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COMUNICADO

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE LEY PARA LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN

El  7 de octubre de 2019, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, presentó públicamente las tres iniciativas de ley en materia de atención a víctimas y personas desaparecidas en el estado:

  • Ley de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco
  • Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición
  • Ley de Atención a Víctimas 

Apenas el pasado 29, 30 y 31 de enero de 2020 realizaron las mesas de trabajo para analizar la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, junto a la Ley de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco y la Ley de Atención a Víctimas.

Cabe recordar que la obligación de establecer la figura jurídica de declaración de ausencia ha sido un gran pendiente para las entidades federativas desde el año 2013, tras la publicación de la reforma de la Ley General de Víctimas. En el Código Civil del Estado de Jalisco, paralelamente al procedimiento de la declaración de ausencia simple, en el artículo 146, se generó la posibilidad de solicitar la declaración de ausencia por los delitos relativos a la privación de la libertad. Sin embargo, dicho artículo se encuentra en el capítulo que regula la presunción de muerte y de igual manera, establece que para los casos de la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada aplica la figura de presunción de muerte, lo que claramente resulta violatorio al principio de búsqueda de la persona.

Te compartimos las observaciones que desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. hemos elaborado a la propuesta de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, y que hemos presentado mediante un escrito dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado el 7 de febrero de 2020.

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COMUNICADO

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO

La ley estatal en materia de desaparición de personas debió estar aprobada desde julio de 2018, según los plazos marcados por la legislación general, sin embargo las y los legisladores locales no cumplieron con este término y apenas el pasado 29, 30 y 31 de enero de 2020 realizaron las mesas de trabajo para analizar dicha iniciativa, junto con la Ley para la Declaración Especial de Ausencia y la Ley de Atención a Víctimas, a las cuales no se les ha dado continuidad.  

Te compartimos las observaciones que desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. hemos elaborado a la propuesta de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, y que hemos presentado mediante un escrito dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado el 7 de febrero de 2020.

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COMUNICADO Comunicado

SOLICITAMOS EXPLICACIÓN POR LOS MOSAICOS RETIRADOS DE LA FEPD

El pasado 22 de enero, la señora Ana Enamorado, quien desde hace 10 años busca a su hijo Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido en la población de San Sebastián del Oeste, en el estado de Jalisco, colocó un par de mosaicos con la fotografía del rostro de su hijo y las huellas de sus zapatos en uno de los muros de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco (FEPD), como acto de memoria y protesta por la inadecuada atención de la Fiscal Especializada, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, así como la falta a la debida diligencia en la investigación, y la nula garantía del acceso a la verdad y a la justicia por parte de las autoridades estatales y federales. 

En el acto estuvieron presentes funcionarios de dicha dependencia así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quienes tuvieron conocimiento del acontecimiento. Sin embargo, los mosaicos han sido retirados, a menos de una semana de haber sido instalados, sin que a la fecha se le notificara la situación a la señora Ana Enamorado. El retiro injustificado del memorial violentan su derecho a la verdad y a la justicia, a la protesta social y la libertad de expresión. 

De acuerdo con la versiones periodísticas un “vándalo” las quebró y las piezas fueron recogidas por el personal de limpieza de la dependencia, incumpliendo de esta manera su obligación de garantizar la seguridad y protección de los espacios para la memoria de los y las familiares de personas desaparecidas. 

Por el acompañamiento que brindamos desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD A.C.) y considerando lo antes expuesto, condenamos estos actos violatorios y re-victimizantes, y exigimos a las autoridades estatales realizar las siguientes acciones: 

  • Que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), expliquen las razones por las cuales no llevó a cabo la seguridad del memorial referido.
  • Que restituyan a la brevedad el memorial en presencia de la señora Ana Enamorado y de los medios de comunicación, y se le realice un acto de disculpa pública como una forma de reparación.
  • Que investiguen los hechos y que proporcionen públicamente una explicación sobre los mismos, para evitar que se repitan y se sancione a los responsables por acción y omisión.
  • Que la CEDHJ cuyo personal estuvo presente en el acto de la instalación del memorial, aperture una queja de manera oficiosa y determine las violaciones a los derechos humanos violentados a la señora Ana Enamorado y a la sociedad en su conjunto. 

ATENTAMENTE

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.

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COMUNICADO

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MESAS DE TRABAJO SOBRE LAS INICIATIVAS DE LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Tener un familiar desaparecido no solo implica la incertidumbre de no saber dónde está y qué le pasó, sino que nos hemos visto en la necesidad asumir las funciones de búsqueda e investigación así como de incidir en la creación de una legislación que pueda responder a las necesidades que estamos viviendo. En ese sentido hemos aceptado la invitación de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado Jalisco para participar en foros que se han realizado los días 29, 30 y 31 de enero para comentar las iniciativas en la materia y de atención a víctimas.

La invitación recibida fue atendida con la expectativa de que se podía generar un proceso participativo, representativo, exhaustivo e incluyente, y generar que estas leyes sean las más avanzadas que trascienden a nivel nacional y responden a los estándares nacionales e internacionales en la materia, pero sobre todo al contexto que vivimos en Jalisco, a las víctimas en general y particularmente a la realidad de los familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, esta realidad nuevamente nos ha golpeado en la cara al constatar la ausencia de la mayoría de las diputadas y diputados durante toda esta jornada. Nos imaginamos que el hecho de ir al Congreso, a sus oficinas, garantizaría su presencia y sobre todo su escucha, pero no fue así.

Desde el primer día hicimos un llamado a las diputadas y diputados, particularmente a las que presiden las comisiones que van a dictaminar las iniciativas de ley, para que se sumaran a las mesas de trabajo y nos pudieran escuchar y con ello comprender nuestras propuestas para poder respaldarlas desde las comisiones hasta su discusión en el pleno. A pesar de eso, las familias, las personas expertas y las organizaciones de derechos humanos continuamos los trabajos toda vez que es un tema que nos interesa y que nos ha aquejado durante años. Por ello, aún con la ausencia de las diputadas y diputados decidimos seguir haciendo lo que hemos hecho durante tantos años y seguiremos trabajando para lograr que las leyes atiendan a la realidad de Jalisco.

Atentamente: 

POR AMOR A ELLXS

COLECTIVO ENTRE CIELO Y TIERRA

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Asociación 22 de abril en Guadalajara 

Centro de Derechos Humanos por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ del ITESO 

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COMUNICADO Convocatoria

Convocatoria para formación teórico – práctica en peritajes médico – psicológico basado en Protocolo de Estambul a sobrevivientes de tortura

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya a la defensa de casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, en vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

Desde este marco de trabajo, Cepad considera que es sustancial que  profesionales de la salud en Jalisco cuenten con la capacitación y habilidades que les permita realizar peritajes en casos de tortura.

Objetivo de la convocatoria:

Que las y los participantes adquieran contenidos teóricos y habilidades prácticas que les permitan evaluar de manera objetiva, imparcial, veraz y responsable a sobrevivientes de tortura.

Perfil buscado:

  • Estudiantes que cursen los últimos semestres de las licenciaturas en: Medicina, Psicología y Enfermería
  • Egresadas y egresados de las licenciaturas mencionadas

Habilidades/ conocimientos:

  • Conocimientos en la valoración, diagnóstico y tratamiento de personas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.
  • Habilidades para la valoración y documentación clínica del estado de salud por medio de técnicas propias de la disciplina, así como la capacidad de realizar un análisis de la información y vincularla con el contexto social.
  • Sensibilidad, responsabilidad y ética en el tratamiento con víctimas.
  • Entendimientoy conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de Jalisco

Dinámica del proceso de formación:

La capacitación será teórica – práctica y se conformarán dos grupos. Cada uno será guíado por una persona experta y dos profesionistas de la salud. A través de la aplicación de dos peritajes, la persona experta formará a los “alumnos/as” de una manera práctica.

El proceso de formación iniciará en diciembre de 2019 y culminará en marzo de 2020. Es indispensable que las personas postulantes tengan disponibilidad de asistir de manera presencial los días 9 y 10 de diciembre para la sesión introductoria. 

Proceso de selección

Las personas interesadas deberán enviar:

  • Currículum vitae (máximo tres cuartillas)
  • Una carta de intención en donde explique su interés por ingresar a la capacitación
  • Copia de identificación oficial

Favor de envíar un único documento PDF con los tres documentos solicitados a la dirección electrónica sintortura@cepad.org.mx e indicando en el espacio de Asunto: Documentación de aspirante para proceso de formación peritajes en tortura

Fechas sobre el proceso de selección de aspirantes

  1. Recepción de solicitudes del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2019
  2. Revisión de solicitudes y selección de candidatos/as: 5 de diciembre de 2019
  3. Notificación a las personas seleccionadas para la siguiente etapa: 5 de diciembre de 2019
  4. Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionadas/os:6 de diciembre de 2019
  5. Selección de las/los candidatos: 6 de diciembre de 2019
  6. Notificación a las persona seleccionadas:6 de diciembre de 2019.
  7. Inicio de proceso de formación: 9 de diciembre de 2019.

Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. Las y los aspirantes, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de convocatoria, da fe de cumplir con el perfil solicitado y asegura la autenticidad de la información que brinda de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

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COMUNICADO

Discurso en el foro Ley general en materia de desaparición de personas: conociendo su alcance y contenido

Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia

Muchas gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) por la invitación a este Foro. A nombre de CEPAD, es un honor compartir en este espacio algunas de las experiencias, retos y aprendizajes que adquirimos durante el proceso de creación y seguimiento a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) del estado de Jalisco.

Para comenzar, me gustaría resaltar que todavía en el año 2016 en Jalisco oficialmente “no pasaba nada”. El tema de desapariciones de personas tanto en los medios de comunicación, como en el discurso público oficial, no existía. Y de repente, sólo unos meses después, en agosto del año 2017, inició sus operaciones una institución especializada en materia de búsqueda e investigación, siendo en aquel momento una de las más innovadoras a nivel nacional, constituyendo para Jalisco un avance histórico del cuál unos meses antes, jamás nos hubiéramos imaginado.

Cabe destacar que esto nunca hubiera pasado sin el enorme y continuo esfuerzo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil locales. Todo este proceso inició a mediados del año 2016 cuando en la entidad se mantenía una constante práctica de negar el acceso a las copias de los expedientes a familiares de personas desaparecidas.

Ante esta situación, el Cepad en conjunto con las integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs,  tomó la decisión de construir una estrategía política y de incidencia, la cuál consistía en acciones de denuncia pública de las prácticas violatorias a los derechos de las víctimas, así como en la presentación de una carta con solicitud de intervención y apoyo dirgida al nuevo, en aquel momento, representante de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, quien ya tres semanas después, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México, llegó a Jalisco, escuchó a las familias y se reunó también con autoridades locales. A raíz de estas reuniones, a partir del agosto de 2016 comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales sobre el tema entre el colectivo Por Amor a Ellxs y las autoridades locales, con la observación y acompañamiento de la oficina de las Naciones Unidas y el Cepad, y en lo paralelo, se realizaron también las mesas de análisis y revisión exhaustivas de casos individuales.

Como consecuencia de este proceso de diálogo de varios meses, surgió la idea de crear en Jalisco un nuevo modelo de búsqueda e investigación que pudiera responder a las necesidades de familiares de personas desaparecidas, así como revertir las malas prácticas y deficiencias institucionales.

Es por eso que a principios del año 2017 inició formalmente el proceso de creación de la Fiscalía Especializada, la cual implicaba múltiples reuniones participativas para elaborar el marco normativo base para esta institución, incluyendo su Reglamento Interno. Así mismo el diseño y analisis de perfiles para los procesos de selección de su personal. En este sentido, se realizaron también varios  procesos de selección, tanto para los puestos de personas titulares, directoras o coordinadoras de la Fiscalía Especializada, como el personal que integraría la Dirección de Análisis y Contexto. Cabe señalar que para este último proceso se recibieron y se analizaron más de 1200 correos electrónicos con las aplicaciones correspondientes.

Finalmente, el 31 de agosto de 2017 concluyeron todos estos esfuerzos y oficialmente se creó la FEPD. Es importante señalar que aunque la consolidación de esta institución representó un avance trascendental y generaba muchas expectativas, a la vez que representaba un alto grado de cansancio y desgaste por todo lo invertido, también se tenía mucha consciencia de que su creación no solamente constituía un acto de buena voluntad y compromiso de las autoridades locales, al igual que formaba parte de las campañas politicas en el marco de la coyuntura electoral, y no sabíamos que pasaría después de las elecciones.

¿Y a más de dos años después de la creción de la FEPD, dónde estamos y qué retos hemos enfrentado a lo largo de este tiempo?

 De acuerdo con las respuestas obtenidas vía transparencia, el número de personas desaparecidas en Jalisco de enero de 2008 a junio de 2019, suma más de 9 mil personas. Lo cual muestra que en los últimos años en la entidad han incrementado considerablemente la cifra de personas desaparecidas. Conforme al analisis de datos que realizamos, registramos también que durante el año 2019 en Jalisco se denuncian como desaparecidas aproximadamente a 14 personas al día, de las cuales se logran encontrar  alrededor del 35%. Asimismo, ante esta grave magnitud de casos, en la entidad se cuenta solamente con 2 sentencias condenatorias en la materia.

Estas cifras evidencian una ausencia de procesos de búsqueda e investigación serios, exhaustivos y sobre todo eficaces, los cuáles, llenos de omisiones y deficiencias, sin duda contribuyen a la impunidad. Y también nos muestran que en Jalisco no existen las políticas integrales de prevención, y de hecho, al tema de la prevención en Jalisco nunca se la ha dado suficiente importancia ni a nivel normativo, ni en cuanto al desarrollo de políticas públicas. Siempre fue lo último en el listado de prioridades del gobierno local y constituía la función menos ejercida por parte de la Fiscalía Especializada.

Otro de los considerables desafíos para la FEPD es el tema de la coordinación y falta de claridad en cuanto a la distribución de funciones y competencias. Y aquí podemos hablar tanto de la coordinación interinstitucional entre la fiscalía, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (CBP), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, pero también de la coordinación entre las autoridades estatales y municipales.

Tal como mencioné anteriormente,  la FEPD se creó en agosto de 2017, es decir, casi tres meses antes de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), y en su estructura se contempló crear dentro de la misma la Dirección de Investigación, la Dirección de Búsqueda (las dos divididas para garantizar la separación de los procesos de búsqueda e investigación), y también se creó la Dirección de Análisis y Contexto y la Coordinación de Atención Ciudadana (la cual por cierto, apenas recientemente, a 2 años después de la creación de la FEPD, se comenzó a consolidar).

Posteriormente, cuando la LGD entró en vigor, no se modificó la estructura ni las funciones de la FEPD. En abril de 2018 tras la creación de la CBP, se comenzó a contar en Jalisco con dos unidades especializadas en la búsqueda urgente e inmediata (la Dirección de Búsqueda de la FEPD y CBP), con funciones muy parecidas, las cuales básicamente compiten entre sí y generan una duplicidad de los esfuerzos.

En la coordinación entre las autoridades de nivel estatal, regional y municipal, tampoco se ha podido avanzar, pese a las múltiples quejas y exigencias de familiares de personas desaparecidas del interior del estado, quienes enfrentan una situación de completo abandono institucional. Ante esta tendencia de centralizar los esfuerzos para atender la problemática, se consideraba importante buscar una manera de descentralizar los procesos. En el Reglamento Interno de la FEPD se diseñó la creación de unidades especializadas encargadas de búsqueda e investigación en cada distrito judicial, y apenas este año se logró comenzar a asignar al Agente del Ministerio Público  para cada región del estado, con el personal médico y psicológico, quienes están adscritos de manera directa a la FEPD.

Y para este reto de coordinación, los procesos de creación de las leyes estatales en la materia constituyen una gran oportunidad para retomar y aterrizar las características particulares de cada entidad y sus propias instituciones creadas a nivel estatal y municipal, poder determinar de manera más precisa sus competencias, mecanismos de coordinación, así como garantizar un esquema más oportuno y adecuado para descentralizar y regionalizar los procesos de búsqueda e investigación.

Siguiendo el tema de la estructura y funciones de la FEPD, cabe puntualizar que esta fue la primera en el país en la materia, la cual contaba con la unidad de Análisis del Contexto, enfocado en las dinámicas delictivas de desaparición de personas. Sin embargo, a la fecha no se ha rendido ningún informe público de análisis sobre las causas, patrones o modus operdandi relativos a la problemática, y la mayoría de los esfuerzos de esta unidad se han concentrado en analizar los casos individuales con la perspectiva multidisciplinaria, lo cual es valioso, pero no necesariamente responde a los objetivos de analizar los fenomenos delictivos de forma más integral y abonar a que investigaciones de la FEPD no sean tan atomizadas, aisladas y desvinculadas de otros delitos y problemáticas.

Otro de los factores que influye sin duda al fracaso de la FEPD ha sido la constante falta de los recursos: humanos, materiales, logísticos y tecnológicos. En el primer año de su funcionamiento se le asignó a la FEPD, para todo el estado, 3 millones de pesos, el segundo año 17 millones y por fin este año hubo un gran cambio y se le destinó, públicamente por parte del Gobernador del Estado,  84 millones de pesos, convirtiendo a la institución en una de las fiscalías especializadas locales con más presupuesto en el país. No obstante, este incremento se quedó más a nivel del discurso público y no se reflejó en los cambios más tangibles, tales como el aumento del personal o mejora de las instalaciones. Y esta situación nuevamente evidenció que lo político es uno y la práctica es otra. Por lo que resulta de suma importancia buscar formas incluso a nivel de una legislación de crear mecanismos que ayuden a transparentar el uso de recursos y asegurarnos que el dinero que se asigna públicamente realmente se pueda utilizar de manera adecuada.

El siguiente aspecto y reto enorme que me gustaría señalar es el del personal, tanto en el sentido de su insuficiencia y sobrecarga para atender toda la cantidad de los casos del estado, como en cuanto a su poca preparación y capacitación, además de un sin número de malas prácticas y vicios institucionales que se han arrastrado por años dentro de la institución de la Fiscalía del estado. Y allí surgen varias reflexiones: ¿cuántas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo para contar con un personal realmente profesionalizado, sensibilizado y capacitado?, y si ¿realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de personas quienes toda su vida laboral, por años, han sido omisas y negligentes, y esto sin consecuencia alguna?

Y finalmente, uno de los retos centrales y a su vez una enorme oportunidad, sobre todo en el momento de crear las leyes a nivel local, es tratar de buscar fórmulas para garantizar la dosis importante de autonomía real de las fiscalías especializadas. En Jalisco la ausencia de autonomía se reflejó, por ejemplo, en la falta de comprensión por parte del Fiscal General en cuanto a los objetivos de la Dirección de Análisis y Contexto, tratando de convertirla en una más unidad de inteligencia y deshacer en unos meses todos los esfuerzos que se dieron en años; u otro ejemplo, las instrucciones desde arriba de clasificar los casos de desaparición como delitos de secuestro para minimizar las estadísticas de desaparición.

Estos tres años desde el incio de proceso de creación de la FEPD han estado llenos de avances, pero también muy llenos de retrocesos. Aunque el tema de desaparición se volvió el tema número uno en el discurso del gobierno de Jalisco, los cambios no se reflejan en la realidad y el fondo del problema se mantiene. Se requiere mecanismos formalizados y eficaces de participación y de rendición de cuentas bajo los cuales se podría de manera objetiva y oficial medir y evaluar, con indicadores y con transparencia, cuáles son los avances y resultados reales. Sin embargo, parece que la rendición de cuentas es lo último que busca el Estado.

Esta situación encaja perfectamente en el modelo de funcionar en México para atender las problemáticas: se crea las leyes, las instituciones, pero después no se les da importancia, no se las dota de recursos adecuados y necesarios, y se olvida cuales han sido los objetivos reales para su creación, apostando a que simplemente no funcionen. Y esta apuesta a desgaste, a cansancio, la constante negociación de cada paso, los dobles discursos y altibajos que se presentan en el camino, toman demasiado tiempo, y ya no hay más tiempo para seguir y seguir dialogando. Se tienen que dar soluciones concretas, claras y resultados reales, sin depender de los intereses ni las voluntades polítcas. La obligación del estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar no es solo una obligación constitucional, legal, sino también constituye una obligación moral, inexcusable y vital para reconstruir el tejido social, el cuál a pesar de tantas iniciativas, medidas y tantas acciones, cada vez resulta más y más dañado.

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COMUNICADO Convocatoria

Convocatoria para integrar el equipo del Cepad

Convocatoria para integrar el equipo del Cepad

Profesional de salud mental para el acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones de los derechos humanos

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, autónomo, independiente y profesional que apoya a la defensa de casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

En este marco de trabajo, la organización considera imprescindible reforzar su trabajo de atención y acompañamiento a personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos, a través del fortalecimiento personal y colectivo, así como reforzando sus capacidades de atención y manejo de este tipo de situaciones, siempre desde el enfoque psicosocial y desde el derecho a la reparación integral y a la rehabilitación.

Objetivo del puesto:

Desarrollar y ejecutar estrategias de acompañamiento psicosocial a victimas de violaciones a los derechos humanos, con especial énfasis en sobrevivientes de tortura,  desde un enfoque diferencial y orientado hacia el goce efectivo de derechos, la reparación integral del daño y la rehabilitación de las y los sobrevivientes, así como a sus familiares.

La supervisión directa del desempeño la realizará la Coordinación del eje temático “Tortura”. Además deberá relacionarse con las demás áreas de la organización cuando se aborden los temas de su expertiz o algunos otros que permitan enriquecer la información y conocimientos del profesional de la salud mental.

Perfil buscado:

  • Licenciatura en Psicología con formación complementaria en terapia, psicología social y/o acompañamiento psicosocial.
  • Tener interés y estar comprometidos/as en la temática de derechos humanos, así como contar con conocimiento de la materia y su vinculación con la salud mental.
  • Experiencia en acompañamiento psicosocial y/o psicoemocional a personas víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos
  • Conocimiento del contexto de la situación de derechos humanos en Jalisco, así como del contexto nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de la tortura.

Funciones y Responsabilidades principales

  • Liderar el diseño y desarrollo del área de la organización dedicado al acompañamiento psicosocial en casos de graves violaciones de derechos humanos.
  • Liderar el diseño, la implementación interdisciplinaria y el seguimiento de acciones psicosociales para la atención integral.
  • Acompañar psicosocialmente a personas víctimas de violaciones a derechos humanos,así como a familiares de dichas victimas que lleguen a las oficinas del Cepad.
  • Liderar la elaboración de bases de datos, fichas de casos, estadísticas y otras herramientas de seguimiento ytrabajar en su actualización de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Cepad.
  • Elaborar documentación en la materia de los casos acompañados por el Cepad.
  • Elaborar contenidos pedagógicos y metodológicos para talleres y espacios de encuentro e intercambio de personas, organizaciones y colectivos y/o grupos que acompañan a personas en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.
  • Liderar el proceso de fortalecimiento delgrupo de sobrevivientes de tortura.
  • Funciones de terapeuta en sesiones individuales y/o familiares.
  • Realización de psicodiagnósticos basados en la perspectiva psicosocial.
  • Diseño e implementación de procesos de formación psicosocial para el equipo de trabajo del Cepad
  • Desarrollo de pruebas/dictámenespsicológicos que permitan la documentación de los impactos en la salud mental de las personas que atiende el Cepad, y que puedan ser integrados en los procesos de acceso a la justicia y reparación integral del daño.
  • Participación en la elaboración y revisión de los documentos y procesos participativos del Cepad en aras de incorporar a los mismos una perspectiva psicosocial, en el marco del trabajo de defensa integral que desarrolla la organización.
  • Participar en reflexiones temáticas y de contexto del equipo, aportando a las evaluaciones periódicas.
  • Aportar información para la elaboración de informes temáticos en el marco de los proyectos para acciones de incidencia.

Habilidades y conocimientos:

  • Experiencia y capacidad demostrable en procesos de acompañamiento psicosocial a personas y familias de víctimas de violaciones de sus derechos humanos.
  • Experiencia en la implementación de programas de formación, fortalecimiento y acompañamiento a población objetivo.
  • Experiencia en trabajo en procesos de formación psicosocial a organizaciones y redes de la sociedad civil organizada.
  • Experiencia en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicoemocional a personas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos.
  • Experiencia en intervención en crisis.
  • Habilidades para entrevistar y documentar casos, así como capacidad para realizar análisis integrales, críticos y constructivos que involucren tanto los aspectos psicosociales como los jurídicos, políticos, económicos, etc.
  • Sensibilidad hacia la realidad de violaciones de derechos humanos que vive el estado de Jalisco y el país
  • Interés para impulsar y dar seguimiento a procesos de refuerzo del apoyo psicosocial en el ámbito de los derechos humanos.
  • Preferentemente experiencia previa en procesos de contención y formación psicosocial a equipos de trabajo involucrados en la defensa de los derechos humanos.
  • Preferentemente, conocimiento sobre la legislación nacional e internacional en materia de tortura y el derecho a la rehabilitació

Competencias:

  • Sensibilidad y capacidad para trabajar con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
  • Poseer habilidades para establecer empatía, manejar el dolor y el sufrimiento, capacidades para reaccionar frente a situaciones extremas e intervenir en momentos de crisis.
  • Excelente capacidad de expresión oral y escrito en español.
  • Motivación y capacidad de iniciativa, responsabilidad y habilidad para trabajar tanto en equipo como en forma autónoma e independiente
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Tolerancia al estrés y a la frustración.

Condiciones laborales:

  • Trabajo a realizarse en las oficinas del Cepad, las cuales se encuentran en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
  • Disposición para viajar al interior del estado de Jalisco y dentro del país.
  • Disponibilidad de medio tiempo.
  • Oportunidad de desarrollo profesionaly capacitación en la elaboración de dictámenes psicológicos basados en los lineamientos del Protocolo de Estasmbul, así como en la rehabilitación de sobrevivientes de tortura.
  • El contrato de trabajo será por 6 meses, y con posibilidades de ampliarlo por otro periodo más, así como a tiempo completo(previa disponibilidad de recursos financieros).
  • Contratación por concepto de honorarios asimilados a sueldo de medio tiempo: $ 7,350.00 mensuales (sueldo bruto).

Procedimiento de selección

Las personas interesadas deberán enviar:

  • Currículum vitae (máximo tres cuartillas).
  • Una carta de intención en donde explique su interés in formar parte del Cepad y su experiencia en la materia solicitada (máximo 1 cuartilla).
  • 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).
  • Copia de la cédula profesional.

Favor de hacer un único documento PDF con toda la documentación y enviar a la siguiente dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx  indicando en el espacio de Asunto: Documentación de aspirante para vacante acompañamiento psicosocial.

Procedimiento para la selección de aspirantes:

  1. Recepción de solicitudes: 13 al 6 de octubre de 2019.
  2. Revisión de solicitudes y selección de aspirantes al puesto: 7 de octubre de 2019.
  3. Notificación a personas aspirantes seleccionadas para la siguiente etapa: 9 de octubre de 2019.
  4. Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionados/as:  10-15 de octubre de 2019.
  5. Selección de una candidata o candidato: 18 de octubre de 2019.
  6. Notificación a la persona seleccionada: 21 de octubre
  7. Inicio de labores: 1 de noviembre de 2019.

Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. La persona aspirante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de convocatoria y contratación, da fe de cumplir con el perfil solicitado y asegura la autenticidad de la información que brinda de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

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COMUNICADO

Discurso de la presentación de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Comité de Contra la Desaparición Forzada de la ONU

Anna Karolina Chimiak,  Coordinadora del Área de Incidencia

A nombre de Cepad quiero mencionar que nos da mucho gusto la posibilidad de formar parte de este evento y es un honor poder compartir nuestras reflexiones y análisis sobre los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas junto a tan valiosas personas presentes en este panel. Es un gusto también estar aquí para hablar de este tema puesto que tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de consulta sobre estos principios en el mes de diciembre 2018.

En relación con los Principios y para aterrizarlos en el estado de Jalisco, a continuación me enfocaré en algunos de ellos. Iniciaré con el principio numero 3, el cual señala que la búsqueda debe ser parte de una política pública integral, la cual debe de considerar los procesos de búsqueda inmediata, investigación a fin de esclarecer los hechos y sancionar a las personas responsables, así como debe de considerar las políticas de prevención y brindar medidas adecuadas de protección y atención a víctimas de desaparición.

Y ahora quisiera que reflexionemos sobre cómo ante esto estamos en el estado de Jalisco

Pese a la creación de diversas medidas para atender la problemática y fortalecer las instituciones, entre ellas la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (CBP) o el anunció de la Estrategia Integral Para la Atención a Víctimas de Desaparición realizada por el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, en marzo de 2019, prevalecen una serie de deficiencias en la búsqueda e investigación, que sin duda contribuyen a la impunidad.

Para evidenciar lo anterior, solamente durante los primeros cinco meses de este año se han reportado como desaparecidas a 2,175 personas, de las cuales siguen desaparecidas 1,404 de ellas. Esto significa que durante 2019 en Jalisco han desaparecido aproximadamente 14 personas al día y no se ha podido encontrar al 65% de ellas. Y aunado a este panorama, en el estado contamos solamente con dos sentencias condenatorias en la materia, una por desaparición cometida por particulares y otra por desaparición forzada, con la pena mínima de 12 años de prisión para las personas responsables.

Todo esto demuestra que los avances se han mantenido más a nivel del discurso político y mediático que en la realidad, y ante la grave situación de desaparición de personas, seguimos contando con las instituciones débiles y poco competentes, sin personal suficiente, sin recursos materiales y tecnológicos necesarios para su correcto funcionamiento, y con las instalaciones muy poco adecuadas.

Aunado a esto, otros problemas graves han sido la falta de claridad en cuanto a las funciones de las instituciones encargadas de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación forense, así como la ausencia de claridad relativa a los procesos de coordinación entre las mismas. Lo anterior se ilustró con la indignante situación del hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres en septiembre de 2018, causadas en gran medida por la falta de coordinación y comunicación adecuada entre la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como por las deficiencias relacionadas con la comunicación y distribución de funciones entre la CBP y FEPD, siendo esto último de suma importancia, considerando el Principio número 13, el cual refiere que la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal y que la información obtenida en la investigación debe ser usada de manera eficiente para la búsqueda y al revés.

Se podría justificar que la falta de claridad entre las funciones de estas dos instituciones en Jalisco se debe a varios factores. Primero, la FEPD se creó en agosto de 2017, eso antes de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición (LGD), y al momento de su creación, en su estructura se contempló dotarla con una Dirección de Búsqueda (esto para separar los procesos de búsqueda e investigación). Posteriormente, conforme a lo establecido en la LGD, en el mes abril de 2018 se creó la CBP, y de esta manera, comenzamos a tener en la entidad DOS unidades de búsqueda, especializadas en la búsqueda urgente e inmediata.

Y por otro lado, un segundo factor es la falta de prioridad: durante los 14 meses del funcionamiento de la CBP, la institución sigue sin su reglamento interno, el promedio de su personal han sido de entre tres y cuatro personas para todo el estado, aunado a que no se ha realizado un proceso de difusión de sus funciones, no cuenta con un sitio web, y ni siquiera tiene un número del teléfono de contacto público y difundido, además de los recientes intentos de reducir sus funciones solamente a la búsqueda virtual.

Por todo lo mencionado anteriormente, vemos cada vez más urgente crear una ley estatal en materia de desaparición y armonizar el marco normativo del estado, obligación establecida en la LGD e incumplida por el Congreso local desde el mes de julio de 2018. Cabe señalar que esta obligación queda reforzada por el principio numero 3 ya que el mismo señala que la política pública debe materializarse en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas.

En este caso, la aprobación de una ley estatal constituye una gran oportunidad precisamente para establecer una clara distribución de competencias y mecanismos de coordinación adecuados entre las instituciones a nivel estatal y a nivel de todos los municipios, garantizando un esquema más oportuno para descentralizar y regionalizar los procesos de búsqueda. Eso responde también al principio rector numero 12, el cual marca la necesidad de garantizar una efectiva coordinación, y que esta, se deberá de garantizar mediante una legislación y reglamentación administrativa o de otra índole.

Y justamente las propuestas legislativas que actualmente se trabaja por parte del Gobierno del Estado podrían sin duda abonar a solucionar la problemática de desapariciones en Jalisco, siempre y cuando se haga un diagnóstico real del contexto de desaparición de personas, así como de las instituciones encargadas, y que los contenidos de esta ley estén en plena consonancia con la LGD, o incluso puedan mejorar su calidad, basándose en los estándares internacionales, entre ellos los Principios Rectores para la Búsqueda. A modo de ejemplo, tal como señala el principio rector numero 15, se pudiera buscar garantizar que la institución encargada de la búsqueda, en este caso la CBP fuera independiente y autónoma.

Y obviamente, para este proceso se debe de realizar las consultas con familiares de personas desaparecidas de todas las regiones del estado, las personas especialistas en la materia y las organizaciones de derechos humanos locales con experiencia, esto a fin de garantizar el principio de participación conjunta que rige la LGD, así como está señalado por los principios rectores numero 5 y número 3.

Y precisamente conforme al principio numero 3, la participación se debe de dar tanto en los procesos relativos a la creación de una legislación, pero también en los procesos del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de desaparición, en todas sus etapas y todos sus alcances.

Ante esto, en la entidad se presenta una preocupante ausencia de los mecanismos de participación formalizados y efectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas. Cabe señalar que a la fecha no se ha creado el Consejo Estatal Ciudadano, obligación marcada por la LGD, esto incluso a pesar de que la convocatoria para su integración se diseñó de manera conjunta y se consensuó en el mes de agosto de 2018.

Y en este sentido es muy importante resaltar también que después de múltiples esfuerzos de colectivos y organizaciones locales, en el mes de septiembre de 2018 se logró un avance enorme de instalación de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento a la FEPD y CBP, organismo de participación conjunta, transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, resulta preocupante que durante los nueve meses del actual Gobierno Estatal, no se ha retomado esta institución y no se ha convocado ninguna reunión, esto a pesar de varias exigencias y la disponibilidad total de los colectivos y las organizaciones.

En relación a lo expuesto y para finalizar, el contexto de desaparición de personas en Jalisco demuestra una fuerte necesidad de priorizar la aplicación de los Principios Rectores para la squeda de Personas Desaparecidas. Es importante recuperar los estándares marcados por los Principios por parte de las autoridades locales e impulsar su implementación en el estado, y por otro lado, tal como se había señalado, es una enorme oportunidad para el Ejecutivo y el Congreso local para fortalecer las instituciones y crear una legislación ejemplo que trascienda a nivel nacional.

Asimismo, es de suma relevancia recuperar y apropiar los Principios Rectores por parte de familiares de personas desaparecidas, organizaciones locales y la sociedad civil en conjunto, esto a fin de fortalecer y respaldar las demandas y exigencias de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas de desaparición en el estado de Jalisco.

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COMUNICADO

En Jalisco las declaraciones y acuerdos realizados por la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana parecen pesar más que las obligaciones marcadas por las legislaciones generales.

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

En Jalisco las declaraciones y acuerdos realizados por la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana parecen pesar más que las obligaciones marcadas por las legislaciones generales que deben de ser armonizadas y aplicadas en todo el territorio del país. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas (LGD) fue un logro de varios grupos de familiares de personas desaparecidas, quienes en su búsqueda incansable de sus seres queridos han exigido que el Estado garantice el cumplimiento del derecho a la verdad y a la justicia y su mala aplicación e interpretación parecen dejar en vano los múltiples esfuerzos de las familias y generan graves retrocesos.

En el mes de marzo de este año el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez replicó el discurso planteado a nivel federal de priorizar el tema de las desapariciones en la agenda estatal, mensaje que generó expectativas, sin embargo, a la fecha el mismo no se logró materializar.

El Sistema de (Des)información Sobre Víctimas de Desaparición

Una de las iniciativas anunciadas por el Gobierno local fue transparentar las cifras de las personas desaparecidas en el estado de Jalisco, la cual se concretizó en la plataforma del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID). Sin embargo, en vez de abonar a la máxima publicidad de los datos tan delicados, parece que el gobierno continúa con la misma práctica que predominaba durante las administraciones pasadas, basada en minimizar los números de las personas desaparecidas en la entidad y tratar de demostrar que “en Jalisco no pasa nada”. La plataforma distingue entre las personas pendientes de localizar, las personas desaparecidas y las personas no localizadas. Conforme a la definición del artículo 4 de la LGD, citada en la plataforma, la ausencia de las personas no localizadas no se relaciona con la probable comisión de algún delito. De esta manera, de 7,504 personas pendientes de localizar 5,752 se clasifica como no localizadas.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 89 de la misma LGD establece criterios para presumir la comisión de un delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, y de este modo, clasificar adecuadamente las personas no localizadas como personas desaparecidas. Según la fracción cuarta de dicho artículo, la presunción del delito se establece “cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”. Esto significa que el número de las personas no localizadas sería contabilizado de manera correcta únicamente si todas las 5,752 personas clasificadas en el SISOVID como no localizadas hubieran desaparecido en las últimas setenta y dos horas; hecho que no ocurrió puesto que la plataforma incluye las desapariciones cometidas a partir del año 1977.

Además, la plataforma presenta múltiples discrepancias de las cifras y las mismas no coinciden con los números que proporciona la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) mediante las solicitudes del acceso a la información. A modo de ejemplo, conforme a las respuestas otorgadas por la FEJ en los últimos meses, del 1 de diciembre de 2018 a 31 de mayo de 2019 se lograron localizar a 991 personas, mientras el SISOVID proporciona que se encontraron a 1,595 personas. De igual modo, el Gobernador en su cuenta de Facebook menciona que la eficacia de búsqueda de personas alcanzó más del 50%, sin embargo, con base en los datos de la FEJ, los resultados de búsqueda solamente llegan al 39%. Esta tendencia de disminuir y maquillar las cifras reales de las personas desaparecidas demuestra poca seriedad y falta de responsabilidad del Ejecutivo Estatal por la situación de desaparición de personas en Jalisco.

Cabe señalar que también resulta muy alarmante el resultado de análisis del mapa de municipios de Jalisco relativo a los hombres pendientes de localizar. Su escala comienza el conteo a partir del rubro de 1 a 5 personas, lo que llevaría a la conclusión de suma gravedad que en cada uno de los municipios de Jalisco (salvo los 4 municipios de los cuales la información por razones desconocidas no está disponible) hay entre 1 a 5 hombres que siguen desaparecidos.

Finalmente, no quedan claras ni metodología ni fuentes de información sobre la magnitud de las personas desaparecidas en el estado, así como sigue faltando la información sobre las características de las víctimas y la información de cuántas personas fueron desaparecidas de manera forzada y cuántas a manos de particulares, datos que abonan al derecho a la información y a la verdad de toda la sociedad en conjunto.

Comisión de Búsqueda de… Información

Conforme a la entrevista con Margarita Sierra Díaz de Rivera, difundida durante esta semana por varios medios de comunicación locales (notisistema.com, Lider919, Informador, entre otros), la Comisión de Búsqueda de Personas “no puede llegar a una búsqueda de campo” porque las tareas de “búsqueda de investigación de campo” corresponden a la Fiscalía. La visión presentada por la funcionaria pública implica convertir la institución encargada de búsqueda de personas en una instancia virtual que estaría a cargo de la concentración de diversas bases de datos y brindaría la información a la ciudadanía sobre los contenidos de los registros correspondientes. Lo anterior, lo justificó por las razones de riesgo y mejor infraestructura de la Fiscalía, sin explicar más a fondo cuál es la base real de esta decisión y cuáles son los componentes de análisis de riesgo que se han realizado para llegar a estas conclusiones.

Esta interpretación del Decreto mediante el cual se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, publicado el 24 de abril de 2018 y la LGD resulta sumamente errónea y demuestra la falta de comprensión de estos dos actos normativos. Si bien, la Comisión de Búsqueda debe de contar con múltiples herramientas relativas al acceso a la información, su función principal no es la búsqueda de gabinete sino la búsqueda en campo, tanto enfocada en vida, como la forense. Conforme al anteriormente mencionado marco legislativo, la Comisión de Búsqueda debe de contar con el área de gestión y procesamiento de información, análisis de contexto, así como grupo(s) especializado(s) de búsqueda, unidades claves y sustantivas para realizar las búsquedas urgentes y eficaces. Sin priorizar el componente operativo de la Comisión de Búsqueda, las búsquedas en campo seguirán realizándose por las brigadas de búsqueda organizadas por familiares de personas desaparecidas debido a la falta de cumplimiento de esta obligación por parte del Estado.

Cabe señalar que la misma LGD establece que la Comisión de Búsqueda debe realizar las acciones para localizar a las personas desaparecidas a partir de un reporte o una noticia, sin tener que presentar una denuncia. Conforme a la declaración de Margarita Sierra, en caso de que solamente la Fiscalía cumpliera con las funciones de las búsquedas en campo, ¿qué pasaría con los casos donde las personas deciden no denunciar pero tienen el derecho a obtener las respuestas inmediatas por parte del Estado sobre la suerte y el paradero de sus familiares?

Las Comisiones de Búsqueda se han creado de manera extraordinaria y emergente a fin de atender la grave crisis de las desapariciones de personas en el país y abonar al derecho a la verdad, considerando las experiencias y recomendaciones a nivel internacional. Las fiscalías y procuradurías encargadas de persecución de delitos y castigo a las personas responsables a lo largo de décadas han sido corrompidas, coludidas y llenas de malas prácticas y vicios institucionales. Debido a esta apuesta por la impunidad del Estado, no se realizaban las investigaciones de manera seria y exhaustiva para no sancionar a personas responsables, y por la misma razón, tampoco se llevaban a cabo las búsquedas adecuadas de las personas desaparecidas.

A la luz de lo anterior, el correcto funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas, apegado a los principios de la LGD y criterios internacionales, resulta ser de suma relevancia en este contexto, donde las personas desaparecidas parecen ser un número que se puede reducir al componente de no localizado, sin dimensionar ni reconocer que la práctica de las desapariciones en Jalisco es generalizada y abarca todos los municipios del estado.

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COMUNICADO Informes de Derechos Humanos

Los Rostros Invisibles de la Tortura

Basado en el testimonio de: Salvador Carmargo

Redacción: Cepad

La mañana del trece de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera fue detenido de manera arbitraria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por los policías investigadores Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Luévanos, adscritos al Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de su detención, Luis fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la calle 14, ubicadas en la colonia Colón Industrial, donde fue torturado física, psicológica y sexualmente durante varias horas con la finalidad de que se declarara culpable de haber cometido un homicidio. Ese día, no solamente cambió la vida de Luis, sino también la de toda su familia, quienes hasta la actualidad sufren las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos.

Comúnmente se piensa que la tortura solamente afecta a las y los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que vivieron en carne propia los golpes, las amenazas y demás vejaciones, invisibilizando los sufrimientos que viven sus familiares, amigos y amigas cercanas, compañeros y compañeras de trabajo y escuela, así como a sus vecinos y vecinas. Sin embargo, al igual que la tortura psicológica, a pesar de que no es evidente, existe, y puede constatarse en el dolor de las y los familiares. Las y los otros que sufren y son violentados sistemáticamente, son los rostros invisibilizados de la tortura.

En este caso, este rostro lleva el nombre de don Salvador Camargo Herrera, papá de Luis, quien desde hace cinco años emprendió su lucha por justicia y verdad. A sus 76 años, don Salvador se mueve despacio pero con firmeza a donde quiera que camina. Apoyado solamente por su bastón llega hasta los lugares más lejanos, entre ellos a la Comisaría de Sentenciados donde su hijo Luis se encuentra privado de la libertad desde 2014.

Incansable en su camino a encontrar justicia para su hijo, don Salvador tocó todas las puertas imaginables, ninguna se abrió para brindarle respuestas. Sin duda, este arduo caminar ha dejado huellas en su vida. Pero no ha sido capaz de quitarle la esperanza ni su manera única de ver el mundo, siempre generosa, aguda y bromista.

Al tener que pasar por estos terribles sucesos, la vida de don Salvador y la de su familia cambió dramáticamente. Enfrentándose a un sistema de justicia fallido en un proceso plagado de irregularidades, y a una sociedad indolente que condena a Luis sin ni siquiera conocerlo, ni saber lo que le pasó.

El sufrimiento de don Salvador comenzó desde el momento que detuvieron a Luis, ya que en ningún momento le permitieron avisar a sus familiares que había sido detenido. Don Salvador cuenta:

“Ellos dicen que me avisaron que Luis fue detenido, pero yo nunca recibí ninguna llamada de Luis. Me apoyé en locatel y ellos me informaron que Luis estaba detenido en Fiscalía. Llamé a la fiscalía y me preguntaron quién era yo y por qué le llamaba. Dije que soy el papa de Luis. Les di mi nombre y número de teléfono sin esperar que ellos iban a utilizar estas informaciones para agregarlas a sus informes diciendo que han dado Luis la oportunidad de llamar a su familia. (…) Fue terrible esa cosa. Es la primera vez que detienen a un familiar mío”.

Para don Salvador, es muy difícil relatar la tortura que vivió Luis; sin embargo, cree que es importante platicarlo para que se conozca la verdad, y que la gente sepa cómo actúan las autoridades. Al respecto, don Salvador narra lo siguiente:

Le dieron como cuatro sesiones de tortura inenarrables, porque le dieron en sus partes toques con una chicharra, le dieron toques en los dos dedos gordos de los pies, le pusieron la chicharra en sus dedos y sus genitales, le dieron golpes en los oídos, cachetadas, le dañaron el tímpano. También le pusieron una manguera en la boca y le pusieron un trapeador encima, le abrieron a la llave para que se ahogara, lo ahogaron, y ya cuando vieron que ya probablemente había fallecido, le sacaron rápido la manguera e hicieron maniobras con el pie, pegándole en la espalda para sacarle el agua y empezó a reaccionar. Es duro contar eso, porque, pobrecito mi hijo (….) es muy difícil.”

El impacto de lo sucedido a Luis es imposible medir. Lo que sí se puede constatar con seguridad es que ha cambiado la vida de él y la de toda su familia. Esto se agrava aún más por el hecho de que Luis sigue privado de su libertad. Como dice don Salvador: “No solamente el interno sufre, acá afuera también. Todos sufrimos bastante.” Luis era el sostén de la familia. Ahora, don Salvador tiene que buscar cómo mantenerse y cómo apoyar a su hijo: “Es un cambio radical después de estar acostumbrado a que él nos sostenía. Y ya me acabé el dinero ahorrado.”

Al hablar de su hijo, don Salvador se reanima, cuenta con orgullo paternal: “Luis se desempeñaba como jardinero y era conocido por la calidad de su trabajo no solamente en su colonia sino por toda Guadalajara”. Un hombre formal y cumplido que apoyaba a su papá y a su familia. En las palabras de don Salvador: “era mi sostén y nunca faltaba nada”. Todo esto cambió, lo que les quedó son las visitas semanales: “Los dos disfrutamos la visita. Está bonito, en esos momentos se nos olvida todo”. Lo anterior, a pesar de la travesía que implica visitar a Luis:

“Primero, desde un día antes tengo que ir al mercado para elegir qué le voy a comprar y preparar la comida. El día siguiente me levanto a las cuatro de la mañana y preparo la comida. A las siete salgo de la casa y tomo dos camiones. Llego allá cerca de las nueve de la mañana. Siempre tengo que esperar a un camión donde pueda tomar asiento porque no puedo ir parado todo el camino. Es un sacrificio llevar las bolsas, sobre todo cuando uno está discapacitado.

A las nueve abren la puerta y permiten la entrada en la penal. Es una lucha diaria, tiene uno que hacer un sacrificio y más si alguien está enfermo como yo. Es difícil todo eso. Y luego voy cargando la comida, tan viejito que estoy. Me dice Luis que no traiga nada, pero pues tengo que llevarle algo, lo que se pueda. Sí es sufrido. Los ricos no entran, pagan y compran su libertad y nosotros que estamos pobrecitos tenemos que soportar todo eso.

A las dos y media nos tenemos que despedir. Es una disciplina muy estricta ahí. Espero que pronto esté afuera mi muchacho. Varias veces voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a visitarlo. Con gusto lo hago para ver a mi muchachote.”

La salud de don Salvador también se ha ido deteriorando, sufre de diabetes, neumonía crónica y tiene problemas cardíacos:

“Además, soy hipertenso y tengo una discapacidad motriz, ya casi no puedo caminar. Las molestias se han agravado desde la detención de Luis. La diabetes ya la tenía antes, pero se incrementa cuando anda uno estresado, con problemas. La verdad es que de ahí para acá mis fuerzas ya no me alcanzan. Antes llevaba 25 o 30 kilos de frutas, de refrescos, de muchas cosas. Pero ya no puedo, solamente llevo la comida y algún refresquito. La situación como la tienen a mi hijo me tiene muy mal.”

A pesar de sus problemas de salud, para don Salvador, la lucha contra la tortura y por la justicia se volvió la razón de seguir, de no rendirse. Está convencido que las autoridades torturan de una manera generalizada:

“Las autoridades dicen que no hay tortura. A todo el mundo lo torturan. Los mismos policías desde cuando aprenden a las personas ya están golpeando. Yo siento que es con mucha hazaña la persecución de las personas. Deben de ser capaces de hacer una investigación real y efectiva, pero no lo hacen.”

Don Salvador afirma lo anterior con mucha certeza, ya que durante los viajes semanales a la penal, se encuentra con personas que están en la misma situación. Gente que tienen seres queridos privados de su libertad y quienes han sido golpeados y torturados.

“Hay mucha gente que sabe. Muchos internos han sido torturados. Hay muchos casos así, de hecho, la mayor parte de los casos le sacan la confesión a base de tortura, no saben ni investigar los policías. Ellos solamente quieren la firma, el resto les importa poco. Pero nunca van a dejar a torturar. A mi hijo, estos investigadores lo llevaron a un tráiler con los ojos vendados y lo amenazaron. Que yo sepa, nunca van a cambiar. Van a simular más las cosas, pero van a aprender otros sistemas, otras formas de robar.”

Por ello, opina que es tiempo de organizarse:

“Quiero convertirme en un activista en pro de los derechos humanos con toda la fuerza que me queda. Yo me encargaría de encontrar las personas que fueron torturados y les paso a las instituciones que verdaderamente defienden los casos.”

Don Salvador quiere ayudar a que la gente no viva las injusticias que él ha soportado durante estos cinco años. El proceso de su hijo ha estado lleno de muchas irregularidades:

Luis nunca fue defendido por un defensor de oficio de la Fiscalía, fue dejado en un estado de indefensión. Nosotros pusimos una queja ante la Procuraduría Social, y la Procuradora Social que estaba, contestó que ahí estaba la firma del defensor y quecon eso bastaba, que él había cumplido con sus obligaciones, pero para nada, él nunca defendió a Luis”.

A pesar éstas y otras irregularidades que hubo en el proceso, la Jueza Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, sentenció a Luis como culpable del homicidio. Esto ha generado una gran impotencia en don Salvador: “Me siento terrible porque la juez siempre ha estado aferrada a que Luis es culpable”.

En este caminar, don Salvador recurrió a otras institucionales, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún lado recibió apoyo o respuestas:

“ Acudí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gastos de camiones y sufrimiento, y nada. La CEDHJ que estaba presidida por Álvarez Cibrián, me mandaron un oficio diciendo que iban a archivar la queja hasta que tuvieran mejores pruebas, porque la Juez había opinado que no había sido torturado. Entonces estaba haciendo la Juez el trabajo de la Comisión Estatal.”

Precisamente por esta falta de respuestas, don Salvador cree que la gente no acude a interponer una queja. Además, considera que existe un estigma sobre la tortura, no se habla de esta, no está en la discusión pública y tampoco hay colectivos de personas sobrevivientes y sus familiares en el estado que pudieran conjuntamente exigir cambios reales.

Increíblemente, después de tantos años de haber pasado en el laberinto de la injusticia llamado México, sigue con esperanza. Con la ilusión que otra vida es posible para Luis:

“¡Qué salga! Quizás así se me detienen mis enfermedades. Espero que todo se componga cuando salga. Todavía tenemos mucha fe en la justicia. Eso me ha ayudado a mí para luchar con más ganas, con más coraje tratar de sacarlo.”

Esperamos que esa justicia llegue este año para don Salvador, Luis y para todas aquellas personas que han sido victimas de tortura en nuestro estado. No obstante, no hay certeza que esto suceda. Muestra de ello es la deficiente implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Así como, el nombramiento en el mes de diciembre del 2018 de Gerardo Octavio Solís Gómez, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le han dirigido múltiples Recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales por casos de tortura.

Actualmente, Luis sigue privado de su libertad, aunque ahora con el acompañamiento jurídico del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien interpuso a su favor la demanda de amparo directo en contra de la resolución de apelación dictada por las magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco— Juan José Rodríguez López, Guillermo Valdez Angulo y Antonio Flores Allende— que confirma la sentencia condenatoria de la Jueza Gabriela Guadalupe de León Carrillo. El Tribunal Colegiado ya ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio penal, esto frente a las irregularidades existentes validados por la Jueza.

Sin lugar a dudas, don Salvador y Luis tienen fe en que se haga justicia y que, después de cinco largos y tortuosos años, por fin se reconozca la inocencia de Luis y salga en liberta y que como dice don Salvador, la lucha apenas comienza contra los y la responsable de todo esto, y que jamás haya una víctima más de la crueldad de quienes deberían garantizar la integridad, la vida y la justicia.

Otros enlaces de Interés:

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2018