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Boletín de prensa Comisión Interamericana de Derechos Humanos Notas de prensa

CIDH analizará si los mecanismos para designar a los altos funcionarios de justicia cumplen con estándares de transparencia y acceso a la información

Martes 5 de septiembre
Ciudad de México
De 9:00 a 10:00 am (hora de México)
Sigue la transmisión en vivo aquí.

El martes 5 de septiembre, en la ciudad de México, el marco del 164° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevará a cabo una audiencia temática ante este organismo, en la que se analizará si los mecanismos de designaciones de altas autoridades, en los sistemas de justicia de El Salvador, Honduras y Guatemala, cumplen con estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La audiencia, solicitada por los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de los tres países –Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador; Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de Honduras; y Acción Ciudadana de Guatemala-, y con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), permitirá a la CIDH verificar si los tres países están cumpliendo efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y respeto a la independencia judicial.

“Estos estándares exigen que los Estados hagan pública toda la información que reciban, que obtengan y que produzcan, con ocasión de estas designaciones, sin necesidad de que nadie se las pida, y que lo hagan de forma completa” señaló Ursula Indacochea, Oficial Senior del Programa de Independencia Judicial de DPLF, organización regional de derechos humanos, con sede en Washington D.C.

Las recomendaciones que la CIDH pueda realizar sobre estos aspectos, llega en un momento clave para los tres países, que próximamente deberán designar a funcionarios clave para sus sistemas de justicia. En El Salvador, se renovará la composición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; mientras que, en Guatemala y Honduras, la renovación del cargo de Fiscal General será esencial para continuar la lucha contra la impunidad y la corrupción con el apoyo de mecanismos internacionales como la CICIG y la MACCIH.

La audiencia se realizará en el local de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), ubicada en San Ramón s/n, Colonia San Jerónimo Lídice, 10200, en la Ciudad de México, de 9:00 a 10:00 am (hora de México), y será transmitida en vivo aquí.

CIDH

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Boletín de prensa Derechos de los Niños y las Niñas Personas Desaparecidas

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

04 de septiembre de 2017

El pasado 30 de agosto, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

Las organizaciones presentamos esta denuncia general al GTDFI ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.

El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia. La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Por tales razones, elegimos esta problemática debido a la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.

El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.

Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México.
Trial International

 

Consulta la versión integral de la denuncia general AQUÍ

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Boletín de prensa Sala de prensa

Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala quedan absueltos de los delitos fabricados es su contra

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz  Gobernador Constitucional de Jalisco

Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Fiscal General del Estado de Jalisco

El 6 de noviembre de 2015 los magistrados que integran la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justica del Estado de Jalisco, Manuel Higinio Ramiro Ramos (presidente), Celso Rodríguez González y Estaban de la Asunción Robles Chávez, absolvieron del delito de daño en las cosas que les fue imputado de manera infundada a nueve integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción.

Lo anterior se ubica dentro del marco de la lucha por su libertad y su territorio que la Comunidad lleva en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 ha mantenido una invasión de nueve hectáreas de territorio comunal con el apoyo y anuencia de autoridades estatales y municipales.

En 2011 Moreno Ibarra, junto con su prestanombres, Crescenciano Santana, interpusieron las denuncias ante la Agente del Ministerio Público, adscrita a Poncitlán, Jalisco, Lucero Moreno Murguía, por el delito de robo de un panel solar que el invasor instaló dentro del territorio comunal sin la autorización de la Asamblea de Mezcala. El panel, que alimentaba una bomba de agua que desviaba y retenía arroyos que las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán utilizaban para sus actividades agrícolas y ganaderas, fue desmontado y puesto a la disposición de Moreno Ibarra afuera de la Casa Comunal por orden de la Asamblea de Mezcala.

El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Oscar Martín Morales Vázquez sentenció a los comuneros a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño, avalando las siguientes irregularidades, contenidas en el expediente de la averiguación previa realizada por la agente Moreno Murguía:

  • Violaciones al debido proceso (desde la agencia del Ministerio Público y por el Juez Penal de Ocotlán).
  • Derecho de Audiencia.
  • Violaciones a la seguridad jurídica y personal de los acusados.
  • Privación ilegal de la libertad en contra de Rocío Moreno, miembro de la comunidad.
  • No aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas.
  • No aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos indígenas de los que el Estado Mexicano es parte.

El 2 de septiembre de 2015, los comuneros de Mezcala acompañados jurídicamente por el CEPAD, interpusieron la apelación donde se hicieron notar todas irregularidades mencionadas.

Los magistrados de la Sexta Sala que determinaron absolver de los delitos imputados a integrantes de la Comunidad, señalaron las irregularidades de la Ministerio Público de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, sin embargo, omitieron deliberadamente analizar el papel del Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Oscar Martín Morales Vázquez, quién fue el responsable de someterlos a 4 años de proceso injusto y sentenciar a penas antes mencionadas.

La falta de rigor y calidad de la sentencia por parte de los magistrados, no sentó algún precedente judicial relevante para los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco. Este caso se enmarca dentro de la  criminalización de la protesta social por quienes defienden sus derechos humanos individuales y colectivos, como son a la preservación de sus territorios, bosques, aguas y culturas en contra de los abusos de los poderes públicos y económicos que imperan en la entidad y en todo México.

Atentamente
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Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

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Boletín de prensa Gobierno y DH Invitación Seguimiento de casos Sin categoría

Boletín de prensa sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

Han transcurrido cuatro años desde que se inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en memoria de nuestro hijo Néstor Alan Rodríguez Licea; que nos ha permitido encontrarnos con la solidaridad de personas y organizaciones, para juntos incrementar la conciencia y lograr un primer cambio en la ley a la que se le ha llamado “salvavidas” que incremento las sanciones en contra de personas que conducen en estado de ebriedad; en la cual incluso existió una amplia participación ciudadana, tan necesaria en estos tiempos.

Se ha logrado la reducción notable de muertes de personas en accidentes en las cuales el alcohol tenía una influencia total, sin embargo dejó para después la modificación de otro tipo de leyes y estructuras administrativas de Secretarías como la de Vialidad y Transporte del Estado, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), e incluso de las policías municipales, que favorecen en este tipo de casos la impunidad y opacidad en la actuación de los servidores públicos de las mismas; aspecto que no puede posponerse por más tiempo.

Nuestra experiencia al defender junto con el Cepad el caso de nuestro hijo, implicó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, peticiones al Gobernador del Estado y Congreso del Estado, además de quejas por responsabilidad administrativa ante la propia PGJE e IJCF, las cuales no han tenido los resultados esperados, precisamente por que faltan los mecanismos adecuados y el compromiso de sus funcionarios responsables para oponerse a la impunidad, actualmente en nuestro caso encontramos:

· Que se emitió la Recomendación 30/2009 por parte de la CEDHJ, de forma incompleta y fuera de los plazos oportunos para lograr un deslinde de responsabilidades, con peticiones a las autoridades que no evitan la repetición de los actos.
· Que a petición nuestra y del Cepad, el IJCF sancionó el 6 de septiembre de 2010, con suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y a los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así mismo se impuso cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz; aspecto que reconocemos a dicha institución, ya que de forma imparcial tramitó e impuso las sanciones.
· Respecto a la PGJE, a cuatro años de ocurridos los hechos, no contamos con información sobre los avances de una supuesta averiguación previa que se inició en la Dirección de Visitaduría, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del Procedimiento Administrativo interno 402/2009 llevado en la Contraloría Interna de esa institución; aspecto que indudablemente vuelve a lesionar nuestro derecho a saber la verdad.

Nuestra familia y el Cepad, continuaremos en la búsqueda de la justicia y el deslinde de responsabilidades, para lograr que el camino logrado incluya aspectos de evaluación, observación y seguimiento de esas instituciones, tarea a la que nos dedicaremos con mayor énfasis en el futuro.

Deseamos compartirles que la muerte de Néstor Alan, nos ha llevado a buscar la esperanza, por lo que como familia acompañamos a otros padres que han sufrido pérdidas similares a la nuestra para lograr ayuda profesional a través de una experta en tanatología, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 38256240 ó 33 34 61 28,

Para continuar con la exigencia de justicia e incrementar la memoria, invitamos a medios de comunicación y sociedad en general a repartir volantes con un mensaje de conciencia que hemos preparado, el 26 de noviembre a las 14:00 horas, en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León.

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Con base en la inconformidad de la familia de Néstor Alan Rodíguez se logra sancionar a cuatro peritos del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses

El 26 de noviembre de 2008, los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea solicitaron a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, deslindara de oficio las responsabilidades de varios servidores públicos tanto de la Procuraduría de Justicia del estado como del IJCF, que con sus acciones provocaron denegación de justicia, además de corregir el retraso generalizado en la práctica por parte de peritos médicos y químicos en la elaboración de dictámenes de alcoholemia y de drogas de abuso

El 21 de septiembre de 2009, José Luis Montes de Oca Solórzano, contralor interno del IJCF, informó al Cepad que a petición de la familia iniciaría una investigación administrativa interna en contra del personal involucrado en los señalamientos con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

De manera reciente, el 10 de septiembre de 2010, fuimos enterados por dicho funcionario que con base en las pruebas ofrecidas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad, junto con las indagaciones de la propia institución, fueron suficientes para que se impusieran las siguientes sanciones:

  • Suspensión máxima de ocho días sin goce de sueldo: a los peritos del área de medicina legal Luis Antonio Guzmán Peña y María del Socorro Méndez Herrera, así como al perito de laboratorio químico José de Jesús Reyes de la Torre Villegas.
  • Suspensión de cinco días sin goce de sueldo, al también perito de laboratorio José Luis Morales Ortiz.

Todos ellos por desempeñar el servicio de manera indebida o con abuso en el mismo, específicamente por “incumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Instituto” de acuerdo al artículo 22, fracción I de la propia ley que crea el IJCF.

Para la familia Rodríguez Licea y el Cepad, la resolución confirma la existencia de que ocurrieron graves irregularidades el 26 de noviembre de 2006, cuando Néstor Alan perdió la vida, además de serias violaciones a los derechos humanos como a la seguridad jurídica, a la debida garantía judicial, a la igualdad, así como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Las sanciones y el tiempo tan largo para imponerlas, demuestra que es necesaria la existencia de mecanismos más ágiles de investigación y sanción, porque no puede existir reparación para las víctimas sin un deslinde de los responsables completo y eficaz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversos casos que “la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, “debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares” en donde se busque por el Estado la verdad (n. 112. Caso Bulacio vs Argentina; sentencia del 18 de septiembre de 2003. Fondo, reparaciones y costas).

Ante las recientes reformas legales que sancionan con mayor celeridad a los que conducen bajo los efectos del alcohol y que involucran de forma directa a personal de la Procuraduría de Justicia, IJCF y Secretaría de Vialidad y Transporte, se considera urgente una nueva que incremente el acceso a la justicia para las víctimas al denunciar delitos y responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos e impedir así la impunidad propiciada desde las propias instancias.

Como prueba de ello, es la falta de resolución hasta la fecha del procedimiento administrativo 402/2009 Mesa B en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se investigan a petición nuestra las irregularidades de varios integrantes del ministerio público, por lo que exigimos una respuesta inmediata.

A las víctimas de violencia vial, queremos manifestarles nuestra solidaridad, sobre todo para que nuestra experiencia las anime para seguir en el camino de la exigencia de justicia, en memoria de nuestros hijos y familiares para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Familia Rodríguez Licea

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)
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Boletín de prensa: Se admite recurso de impugnación en la CNDH por caso Néstor Alan Rodriguez.

BOLETÍN DE PRENSA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acepta el recurso de impugnación de los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea por deficiencias e irregularidades en la Recomendación 30/2009 de la CEDHJ.

El 29 de diciembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco decidió emitir a través de los medios de comunicación y no por un pronunciamiento público, un paquete de cuatro recomendaciones entre ellas la 30/2009, luego de transcurrir más de 1000 días desde que los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea presentaran la denuncia ante ese organismo.

La determinación resaltaba el involucramiento de once servidores públicos entre agentes del ministerio público, policías investigadores y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la petición para que se le diera “continuidad” a las denuncias presentadas por la familia en las contralorías internas del Instituto antes mencionado y de la Procuraduría de Justicia, además de solicitarle al entonces Presidente Municipal de Guadalajara la conservación del “Cenotafio” ubicado en los cruces de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Lo que la Recomendación omitió fue fincarle responsabilidad a Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación, al no encontrar pruebas.

Al enterarnos debidamente del contenido de la Recomendación 30/2009, informamos que el 29 de enero de 2010 la familia Rodríguez Licea presentó recurso de impugnación* en la CNDH, por considerar la resolución deficiente e incompleta, además de no modificar las causas que originaron las violaciones a los derechos humanos y omitir de manera grave:

1. Tomar en consideración las más de 100 pruebas que tanto la familia Rodríguez Licea como el CEPAD, presentaron y ofrecieron durante el trámite de la inconformidad, lo que comprueba que en la CEDHJ los quejosos se encuentran indebidamente, obligados a comprobar las violaciones a los derechos humanos de las que fueron sujetos.
2. Deslindar la responsabilidad de once servidores públicos entre ellos Fernando Arias Pérez, ya que evitó “pronunciarse en su contra”, no obstante de que existen suficientes pruebas para ello, lo que contraviene la propia Ley de la CEDHJ respecto a las causas en las que puede concluirse una investigación.
3. Aclarar de acuerdo a las evidencias los términos en que ocurrieron los hechos, ya que en la Recomendación se encuentran francas contradicciones. Por ejemplo, se acredita con nuestras pruebas ofrecidas que una Agente del ministerio público estuvo en dos lugares diferentes, en el mismo instante en que supuestamente actuaba en el accidente en el que perdiera la vida Néstor Alan Rodríguez, y sin embargo en párrafos siguientes exonera a dos policías de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, porque supuestamente el traslado que realizaron de los responsables fue por órdenes de la misma funcionaria.(páginas 134, 135 y 146 de la propia Recomendación)
4. Analizar el cúmulo de violaciones a los derechos humanos como un patrón definido de trasgresión y no de forma separada como un simple caso individual, ya que en la queja se comprobó que una serie de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de policías de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, se asociaron para beneficiar a los responsables de la muerte de Néstor Alan Rodríguez por la influencia de Fernando Arias Pérez.
5. Solicitar la modificación de leyes y de prácticas del sistema de justicia penal que siguen ocasionando la falta de acceso a la justicia de las víctimas, a una información oportuna y un trato adecuado, lo que resulta inadmisible cuando actualmente la principal causa de muerte de jóvenes en Jalisco son los accidentes de tránsito en donde se involucra el alcohol.

El 23 de marzo de 2010 recibimos por correo postal, el oficio 05628 de Máximo Carvajal Contreras, director general de Quejas y Orientación de la CNDH, el cual informó que el Recurso de Impugnación fue aceptado y que además se requirió un informe sobre las irregularidades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (anexo).

Actualmente por las gestiones realizadas por el CEPAD, conocemos que el expediente 2010/57/R, se encuentra en estudio para su resolución en la Segunda Visitaduria General de la CNDH; por lo que exigimos al Presidente de la CNDH que analice de acuerdo al marco legal nuestra inconformidad para que se emita la Recomendación correspondiente a la CEDHJ que modifique la irregular e incompleta resolución 30/2009.

Atentamente


Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC
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Del cinismo a la responsabilidad penal internacional, solo hay un paso.

En el marco de la presentación del tercer informe de actividades del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el titular de la PGJE Tomás Coronado Olmos, señaló que en Jalisco no se ha comprobado “ni un caso” de tortura.

Señala de manera contradictoria este funcionario, que debido a la falta de pruebas, no se ha sancionado a ningún servidor público de la PGJE ni de otra corporación, asegurando que se han investigado y que los jueces “no han encontrado elementos para configurar el delito”. Según la información recabada por el Cepad publicada y publicada en los Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006 y 2007-2008, jamás se ha consignado una averiguación previa por actos presuntamente de tortura.

Ya en septiembre de 2009 Emilio González Márquez había señalado igualmente que en Jalisco “no se practica la tortura contra los detenidos”, pero bien vale recordarles a ambos funcionarios (y a los demás) que no sólo deberá ser castigado aquel servidor público que con ese carácter ordene o ejecute la tortura (artículos 2 y 4 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde el 24 de diciembre de 1993), sino también a aquellos que en el ejercicio de sus funciones conozcan (por cualquier medio) de un hecho de tortura y no lo denuncien (artículo 5).

Tanto víctimas y sus familiares han denunciados junto con diversos organismos locales, nacionales e internacionales que la tortura es una práctica recurrente en Jalisco y un método de investigación por parte de agentes de la PGJE, y negar su existencia significa la incapacidad para gobernar y procurar justicia en la entidad.

Sin embargo, las declaraciones de estos funcionarios dejan la posibilidad para que las víctimas de tortura o sus familiares acudan allende las fronteras a reclamar justicia y castigo para los responsables de los sufrimientos físicos y psicológicos, y estamos hablando de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción ha sido reconocida por México (ratificado por el Senado de la República el 21 de junio de 2005 el Estatuto de Roma que crea la CPI).

La competencia de este Tribunal se limitara a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, como lo son los de lesa humanidad entre los que se encuentra la tortura (artículo 7, inciso f del Estatuto).

Mientras tanto, la CEDHJ le deberá explicar a la sociedad jalisciense, los criterios utilizados para clasificar las quejas por tortura, por malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y por lesiones, pues a partir de la llegada del actual presidente, las quejas disminuyeron hasta quedar borradas del cuadro de supuestas violaciones más frecuentes en el 2007, 2008 y 2009.

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BOLETÍN DE PRENSA

El Ejército mexicano realiza cateos ilegales en más de una decena de viviendas en la comunidad de Maltaraña, municipio de Jamay, Jalisco.

Mujeres y niñas las principales afectadas por los cateos. Son puestas en situación de riesgo.
Jalisco ya no es la excepción, el primero de junio de 2009 alrededor de 30 elementos del Ejército mexicano ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña, municipio de Jamay, Jalisco, ubicada en la frontera que comparte al sureste con el estado de Michoacán. Dicha incursión fue realizada bajo el argumento de que se encontraban realizando un “Operativo Nacional” de lucha contra el narcotráfico, por órdenes directas del Presidente de la República.

Con dicho pretexto, los elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron a poco más de una decena de viviendas donde se encontraban principalmente mujeres, niñas y niños. Para ingresar a los domicilios, los efectivos manifestaron no necesitar la orden por escrito; intimidaron a las moradoras manifestando que debían tener algo que esconder al negarles el paso y en algunos casos refirieron que aún ante la oposición ingresarían por la fuerza. Los allanamientos, las injerencias arbitrarias y cateos ilegales registrados derivaron en actos de molestia para los y las moradoras, así como en violaciones a sus derechos humanos.
La denuncia pública y la indignación de la población, se agrava debido a que en la mayoría de los hogares a los que ingresaron ilegalmente se encontraban únicamente mujeres, niñas y niños menores de edad, así como personas de la tercera edad que no pudieron oponer resistencia ante la intimidación y amenaza de los efectivos, situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por éstos. En algunos casos, los militares amenazaron a las madres de familia con llevarse a alguna de sus hijas o con regresar posteriormente por ellas.

De los 24 registros que originaron la documentación del caso, podemos afirmar que son diez los domicilios allanados donde se encontraban únicamente mujeres y más de una niña o niño al interior.
La desconfianza, el miedo y la inseguridad son constantes que operan en todas los habitantes de Maltaraña, no sólo por los hechos narrados, sino por la amenaza de los militares con volver inesperadamente. De hecho, existen testimonios que refieren el tránsito de los militares por calles de la Comunidad en noches posteriores a los acontecimientos denunciados.

El caso es relevante por:

· El registro de 34 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en Jalisco desde 2006 hasta la fecha de los hechos descritos. El 2009 es el de mayor incidencia con 15 de éstas, donde se describen distintos tipos de violaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se había documentado en el estado de Jalisco una acción de esta naturaleza cometida por el Ejército mexicano en contra de la población civil en actividades de combate al narcotráfico, en particular las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
· Las actividades de seguridad pública que han venido realizando los elementos de las Fuerzas Armadas resultaron en violaciones a los derechos humanos de las mujeres por los actos u omisiones de los militares que discriminaron a las moradoras impidiendo el goce y ejercicio de los mismos, así como las secuelas que dañan hoy en día su estabilidad emocional producida por la intimidación, discriminación y amenazas de los elementos, hechos que contravienen diversos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
· El panorama nacional, documentado por organismos internacionales, sobre la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública muestra que en los últimos dos años se ha ido incrementando el número de violaciones a derechos humanos con casos de desapariciones forzadas, la práctica de tortura, las detenciones ilegales, entre otras. Lo anterior, por el desempeño de los elementos castrenses sin apego a derecho y al estricto respeto de los derechos humanos.
Ante las violaciones de derechos humanos que se encontraron en la documentación del caso, la relevancia dada por el contexto nacional sobre la implementación de políticas de seguridad pública y el riesgo inminente de las mujeres, niñas y niños de la comunidad; los habitantes de Maltaraña con acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo(Cepad) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con la presentación de la queja, así como con la denuncia pública realizada en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009, se busca la oportuna reparación del daño a los miembros de la comunidad, el inicio de las investigaciones pertinentes, la sanción a los culpables y la garantía de no repetición de los hechos.

Agradecemos su atención.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)
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BOLETÍN DE PRENSA

Presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2009 del Cepad AC

El día de hoy se presentó el tercer trabajo editorial del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, titulado Informe sobre la situación de los Derechos humanos en Jalisco. 2009”, el cual corrió a cargo de Éttiene von Bertrab (Ciudad para todos); María de Jesús García Guzmán (Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo); Laura Sofía Herrera Rivera (Comité Salvabosque Tigre II); María Guadalupe Ramos Ponce (Colectivo Agenda Feminista) y de Carlos Armando Peralta Varela y César Octavio Pérez Verónica del consejo directivo del Cepad AC.

El documento consta de 138 páginas y contiene 17 textos que buscan reflejar algunas de las realidades de mayor atención en lo que se refiere a los derechos humanos en Jalisco (al final del boletín se anexa el índice). El Informe sobre la situación de los Derechos humanos en Jalisco. 2009, es un proyecto que busca por una parte fortalecer un trabajo editorial conjunto con otros movimientos y organizaciones que realizan acciones que defienden los derechos humanos o atienden realidades importantes que deben ser documentadas; por otra parte; actualiza y expone casos que ejemplifican problemas estructurales en el tema.

Se muestra el análisis de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos, en casos concretos, y la actualización, noticia y seguimiento de casos que ha trabajado el CEPAD, como el de violencia institucional de género o el de Néstor Alan Rodríguez Licea. Asimismo, la situación que vive el pueblo wixárika frente a la construcción de una carretera que pretende atravesar su territorio; la angustia de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de desaparecer bajo el agua ante la anunciada y no consultada presa de El Zapotillo, la pretendida destrucción de el bosque de El Nixticuil en Zapopan, a manos de intereses inmobiliarios, así como de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. (CEDHJ)

La segunda parte engloba el análisis de temas presentes en el escenario y sus prospectivas. Encontrarán los alcances del Examen Periódico Universal de la ONU para el estado de Jalisco; las apreciaciones respecto del programa “La calle No es Vida”; las implicaciones del derecho a la participación ciudadana en Jalisco, y el estado del derecho a la movilidad y al espacio público. Finalmente, se aborda la política contraria a las mujeres que se advierte en las reformas legales y en los espacios de participación que les son coartados.

La asistencia al evento se enmarcó por la presencia de representantes de organizaciones civiles reconocidas, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC), Colectivo Ecologista de Jalisco, Colectivo Ollin AC, Cladem Jalisco, Consejo de OSC de Jalisco AC, Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC; Ciudad para Todos, Comité Salvabosque Tigre II, Agenda Feminista, justicia para Néstor Alan, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMA AC), entre otras, además de académicos de universidades como el Iteso y la Universidad de Guadalajara, del Consulado General de España, así como funcionarios públicos del Supremo Tribunal de Justicia, de las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano, de la Comisión de Equidad del Congreso del Estado, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, así como Consejeros y Consejeras ciudadanas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

El discurso del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC leído durante el evento, puede consultarse en la dirección electrónica: www.cepadorg.blogspot.com.

De la misma forma el texto completo del informe puede descargarse de la página del Cepad: https://www.cepad.org.mx/

Agradecemos su atención.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)

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BOLETÍN DE PRENSA

En el marco de la conmemoración del fallecimiento de Néstor Alan Rodríguez Lícea, su familia y organizaciones declaran el 26 de noviembre como el Día de las y los jóvenes víctimas de accidentes de tránsito.

A tres años de lo ocurrido, prevalece la impunidad en contra de los funcionarios involucrados en lo ocurrido.

El 26 de noviembre de 2006, con la injusta pérdida de la vida de Néstor Alan Rodríguez Licea, su familia inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad, que en muy poco tiempo logró sumar voluntades de vecinos, personas y organizaciones, porque en realidad se trata de una causa común que nos duele a todos y todas.

Desafortunadamente a tres años de lo ocurrido, observamos que las muertes injustas continúan, ya que sólo durante el 2009 han ocurrido 590 decesos por accidentes de tránsito, en los que de acuerdo a informes oficiales existió la presencia del alcohol en un 35 % de los casos; por ello las autoridades de salud en el estado comienzan a llamarle epidemia.

Para evitar que las y los jóvenes víctimas de accidentes de tránsito se conviertan sólo en una estadística más, sin nombre y sin rostro, la familia Rodríguez Licea y el CEPAD, declaramos el 26 de noviembre, como un día que los conmemore. Para ello informamos a la sociedad y a la opinión pública que abrimos la línea telefónica de la organización y el correo electrónico defensa@cepad.org.mx, así como nuestros espacios en las redes sociales, para registrar todos aquellos casos en los que además de la pérdida de la vida de personas, exista impunidad por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia.

La familia Rodríguez Licea informa que continuará sus acciones en favor del acompañamiento de aquellas madres y padres que han sido despojados de sus hijos injustamente; lucharemos porque se mejore el marco legal y se respeten nuestros derechos al acceso a la justicia y a la verdad, pero sobre todo buscaremos que se fortalezca la memoria de la sociedad como la mejor forma de repudiar esos actos injustos.

En noviembre del 2008, el CEPAD informó a la opinión pública que el caso reflejaba tres omisiones generales: la falta de oportunidad para practicar la alcoholemia, el trato privilegiado hacia los detenidos, y una ausencia de atención y reparación del daño para los deudos del joven, además de la evidente corrupción.

Desde entonces la familia Rodríguez Licea junto con el CEPAD realizamos diversas peticiones a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, así como a los presidentes del Congreso del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para buscar el deslinde de responsabilidades de cualquier tipo en lo ocurrido, la reparación del daño y el cambio de las causas que motivan la impunidad del caso.

Respecto a las dichas gestiones informamos:

* El 10 de julio de 2009, el Juez Octavo de lo Penal dentro del proceso 710/2006-B, dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión a Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez, por los delitos de homicidio imprudencial y daños en las cosas, la cual fue confirmada en noviembre por magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
* Que a tres años de ocurridos los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ha sido incapaz de resolver la queja 2600/2006-II y dictar la Recomendación respectiva, lo que comprueba su alejamiento de la sociedad.
* Que desde septiembre y octubre de 2009, respectivamente, las áreas de contraloría interna del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Procuraduría General de Justicia, iniciaron por el impulso de la familia Rodríguez Licea y el CEPAD investigaciones administrativas en contra de su respectivo personal.
* Que si bien es cierto en el Congreso del Estado, actualmente existen avances para fortalecer las facultades de la autoridad que evitan el uso del alcohol en conductores, en lo que se refiere a la petición de la familia Rodríguez Licea que buscaba mejoras legislativas fue inexplicablemente extraviada y por tanto nunca se le dio trámite, lo que cuestiona sin lugar a dudas el papel de nuestros “representantes”.

Invitamos a los medios de comunicación y a la sociedad para acudir el 26 de noviembre en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León, a las 2:00 de la mañana, hora en que ocurrió el accidente, para elevar nuestras oraciones por Néstor Alan y las víctimas de accidentes, mientras que de 13:00 a 15:00 horas, la familia y personas solidarias repartirán volantes que buscan crear conciencia en nuestra sociedad.

Atentamente

Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC