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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos humanos

Foto: Carlos Sánchez Pimienta
Por Juan S. Larrosa Fuentes,
Asambleísta de CEPAD AC.


En días recientes nos enteramos que, por segunda ocasión, concluyeron las transmisiones del programa de noticias dirigido por Carmen Aristegui en Noticias MVS. El término de las relación laboral entre Aristegui y MVS ha sido polémica, pues la periodista ha señalado que el origen de esta ruptura es de orden político y la empresa sostiene que se trata de una desavenencia laboral entre particulares. Más allá de esta disputa, hay algo incontrovertible: la oferta periodística nacional se ha quedado sin uno de los pocos equipos de reporteros que ofrecía, cotidianamente y no sin estar exento de errores, un trabajo periodístico profesional y crítico frente al poder político.

El caso Aristegui se ha discutido intensamente y se han construido diversas interpretaciones. Uno de los debates más intensos ocurre entre aquellos que señalan que este caso puede considerarse como un atentado en contra de derechos constitucionales y entre quienes no lo consideran así. Quisiera, en este caso, argumentar que el caso Aristegui sí puede considerarse como un atentado en contra de los derechos fundamentales.

El Artículo 6 de la Constitución Mexicana señala que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Por otro lado, la Constitución señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información […]”

El caso de Carmen Aristegui sirve para ejemplificar una de las contradicciones de las sociedades democráticas contemporáneas: la construcción y desarrollo de sistemas de comunicación social que tiene la tarea de ofrecer un servicio público, pero que son administrados por empresas privadas. El periodismo es una práctica que produce información política, económica y cultural, para que los ciudadanos puedan obtener conocimientos de su entorno y evaluarlo. Este conocimiento debe servirles para entender su vida, para decidir sus formas de participación política y para tomar las decisiones que más le convengan.

El problema es que ese servicio público, el cual está garantizado por la Constitución, está sujeto a las decisiones de intereses privados, ya sea de familias dinásticas que controlan grandes empresas comunicacionales, o de corporaciones trasnacionales, que lo mismo producen y transmiten mensajes en México, que en otras partes del mundo. El Estado mexicano no está garantizando que la radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad y fomentando la pluralidad de la información, porque el interés principal ha sido defender los derechos, pero de las empresas privadas que ofertan información. Por ello, el caso Aristegui es relevante, pues opera como evidencia de un sistema de comunicación que privilegia la generación de ganancias económicas y supedita el servicio público.

Carmen Aristegui y su equipo tienen grandes oportunidades por delante. Será interesante ver cómo se defenderán legalmente, especialmente si argumentan su caso como una violación a derechos fundamentales. Por lo pronto, vale la pena señalar que el caso Aristegui es paradigmático porque si ella y su equipo salen del aire, las opciones de periodismo crítico en México se ven reducidas drásticamente. Y se ven reducidas no porque Aristegui y compañía serán periodistas superdotados, sino porque hay muy pocos espacios para periodistas críticos en el sistema de comunicación mexicano. 
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Artículo semanal Carmen Ruiz Sin categoría

El gobierno que merecemos

El gobierno que merecemos

Foto: internet

Carmen Ruíz Velasco Tapia, 
Asambleísta del CEPAD AC.


El pasado domingo, Alejandro González Iñárritu logró la hazaña de ganar el Oscar a la Mejor Película. Sin duda, es motivo de orgullo obtener el galardón en la categoría más importante, pero para quienes desde nuestro país siguieron esta ceremonia, lo importante fueron sus palabras finales.

“Ruego porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos” fue el mensaje que nos dedicó en los momentos culminantes de la noche ante una audiencia estimada en 43 millones de televidentes de todo el mundo.

En su mente, como en la de muchos de nosotros, está presente la preocupación por la situación de nuestro país y la responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno en ella.

Identifica, al igual que la mayoría de los mexicanos, que nuestros problemas se van agravando debido a un sistema de gobierno que en vez de resolverlos, cada día se convierte en causa de ellos.

La corrupción, la impunidad, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el endeudamiento irresponsable de gobiernos estatales y municipales así como el conflicto de intereses, son las noticias cotidianas al igual que las relacionadas con la inseguridad y la violencia.

Ante este escenario, es triste constatar el denodado entusiasmo y enjundia por los integrantes de las diferentes fuerzas políticas por encontrar nuevos espacios dentro del sistema político sólo para generar el poder suficiente que les permita beneficiar sus intereses personales y los del grupo que representan.

Por otro lado, la ciudadanía ha pasado de la protesta en las calles a la denuncia internacional. Las voces de inconformidad son cada vez más y de mayor relevancia dentro de la escena política mundial.

Seguramente es un gran paso pero no suficiente para traspasar el blindaje de nuestro sistema de gobierno.

Estamos frente a un nuevo proceso electoral tanto a nivel federal como estatal. El 7 de junio de este año se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a los 500 diputados que integrarán la sexagésima tercera Legislatura. 

En Jalisco, se votará por 20 Diputados por Mayoría Relativa, 19 Diputados por Representación Proporcional que integrarán el Congreso del Estado y además 125 autoridades municipales.

Las campañas iniciarán en breve y los candidatos salen a la caza de votos de la ciudadanía ya que saben que es la condición para lograr una vida lucrativa. Pelearán por ellos con gran saña y se los arrebatarán por cualquier medio lícito e ilícito. Ya lo hemos visto. 

Sin embargo, también es la oportunidad para que la ciudadanía busque incidir en esa construcción de un nuevo gobierno. Aquí, algunas ideas:

Jalisco cuenta con organizaciones académicas, sociales, empresariales, profesionales con la suficiente capacidad de convocatoria para llamar a examen a los aspirantes a los cargos de elección popular y contrastar sus ideas y capacidades.

Es tiempo de que en lugar de abrir las puertas para oír las mismas promesas de siempre, las organizaciones llamen a cada aspirante a rendir cuentas de sus intenciones en un ejercicio serio de cuestionamientos, condicionantes y compromisos.

Otro camino consiste en aprovechar la tecnología digital y las redes sociales para construir un buró de crédito político que informe a la ciudadanía de la trayectoria de cada uno de los aspirantes. 

Nuestra clase política le apuesta a la desmemoria de los ciudadanos lo que les ha permitido seguir avanzando en la escala del éxito a pesar de escándalos, corruptelas y acciones en contra de la sociedad. 

Es tiempo de poner al alcance de todos, el expediente completo de cada uno de ellos.

Por último, no resulta ocioso pedir a los aspirantes que hagan un examen obligatorio de conocimientos sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el marco legal que desde hace 98 años rige nuestro actuar cotidiano.

Aprovecho para invitar a nuestros lectores para que también dediquen 30 minutos a leer nuestra Carta Magna. Espero que, al igual que a mí, les deje un sabor mitad dulce, mitad amargo.

Amargo porque creí que estaba leyendo la Constitución de otro país muy distinto al mío.

Dulce porque arroja mucha luz y motivación para luchar por ese México posible en el que merecemos vivir.
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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Derechos de los Niños y las Niñas Derechos Sexuales y Reproductivos Discriminación Paola Lazo Corvera Sin categoría

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…


Por Paola Lazo Corvera,
Asambleísta del CEPAD AC


El pasado 22 de enero un grupo de madres y padres de familia de la Secundaria 4 Mixta, apoyados por el director de la escuela, presentaron una queja ante la Secretaría de Educación Jalisco, para expresar su desacuerdo e inconformidad por el hecho de que Andrea Carolina Márquez González impartiera clases a sus hijos, apelando a que el tener un maestro transgénero (a quien debieran referirse como maestra, ya que ella se asume como mujer de género), acudiendo a la escuela vestido de mujer, podría afectar la integridad psicológica y emocional de sus hijos e hijas.

Ante la queja, las autoridades de la Secretaría de Educación decidieron que la mejor manera de atender una situación de evidente discriminación, era a través de una Sesión de Mediación entre ambas partes: los padres y madres, y la maestra Andrea Carolina. Es de sorprender la tibieza de la propia Secretaria, así como de la CEDHJ, para poner un ejemplo contundente de defensa y protección hacia quien está viendo vulnerados sus derechos a razón de creencias, prejuicios y estereotipos que lo único que promueven es la desigualdad.

Desde un enfoque de derechos, las autoridades debieron señalar cómo es que el reclamo de los padres y madres era contrario a la propia Constitución (Art. 1º), al ser discriminatorio hacia la maestra, y contradictorio también hacia los principios promovidos en los Planes y Programas de Educación Básica, que respaldan la inclusión, la aceptación y la no discriminación, así como del Art. 15 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Una vez hecho el señalamiento y habiendo frenado una posible cruzada en contra de la maestra, las autoridades podrían entonces impartir talleres de sensibilización y educación en derechos humanos a las familias y alumnos con el fin de promover una cultura de la Diversidad, desde el respeto a las diferencias y la educación para la paz (tal y como lo establecen los lineamientos de DH tanto de la SEJ como de la CEDHJ, así como la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por nuestro país, y promovida por la propia SEJ).

La discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y el pleno ejercicio de la ciudadanía (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).
Los argumentos de los padres de familia no sólo son antipedagógicos, sino también producto de una violencia estructural que perpetúa las relaciones desiguales, contraria a una cultura de paz y poco favorecedora de un desarrollo integral abierto, plural y libre en los muchachos y muchachas. Justifican desde sus miedos y prejuicios una supuesta violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay investigaciones que demuestran que el aprender de maestras y maestros diversos enriquece las posibilidades de socialización, aceptación y valoración de las diferencias. Estas jóvenes y muchachos resultarán beneficiados del contacto con una maestra distinta a las demás, crecerán aprendiendo que las personas pueden decidir ser cómo quieren ser, y que eso no agrede ni violenta a los demás, y que es en principio una muestra de congruencia y autenticidad. En esta etapa en que las y los jóvenes cuestionan los patrones sociales establecidos por el orden social como parte de su independencia y desarrollo de su pensamiento crítico, conocer adultos que han explorado otras formas de ser y de identificarse desde su género, les abre un panorama más amplio, acorde a sus propias inquietudes, que propicia la erradicación de la ignorancia, los estereotipos, los prejuicios y una moral basada en los usos y costumbres, que no corresponde al progreso científico y a las necesidades actuales de nuestro mundo.

Desde una visión de educación para la paz, conflictos como éste nos permiten buscar formas creativas, solidarias y respetuosas de enfrentar las diferencias; ésta será sin duda una oportunidad de reflexión y aprendizaje no sólo para la comunidad escolar de la Secundaria 4 Mixta, sino para la sociedad jalisciense en general. Esperemos que las autoridades educativas y la misma CEDHJ resuelvan desde un enfoque de derechos, que nos permita a todos re-educarnos y hacer de la inclusión una práctica cotidiana en nuestras vidas. Para lograr la paz que tanto exigimos, es necesario actuar desde la no violencia, construir espacios cotidianos de respeto, de inclusión y de aceptación, en donde todos y todas quepamos, y construir a través del diálogo, con apego a derecho, relaciones de armonía y solidaridad.

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Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría Transparencia

Precampañas

Precampañas

Fotos: Internet




Por Jorge Narro Monroy,

Asambleísta del CEPAD AC

El 5 de agosto de 1999 Vicente Fox solicitó licencia al Congreso de Guanajuato para abandonar el cargo de Gobernador para el que había sido electo cuatro años antes. Desde ese momento –en realidad desde 1997, año en que dio a conocer su intención de contender por la Presidencia- hasta junio de 2000, no hizo otra cosa que lo que hoy la legislación electoral llama “actos anticipados de campaña”. Se les adelantó a todos y por ello –y por otras razones- les comió el mandado.

Muy probablemente Fox dio el banderazo de salida a las campañas precoces: a partir –sobre todo- de él, se volvió costumbre el madruguete: comenzar cada vez más temprano la búsqueda pública de la candidatura y del cargo. La inexistencia de reglas lo permitía y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas, la ruptura del principio de equidad en los procesos internos de los partidos y la opacidad respecto del origen y destino de los recursos empleados.

Pero los legisladores decidieron acabar con eso: en 2007 el Congreso reformó la Constitución y el Código Electoral (Cofipe) y estableció normas para meter en cintura a los políticos acelerados: ¡Se acabaron las precampañas por la libre! ¡Arriba la transparencia y la equidad!

En Jalisco las precampañas orientadas a la renovación del Congreso local y de los Ayuntamientos, se desarrollan durante un período que inició el pasado 28 de diciembre y terminará el próximo 5 de febrero.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en su Artículo 230, define como actos de precampaña electoral: “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, el Artículo 229, fracción 3, señala que “Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político”.

La contradicción la resuelve una norma jerárquicamente superior: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su Artículo 227, fracción 2, dice que en los actos de precampaña “los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato (…)”.

¿Qué queda claro en todo esto?

Que las precampañas son procesos que suponen la existencia de varios aspirantes a una misma candidatura. Procesos de selección –entre varios sujetos- del que sólo resultará un ganador: el candidato. ¿Por qué entonces hace precampaña Ricardo Villanueva, si es el único aspirante del PRI a la candidatura de Presidente Municipal en Guadalajara? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC) dijo que no podía y le ordenó quitar diez espectaculares y borrar la propaganda en siete bardas (¿Y lo demás?). Pero después el Tribunal Electoral del Estado revirtió la decisión y repuso la propaganda.

Al IEPC -y al INE- también les corrigió la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ordenó restituir un spot de Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara, que habían “bajado” los dos órganos electorales argumentando que no era claro que se dirigía a los militantes de su partido. ¿Por fin? ¿A qué artículo del Código electoral del estado le creemos? ¿Y a que normatividad: al Código local o a la Ley General? Y si la propaganda se dirige sólo a la militancia, ¿los demás cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y pretendemos no haberla visto ni escuchado? ¡Qué absurdo!

Según se ve, la realidad poco ha cambiado en este tema de Fox para acá. Aunque ahora hay reglas, nadie las respeta, empezando por los tribunales electorales, el local y el federal.

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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014

Foto: Carlos Sánchez Pimienta


Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.
El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.

El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.
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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Gobierno y DH Sin categoría

De San Fernando a La Barca e Iguala


Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

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Artículo semanal Derechos de los Niños y las Niñas Paola Lazo Corvera Sin categoría

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014

El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas


Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
28 de agosto de 2014

Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizara y cumpliera con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud ésta era: ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema, ¡queremos acciones concretas!

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixaricas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores, sin embargo decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron siguieron el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras. Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo la sedatu no atendió el conflicto de fondo el asunto y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

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Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

Sobre justicia penal y derechos humanos en Jalisco

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
6 de agosto de 2014

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero si identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para que todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere si, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Sin categoría

Fuerza Única Regional y los derechos humanos

Por Francisco Macías 

La policía es uno de los elementos más que componen el ejercicio de un buen gobierno, ya que de su desempeño dependen factores como el cumplimiento de la ley, así como la protección de personas y bienes preciados. 

Su función tiene directa relación con la democracia: ” Todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder a ella”, “Todos los funcionarios de policía son parte de la comunidad y tienen la obligación de servirla” (Ver Manual OACNUDH). 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, hace referencia que los elementos deberán respetar y proteger la dignidad humana, además de mantener y defender los derechos humanos de las personas, aspectos que se encuentra reforzado por la Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos de 2011, la cual coloca a las corporaciones como garantes de nuestras libertades. 

Propiamente en Jalisco a pesar de que se cuenta con leyes recientes como la del Sistema Estatal de Seguridad y la que regula el trabajo de la Fiscalía General del Estado, con claras definiciones hacia el cumplimiento de su función, se siguen apreciando varios problemas: por ejemplo que en promedio los elementos perciben bajos salarios para el riesgo de su función (nueve mil pesos mensuales), que sólo 11 % de ellos se encuentran debidamente capacitados, que el 61.6 % de la población manifestó confiar poco o nada en los policías, al mismo tiempo de que el 80 % consideró que son corruptos de acuerdo a la encuesta del observatorio  “Jalisco como vamos” y diversas informaciones periodísticas. 

Hay que agregar que mensualmente se reciben más de mil inconformidades en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por actos que van desde la intimidación,  lesiones, allanamientos, amenazas, entre otras. 

En este escenario, es que el Gobierno de Jalisco conformó en días recientes la llamada Fuerza Única que busca instalar un nuevo modelo de policía centralizado en un solo mando estatal con presencia en regiones con 1 500 elementos provenientes de corporaciones municipales, que atenderá la grave debilidad de la inseguridad en diversas zonas de Jalisco. 

Algunas de sus principales debilidades son la carencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar y exigir la rendición de cuentas de su trabajo desde las mismas comunidades a las que responderán, nace con la carencia de un marco legal específico que lo regule, funciona más bien por acuerdo el cual ha sido visto como una imposición e intromisión a la autonomía municipal, ya que serán éstos quienes carezcan de los resultados de una policía que ellos conformaron. 

Existen dudas razonables sobre el nivel que tendrán en cuanto a la garantía y respeto de los derechos humanos, debido principalmente a la reiteración de incidentes, aspecto que puede verse agravado en zonas donde acceder a la justicia es más probletico que en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El reto es crear una corporación que responda a las exigencias de la entidad y al respeto a las libertades, pero que sea un ejemplo de lo hasta ahora visto. Caso contrario estaremos ante una pobre versión 2.0 de la policía estatal de antaño