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CEPAD presenta INFODH, plataforma sobre graves violaciones a derechos humanos en Jalisco

Con el objetivo de contribuir a las exigencias de justicia, verdad, memoria y facilitar la documentación sobre la práctica de tortura y desaparición de personas, el CEPAD presenta hoy la plataforma INFODH (www.cepad.org.mx/infodh)

El contexto actual de violaciones a derechos humanos e impunidad que se vive en Jalisco, donde hay más de 11,800 personas desaparecidas y solo 5 sentencia en la materia y donde la tortura es practicada de manera generalizada por las y los funcionarios responsables de la seguridad pública en plena impunidad, aunado a la falta de reconocimiento de la problemática, es dificil que las y los ciudadanos accedan a la información gubernamental sobre graves violaciones a derechos humanos.   

Por ello, el CEPAD hace disponible la plataforma INFODH, la cual permite a cualquier persona interesada conocer y explorar datos sobre graves violaciones a derechos humanos,  formarse un juicio informado en esta materia, promover la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades y, de esta manera, coadyuvar al acceso a la justicia, la verdad y la generación de una memoria colectiva.

La información sobre tortura y desaparición de personas que presenta INFODH, fue obtenida mediante solicitudes de acceso a la información a diversas dependencias gubernamentales de Jalisco y otras fuentes de información.  En este espacio virtual encontrarás la cantidad de quejas, denuncias y carpetas de investigación abiertas por el delito de tortura en el periodo de 2006 a julio de 2020, así como datos demográficos sobre las víctimas de tortura de acuerdo a la quejas que registra la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por esta grave violación a los derechos humanos. 

La práctica de la tortura está asociada a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración y administación de justicia, es por eso que en la plataforma INFODH te presentamos un gráfico con las corporaciones que acumulan la mayor cantidad de quejas, denuncias y carpetas de investigación al igual que los principales métodos de tortura empleados en Jalisco. Además, ponemos a disposición un espacio para que las víctimas y sobrevivientes de tortura narren de manera anónima su experiencia y los informes que desde el CEPAD hemos publicado al respecto.

En la sección de desaparición presentamos mapas interactivos donde gráficamente mostramos las personas reportadas, las que siguen desaparecidas y las localizadas por municipios desde 2006 a 2020, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas(RNPDNO).

En INFODH presentamos también un monitoreo comparativo de estadísticas sobre desaparición de personas en Jalisco, datos sobre la cantidad de reportes y medio de registro de los mismos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y un listado de  los compromisos cumplidos e incumplidos anunciados por el Gobierno de Enrique Alfaro en la estrategia de integral de atención a víctimas de desaparición.

Los datos presentados en INFODH será actualizados de manera bimestral, sin embargo, su actualización depende en gran medida de las respuestas vía transparencia proporcionada por los órganos gubernamentales. 

Al exponer al escrutinio público y legal la información sobre actos indebidos, los ciudadanos tendrán más elementos para tomar decisiones que generarán transformaciones en la sociedad, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y el acceso a los derechos fundamentales. 

Visita, conoce y comparte:   www.cepad.org.mx/infodh

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

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ONU pide al Estado Mexicano buscar a los Hermanos Camarena

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés)  de las Naciones Unidas (ONU) emitió el día 6 de enero acciones para que de manera urgente el Estado Mexicano  busque a José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena, quienes desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 rumbo a Ocotlán, Jalisco, luego de ser detenidos por policías municipales para una supuesta revisión de rutina.

La familia de los cuatro hermanos Camarena, luego de más de un año de acudir ante autoridades federales, estatales y municipales, e incluso de enviar un telegrama al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para pedir su apoyo para encontrarlos, no han obtenido respuestas que contribuyan a dar con su paradero. Al contrario, sus derechos han sido violentados ya que el Ministerio Público ha cometido malas  prácticas, tales como negarse a entregar las copias de la carpeta de investigación y el no ejecutar acciones inmediatas para su localización o que resulten en una investigación eficiente.  

Pese a las deficiencias en la búsqueda e investigación, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) en febrero de 2020 solicitó que se girara una orden de aprehensión en contra de los policías municipales vinculados con la detención arbitraria de los hermanos Camarena, la cual fue rechazada por el Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán, Jalisco, situación que obstaculiza el acceso a la justicia. A la fecha no se ha abierto el proceso de apelación correspondiente, ni se tiene la certeza de que se haya realizado una nueva solicitud de orden de aprehensión por parte de la FEPD, o acción de tipo alguno que dé seguimiento a este asunto. 

Es por esto que desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), a solicitud de las y los familiares de los Hermanos Camarena, pedimos al CED de la ONU una Acción Urgente con la finalidad de que este organismo internacional intervenga en su búsqueda y localización. En su respuesta exhorta a que el Estado Mexicano realice: 

  • Establezca de manera inmediata una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de los desaparecidos y para la investigación exhaustiva e imparcial, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en que ocurrieron los hechos. 
  • Que se aseguren dos aspectos sobre dicha estrategia integral: el primero, que ésta sea evaluada periódicamente y cumpla con los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso de búsqueda, así como también asegurando la competencia e independencia de los profesionales intervinientes; el segundo, que se determine las acciones a realizar de manera integrada, eficiente y coordinada, y que su implementación cuente con los medios y procedimientos necesarios y adecuados para localizar a los desaparecidos e investigar su desaparición.
  • Informe sobre las investigaciones realizadas por las Fiscalías a nivel federal y local, la actuación de las comisiones de derechos humanos así como la de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco e informe cómo todas se inscriben en el plan integral de búsqueda
  • Informe por qué le tomó más de un mes a la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas para realizar acciones de investigación en el lugar de los hechos.
  • Adopte todas las medidas necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda de los desaparecidos,
  • Informe sobre los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustenta el rechazo del Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán para dar curso a la orden de captura de los elementos policiales solicitada por la Fiscalía del estado y además, informe el curso de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
  • Permita la plena participación de los familiares de los desaparecidos en los procesos de búsqueda e investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, y se tomen las medidas necesarias para implementar mecanismos de información periódica sobre el estado que guardan. 
  • Adopte todas las medidas cautelares y de protección, que sean necesarias para preservar su vida e integridad personal y permitirles desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.
  • Adopte todas las medidas necesarias para asegurar que los familiares de los desaparecidos, en particular sus hijas e hijos, tengan acceso al apoyo de alimentación, vivienda, salud y educación que requieren para llevar una vida digna. 

El mecanismo de Acción Urgente, establecido en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un mecanismo humanitario donde se insta a los Estados (en este caso México) a que realicen acciones inmediatas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. En diciembre de 2020 el CED manifestó que había llegado a la solicitud de acciones urgentes número mil, siendo México el segundo país con más casos registrados (42%) ante este organismo. 

Hacemos público que el CED dio hasta el 6 de febrero de 2021 para que el Estado Mexicano implemente e informe sobre las medidas adoptadas en el caso.

Exigimos al Gobierno Mexicano el debido cumplimiento de la Acción Urgente para la búsqueda y localización de José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena.

Cabe señalar que en Jalisco se conocen casos emblemáticos de emisión de acciones urgentes como la de los tres estudiantes del CAAV, o más recientemente Kenia Duarte Pérez y Karla García Duarte, dos mujeres trans desaparecidas en el municipio de Zapopan, al que se suma ahora el caso de los hermanos Camarena.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)

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El Tribunal tiene la obligación de reconocer y garantizar el derecho que tienen las comunidades indígenas de regirse bajo sus propios sistemas normativos.

Guadalajara, Jalisco a 13 de marzo de 2019.

BOLETÍN DE PRENSA

 

  • El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco debe dictar una sentencia que impida continuar violando los derechos de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción.

  • El Tribunal tiene la obligación de reconocer y garantizar el derecho que tienen las comunidades indígenas de regirse bajo sus propios sistemas normativos.

Los antecedentes de lucha por la justicia y la libertad de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción se remontan al periodo de la colonización española. En los últimos 20 años han tenido que continuar con esta lucha por su tierra. Ahora, defendiéndola del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien, en el año 1999, sin la aprobación ni consentimiento de la Asamblea de Bienes Comunales Coca de Mezcala, se posesionó de una superficie aproximada de 10 hectáreas de uso común, localizadas en el cerro denominado “El Pandillo”, en alianza con Crescenciano Santana Sánchez, quien es originario de la Comunidad. Sin embargo, esta calidad no les concede el derecho a ocupar tierras que la Comunidad ha establecido son de uso común. Así lo determinó también, en febrero de este año, el Tribunal Superior Agrario, quien resolvió para efecto de que el invasor, Guillermo Moreno Ibarra, le restituyera dichas tierras a la Comunidad.

En febrero de 2011 integrantes de la Comunidad se dieron cuenta de que en sus tierras de uso común ocupadas ilegalmente por Guillermo Moreno Ibarra, se había colocado una torre de fierro. Por consiguiente, en marzo de ese mismo año, la Asamblea de Comuneros y Comuneras de Mezcala ordenó desmontar la torre de fierro que el invasor instaló y dejarla a su disposición en la entrada de la Casa Comunal. Por estos hechos, Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez presentaron una denuncia en contra de seis miembros de la Comunidad. El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto Partido Judicial con Sede en Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia definitiva en el proceso penal 318/2011-C, decretando la responsabilidad penal de nueve miembros de la Comunidad por el delito de daño en las cosas, condenándolos a una pena restrictiva de la libertad y al pago de la reparación del daño.

En consecuencia, la y los integrantes de la Comunidad, continuando su lucha por la justicia, impugnaron la anterior sentencia, logrando en diversas ocasiones que los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, reconocieran su inocencia. Estas resoluciones fueron impugnadas por el invasor, por lo que el 25 de junio de 2018, sorpresivamente, la Sexta Sala resolvió en contra de los integrantes de la Comunidad, confirmando la sentencia condenatoria dictada en mayo de 2015 y, por ende, condenándolos a prisión. Inconformes con la evidente parcialidad con la que se resolvió, la y los comuneros presentaron un Amparo Directo, del cual conoce actualmente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Jalisco, quien próximamente resolverá el asunto.

Ahora, la y los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado tienen la gran oportunidad de resolver este caso desde una perspectiva diferenciada y por primera vez, reconocerles como integrantes de una comunidad indígena. Por esta misma razón, deberán garantizar su derecho para regirse bajo su propio sistema de justicia, reconocido en la Constitución y Tratados Internacionales. Además, no deberán dejar de tomar en consideración que se les está juzgando injustamente y criminalizando por haber defendido sus tierras, al ejercer su derecho a la propiedad y su derecho a resolver los conflictos que se susciten dentro de su Comunidad. Es de suma relevancia que el sistema judicial remedie sus errores y reconozca a la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, acepte la pluriculturalidad en nuestro país como una realidad, pues es una de las tantas comunidades indígenas que son la base que sustentan los orígenes de México.

Finalmente, consideramos que, al ser un asunto de especial relevancia para el reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades indígenas, acudiremos a la SCJN a solicitarle que ejerza la facultad de atracción por las consideraciones jurídicas, sociales, culturales, antropológicas e históricas anunciadas por la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción durante todo este penoso, discriminatorio y criminalizante proceso.

Atentamente

Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, municipio Poncitlán, Jalisco.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad)

Para más información,

escríbenos a comunicacion@cepad.org.mx
Oficina del Cepad
Teléfono: 01 (33) 3613 4066

Manuel Jacobo
Miembro de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Celular: (045) 33 2076 7676

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Boletín de prensa Sala de prensa

Exigencia de una sentencia protectora y garante de los derechos del pueblo Coca de Mezcala

Rueda de Prensa

Guadalajara, Jalisco a 12 de marzo de 2019

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), convocamos a los medios de comunicación a la Rueda de Prensa con motivo de los alcances de la sentencia que próximamente dictarán los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Jalisco, en la que revocarán o confirmarán la injusta resolución de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, del 25 de junio de 2018, que condena a once comuneros de Mezcala a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño a las cosas, en un proceso plagado de violaciones procesales.

Fecha: Miércoles 13 de Marzo de 2019
Hora: 10:00 am.
Lugar: Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
Domicilio: Av. Chapultepec Sur #376, esquina Guadalupe Zuno, colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco. México. (google maps)

Los Magistrados de la Sexta Sala confirmaron la cuestionada sentencia de fecha 27 de mayo de 2015, pronunciada por el juez Oscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, donde se destacan las violaciones a los derechos humanos procesales de integrantes de la comunidad indígena de Mezcala.

Por lo anterior, la comunidad indígena de Mezcala, a través de sus representantes, convocan a la Rueda de Prensa donde expresarán su posicionamiento frente al próximo fallo, y las acciones respecto a la situación de su territorio que ha sido invadido desde 1999.

 

Para más información,
escríbenos a comunicacion@cepad.org.mx
Oficina del Cepad
Teléfono: 01 (33) 3613 4066

Manuel Jacobo
Miembro de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Celular: (045) 33 2076 7676

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Boletín de prensa

INCINERACIONES DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS EN JALISCO, Crímenes Sin Justicia

Ciudad de México a 30 de enero de 2019

  • Las cajas de refrigeración con cuerpos de personas fallecidas no identificadas constituyen una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades de Jalisco.
  • De 2006 a 2018, en Jalisco se incineraron 1581 cuerpos no identificados, privando a familiares de personas desaparecidas de la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia.

El hallazgo de los cuerpos no identificados en las cajas de refrigeración el 15 de septiembre de 2018 en el estado de Jalisco, visibilizó la profunda crisis forense, así como la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales. Sin embargo, la crisis forense no comenzó apenas el año pasado y el tema de los trailers constituye tan solo una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades estatales.

Durante décadas, se cometieron múltiples y graves violaciones de derechos humanos de las personas fallecidas no identificadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Desde 2006 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado 1581 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, con la autorización y responsabilidad de las autoridades estatales como son la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno, el Gobernador del Estado de Jalisco, con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior se suman los intentos de entrega de los cuerpos incinerados a familiares de personas desaparecidas, sin pruebas genéticas algunas que pudieran confirmar su identidad, jugando con el dolor y simulando el cumplimiento del derecho a la justicia y a la verdad. Conforme al IJCF, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se han entregado 140 cenizas a sus familiares. Incluso, aún durante el año 2018 se entregaron 7 cuerpos incinerados a los familiares de las personas fallecidas.

Como consecuencia se afectaron de manera irreversible los derechos a la verdad, justicia y seguridad jurídica. Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo de su ser querido y despedirlo conforme a sus creencias y tradiciones. A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada.

Ante esta grave situación, solicitamos al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, la intervención internacional en el caso, a efecto que se detone el proceso de justicia y verdad, mediante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de su mandato, tales como el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Tortura.

Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes Sin Justicia

 

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Boletín de prensa Comunicado

Exigimos a autoridades medidas de asistencia y apoyo a familiares de personas desaparecidas

Exigimos a las autoridades que brinden las medidas de asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 

Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2018

 

El descubrimiento de los 322 cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en cajas frigoríficas de camiones, así como la información brindada por las autoridades de que sólo el 13% del total de los cuerpos que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuentan con el registro de identificación forense completo, evidencian la falta de claridad sobre la magnitud de la violencia y desaparición de personas en Jalisco,y de las graves omisiones y negligencias del Gobierno del Estado. Esta situación ha generado indignación en familiares de personas desaparecidas de distintas regiones del país, así como en la sociedad en general.

 

La incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia, ha provocado que familiares de personas desaparecidas se vean obligadas a acudir directamente a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la finalidad de exigir el acceso a la información forense de los cuerpos y que, a la brevedad, se realicen los procesos de identificación de todas las personas no identificadas que se encuentran bajo el resguardo de dicha institución, de acuerdo con los protocolos correspondientes.

 

Frente a esta situación, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Por Amor a Ellxs, así como las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), exigimos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que garanticen a familiares de personas desaparecidas los derechos contenidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

 

En este sentido, exigimos a las autoridades responsables que brinden las siguientes medidas de atención, asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de Jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las cuales deberán ser consultadas previamente con las familias:

 

  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos garantice la protección de los derechos de las personas, respondiendo a la gravedad del contexto de inseguridad del estado y las necesidades de las víctimas de violencia.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, brinden atención médica, jurídica y psicológica de acuerdo a las necesidades de las y los familiares de las personas desaparecidas.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, brinde las medidas de alojamiento y alimentación.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cubra los gastos generados por los traslados realizados por las y los familiares de las regiones del estado de Jalisco.
  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinde las medidas de asesoría jurídica a las y los familiares que lo requieran.
  • Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco garantice la seguridad y la integridad de familiares de personas desaparecidas que acudirán a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la finalidad de participar en los procesos de identificación.

 

Finalmente, exigimos nuevamente al Secretario General de Gobierno que convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a todos los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso, así como a la atención  brindada a familiares de las personas desaparecidas.

 

Por Amor a Ellxs

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad,

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.

 

 

ENLACES DE INTERÉS

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

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Boletín de prensa Pronunciamiento

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2018

Exigimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para que investiguen las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, respectivamente, en el caso de los 300 cuerpos depositados en los tráilers.

  • Que el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, solicite a la Procuraduría General de la República ejercer la facultad de atracción para que de manera imparcial se investiguen los hechos.
  • Que se destituya al Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez para que no interfiera en las investigaciones.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), manifestamos nuestro más profundo rechazo por el trato dado a los 157 cuerpos de personas no identificadas por parte de funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, actuando de manera inhumana y sin pleno respeto de la dignidad, tratando a las víctimas como objetos de violencia y no sujetos autónomos de derechos.

La anterior situación evidencia la saturación y el rezago en el tema de personas desaparecidas y no identificadas, siendo éste un reclamo durante los últimos años por quienes suscribimos este comunicado, sin que a la fecha se haya materializado en dotar a dichas instituciones involucradas de los recursos humanos y financieros suficientes y necesarios, lo cual demuestra que la magnitud de la violencia, sumado a la problemática de las desapariciones, no es una prioridad para el Gobierno de Jalisco, pero lo que sí sobresale es su incapacidad operativa, debilidad institucional y ausencia de coordinación y comunicación.

Queremos insistir en que la violencia e inseguridad generadas en nuestra entidad en los últimos doce años, es el resultado de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos estatales y municipales, dejando a la sociedad en general a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la de la conciencia de quien la comete.

Igualmente queremos expresar que los hechos que han indignado a nuestra comunidad, al país y a el resto del mundo donde ha llegado la noticia, representa un ejemplo del trato que las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco han dado durante todos estos años a los y las familiares de personas desaparecidas, y su nulo compromiso con las acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

Debido a la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que ejerzan sus facultades de atracción y conozcan e investiguen los hechos de los cuerpos depositados en un tráiler, lo anterior por tratarse de acontecimientos de interés y trascendencia pública, y que lastíma la dignidad de una sociedad que se niega a normalizar la violencia, vivir con indiferencia y miedo. En este caso, la situación del abandono de los cadáveres y las condiciones de su resguardo son claramente violatorios a los derechos y principios establecidos en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley General de Salud.

Exigimos que se investiguen de manera exhaustiva y expedita los hechos y se sancione a las personas responsables que conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en la impunidad.

Finalmente, solicitamos que el Secretario General del Gobierno convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Cepad

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

 

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Boletín de prensa

Se convoca a Rueda de Prensa donde se fijará el Posicionamiento de la Comunidad de Mezcala

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre de 2018

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), y miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, convocamos a los medios de comunicación a la Rueda de Prensa con motivo de la suspensión indefinida de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.

Fecha: Lunes 17 de Septiembre de 2018
Horario: 10:00 am.
Lugar: Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
Domicilio: Av. Chapultepec Sur #376, esquina Guadalupe Zuno, colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco. México. (google maps)

El día 13 de septiembre de 2018 se tenía prevista la audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016, por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, sin embargo, fue suspendida debido a que los mismos señalaron que era necesario tener el tiempo suficiente para la revisión a fondo del juicio agrario, situación que prolonga la incertidumbre de la comunidad ante este conflicto.

Por lo anterior, la comunidad indígena de Mezcala, a través de sus representantes, convocan a rueda de prensa donde expresarán su posicionamiento respecto al juicio, y la situación de su territorio que ha sido invadido desde 1999.

Para más información,
escríbenos a comunicacion@cepad.org.mx
Teléfono: 01 (33) 3613 4066

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Boletín de prensa

Boletín de Prensa – Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Guadalajara Jalisco a 19 de Abril de 2018

 

BOLETÍN DE PRENSA

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

 

El Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017, muestra la actual vigencia de los derechos humanos en nuestro estado. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha tenido poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. Las aportaciones reflexivas y testimoniales desde la mirada de cada artículo de este informe dan cuenta de las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses.

  • Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio.
  • Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal.
  • Aristeo López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de Niños, Niñas, Adolescentes?
  • Gricelda Torres Zambrano hace presente a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia.
  • Paola Lazo Corvera afirma y evidencia que: La inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de las políticas y estrategias estatales y municipales.
  • Tania Reneaum Panszi nos da una Visión del Informe de Tortura en Jalisco presentado por el Cepad el pasado septiembre de 2017, desde una Perspectiva de Género con relatos que son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género.
  • Anna Karolina Chimiak señala la magnitud de las consecuencias tras la desaparición de un familiar. Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias.
  • María del Carmen Aggi Cabrera recoge evidencias que ponen en duda las estrategias de seguridad militarizada, mostrando que los derechos humanos son desconocidos en los hechos.
  • Carlos Peralta aporta reflexiones sobre el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, mientras que en Jalisco hace diez años se libra una lucha técnica, política y ética, donde el agua para las personas se opone al agua para las empresas.
  • César Pérez Verónica escribe sobre la elección del Ombudsman en Jalisco, ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político y no ético.
  • Augusto Chacón destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema.

 

La presentación del informe está a cargo de Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés); Carmen Aggi, directora editorial de “Letra Fría”; Augusto Chacón, director de la organización Jalisco Cómo Vamos, AC; Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Cepad, y César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad.

Este informe nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz.

 

 

Enlace de descarga del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Para más información favor de ponerse en contacto con Octavio Figueroa del Área de Comunicación

comunicacion@cepad.org.mx

Calle Garibaldi 641, Colonia Centro.

Guadalajara, Jalisco, México

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Boletín de prensa Comisión Interamericana de Derechos Humanos Notas de prensa

CIDH analizará si los mecanismos para designar a los altos funcionarios de justicia cumplen con estándares de transparencia y acceso a la información

Martes 5 de septiembre
Ciudad de México
De 9:00 a 10:00 am (hora de México)
Sigue la transmisión en vivo aquí.

El martes 5 de septiembre, en la ciudad de México, el marco del 164° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevará a cabo una audiencia temática ante este organismo, en la que se analizará si los mecanismos de designaciones de altas autoridades, en los sistemas de justicia de El Salvador, Honduras y Guatemala, cumplen con estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La audiencia, solicitada por los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de los tres países –Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador; Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de Honduras; y Acción Ciudadana de Guatemala-, y con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), permitirá a la CIDH verificar si los tres países están cumpliendo efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y respeto a la independencia judicial.

“Estos estándares exigen que los Estados hagan pública toda la información que reciban, que obtengan y que produzcan, con ocasión de estas designaciones, sin necesidad de que nadie se las pida, y que lo hagan de forma completa” señaló Ursula Indacochea, Oficial Senior del Programa de Independencia Judicial de DPLF, organización regional de derechos humanos, con sede en Washington D.C.

Las recomendaciones que la CIDH pueda realizar sobre estos aspectos, llega en un momento clave para los tres países, que próximamente deberán designar a funcionarios clave para sus sistemas de justicia. En El Salvador, se renovará la composición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; mientras que, en Guatemala y Honduras, la renovación del cargo de Fiscal General será esencial para continuar la lucha contra la impunidad y la corrupción con el apoyo de mecanismos internacionales como la CICIG y la MACCIH.

La audiencia se realizará en el local de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), ubicada en San Ramón s/n, Colonia San Jerónimo Lídice, 10200, en la Ciudad de México, de 9:00 a 10:00 am (hora de México), y será transmitida en vivo aquí.

CIDH