• 6,249 personas fallecidas sin identificar se registraban hasta el 31 de diciembre de 2020, acumulación con un crecimiento sostenido y de las cuales 40% ingresaron al Servicio Médico Forense en la actual administración, entre 2019 y 2020

• A pesar de haber registrado 1,560 cuerpos incinerados entre 2006-2015 y el escándalo público que significó el hallazgo de tráileres con cámaras refrigerantes, la crisis se ha mantenido en la impunidad con procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones penales en proceso sin esclarecer los hechos y fincar responsabilidad

Con el objetivo de abordar la crisis forense en Jalisco desde una perspectiva de derechos humanos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) presentó esta mañana el informe titulado ¿Quiénes son? La Crisis de Identificación de Personas en Jalisco.

En el mismo se detalla de manera concisa los hechos que han llevado a generar y dimensionar la crisis forense, como la incineración de 1,560 personas fallecidas sin identificar entre 2006 y 2015, sin que se les realizaran las pruebas forenses para su posterior identificación, el incremento en los homicidios, la localización de fosas clandestinas y la localización masiva de personas sin vida, hechos que también se suman para entender el hallazgo de tráileres con cámaras refrigerantes que almacenaban cientos de cuerpos con un trato indigno.

A través de la sistematización de información, generación de bases de datos y el monitoreo mensual por transparencia, el CEPAD pudo establecer que hasta el 31 de diciembre de 2020 había un total de 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar, registradas por las ocho delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde 2006 y hasta la fecha referida.

Uno de los aspectos relevantes para abordar la problemática fue identificar cómo la crisis no ha sido atendida de manera adecuada, ya que persisten las fallas estructurales. Una de las fallas ha sido la falta de coordinación entre el Ministerio Público y los servicios forenses, pues estos últimos dependen del mando y conducción de la investigación ministerial.

Frente a esta situación se analizaron los recursos económicos, humanos y de capacidad instalada, detectandose que no han sido cambiados de manera sustancial. Un ejemplo de ello ha sido la ausencia de peritos especializados en disciplinas clave para la identificación, centrando el incremento de personal en los últimos años en especialidades como criminalística, medicina y genética.

Esto es relevante en un contexto donde sólo 3 de cada 10 peritos en el IJCF trabajan en las áreas dedicadas a la identificación, situación que se complica en las regiones del interior del estado, donde solo se cuenta con criminalistas y médicos.

Con este documento se apuesta a la construcción de memoria sobre el contexto que ha llevado a la crisis, destacar aspectos clave que dificultan la identificación de personas y que esto contribuya a la generación de los procesos necesarios que lleven a acciones y políticas públicas para que se garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las miles de víctimas de violencia y desaparición en el estado.

Por esa razón el informe también cuenta con testimonios directos de familiares de personas desaparecidas, quienes ahondaron en las dificultades de buscar en el SEMEFO, cómo este tipo de búsqueda genera dolor y angustia, en un ambiente donde la atención ha sido poco empática, insensible, fría y distante. Por ello han tenido que generar estrategias independientes para aminorar los impactos en nuevas familias y acercando la información a través de redes de apoyo.

Para contribuir en la generación de esos procesos a fin de comenzar a atender la crisis forense, el informe contiene más de 60 recomendaciones generales y específicas a las autoridades estatales para que atiendan temas clave de la crisis, como cuestiones internas del IJCF, registros y bases de datos forenses, derechos de víctimas, mecanismos de participación y rendición de cuentas, investigación, entrega y notificación, procesos de inhumación, exhumación, incineraciones, coordinación y mejora de las prácticas institucionales, capacitación, donaciones, entre otras.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Consulta el informe aquí:

INFORME: ¿QUIÉNES SON? LA CRISIS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN JALISCO

Para más información o gestión de entrevistas contactar:

📱: 3328302841📧 comunicacion@cepad.org.mx

Con el objetivo de contribuir a las exigencias de justicia, verdad, memoria y facilitar la documentación sobre la práctica de tortura y desaparición de personas, el CEPAD presenta hoy la plataforma INFODH (www.cepad.org.mx/infodh)

El contexto actual de violaciones a derechos humanos e impunidad que se vive en Jalisco, donde hay más de 11,800 personas desaparecidas y solo 5 sentencia en la materia y donde la tortura es practicada de manera generalizada por las y los funcionarios responsables de la seguridad pública en plena impunidad, aunado a la falta de reconocimiento de la problemática, es dificil que las y los ciudadanos accedan a la información gubernamental sobre graves violaciones a derechos humanos.   

Por ello, el CEPAD hace disponible la plataforma INFODH, la cual permite a cualquier persona interesada conocer y explorar datos sobre graves violaciones a derechos humanos,  formarse un juicio informado en esta materia, promover la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades y, de esta manera, coadyuvar al acceso a la justicia, la verdad y la generación de una memoria colectiva.

La información sobre tortura y desaparición de personas que presenta INFODH, fue obtenida mediante solicitudes de acceso a la información a diversas dependencias gubernamentales de Jalisco y otras fuentes de información.  En este espacio virtual encontrarás la cantidad de quejas, denuncias y carpetas de investigación abiertas por el delito de tortura en el periodo de 2006 a julio de 2020, así como datos demográficos sobre las víctimas de tortura de acuerdo a la quejas que registra la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por esta grave violación a los derechos humanos. 

La práctica de la tortura está asociada a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración y administación de justicia, es por eso que en la plataforma INFODH te presentamos un gráfico con las corporaciones que acumulan la mayor cantidad de quejas, denuncias y carpetas de investigación al igual que los principales métodos de tortura empleados en Jalisco. Además, ponemos a disposición un espacio para que las víctimas y sobrevivientes de tortura narren de manera anónima su experiencia y los informes que desde el CEPAD hemos publicado al respecto.

En la sección de desaparición presentamos mapas interactivos donde gráficamente mostramos las personas reportadas, las que siguen desaparecidas y las localizadas por municipios desde 2006 a 2020, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas(RNPDNO).

En INFODH presentamos también un monitoreo comparativo de estadísticas sobre desaparición de personas en Jalisco, datos sobre la cantidad de reportes y medio de registro de los mismos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y un listado de  los compromisos cumplidos e incumplidos anunciados por el Gobierno de Enrique Alfaro en la estrategia de integral de atención a víctimas de desaparición.

Los datos presentados en INFODH será actualizados de manera bimestral, sin embargo, su actualización depende en gran medida de las respuestas vía transparencia proporcionada por los órganos gubernamentales. 

Al exponer al escrutinio público y legal la información sobre actos indebidos, los ciudadanos tendrán más elementos para tomar decisiones que generarán transformaciones en la sociedad, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y el acceso a los derechos fundamentales. 

Visita, conoce y comparte:   www.cepad.org.mx/infodh

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Ciudad de México a 30 de enero de 2019

• Las cajas de refrigeración con cuerpos de personas fallecidas no identificadas constituyen una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades de Jalisco.
• De 2006 a 2018, en Jalisco se incineraron 1581 cuerpos no identificados, privando a familiares de personas desaparecidas de la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia.

El hallazgo de los cuerpos no identificados en las cajas de refrigeración el 15 de septiembre de 2018 en el estado de Jalisco, visibilizó la profunda crisis forense, así como la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales. Sin embargo, la crisis forense no comenzó apenas el año pasado y el tema de los trailers constituye tan solo una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades estatales.

Durante décadas, se cometieron múltiples y graves violaciones de derechos humanos de las personas fallecidas no identificadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Desde 2006 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado 1581 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, con la autorización y responsabilidad de las autoridades estatales como son la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno, el Gobernador del Estado de Jalisco, con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior se suman los intentos de entrega de los cuerpos incinerados a familiares de personas desaparecidas, sin pruebas genéticas algunas que pudieran confirmar su identidad, jugando con el dolor y simulando el cumplimiento del derecho a la justicia y a la verdad. Conforme al IJCF, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se han entregado 140 cenizas a sus familiares. Incluso, aún durante el año 2018 se entregaron 7 cuerpos incinerados a los familiares de las personas fallecidas.

Como consecuencia se afectaron de manera irreversible los derechos a la verdad, justicia y seguridad jurídica. Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo de su ser querido y despedirlo conforme a sus creencias y tradiciones. A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada.

Ante esta grave situación, solicitamos al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, la intervención internacional en el caso, a efecto que se detone el proceso de justicia y verdad, mediante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de su mandato, tales como el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Tortura.

Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes Sin Justicia