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Carlos Peralta INFORME Sala de prensa

El desarrollo y la contaminación del agua

Tlaquepaque Jalisco a 23 de agosto 2017

Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela

En otras participaciones he mencionado que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, forma parte de nuestra Constitución e implica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los gobiernos, en el caso mexicano, se han comprometido en asegurar el agua, sin embargo no son igual de corresponsables en lo relativo al saneamiento y tratamiento del agua permitiendo que se viertan contaminadas a los afluentes. Deberíamos considerar seriamente el ciclo urbano del agua que si bien implica llevar casas a los hogares, también obligaría a limpiar el agua que usamos, el tratamiento del agua debe formar parte fundamental, no solo de discurso, en las políticas públicas y deben impactar en los presupuestos.

En el plano internacional, el Objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentables acordados en la ONU, considere que se deberá “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas, una de ellas es:

“Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.

En el caso de México, los gobiernos han puesto el énfasis en desarrollar infraestructura para satisfacer la cobertura del agua (el acceso al agua), pero no le han dado la misma importancia a atender el problema de la contaminación que generan las descargas.

En este sentido podemos mencionar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, que de los 2,457 municipios y delegaciones de México, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, evidentemente 1,628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio. La CONAGUA reconoce en términos generales, que sólo el 57.5%2 de las descargas municipales recibe tratamiento, el resto se vierten sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet)3, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), específicamente en los municipios atendidos por el SIAPA, “existen manzanas que no cuentan con la cobertura de alcantarillado. Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de manzanas sin cobertura de alcantarillado: 1,598 manzanas con 97,325 habitantes. Le sigue San Pedro Tlaquepaque con 1,285 manzanas y 99,444 habitantes. Tonalá acumula 1,084 manzanas con una población de 48,605 personas, mientras que Guadalajara sólo cuenta con 3 manzanas y una población de 95 personas sin ese servicio. En cuanto al agua residual, se genera en promedio 16, 734 litros por segundo en el AMG, siendo Zapopan el mayor generador de aguas residuales seguido por Guadalajara y Tlajomulco”.

Pero también en el POTmet se nos informa que aproximadamente tratamos la mitad del agua residual generada. Existen 67 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); de ellas, sólo 36 se encuentran en operación. Su capacidad colectiva de procesamiento es de hasta 9,076 litros de agua, apenas un poco más de la mitad de las aguas residuales producidas. Esta operación acumulada se encuentra en su mayoría en dos macro plantas: El Ahogado y Agua Prieta, que dan cuenta del tratamiento del 23% y el 72% -respectivamente- del volumen tratado en la actualidad. En resumen mandamos a los afluentes miles de litros de agua sin limpiar que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente.

Los gobiernos deben considerar una atención más eficiente al tratamiento de las aguas. No es suficiente con posibilitar el acceso porque también es parte del derecho humano considerar el saneamiento del agua. Deben destinarse recursos para tener inspectores y verificar el cumplimiento de las normas, pero también para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto también es parte de nuestros derechos.

 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. Comunicado de prensa núm. 127/17. 17 de marzo de 2017

2 Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento. 2017. México. Página 11 http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

3 Al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se puede acceder por la página: http://imeplan.mx/

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas


Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
28 de agosto de 2014

Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizara y cumpliera con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud ésta era: ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema, ¡queremos acciones concretas!

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixaricas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores, sin embargo decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron siguieron el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras. Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo la sedatu no atendió el conflicto de fondo el asunto y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

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Artículo semanal Carlos Peralta Sin categoría

Sobre justicia penal y derechos humanos en Jalisco

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
6 de agosto de 2014

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero si identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para que todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere si, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?

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Artículo semanal Carlos Peralta Coyuntura sobre Derechos Humanos Sin categoría Tortura

La tortura en México aún persiste

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 7 de mayo de 2014

Juan Méndez Relator Especial de la ONU sobre la tortura está realizando una visita a México para evaluar la situación e identificar los desafíos respecto a la persistencia de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.

A pesar de los recientes avances legislativos en el país y de que México es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pena Crueles, Inhumanos o Degradantes, esta práctica ha aumentado en años recientes. Según datos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registraron entre el 2006 y 2012, 7 mil 253 casos de tortura. Esta percepción coincide con lo reportado en el informe del Comité Contra la Tortura emitido en el 2012, que señala un aumento alarmante del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado.

  • En los encuentros que ha sostenido el relator con organizaciones civiles mexicanas surgieron diversas preocupaciones, entre ellas: 
  • Aumentaron en 500% de los casos de tortura durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa debido a la estrategia de seguridad implementada por este, sin embargo se observa continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
  • En la práctica del arraigo, el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias, se posibilitan actos de tortura, por lo que es importante que existan protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea detenida, se traslade y presente inmediatamente al Ministerio Público.
  • Persiste el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten sus culpas o expresen confesiones y se auto inculpen.
  • Asimismo, se señaló que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina en instituciones de cuidado alternativo o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público.

Si bien estas preocupaciones se formularon pensando en el nivel federal, debe enfatizarse que en Jalisco también padecemos de la cotidiana práctica de tortura. Tan solo el pasado 05 de febrero del presente año, en el contexto de la Glosa Ciudadana del Primer Informe del Gobernador, Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1997 y 2001), lanzó una severa crítica al gobierno de Jalisco por la persistencia de prácticas de tortura en las corporaciones policiacas. En su réplica el Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera en forma por demás inaudita confesó y confirmó que la tortura se vincula a prácticas de investigación. Vaya cinismo, admitió que cometen delitos, supuestamente con el objetivo de generar seguridad.

Posteriormente en una entrevista que aparece en un medio impreso, la procuradora social de Jalisco, Felícitas Velázquez, mencionó que la mitad de las personas que solicitan un defensor de oficio fueron víctimas de tortura. Por su parte Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del Estado, informó el 9 de abril pasado, que el 40% de los procesados penalmente había referido que fueron objeto de tortura y por ello se declararon culpables.

Tomemos en cuenta que un derivado de la presencia explícita de la tortura es que se generan más dudas y cuestionamientos sobre la justicia, se genera las preguntas¿realmente los apresados eran todos culpables o se declararon culpables por la tortura?, ¿las prácticas de investigación llevan a la verdad o falsean la verdad?

Cabe mencionar que las organizaciones de la sociedad civil, entre las recomendaciones que han hecho al Estado mexicano manifiestan la urgencia de que:

  • Se cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura y se investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica. 
  • Se aplique de manera adecuada el Protocolo de Estambul, además de que debe de independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, las autoridades judiciales y jueces; Sumado a que deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales.
  • Deben introducirse mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Las autoridades toleran o consciente la tortura en Jalisco. Solo así se puede explicar que año tras año se denuncien prácticas de tortura, se emitan recomendaciones por tortura (en el 2013 fueron tres recomendaciones de la CEDHJ), y sin embargo, ningún funcionario público ha sido juzgado y sentenciado por prácticas de tortura. Ojalá y las recomendaciones que emita el Relator de la Tortura contribuyan a combatir este grave problema.

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La visita de Amnistía Internacional al presidente de México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 26 de febrero de 2014

Amnistía Internacional es uno de los pocos movimientos de carácter mundial en defensa de los derechos humanos. Está presente en 150 países y cuenta con más de tres millones de miembros y simpatizantes. Tal vez sea la organización más amplia y numerosa en esta línea de acción. Amnistía realiza labores de investigación y emprende acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Es también una organización con una estructura y misión claras, fue fundada en Inglaterra en 1962 y aún tiene mucha vigencia y capacidad de acción. En México tiene un órgano coordinador en el DF y grupos en varios estados donde ha venido implementando estrategias de difusión y acción, para impulsar el respeto de los derechos humanos. En particular debo subrayar que ha contribuido en la denuncia de casos graves de violación, como el de los feminicidios de Ciudad Juarez, entre muchos otros.

Una de sus áreas de labor relevante es la de investigación. Con su informe anual ponen en la mira las principales violaciones cometidas en los diferentes países en donde tienen acceso. En general sus informes suelen tener mucho impacto puesto que son realizados con objetividad y profesionalismo. Dado que no reciben financiamiento de ningún gobierno no pueden ser acusados de ser tendenciosos. Sus actividades se sostienen y desarrollan esencialmente, a partir de los aportes de sus miembros y simpatizantes, así como a través de la articulación con otras organizaciones de derechos humanos.

No es común que el Secretario General de Amnistía y una comitiva de primer nivel, visiten un país, sin embargo nos visitaron hace unos pocos días. Salil Shetty actual Secretario General es un veterano activista en asuntos relacionados con la pobreza y la justicia. Antes de unirse a Amnistía Internacional fue director de la Campaña del Milenio de la ONU y desempeñó entonces un papel fundamental en la campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la primera parte de su visita Salil Shetty, Érica Guevara directora ejecutiva para el área de Las Américas, y Perseo Quiroz director para México, fueron al norte del país. La violencia ejercida contra migrantes y los casos de personas desaparecidas aparecieron como los asuntos primordiales en su diálogo con agrupaciones locales. Salil Shetty consideró su estancia en México de “alta prioridad” porque es visible la gravedad de estos casos.

En el Estado de Coahuila se reunió con miembros de la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y expresó su preocupación por que durante el gobierno de Felipe Calderón se reportó en México la desaparición de más de 26 mil personas, cifra excepcional y grave a los ojos de Amnistía Internacional (AI), pero y sobre todo, porque a la fecha “no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, y en que se hayan rendido cuentas claras’’.

También visitó Saltillo y fue a las instalaciones de la Casa del Migrante. Denunció entonces que el año pasado las autoridades mexicanas detuvieron a 83 mil indocumentados de distintos países, la mayor parte originarios de países de Centroamérica. De éstos 76 mil fueron deportados no obstante que habían sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, tanto por organizaciones criminales como por autoridades.

El hecho es que a pesar de las declaraciones de buena voluntad del actual gobierno y de las iniciativas legales que ha propuesto en materia de derechos humanos, en México siguen ocurriendo cotidianamente, graves violaciones y abusos, como desapariciones forzadas, ataques contra migrantes indocumentados, hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de una casi total impunidad; señalaron los representantes de Amnistía Internacional (AI).

Pero la cereza del pastel ocurrió el lunes de la semana pasada cuando Salil Shetty entregó al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada, un memorandum titulado “Los retos de México en materia de derechos humanos”, en el cual se advierte que el país enfrenta una situación de crisis en diferentes ámbitos de los derechos humanos, situación que debería ocupar el mismo nivel de importancia que las reformas económicas y políticas.

En este documento se insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente. Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos. Cito un párrafo del documento “México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.”

Es importante que existan organizaciones de la sociedad civil independientes y profesionales, como es el caso de Amnistía Internacional. Es importante que alcen su voz a nivel nacional e internacional, que denuncien y que den a conocer su posición dentro de las altas esferas del poder en nuestro país y en muchos otros países, porque esas voces ayudan a movilizar voluntades y contribuyen a generar los cambios que el mundo necesita.

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Retrocesos en materia de Derechos Humanos en México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 18 de septiembre de 2013

La semana pasada la relevante reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, aprobada hace poco más de un año en el 2011, sufrió un duro golpe, que para diversos analistas debe considerarse un retroceso en su espíritu.

La reforma constitucional nos sorprendió a todos por los cambios tan importantes que se observaron en el artículo primero. Por ejemplo, afirmaba la relevancia de los derechos humanos en el país, por encima de las garantías. En este sentido ubicó en el mismo nivel de importancia a la constitución y a los tratados internacionales. Por otro lado enunciaba principios de gran relevancia necesarios para la defensa y promoción de los derechos, entre ellos el principio pro persona. La reforma también incorporaba la obligatoriedad de que todos los servidores públicos denunciaran cualquier violación a los derechos humanos. Entre otros aspectos más.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un paso atrás en tan importante reforma. La semana pasada, después de arduas y políticas discusiones, resolvió dos asuntos que van vinculados: 1) confirma que “los derechos humanos de fuente internacional (a partir de la reforma al Artículo 1° constitucional) tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual va en concordancia con la reforma de 2011. Sin embargo también acordó “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional”. Aquí es donde radica la regresión, e incluso el peligro para los derechos humanos, porque en la práctica si en la Constitución se consiente la violación a un derecho, se privilegia a esta aunque en los tratados internacionales se asuma como una acción violatoria, en este punto: los tratados internacionales por debajo de la Constitución.

Por ejemplo, en los tratados internacionales se menciona que una persona detenida tiene derecho a ser puesto a disposición de una autoridad (un juez), en un plazo reducido, tiene derecho a saber cuál es la acusación, derecho a la defensa y a estar comunicado. Algunos de estos derechos se vulneran en la figura del arraigo, que aunque poco eficiente, es de recurrente práctica en México, y se encuentra incluida en la Constitución.

Cabe mencionar que diferentes organismos internacionales, entre ellos la propia Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, a través de su informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas en México (torturas y malos tratos en México)”, se ha expuesto que el arraigo es violatorio a los derechos humanos. Asimismo durante el foro “Retos y acciones del Estado frente al arraigo”, realizado en el Senado, el representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, recordó que instancias internacionales han solicitado ya a México que elimine esa práctica. El arraigo impide la posibilidad de defensa inmediata de un detenido, porque te detienen para poder investigar, no hay acusación y por lo tanto, tampoco derecho a defensa.

Con la resolución de la Suprema Corte, en la medida que el arraigo aunque violatorio de derechos esta plasmado en la Constitución, los cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad. La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y consolidar el avance decide dar un paso atrás.

Al quedar la Constitución y los tratados internacionales en un mismo nivel y en un conjunto se puede dar lo que algunos abogados como Edgar Cortés del Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos llama “la interpretación conforme”; es decir, la Constitución junto con los tratados podrían hacer una lectura coherente y armónica. Lo que pasó con la resolución de la Suprema Corte es que se limitó la interpretación conforme, porque ante el desacuerdo prevalece la constitución.

Consideramos entonces que la Suprema Corte tomó una decisión contraria al espíritu de la reforma constitucional (de 2011), refrendó la visión de que nada puede estar por encima de la Constitución y que los derechos humanos son algo que amenaza. El riesgo ahora es que empiecen a realizarse reformas constitucionales para poder imponer en ella asuntos por encima de los derechos humanos.

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Zapopan y Derechos Humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC




Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, junio de 2013

Hace unos día Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal de Zapopan dijo: “Yo les puedo decir que con los operativos antipandillas todas las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes, y de esos más 70 jóvenes a lo mejor uno o dos o diez tienen drogas en su poder y son consignados, pero los otros 60 son soltados porque son faltas administrativas y van a seguir generando problemas de vandalismo, van a seguir generando problemas drogadicción y van a seguir generando problemas de inseguridad”. Pero no solo eso, mencionó que los drogadictos no merecen ser reconocidos como personas.

Después de este comentario desproporcionado y descontextualizado, vino una disculpa de su parte, así como solicitudes de que renunciara, quejas ante la CEDHJ y denostaciones públicas en su contra realizadas por diputados y regidores de otros los partidos políticos.

Este comentario debe considerarse grave. Más alla de si es cierto o no que cotidianamente tundan a macanazos a decenas de jóvenes, refleja una débil estrategia de acción proactiva con jóvenes y una escasa cultura sobre los derechos humanos en México.

La búsqueda por mejorar la situación de los jóvenes y por respetar los derechos humanos no es recientes, pero ha cobrado relevancia por varias razones:

  1. La guerra en contra la delincuencia organizada, lejos de mejorar la calidad de vida de los y las mexicanas ha agravado la sensación de inseguridad y ha posibilitado el aumento de violaciones  de derechos humanos. Es público que uno de los grupos más vulnerables son los jóvenes. Se dio a conocer públicamente el incremento en abusos a los derechos humanos –de 534 quejas formales en 2007 presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pasó a 2 mil 723 en 2012– violaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública, todo ello en medio de un grave problema de impunidad. No en balde fue necesaria la creación de una Ley de atención a víctimas que explícitamente contempla la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
  2. La Constitución Mexicana, a partir de la pasada reforma sostiene: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,  interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, asimismo, “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

A nivel latinoamericano, las y los jóvenes han sido el grupo que más padece la violencia social, pero también las violencias generadas por los gobiernos. En el informe sobre Seguridad Ciudadana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se señala lo siguiente: “Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población” .

En función de lo anterior, todo gobierno en la República mexicana no sólo tiene la obligación jurídica y ética de actuar en un marco de profundo respeto a los derechos humanos, sino que debe investigar, sancionar y reparar las violaciones si éstas llegaran a ocurrir. De igual manera tiene el compromiso de impulsar políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación y que tiendan a generar condiciones de mayor desarrollo para la ciudadanía. En esta línea consideramos que debe hacerse un énfasis especial en la atención pro activa de las y los jóvenes. Rechazamos cualquier acción o política que viole los derechos humanos y particularmente, que propicie la discriminación hacia cualquier grupo juvenil.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Gobierno y DH Sin categoría

Iniciamos el 2013 y nos encontramos con intenciones de retroceso en materia de derechos humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
9 de enero del 2013

El pasado 2 de enero, cuando el año apenas estaba arrancando, el Diputado Francisco Arroyo, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la presente Legislatura del Congreso de la Unión, puso a consideración ante los diputados una iniciativa con proyecto de decreto para que se vuelva a reformar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que apenas fue modificado en junio del 2011.
Los que nos dedicamos de una u otra manera a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, consideramos que la pasada reforma constitucional, misma que redimensiona los derechos humanos, ha sido una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, porque se define la primacía de los derechos humanos y a la vez porque se incorpora de manera positiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, se clarifica la vinculación entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, interacción que esta ya establecida claramente en varios países.
Todo avance en materia de derechos humanos es relevante, pero la reforma nos marca una norma de acción que puede re definir el rumbo del país. Tengamos presente que tan solo durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, en relación a la estrategia de combate al crimen organizado, imperó la impunidad y se violó el derecho a la seguridad. Fueron asesinadas aproximadamente 60,000 y existen miles de personas desaparecidas. Además de que el uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido de uso rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad, según han denunciado diversas agrupaciones entre ellas Amnistía Internacional. Además de todo esto las cárceles están sobre pobladas y no existen mecanismos adecuado para la readaptación social.
Con la reforma perecía que los diputados asumían una nueva y relevante visión, que se transmitiría a todos los funcionarios públicos y a todos los mexicanos, con la fuerza normativa de la Constitución, impulsando así el respeto y la realización de los derechos en el ámbito interno, con perspectiva internacional. La fundamentación filosófica y axiológica, sustento de los derechos humanos haría más confiable nuestro Estado de derecho.

Era de esperarse entonces que a partir de la reforma, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieran que, de forma gradual, adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos. De entrada, acorde al Artículo 1: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido el poder judicial está obligado a analizar y juzgar todos los casos que se le presenten a la luz del amplio conjunto de normas en materia de derechos humanos, específicamente en sus juicios deben favorecer en todo tiempo la protección de las personas, es decir, basarse en el principio Pro Persona, que es un principio fundamental a nivel internacional.

A diferentes abogados les he escuchado decir, y también lo menciona el diputado Arroyo, que la reforma Constitucional pone a México a la vanguardia y en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados a nivel mundial en la protección de los derechos humanos. Esta sintonía facilita que se pueda reflexionar y ampliar nuestro sistema jurídico a partir de debates y tratados internacionales que hoy se registran mundialmente.

No obstante todo lo positivo de la reforma el Diputado Francisco Arroyo, sugiere que el proceso de implementación para una reforma de esta envergadura es sumamente difícil. Su trascendencia dificulta la implementación efectiva. Así entonces, en lugar de sugerir e impulsar cambios o la reformulación de los sistemas para hacer viable y posible la implementación de los derechos, el diputado sugiere volver a cambiar la Constitución. Es decir, propone que la Constitución debe adaptarse a los sistemas actuales porque es difícil cambiarlos.

El diputado alude que la implementación de la reforma ha encontrado dificultades por una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, y los legisladores deben modificar la reforma para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.

En concreto menciona que según el párrafo primero del Artículo 1, los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “…salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”. Lo cual pudiera llegar a ser contradictorio.

Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de realizar una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos firmadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse para privilegiar la protección de la persona. Sin embargo, alude que este precepto, no se puede aplicar con facilidad en México en la medida que “deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado”. Podemos interpretar que en la perspectiva o experiencia de este diputado, este principio pro persona es difícil de aplicar en México por el tipo concreto de sociedad en la cual vivimos, por lo tanto es más fácil para el volver a cambiar la constitución.

Es cierto que la realidad social es complicada, y no se diga en lo relativo a la vigencia de derechos vinculados a la acción de la procuración y administración de justicia. Mucho se ha mencionado sobre el arraigo como un esquema que viola derechos a la justicia. Debemos también tener presente que en todas las encuestas nacionales realizadas en torno a la seguridad pública, la cifra negra de delitos no denunciados es cercana al 80% y mucho tiene que ver con la falta de confianza hacia la acción policial, lo cual se refleja también en que el porcentaje de delitos que quedan impunes es cercano al 97%. No en balde una de las reformas más importantes a los sistemas de procuración y administración de justicia es la introducción de los llamados juicios orales, que pretenden hacer más ágil y eficaz todo el proceso. Así entonces, coincidimos en que la realidad social y de los sistemas es no es adecuada, pero es posible cambiarse, pero para ello tenemos que fijarnos metas altas y trabajar en función de ellas. Desde mi perspectiva la reforma constitucional y el principio pro persona marcan una serie de normas que ayudan a dirigir el rumbo de los cambios. Tener normas de altura nos obligan a ser mejores y más eficientes. Bajar el nivel de exigencia en la norma nos lleva a realizar modificaciones menores, que a la larga no cambian el origen de los problemas.

Opino que nuestro país se merece tener una Constitución que no escatime en lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.

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Carlos Peralta César Pérez Verónica Informes de Derechos Humanos

La Reelección Anticipada Del Ombudsman

Un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un Ombudsman*

Carlos Peralta y César Perez1

Comentarios generales sobre la elección del Ombudsman y su actuación

A principios del 2012 sin tomar en cuenta los cuestionamientos de organismos sociales y a partir de un adelantado y acelerando proceso de elección (calificado en el Congreso local como fast track), los diputados ratificaron como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con lo cual estará al frente del organismo por un segundo periodo hasta el 1 de agosto de 2017. Dicho proceso de reelección por las serias irregularidades en su proceder, debería considerarse un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un ombudsman.

Pese a que el cambio de ombudsman debía realizarse en agosto, los diputados realizaron el proceso de selección en enero, tomando desprevenidas a las organizaciones y posibles interesados en el relevo. Difundieron la convocatoria el 16 de enero y fue evidente que tenían prisa por concretar la elección, de hecho concluyeron todo el proceso en menos de quince días a pesar de que aun faltan más de seis meses para el vencimiento del nombramiento.

Justificaron las prisas diciendo que algunos diputados estaban pensando en pedir licencia para participar en el proceso electoral que estaba ya en marcha y no querían que a la larga el nombramiento se complicara por no contar con el número de votos necesarios. Debe también mencionarse que el nombramiento del ombudsman fue una moneda de cambio en torno a puestos que se otorgan por definiciones políticas ya que “dos coordinadores parlamentarios consultados sobre la elección, admitieron que había un acuerdo con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de “respetarles” el espacio de la CEDHJ, por lo que apoyarían la permanencia de Álvarez Cibrián, como contraparte de otros nombramientos, especialmente los del Poder Judicial”2.

Así entonces, el proceso electoral y la licencia que pedirían los diputados, fueron el pretexto para adelantar las elecciones para ombudsman. De la noche a la mañana, con un acelerado proceso plagado de irregularidades, que incluyó modificar el orden del día en una sesión del pleno para adelantar el nombramiento (porque no estaba contemplado), los diputados reeligieron al ombudsman.

En relación al procedimiento se apreciaron aspectos a cuestionar:

  • Los diputados no expusieron en la convocatoria el perfil del ombudsman que deseaban o que la sociedad jalisciense necesita.

  • Los diputados no realizaron una consulta pública sobre los candidatos, acorde al espíritu sugerido por la Constitución del país. Si bien es cierto que hicieron pública la convocatoria a través de periódicos, y recibieron expedientes acompañados de cartas de respaldo, esto no implicó una consulta a organizaciones de la sociedad civil, universidades, o sector privado, en relación a los perfiles más adecuados para ser el ombudsman.

  • La elección no fue basada en un examen o en el caso del ombudsman en funciones, no se realizó una evaluación de su labor. Es decir, para considerar la permaneciera en el cargo no se realizó un análisis valorativo de su desempeño. Esto podría indicar que los diputados dieron más importancia al cabildeo, las relaciones políticas y el número de firmas de apoyo que los candidatos podrían juntar en un par de días, que a una fundamentada evaluación del trabajo realizado. El Congreso no se interesó y perdió la oportunidad, de realizar una evaluación pública del desempeño del titular de la CEDHJ, pero además perdió la oportunidad de generar procesos de participación reflexiva y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

  • También se debe mencionar que además de no realizar un procedimiento de evaluación, a diferencia de elecciones anteriores, no se entrevistó pública y personalmente a ninguno de los candidatos, así como tampoco se les solicitó que presentaran de cara a la sociedad, propuestas o un plan de trabajo en relación a la labor que realizarían en la CEDHJ o sobre su ejercicio como Ombudsman. Asi entonces las fórmulas para que la ciudadanía pudieran valorar a los candidatos, sus proyectos o intenciones, se eliminaron.

  • Un procedimiento tan acelerada favoreció al ombudsman en funciones. Posibilitó que aprovechando los recursos logísticos a su alcance (por estar al frente de la CEDHJ), lograra recabar firmas de apoyo de agrupaciones e instituciones educativas en poco tiempo. No en balde en solo dos días se menciona que obtuvo “cerca de 224 cartas que se presentaron por parte de diez universidades, entre ellas la del rector general de la Universidad de Guadalajara, además de 50 sindicatos y federaciones de trabajadores, 40 colegios y federaciones de todas las profesiones, diez comunidades indígenas y 120 organizaciones de la sociedad civil”. Por su parte el común de los otros candidatos no contó con los recursos logísticos, para buscar (en tan poco tiempo) un número tan significativo de respaldos para su candidatura. Si bien no se puede pasar por alto que le dieron su apoyo al ombudsman diversas instituciones, un proceso de elección debería tomar en cuenta fórmulas para partir de la equidad en recursos. La elección del ombudsman debería sustentarse en valoraciones objetivas y sustentadas, más que en fórmulas de cabildeo, negociación o demostración de recursos.

Con este procedimiento, los diputados y diputadas ignoraron la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, particularmente al referido en el inciso c) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, donde se señala claramente:

c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2.

Resulta evidente que el procedimiento de elección impidió que los y las participantes entraran en igualdad de condiciones con relación al titular de la CEDHJ, pese a las Recomendaciones de uno de los órganos de los Tratados de la ONU y a las reformas realizadas en la Constitucional General de la República en materia de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 102, inciso B, párrafo octavo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

Al realizar una reelección sin evaluación lo que se transmitió públicamente fue que los diputados y diputadas estaban de acuerdo con el actuar presente de la Comisión. Debe considerarse que dieron su respaldo a una Comisión que no explicita de forma abierta cómo atiende las quejas y que además puede identificarse como una de las más caras en la República Mexicana. Cabe mencionar que al titular de la Comisión recibe un salario mayor al que es percibido por el ombudsman del Distrito Federal, aunque no maneja la misma cantidad de personas, casos, ni brinda atención a una población que posee muchos más millones de habitantes que la nuestra.

En este contexto debe tenerse presente que si bien la Comisión afirma que se han incrementado la capacidad de recibir y atender quejas, aun deja muchas dudas sobre su eficiencia. En su informe 2012 se menciona que recibieron un total de 11 001 quejas. La Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, describe cuantas quejas recibieron pero no menciona aspectos relevantes como: cuantas quejas fueron rechazadas o cuantas archivadas y porque motivos se archivaron. Es decir, no describen el procedimiento y los criterios para atender y resolver las quejas, lo cual es de suma importancia para valorar si brindan un trámite pertinente a cada una. Es cierto que pueden estar al corriente en la atención de quejas, si la mayoría se envían a archivo muerto. Falta mayor explicación sobre el tratamiento que se brinda a las quejas y este es el aspecto de trato más cotidiano de la Comisión con los ciudadanos.

Por otro lado, también en el informe 2012 se vanagloria el ombudsman por el hecho de que emitieron 50 recomendaciones y que además el 100% de éstas fueron aceptadas. Pero también en este tema debemos ser cautos porque el haberlas aceptado no implica que sean adecuadamente atendidas y que se logren resarcir los daños a los afectados. Según se menciona, en la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2012 a la Procuraduría de Justicia (recomendaciones 3, 6, 23, 25, 29 y 35) y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el factor común es el incumplimiento a integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que cometieron violaciones. Sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero ¿la ciudadanía está satisfecha con el alto costo que cada una de ellas implica y con los resultados que se obtienen?

Por otro lado, puede considerase pobre su acción cotidiana en lo que se refiere a la modificación de políticas públicas o actividades vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Quizás el mejor ejemplo de su falta de compromiso con la normatividad y la modificación de políticas, es su ausencia en la implementación cotidiana del marco legal para prevenir y erradicar la discriminación en Jalisco, pues tendiendo las facultades legales impulsar que el Congreso implemente las medidas legislativas necesarias, hasta la fecha no lo ha hecho, lo mismo sucede en relación con otras políticas públicas o formas de actuar de instancias como la Procuraduría, que cotidianamente llevan a la violación de derechos.

Además de lo anterior, la presidencia de Álvarez Cibrián se ha caracterizado por una forma de relacionarse con la sociedad civil “polémica”. Tiene una buena relación con algunas agrupaciones como las barras de abogados y asociaciones que defienden algunas causas asistenciales, pero una relación conflictiva con grupos que luchan por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, con grupos de activistas por los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos “Coordinadora 28 de mayo”.

Francisco Macias integrante del Cepad, en el momento en que se realizaba el proceso de selección, lanzaba las siguientes interrogantes en torno a la labor de la CEDHJ: ¿ha cambiado algo en Jalisco en relación al respeto a los derechos humanos? ¿Se ha defendido y se han propuesto cambios que al día de hoy nos permitan tener una justicia más confiable, o servidores públicos que respeten los derechos humanos?

Reflexiones posteriores a la elección y los amparos contra el procedimiento del Congreso local

Algunas agrupaciones y personas sostienen que la elección del ombudsman realizada por el Congreso, incumplió con el mandato contenido en el artículo 102-B párrafo octavo.

Este artículo Constitucional a la letra dice: “La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”4.

Consideran que la convocatoria abierta a la sociedad sirvió para “allegarse de nombres” pero no se generó una fórmula de consulta pública. Por este motivo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, a título personal, impugnaron ante los tribunales de la federación el proceso de elección, por considerar que se vulnero la disposición referida en el citado artículo5. Hasta el momento de escribir el presente artículo se habían interpuesto dos recursos de revisión en contra de las resoluciones del Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, siendo el primer Tribunal Colegiado en la misma materia quien a petición de las ciudadanas Gladys Martínez, expediente 486/2012, Guadalupe Ramos Ponce y Jaime Amaral Arias en el expediente 573/2012, que declinó su competencia para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolviera esta trascendental controversia. Sin embargo, la SCIN regresó ambos casos para que sean resueltos por el Tribunal Colegiado originario de conocer de los recursos.

El acto reclamado en la mayoría de las demandas de amparo fue: “… la Convocatoria, expedida por el Congreso del Estado, de fecha 16 de enero de 2012, que convoca a las “organizaciones, colegios de profesionistas, universidades y sociedad en general”, a allegarle (sic) candidatos para elegir a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en varios medios impresos de comunicación; mismo que causa agravio y perjuicio a los suscritos violentando garantías individuales y sociales; así como el acuerdo de fecha 24 de enero, de la sesión del pleno del Congreso el Estado que reeligió de forma anticonstitucional al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para un segundo periodo, al no haberse ajustado a un procedimiento de consulta pública, tal como se establece en nuestra Carta Magna.”

Basados en lo establecido desde los Principios de París6, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, una consulta pública es fundamental para el procedimiento de elección del ombudsman en la medida que posibilita las garantías de independencia y pluralismo. Los Principios de París establecen tres elementos básicos para alcanzar la independencia de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”: a) la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus miembros, b) la autonomía presupuestaria y patrimonio propio y, c) la estabilidad en el mandato de sus miembros. El Senado y la Cámara de Diputados incluyeron en el 102 apartado B el espíritu de esos Principios, al incorporar la obligación de realizar una consulta pública transparente, con el fin de que todas las Legislaturas de México se ajustaran a un procedimiento que ofreciera todas las garantias necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales y de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

Los amparos presentados buscan revertir el procedimiento de elección, en la medida que se considera que el mecanismo empleado no fue apegado al espíritu de los principios de Paris, ni de la reforma Constitucional. Una resolución favorable propiciaría que el Poder Legislativo de Jalisco asuma sus obligaciones responsablemente y abra la posibilidad de que la ciudadanía mejore su percepción y confianza en sus representantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fuentes:

1 Carlos A. Peralta Varela e Doctor en Ciencias Sociales. Académico del ITESO miembro de la Asamblea del CEPAD. César Octavio Pérez Verónica es abogado y actualmente es el Director Ejecutivo del Cepad, AC.

2 Tomado de Milenio Jalisco, 25 de enero del 2012, Título de la nota: Legisladores ratificaron “fast track” al “ombudsman”. Escrito por Sonia Serrano.

3 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 102 inciso B, 11/ 12/2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1pdf

5 Expedientes radicados en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo.

  • Amparo 285/2012, de Guadalupe Zepeda Díaz, Jaime Hernandez Ortiz y Arcadia Lara González, por su propio derecho y a titulo del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC.
  • Amparo 286/2012, por Guadalupe Ramos Ponce, Jaime Arias Amaral, por su propio derecho.
  • Juicio de Amparo 287/2012, por Gladys Yolanda Martínez Fombona, por su propio derecho.
  • Amparo 288/2012, Carlos Valentín Veyna Martínez, apoderado Legal del Instituto de Derecho Ambiental
  • Amparo 289/2012, Raquel Gutiérrez Nájera, por su propio derecho y en su carácter de participante.
  • Amparo 290/2012, Oscar González Gari por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

6 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de Paris)”, octubre de 1991, adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1992 (resolución 1992/54) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 (resolución A/RES/43/143).

 

*Artículo contenido en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2012