ¡No está de más! Dirán otros… Para quien esto escribe es más bien un retroceso para el tratamiento integral del flagelo de la discriminación en nuestro estado, dada la situación actual en la que se encuentra el sistema de justicia en México. Me explico:

Recientemente, el INEGI hizo públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2013). Según la encuesta, durante 2012, se generaron casi 28 millones de delitos en México, 49,083 de ellos en Jalisco.

El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2012 fue de 92.1% (cifra negra); es decir, de cada 100 delitos cometidos, se abrió averiguación previa en el Ministerio Público en 8 casos. De esos 8 casos, las víctimas refieren que no pasó nada o no se resolvió en 4 de ellos. De los 4 casos que quedan, ya se podrán ustedes imaginar, cuántos decide el agente del Ministerio Público turnar a los Juzgados; y cuántos de los que pasan a Juzgados reciben a la postre una sentencia condenatoria por parte de un Juez. En pocas palabras, de cada 100 delitos cometidos en México probablemente se sancione penalmente uno.

La ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, están circunstancias tales como considerar la denuncia una “pérdida de tiempo”, o la “desconfianza en la autoridad”, con 61.9%.

Entonces, con estas cifras, me parece que ir a denunciar un acto discriminatorio ante el agente de ministerio público en Jalisco, es casi doble victimizar al agraviado. ¿En dónde está la justicia pronta y expedita?, más aún, ¿Se puede llamar a esto “justicia”?

Querer resolver la problemática de discriminación que tenemos en Jalisco, adicionando un artículo al Código Penal, es como querer tapar el sol con un dedo. Mejor aportarle a una Ley integral para el Estado en materia de prevención y combate a la discriminación que entre otras cosas:

  • Defina qué es la discriminación e igualdad, y describa aquellas conductas que serán consideradas discriminatorias.
  • Determine que la Ley aplicará tanto a instituciones públicas y privadas, como a personas físicas y servidores públicos.
  • Especifique la obligación de implementar políticas públicas, así como de medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de grupos específicos.
  • Genere un órgano regulador especializado, autónomo, con patrimonio propio y de participación ciudadana, que permita, a través de diversas atribuciones contempladas en la Ley, la implementación de la misma.
  • Haga alusión al tipo de procedimiento administrativo local que se llevará a cabo para investigar y sancionar los actos discriminatorios cometidos tanto por instituciones públicas y privadas, como por personas físicas y servidores públicos, y finalmente
  • Defina tanto las sanciones que deberán aplicarse por la comisión de actos discriminatorios, como la reparación del daño.

Sólo creando una ley de esta naturaleza y aplicándola responsablemente, es que iniciaremos la larga tarea de reconocernos y tratarnos como una sola raza: la humana.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría

El fetiche de la ley

Mtro. Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC
Artículo publicado en el periódico Mural, 26 de mayo de 2014

“¿Mejoró la producción en el campo o se elevó la calidad de vida de los campesinos como efecto de la reforma (…) al ejido? ¿Ha obstaculizado el título IV de la Constitución el tráfico de influencias o la malversación de fondos? ¿La prohibición constitucional de los monopolios, los ha impedido? (…) ¿Disminuyó el poder de las televisoras como efecto de la prohibición de la venta de espacio a partidos (y candidatos)?”

Éstas y otras preguntas se hace la académica María Amparo Casar (“El fetichismo constitucional”, Nexos 422) a propósito de las constantes reformas a la Constitución (614 a sus artículos). Reformas en cuyo potencial transformador –dice- la clase política “tiene una fe ciega”. Y añade: “Aquí es donde entra el fetichismo constitucional. Un fetiche es un objeto de culto al cual se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales y el fetichismo es la cualidad de un objeto para ostentar un poder que no le pertenece por naturaleza”.

A la Constitución y a sus reformas se les ha atribuido este poder mágico, “pero su transformación en los objetivos que persigue es muy deficiente”. Hay dos maneras, “muy socorridas en el caso de México”, para dejar sin efecto las reformas: la primera es “no emitir las leyes reglamentarias de esas reformas” y la segunda es matarlas “por la vía de los hechos, pues no se proveen los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer”.

¿Pero a cuento de qué viene todo este rollo sobre la utilidad práctica o no de las reformas a la Constitución (o a las constituciones, para no olvidar las de los estados) y a las leyes? Viene a cuento de la discusión, que está por darse en el Congreso local, sobre una iniciativa de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) que buscaría reformar la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. La ley fue promulgada en diciembre de 1993 …y nunca se ha aplicado.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una organización de la sociedad civil jalisciense dedicada a la defensa de los derechos humanos, acaba de hacer pública su opinión sobre este caso: sobre las reformas a la ley que no transforman nada, sobre el fetichismo…

En 2010 el Cepad reveló que entre 2000 y 2009 se habían registrado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), 933 expedientes de queja que daban cuenta de un total de mil 343 personas víctimas de tortura. Desde 2010 hasta abril de 2014 son sólo 49 expedientes los que se contabilizan (muy pocos debido a deficiencias –“alarmantes e injustificadas”, califica el Cepad- de la CEDHJ y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses).

No obstante, hasta el día de hoy no se ha investigado ni sancionado a ninguno de los autores materiales e intelectuales de esta práctica, expresa un comunicado emitido por la institución el martes pasado.

Y agrega: “(…) insistimos en que el problema no está en la legislación, sino en la impunidad de los criminales”.

“(…) Quienes integran el Congreso local (…) están involucrados con que la tortura persista, pues teniendo las facultades constitucionales para citar a los titulares de las dependencias directamente vinculadas con la prevención, investigación, sanción y reparación del daño, para que expliquen públicamente las razones por las cuales no han implementado las recomendaciones emitidas por (…) la Organización de las Naciones Unidas (y no) han aplicado la actual legislación contra la tortura, (no lo han hecho)”.

¿Por qué entonces tanto empeño en hacer reformas si la clave no está en ellas sino en su aplicación? Un motivo, dice María Amparo Casar, es que “el costo de aprobarlas es muy bajo y (…) los propios legisladores no se hacen cargo ni de sus implicaciones ni de su viabilidad”.

Bienvenidas las reformas, pero acompañadas de medidas –al alcance del Congreso- que empujen, por ejemplo a la Fiscalía General y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones…

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Juan Larrosa Sin categoría

28 de mayo en Guadalajara: pensamiento único y represión

Mtro. Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, 26 de mayo de 2014

En una entrevista realizada un par de años antes de su muerte, Stuart Hall realizó una serie de balances críticos sobre las raíces y tradiciones de los Estudios Culturales. En esas conversaciones habló de la influencia que el marxismo tuvo en esta corriente de pensamiento e investigación, particularmente en su versión británica. Entre otras cosas Hall dijo sentirse orgulloso del desarrollo metodológico del análisis de coyuntura. Aunque no fue Hall quien inventó este término, pues reconoce que anteriormente ya había sido utilizado por Marx, pero especialmente por Gramsci, sí fue él quien lo desarrolló como una herramienta de análisis dentro de los Estudios Culturales. Según Stuart Hall, una coyuntura es un punto de quiebre o ruptura en el devenir histórico. En estos quiebres se condensan una serie de hechos, generalmente contradictorios, que describen densamente la realidad y sus transformaciones. Las coyunturas pueden analizarse desde múltiples dimensiones, pero Hall, dada su inclinación por la cultura, vivió pendiente de las transformaciones ideológicas y se preguntaba sobre las ideas o costumbres de su tiempo, y quién las creaba, modificaba o controlaba. A un decenio de los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, vale la pena preguntarse qué pasó entonces en clave de análisis de coyuntura.

En mayo de 2004 Guadalajara fue sede de la tercera cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea. Anteriormente esta cumbre había sido celebrada en Brasil y en España. Luego de la edición en Guadalajara, la cumbre se llevó a cabo en 2006 en Viena, en 2008 en Perú, en 2010 una vez más en Madrid y en 2013 en Chile, aunque en la última edición el nombre de la cumbre cambió a Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. El objetivo de estas cumbres ha sido la creación de una zona de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea. Hasta la fecha este tratado económico no se ha creado. Antes de comenzar la cumbre de Guadalajara se esperaba que para 2010 la zona comercial estuviera abierta, pero al finalizar la reunión, las expectativas eran mucho más pesimistas. Lo cierto es que Europa desde hace años ha estado ocupada por sus distintas crisis políticas y económicas, las cuales han desplazado cualquier interés real por sus relaciones con América Latina.

En la cumbre del 2004 llegaron a Guadalajara los presidentes de distintos países de Europa y de América Latina. La ciudad fue resguardada por fuerzas policiales y durante una semana muchas calles y plazas públicas fueron cerradas. La reunión internacional atrajo la mirada de diversos grupos de protesta internacionales, nacionales y locales, quienes también llegaron a Guadalajara para manifestar su desacuerdo con las políticas internacionales de libre comercio y globalización. Durante toda la primera década del siglo XXI este tipo de protestas fueron comunes en todo el mundo y tuvieron como origen la mítica manifestación de Seattle, en 1999, en el marco de una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Estas manifestaciones también tuvieron en común la participación de un grupo conocido como el bloque negro, altamente violento, así como fuertes dosis de represión por parte de los Estados. Sin duda, esta serie de manifestaciones también conocidas como el Movimiento de Resistencia Global, fueron las precursoras de los movimientos de protesta de la segunda década del siglo XXI como Occupy Wall Street, los indignados españoles, los pingüinos chilenos o el #YoSoy132 en México.

En el marco de las protestas en contra de la cumbre celebrada en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 hubo una manifestación que fue duramente reprimida por el gobierno del estado de Jalisco. El saldo fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de mayo o el Cepad, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron que casi medio centenar de los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y una decena de personas fue encarcelada sin el debido proceso.

El “28 de mayo” es una coyuntura que marcó la historia de Guadalajara. La parte más evidente es que fue una coyuntura en la que hubo una violación masiva de derechos humanos, tal como ya ampliamente se ha documento. Sin embargo, el “28 de mayo” también condensa muchos de los rasgos generales de la política y la cultura en Guadalajara de los primeros años del siglo XXI. El “28 de mayo” condensa el giro neoliberal que dio el mundo en décadas anteriores y que precisamente estuvo marcado por un intenso y desigual proceso de globalización económica y cultural, que a nivel local se pudo observar en la creación del famoso “Sillicon Valley” en El Salto o la llegada de empresas trasnacionales a la ciudad. Desde un punto de vista cultural, el reajuste neoliberal y globalizatorio trajo el desarrollo de Guadalajara como una marca, bien para el desarrollo de una cumbre entre mandatarios, o bien para albergar un torneo internacional de golf, los Juegos Panamericanos, y ahora la famosa Ciudad Digital. En el tintero se han quedado muchos otros proyectos, como el famoso museo Guggenheim y otros van a atrasados, como el polémico Santuario de los Mártires. Por otra parte, el “28 de mayo” condensa prácticas políticas autoritarias. En el sexenio de Francisco Ramírez Acuña no nada más ocurrió esta represión, está también el caso del Tlajomulcazo, una auténtica celada a un movimiento cultural como el de la música electrónica y las fiestas rave. En tiempos de Emilio González fue proverbial aquella frase de “a mí, lo que unos poquitos dicen, me vale madre”, y después a una parte de esos poquitos que conforman la sociedad les llamó “opositodos” y luego dijo que otros poquitos le “deban asquito”.

No son pocos los que han criticado las manifestaciones en contra de la globalización y las descalifican por su violencia y contradicciones. Sin embargo, es claro que el “28 de mayo” es una coyuntura que nos recuerda que no vivimos en una sociedad en donde se acepte la proliferación de discursos críticos, mucho menos de diálogos públicos para construir colectivamente el entorno. Es evidente que el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años ha estado lejos de ser la panacea para Guadalajara. El Sillicon Valley tapatío nunca trajo dinero y trabajo digno para la clase trabajadora, los Juegos Panamericanos no le “cambiaron el rostro a Guadalajara” y la cumbre de 2004 no logró un tratado de libre comercio con Europa. En cambio, las manifestaciones políticas y culturales que critican el estado de cosas, han sido ridiculizadas, excluidas y reprimidas.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Coyuntura sobre Derechos Humanos Sin categoría

La visita de Amnistía Internacional al presidente de México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 26 de febrero de 2014

Amnistía Internacional es uno de los pocos movimientos de carácter mundial en defensa de los derechos humanos. Está presente en 150 países y cuenta con más de tres millones de miembros y simpatizantes. Tal vez sea la organización más amplia y numerosa en esta línea de acción. Amnistía realiza labores de investigación y emprende acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Es también una organización con una estructura y misión claras, fue fundada en Inglaterra en 1962 y aún tiene mucha vigencia y capacidad de acción. En México tiene un órgano coordinador en el DF y grupos en varios estados donde ha venido implementando estrategias de difusión y acción, para impulsar el respeto de los derechos humanos. En particular debo subrayar que ha contribuido en la denuncia de casos graves de violación, como el de los feminicidios de Ciudad Juarez, entre muchos otros.

Una de sus áreas de labor relevante es la de investigación. Con su informe anual ponen en la mira las principales violaciones cometidas en los diferentes países en donde tienen acceso. En general sus informes suelen tener mucho impacto puesto que son realizados con objetividad y profesionalismo. Dado que no reciben financiamiento de ningún gobierno no pueden ser acusados de ser tendenciosos. Sus actividades se sostienen y desarrollan esencialmente, a partir de los aportes de sus miembros y simpatizantes, así como a través de la articulación con otras organizaciones de derechos humanos.

No es común que el Secretario General de Amnistía y una comitiva de primer nivel, visiten un país, sin embargo nos visitaron hace unos pocos días. Salil Shetty actual Secretario General es un veterano activista en asuntos relacionados con la pobreza y la justicia. Antes de unirse a Amnistía Internacional fue director de la Campaña del Milenio de la ONU y desempeñó entonces un papel fundamental en la campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la primera parte de su visita Salil Shetty, Érica Guevara directora ejecutiva para el área de Las Américas, y Perseo Quiroz director para México, fueron al norte del país. La violencia ejercida contra migrantes y los casos de personas desaparecidas aparecieron como los asuntos primordiales en su diálogo con agrupaciones locales. Salil Shetty consideró su estancia en México de “alta prioridad” porque es visible la gravedad de estos casos.

En el Estado de Coahuila se reunió con miembros de la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y expresó su preocupación por que durante el gobierno de Felipe Calderón se reportó en México la desaparición de más de 26 mil personas, cifra excepcional y grave a los ojos de Amnistía Internacional (AI), pero y sobre todo, porque a la fecha “no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, y en que se hayan rendido cuentas claras’’.

También visitó Saltillo y fue a las instalaciones de la Casa del Migrante. Denunció entonces que el año pasado las autoridades mexicanas detuvieron a 83 mil indocumentados de distintos países, la mayor parte originarios de países de Centroamérica. De éstos 76 mil fueron deportados no obstante que habían sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, tanto por organizaciones criminales como por autoridades.

El hecho es que a pesar de las declaraciones de buena voluntad del actual gobierno y de las iniciativas legales que ha propuesto en materia de derechos humanos, en México siguen ocurriendo cotidianamente, graves violaciones y abusos, como desapariciones forzadas, ataques contra migrantes indocumentados, hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de una casi total impunidad; señalaron los representantes de Amnistía Internacional (AI).

Pero la cereza del pastel ocurrió el lunes de la semana pasada cuando Salil Shetty entregó al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada, un memorandum titulado “Los retos de México en materia de derechos humanos”, en el cual se advierte que el país enfrenta una situación de crisis en diferentes ámbitos de los derechos humanos, situación que debería ocupar el mismo nivel de importancia que las reformas económicas y políticas.

En este documento se insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente. Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos. Cito un párrafo del documento “México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.”

Es importante que existan organizaciones de la sociedad civil independientes y profesionales, como es el caso de Amnistía Internacional. Es importante que alcen su voz a nivel nacional e internacional, que denuncien y que den a conocer su posición dentro de las altas esferas del poder en nuestro país y en muchos otros países, porque esas voces ayudan a movilizar voluntades y contribuyen a generar los cambios que el mundo necesita.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Gerardo Moya Sin categoría

Nos reprobaron en el Examen Periódico Universal

Mtro. Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC


Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 31 de octubre de 2013.
El pasado 23 de octubre del 2013, México fue objeto de su segundo “Examen Periódico Universal” (EPU) en materia de derechos humanos, por parte de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace cuatro años, y como resultado de la primera evaluación, México recibió 91 recomendaciones de las cuales aceptó 83. 
Uno pudiera pensar que si otros Estados en el planeta le “jalan a uno las orejas” frente a la Comunidad Internacional, y le dicen de 91 maneras distintas que se están violando los derechos humanos en su país y que la situación es grave, entonces corregiría el camino; si no por consciencia de la dignidad intrínseca del ser humano, al menos por la “vergüenza” de ser exhibidos ante el mundo en dichos menesteres. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta lógica. El 23 de octubre pasado no sólo no disminuyeron el número de recomendaciones en relación a hace cuatro años, sino que aumentaron a 180, muchas de ellas reiteradas al ver que continuamos con las mismas prácticas violatorias a los derechos de las personas, tales como mantener la “figura del arraigo”, esa que le permite al ministerio público privarte de tu libertad hasta por 80 días, mientras investiga si eres presunto culpable o inocente.
Otras de las recomendaciones reiteradas por varios países, se refieren a combatir la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, la pobreza y los ataques a defensores y periodistas.
Si bien es cierto que en el 2011, se reformó la Constitución Política Federal y se avanzó en la garantía de los derechos; se aprobó la Ley General de Víctimas, y se realizaron mejoras en la protección de los inmigrantes, con mecanismos como la Ley de Refugio de 2010 y la Ley de Migración de 2011, lo que vemos en la calle, es la ausencia de la aplicación de la ley por parte de las autoridades de todos los niveles y la falta de cumplimiento por parte de los ciudadanos. Cabe aquí el dicho de que “la ley no está tan mal, el problema es que no se cumple”. 
Como muestra un botón: Durante el periodo de análisis de este examen, México ha sido sancionado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), y el Estado no ha dado cabal cumplimiento a las sentencias emitidas por dicho organismo internacional. ¿No es esto impunidad?
Justo para este examen, un informe preparado por 33 organizaciones de la sociedad civil mexicana, refiere que durante el período a examinarse, “Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos […] las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”.
Según las entrevistas realizadas a los funcionarios asistentes a la sesión del examen realizado en Ginebra, más de 80 países, de los 194 miembros de la ONU, le hicieron observaciones a México en una sesión que duró tres horas y media. 
Las cifras y la cruda realidad están aquí; frente a nuestros ojos; nos la gritan tanto los países que tenemos a un lado, como los países lejanos. Con los resultados de este examen no podemos decir entonces que no sabemos lo que pasa. Nos necesitamos los unos a los otros para cambiar esto, en nuestras acciones, en el día a día; ahí es en donde el valor de la dignidad humana tiene su examen periódico para todas y todos nosotros. 
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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

Zapopan y Derechos Humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC




Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, junio de 2013

Hace unos día Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal de Zapopan dijo: “Yo les puedo decir que con los operativos antipandillas todas las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes, y de esos más 70 jóvenes a lo mejor uno o dos o diez tienen drogas en su poder y son consignados, pero los otros 60 son soltados porque son faltas administrativas y van a seguir generando problemas de vandalismo, van a seguir generando problemas drogadicción y van a seguir generando problemas de inseguridad”. Pero no solo eso, mencionó que los drogadictos no merecen ser reconocidos como personas.

Después de este comentario desproporcionado y descontextualizado, vino una disculpa de su parte, así como solicitudes de que renunciara, quejas ante la CEDHJ y denostaciones públicas en su contra realizadas por diputados y regidores de otros los partidos políticos.

Este comentario debe considerarse grave. Más alla de si es cierto o no que cotidianamente tundan a macanazos a decenas de jóvenes, refleja una débil estrategia de acción proactiva con jóvenes y una escasa cultura sobre los derechos humanos en México.

La búsqueda por mejorar la situación de los jóvenes y por respetar los derechos humanos no es recientes, pero ha cobrado relevancia por varias razones:

  1. La guerra en contra la delincuencia organizada, lejos de mejorar la calidad de vida de los y las mexicanas ha agravado la sensación de inseguridad y ha posibilitado el aumento de violaciones  de derechos humanos. Es público que uno de los grupos más vulnerables son los jóvenes. Se dio a conocer públicamente el incremento en abusos a los derechos humanos –de 534 quejas formales en 2007 presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pasó a 2 mil 723 en 2012– violaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública, todo ello en medio de un grave problema de impunidad. No en balde fue necesaria la creación de una Ley de atención a víctimas que explícitamente contempla la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
  2. La Constitución Mexicana, a partir de la pasada reforma sostiene: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,  interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, asimismo, “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

A nivel latinoamericano, las y los jóvenes han sido el grupo que más padece la violencia social, pero también las violencias generadas por los gobiernos. En el informe sobre Seguridad Ciudadana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se señala lo siguiente: “Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población” .

En función de lo anterior, todo gobierno en la República mexicana no sólo tiene la obligación jurídica y ética de actuar en un marco de profundo respeto a los derechos humanos, sino que debe investigar, sancionar y reparar las violaciones si éstas llegaran a ocurrir. De igual manera tiene el compromiso de impulsar políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación y que tiendan a generar condiciones de mayor desarrollo para la ciudadanía. En esta línea consideramos que debe hacerse un énfasis especial en la atención pro activa de las y los jóvenes. Rechazamos cualquier acción o política que viole los derechos humanos y particularmente, que propicie la discriminación hacia cualquier grupo juvenil.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría

Seguridad pública y derechos humanos

Por Jorge Narro, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, mayo de 2013

A mediados del pasado mes de febrero apareció en los medios que en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, estaba por constituirse un cuerpo de “policía comunitaria”.

El ejido, enclavado en la sierra de Manantlán, en el límite de Jalisco con Colima, es rico en recursos naturales. Rico y agredido por ello. Un ejemplo de ello es el secuestro, en octubre del 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, activo defensor de los bienes comunitarios.

Uno de los integrantes del Consejo de Mayores de la comunidad indígena explicaba en una entrevista: “lo que ha habido en la comunidad (…) es saqueo de madera y minerales que se están llevando, y nomás nadie sabe. Nosotros queremos la seguridad de la comunidad. La comunidad está sufriendo saqueos, está sufriendo desapariciones y muertes que no se han aclarado, por eso ya no nos confiamos, queremos la Policía Comunitaria para que la misma comunidad vigile”.

El tema es polémico, habida cuenta de que “policías comunitarias” y grupos de autodefensa se están multiplicando en el país: en 13 estados y 68 municipios, según publicó el diario MURAL apenas el 2 de marzo.

“No hay justificación para que un grupo se haga justicia por propia mano, pero los gobiernos deben cumplir para evitar medidas desesperadas”, opinó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y tocó así el centro del asunto: no es lo mismo justicia por propia mano que legítima defensa, justificada por la inacción de las autoridades.

No es lo mismo, pero tampoco es fácil distinguirlas. Pongámonos en el lugar de las víctimas.

Imagine que en su colonia o fraccionamiento o pueblo opera un grupo de ladrones. Imagine que usted acude a la policía. Y resulta que no sólo la policía no detiene a nadie, sino que lo delata a usted frente a los delincuentes. Es que los gendarmes actuaban en complicidad con los ladrones…

Imagine que logra usted que uno de los criminales acabe en manos del Ministerio Público. Y resulta que éste integra mal el expediente, de modo que al llegar al juez el “presunto” queda en libertad. Es que el MP actuaba en complicidad con los ladrones, o secuestradores, o extorsionadores…

Imagine usted que la policía detiene al ladrón y que el MP integra el expediente como Dios manda y además con pruebas contundentes. Pero que el juez en lugar de declarar culpable al asaltante y decretarle el auto de formal prisión, lo deja en libertad. Es que recibía plata o estaba amenazado de plomo por los criminales…
En México, los delitos que no son denunciados (la “cifra negra”) ascendió durante 2011 a 91.6%. En Jalisco se estimaba en 92%.

Las víctimas no denunciaron -entre otras razones- porque lo consideraban una pérdida de tiempo (34.3%) o por falta de confianza en la autoridad (15.6%). Y en los casos en que sí denunciaron, 32.8% decidió no iniciar una averiguación previa en razón de “la actitud hostil por parte de la autoridad”.

Y aun así, habiendo tan pocas denuncias, 99% de éstas no termina en condena y los crímenes quedan impunes, afirmaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2012. Para el caso de Jalisco el escenario no es más halagüeño: a decir del Observatorio Ciudadano Jalisco cómo Vamos, la impunidad era ligeramente superior a 98%.

Con autoridades negligentes, incompetentes, atemorizadas o cómplices, ¿qué opciones quedan a los ciudadanos amenazados no por la posibilidad de ser víctimas, sino realmente amenazados, realmente victimizados, realmente agraviados?

Entonces aparece la delgadísima línea que separa la legítima defensa de la toma de justicia por propia mano. La delgadísima línea que puede separar a las “policías comunitarias” de algunos grupos de autodefensa. La delgadísima línea que cada vez más comunidades rurales atraviesan porque los gobiernos no cumplen, diría el presidente de la CNDH.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Gobierno y DH Sin categoría

Iniciamos el 2013 y nos encontramos con intenciones de retroceso en materia de derechos humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
9 de enero del 2013

El pasado 2 de enero, cuando el año apenas estaba arrancando, el Diputado Francisco Arroyo, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la presente Legislatura del Congreso de la Unión, puso a consideración ante los diputados una iniciativa con proyecto de decreto para que se vuelva a reformar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que apenas fue modificado en junio del 2011.
Los que nos dedicamos de una u otra manera a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, consideramos que la pasada reforma constitucional, misma que redimensiona los derechos humanos, ha sido una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, porque se define la primacía de los derechos humanos y a la vez porque se incorpora de manera positiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, se clarifica la vinculación entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, interacción que esta ya establecida claramente en varios países.
Todo avance en materia de derechos humanos es relevante, pero la reforma nos marca una norma de acción que puede re definir el rumbo del país. Tengamos presente que tan solo durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, en relación a la estrategia de combate al crimen organizado, imperó la impunidad y se violó el derecho a la seguridad. Fueron asesinadas aproximadamente 60,000 y existen miles de personas desaparecidas. Además de que el uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido de uso rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad, según han denunciado diversas agrupaciones entre ellas Amnistía Internacional. Además de todo esto las cárceles están sobre pobladas y no existen mecanismos adecuado para la readaptación social.
Con la reforma perecía que los diputados asumían una nueva y relevante visión, que se transmitiría a todos los funcionarios públicos y a todos los mexicanos, con la fuerza normativa de la Constitución, impulsando así el respeto y la realización de los derechos en el ámbito interno, con perspectiva internacional. La fundamentación filosófica y axiológica, sustento de los derechos humanos haría más confiable nuestro Estado de derecho.

Era de esperarse entonces que a partir de la reforma, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieran que, de forma gradual, adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos. De entrada, acorde al Artículo 1: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido el poder judicial está obligado a analizar y juzgar todos los casos que se le presenten a la luz del amplio conjunto de normas en materia de derechos humanos, específicamente en sus juicios deben favorecer en todo tiempo la protección de las personas, es decir, basarse en el principio Pro Persona, que es un principio fundamental a nivel internacional.

A diferentes abogados les he escuchado decir, y también lo menciona el diputado Arroyo, que la reforma Constitucional pone a México a la vanguardia y en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados a nivel mundial en la protección de los derechos humanos. Esta sintonía facilita que se pueda reflexionar y ampliar nuestro sistema jurídico a partir de debates y tratados internacionales que hoy se registran mundialmente.

No obstante todo lo positivo de la reforma el Diputado Francisco Arroyo, sugiere que el proceso de implementación para una reforma de esta envergadura es sumamente difícil. Su trascendencia dificulta la implementación efectiva. Así entonces, en lugar de sugerir e impulsar cambios o la reformulación de los sistemas para hacer viable y posible la implementación de los derechos, el diputado sugiere volver a cambiar la Constitución. Es decir, propone que la Constitución debe adaptarse a los sistemas actuales porque es difícil cambiarlos.

El diputado alude que la implementación de la reforma ha encontrado dificultades por una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, y los legisladores deben modificar la reforma para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.

En concreto menciona que según el párrafo primero del Artículo 1, los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “…salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”. Lo cual pudiera llegar a ser contradictorio.

Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de realizar una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos firmadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse para privilegiar la protección de la persona. Sin embargo, alude que este precepto, no se puede aplicar con facilidad en México en la medida que “deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado”. Podemos interpretar que en la perspectiva o experiencia de este diputado, este principio pro persona es difícil de aplicar en México por el tipo concreto de sociedad en la cual vivimos, por lo tanto es más fácil para el volver a cambiar la constitución.

Es cierto que la realidad social es complicada, y no se diga en lo relativo a la vigencia de derechos vinculados a la acción de la procuración y administración de justicia. Mucho se ha mencionado sobre el arraigo como un esquema que viola derechos a la justicia. Debemos también tener presente que en todas las encuestas nacionales realizadas en torno a la seguridad pública, la cifra negra de delitos no denunciados es cercana al 80% y mucho tiene que ver con la falta de confianza hacia la acción policial, lo cual se refleja también en que el porcentaje de delitos que quedan impunes es cercano al 97%. No en balde una de las reformas más importantes a los sistemas de procuración y administración de justicia es la introducción de los llamados juicios orales, que pretenden hacer más ágil y eficaz todo el proceso. Así entonces, coincidimos en que la realidad social y de los sistemas es no es adecuada, pero es posible cambiarse, pero para ello tenemos que fijarnos metas altas y trabajar en función de ellas. Desde mi perspectiva la reforma constitucional y el principio pro persona marcan una serie de normas que ayudan a dirigir el rumbo de los cambios. Tener normas de altura nos obligan a ser mejores y más eficientes. Bajar el nivel de exigencia en la norma nos lleva a realizar modificaciones menores, que a la larga no cambian el origen de los problemas.

Opino que nuestro país se merece tener una Constitución que no escatime en lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.