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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Derechos de los Niños y las Niñas Derechos Sexuales y Reproductivos Discriminación Paola Lazo Corvera Sin categoría

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…


Por Paola Lazo Corvera,
Asambleísta del CEPAD AC


El pasado 22 de enero un grupo de madres y padres de familia de la Secundaria 4 Mixta, apoyados por el director de la escuela, presentaron una queja ante la Secretaría de Educación Jalisco, para expresar su desacuerdo e inconformidad por el hecho de que Andrea Carolina Márquez González impartiera clases a sus hijos, apelando a que el tener un maestro transgénero (a quien debieran referirse como maestra, ya que ella se asume como mujer de género), acudiendo a la escuela vestido de mujer, podría afectar la integridad psicológica y emocional de sus hijos e hijas.

Ante la queja, las autoridades de la Secretaría de Educación decidieron que la mejor manera de atender una situación de evidente discriminación, era a través de una Sesión de Mediación entre ambas partes: los padres y madres, y la maestra Andrea Carolina. Es de sorprender la tibieza de la propia Secretaria, así como de la CEDHJ, para poner un ejemplo contundente de defensa y protección hacia quien está viendo vulnerados sus derechos a razón de creencias, prejuicios y estereotipos que lo único que promueven es la desigualdad.

Desde un enfoque de derechos, las autoridades debieron señalar cómo es que el reclamo de los padres y madres era contrario a la propia Constitución (Art. 1º), al ser discriminatorio hacia la maestra, y contradictorio también hacia los principios promovidos en los Planes y Programas de Educación Básica, que respaldan la inclusión, la aceptación y la no discriminación, así como del Art. 15 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Una vez hecho el señalamiento y habiendo frenado una posible cruzada en contra de la maestra, las autoridades podrían entonces impartir talleres de sensibilización y educación en derechos humanos a las familias y alumnos con el fin de promover una cultura de la Diversidad, desde el respeto a las diferencias y la educación para la paz (tal y como lo establecen los lineamientos de DH tanto de la SEJ como de la CEDHJ, así como la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por nuestro país, y promovida por la propia SEJ).

La discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y el pleno ejercicio de la ciudadanía (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).
Los argumentos de los padres de familia no sólo son antipedagógicos, sino también producto de una violencia estructural que perpetúa las relaciones desiguales, contraria a una cultura de paz y poco favorecedora de un desarrollo integral abierto, plural y libre en los muchachos y muchachas. Justifican desde sus miedos y prejuicios una supuesta violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay investigaciones que demuestran que el aprender de maestras y maestros diversos enriquece las posibilidades de socialización, aceptación y valoración de las diferencias. Estas jóvenes y muchachos resultarán beneficiados del contacto con una maestra distinta a las demás, crecerán aprendiendo que las personas pueden decidir ser cómo quieren ser, y que eso no agrede ni violenta a los demás, y que es en principio una muestra de congruencia y autenticidad. En esta etapa en que las y los jóvenes cuestionan los patrones sociales establecidos por el orden social como parte de su independencia y desarrollo de su pensamiento crítico, conocer adultos que han explorado otras formas de ser y de identificarse desde su género, les abre un panorama más amplio, acorde a sus propias inquietudes, que propicia la erradicación de la ignorancia, los estereotipos, los prejuicios y una moral basada en los usos y costumbres, que no corresponde al progreso científico y a las necesidades actuales de nuestro mundo.

Desde una visión de educación para la paz, conflictos como éste nos permiten buscar formas creativas, solidarias y respetuosas de enfrentar las diferencias; ésta será sin duda una oportunidad de reflexión y aprendizaje no sólo para la comunidad escolar de la Secundaria 4 Mixta, sino para la sociedad jalisciense en general. Esperemos que las autoridades educativas y la misma CEDHJ resuelvan desde un enfoque de derechos, que nos permita a todos re-educarnos y hacer de la inclusión una práctica cotidiana en nuestras vidas. Para lograr la paz que tanto exigimos, es necesario actuar desde la no violencia, construir espacios cotidianos de respeto, de inclusión y de aceptación, en donde todos y todas quepamos, y construir a través del diálogo, con apego a derecho, relaciones de armonía y solidaridad.

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Gobierno y DH Sin categoría

De San Fernando a La Barca e Iguala


Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Sin categoría

Fuerza Única Regional y los derechos humanos

Por Francisco Macías 

La policía es uno de los elementos más que componen el ejercicio de un buen gobierno, ya que de su desempeño dependen factores como el cumplimiento de la ley, así como la protección de personas y bienes preciados. 

Su función tiene directa relación con la democracia: ” Todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder a ella”, “Todos los funcionarios de policía son parte de la comunidad y tienen la obligación de servirla” (Ver Manual OACNUDH). 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, hace referencia que los elementos deberán respetar y proteger la dignidad humana, además de mantener y defender los derechos humanos de las personas, aspectos que se encuentra reforzado por la Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos de 2011, la cual coloca a las corporaciones como garantes de nuestras libertades. 

Propiamente en Jalisco a pesar de que se cuenta con leyes recientes como la del Sistema Estatal de Seguridad y la que regula el trabajo de la Fiscalía General del Estado, con claras definiciones hacia el cumplimiento de su función, se siguen apreciando varios problemas: por ejemplo que en promedio los elementos perciben bajos salarios para el riesgo de su función (nueve mil pesos mensuales), que sólo 11 % de ellos se encuentran debidamente capacitados, que el 61.6 % de la población manifestó confiar poco o nada en los policías, al mismo tiempo de que el 80 % consideró que son corruptos de acuerdo a la encuesta del observatorio  “Jalisco como vamos” y diversas informaciones periodísticas. 

Hay que agregar que mensualmente se reciben más de mil inconformidades en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por actos que van desde la intimidación,  lesiones, allanamientos, amenazas, entre otras. 

En este escenario, es que el Gobierno de Jalisco conformó en días recientes la llamada Fuerza Única que busca instalar un nuevo modelo de policía centralizado en un solo mando estatal con presencia en regiones con 1 500 elementos provenientes de corporaciones municipales, que atenderá la grave debilidad de la inseguridad en diversas zonas de Jalisco. 

Algunas de sus principales debilidades son la carencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar y exigir la rendición de cuentas de su trabajo desde las mismas comunidades a las que responderán, nace con la carencia de un marco legal específico que lo regule, funciona más bien por acuerdo el cual ha sido visto como una imposición e intromisión a la autonomía municipal, ya que serán éstos quienes carezcan de los resultados de una policía que ellos conformaron. 

Existen dudas razonables sobre el nivel que tendrán en cuanto a la garantía y respeto de los derechos humanos, debido principalmente a la reiteración de incidentes, aspecto que puede verse agravado en zonas donde acceder a la justicia es más probletico que en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El reto es crear una corporación que responda a las exigencias de la entidad y al respeto a las libertades, pero que sea un ejemplo de lo hasta ahora visto. Caso contrario estaremos ante una pobre versión 2.0 de la policía estatal de antaño
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Artículo semanal Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco Coyuntura sobre Derechos Humanos Juan Larrosa Sin categoría

Álvarez Cibrián, el férreo defensor del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
22 de julio de 2014

En días recientes regresaron a la agenda mediática las críticas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión las críticas se enfocaron a los despilfarros económicos que el presidente de la comisión lleva a cabo en comidas y banquetes, gracias a la publicación de sendas investigaciones periodísticas de Reporte Índigo y El Informador en las que documentan el trabajo del ombudsman local a favor de la defensa del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense. Sin embargo, las críticas a la comisión no se agotan ahí. Por donde se le vea, el trabajo de esta institución es indefendible. En meses recientes han ocurrido intensos debates en torno a la discriminación o la seguridad pública y la comisión ha brillado por su ineficiencia, por su falta de interés, por su falta de sensibilidad o por su supina ignorancia.
Volver a hablar de la comisión puede resultar cansón, especialmente porque ya se ha documentado a través de diversas investigaciones periodísticas y académicas la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan solo el CEPAD ha documentado las inconsistencias en el proceso de elección del ombudsman, su falta de trabajo e interés en temas tan importantes como el de la tortura o la discriminación, su indolencia ante las realidades ambientales o indígenas, o sus deficiencias en el trabajo general de resolución de quejas y elaboración de recomendaciones. Sin embargo, aunque resulte repetitivo, sigue siendo relevante señalar críticamente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sirve, no funciona. Finalmente es una institución que utiliza recursos públicos y que debe un elemental proceso de transparencia, pero especialmente de rendición de cuentas.
No obstante, los problemas de la CEDHJ no responden exclusivamente a su diseño institucional. El trabajo del presidente de la comisión ha sido terrible. Es importante no olvidar los siguientes datos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián llegó a la presidencia de la comisión con muy poca experiencia académica y práctica en el campo de los derechos humanos. Llegó cuestionado al puesto, tanto así que en las dos ocasiones que ha rendido protesta ante el Congreso, diversas organizaciones civiles y ciudadanos se han manifestado en su contra. Tiene diversas acusaciones por su manejo autoritario del Consejo Ciudadano. Y ahora vuelve a ser cuestionado por el manejo discrecional del presupuesto para pagar comidas a funcionarios públicos, tal como si fuera un jeque.
La megalomanía de Álvarez Cibrián, así como la falta de capacitación e interés en torno al tema de los derechos humanos no nada más se observan en el ejemplo gastronómico, también se pueden encontrar en otros ejemplos, como la página web de la comisión. Basta hacer un simple análisis visual para ver que en todas las fotografías que se despliegan en la página principal aparece la imagen del presidente, siempre vestido con trajes y rodeado por personas que le saludan, sonríen o arropan.  Su nombre, Álvarez Cibrián, es el único escrito página principal. Para rematar, debajo de sus fotos, está el icono de un hombre trajeado, que evidentemente es él, con un papel enrollado en su mano derecha. Debajo del icono y en mayúsculas, aparece un rótulo que dice “EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO”. El icono enlaza a una página que comienza con una fotografía de Álvarez Cibrián en un plano contrapicado, un plano que sirve para denotar poder y control. Después viene una descripción de su credenciales académicas y una serie de vagos e indocumentados elogios como “ha cursado más de cien programas académicos” o que es el “único jalisciense que ha presidido el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que afilia a todos los ombudsman del país”. Las imágenes de la página web hablan por sí solas.
El resto de la página web es similar y gira en torno a la figura de Álvarez Cibrián. Los ciudadanos jalisciense no encontrarán una página útil y que les dé un servicio. Tampoco encontrarán cuáles son los planes y acciones del presidente para la defensa de los derechos humanos de la jaliscienses. Mucho menos encontrarán documentos críticos sobre la administración pública estatal, la actuación de funcionarios públicos, o sobre los contenidos de leyes que violen los derechos humanos, que no los tutelen, o que les falte un proceso de armonización. Los ciudadanos encontrarán una página que, acorde con los tiempos políticos, garantiza el derecho a la buena imagen de los políticos. Lo anterior no es tan grave, pues estamos hablando de una página web. El problema es que esta página es parte de una realidad más amplia en la que existe un manejo autoritario, patrimonialista y oficialista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A casi veinte años de la creación de la CEDHJ es evidente que hace falta una evaluación crítica de esta organización y que esta evaluación sea la base para un rediseño institucional que prevea, entre otras cosas, los mecanismos que eviten la proliferación de funcionarios públicos como Álvarez Cibrián y que abran las puertas al trabajo por la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, lo mejor será que la comisión se convierta en un restaurante de lujo al que solamente puedan acudir políticos jaliscienses.
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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Personas Desaparecidas Sin categoría

La historia de unos jóvenes que nos vincula a todos

Mtro. Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
9 de julio de 2014

Se trataba de un grupo de amigos como los hay en muchas de nuestras poblaciones. Los unía la amistad, la fiesta, los proyectos en común sembrados desde sus familias, incluso la confianza probablemente no tan consiente de saber que más allá de la puerta de entrada existía una comunidad que los cuidaba. Más todavía, una autoridad que se suponía nos debería de garantizar seguridad y libertad.

Era junio de 2013 cuando Eduardo Isaías Ramírez Hernández (22 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), vecinos todos ellos de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron inexplicablemente para sus familias, pero explicable de otras maneras a las que preferimos no darles nombre por miedo y que la autoridad prefiere callar por conveniencia o por mantener una relación con lo no dicho.

Las familias iniciaron el peregrinar de peticiones hasta llegar al reclamo ante distintos niveles de autoridades, se manifestaron y su voz movió a una sociedad acostumbrada al silencio que se convirtió en exigente por días.

Los reclamos y el dolor eran imparables, sobre todo cuando se trasciende a la única agenda que en ocasiones importa al poder: la agenda de los medios de comunicación.

Es así que la autoridad investigadora decide reaccionar, insertar un discurso de seguridad que no existe en los hechos, que no es real.

La autoridad municipal se decide por dividir a la sociedad al criminalizar a los jóvenes y vincularlos con eso que no se atreve a reconocer en ellos, al fin y al cabo como sociedad nos movemos entre etiquetas.

Finalmente luego de una investigación sujeta a muchas presiones, anuncia las detenciones de varias personas y la localización de un sitio de inhumanidad, que en automático negó a los familiares de los jóvenes el derecho a reencontrarse, a despedirse, incluso a vivir un duelo, buscar un consuelo. Incluso el Gobierno de Jalisco entregó “restos” de ellos en cajas con su logotipo y pagó una ceremonia religiosa sin su consentimiento.

Hechos similares recientemente han ocurrido con ocho jóvenes en Encarnación de Díaz, que nos hacen pensar que mientras no mostremos nuestra solidaridad y empatía, no nos veamos en los otros y otras, la indignidad prevalecerá.

En Jalisco, se estima que existen más de 2,175 personas desaparecidas de acuerdo al Informe del CEPAD sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012.

Nos unimos al llamado del grupo Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco quienes señalaron a un año de lo ocurrido: ¡abrazamos a sus familias pidiendo consuelo y justicia para ellas! ¡ni uno más!

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Juan Larrosa Sin categoría

28 de mayo en Guadalajara: pensamiento único y represión

Mtro. Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, 26 de mayo de 2014

En una entrevista realizada un par de años antes de su muerte, Stuart Hall realizó una serie de balances críticos sobre las raíces y tradiciones de los Estudios Culturales. En esas conversaciones habló de la influencia que el marxismo tuvo en esta corriente de pensamiento e investigación, particularmente en su versión británica. Entre otras cosas Hall dijo sentirse orgulloso del desarrollo metodológico del análisis de coyuntura. Aunque no fue Hall quien inventó este término, pues reconoce que anteriormente ya había sido utilizado por Marx, pero especialmente por Gramsci, sí fue él quien lo desarrolló como una herramienta de análisis dentro de los Estudios Culturales. Según Stuart Hall, una coyuntura es un punto de quiebre o ruptura en el devenir histórico. En estos quiebres se condensan una serie de hechos, generalmente contradictorios, que describen densamente la realidad y sus transformaciones. Las coyunturas pueden analizarse desde múltiples dimensiones, pero Hall, dada su inclinación por la cultura, vivió pendiente de las transformaciones ideológicas y se preguntaba sobre las ideas o costumbres de su tiempo, y quién las creaba, modificaba o controlaba. A un decenio de los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, vale la pena preguntarse qué pasó entonces en clave de análisis de coyuntura.

En mayo de 2004 Guadalajara fue sede de la tercera cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea. Anteriormente esta cumbre había sido celebrada en Brasil y en España. Luego de la edición en Guadalajara, la cumbre se llevó a cabo en 2006 en Viena, en 2008 en Perú, en 2010 una vez más en Madrid y en 2013 en Chile, aunque en la última edición el nombre de la cumbre cambió a Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. El objetivo de estas cumbres ha sido la creación de una zona de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea. Hasta la fecha este tratado económico no se ha creado. Antes de comenzar la cumbre de Guadalajara se esperaba que para 2010 la zona comercial estuviera abierta, pero al finalizar la reunión, las expectativas eran mucho más pesimistas. Lo cierto es que Europa desde hace años ha estado ocupada por sus distintas crisis políticas y económicas, las cuales han desplazado cualquier interés real por sus relaciones con América Latina.

En la cumbre del 2004 llegaron a Guadalajara los presidentes de distintos países de Europa y de América Latina. La ciudad fue resguardada por fuerzas policiales y durante una semana muchas calles y plazas públicas fueron cerradas. La reunión internacional atrajo la mirada de diversos grupos de protesta internacionales, nacionales y locales, quienes también llegaron a Guadalajara para manifestar su desacuerdo con las políticas internacionales de libre comercio y globalización. Durante toda la primera década del siglo XXI este tipo de protestas fueron comunes en todo el mundo y tuvieron como origen la mítica manifestación de Seattle, en 1999, en el marco de una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Estas manifestaciones también tuvieron en común la participación de un grupo conocido como el bloque negro, altamente violento, así como fuertes dosis de represión por parte de los Estados. Sin duda, esta serie de manifestaciones también conocidas como el Movimiento de Resistencia Global, fueron las precursoras de los movimientos de protesta de la segunda década del siglo XXI como Occupy Wall Street, los indignados españoles, los pingüinos chilenos o el #YoSoy132 en México.

En el marco de las protestas en contra de la cumbre celebrada en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 hubo una manifestación que fue duramente reprimida por el gobierno del estado de Jalisco. El saldo fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de mayo o el Cepad, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron que casi medio centenar de los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y una decena de personas fue encarcelada sin el debido proceso.

El “28 de mayo” es una coyuntura que marcó la historia de Guadalajara. La parte más evidente es que fue una coyuntura en la que hubo una violación masiva de derechos humanos, tal como ya ampliamente se ha documento. Sin embargo, el “28 de mayo” también condensa muchos de los rasgos generales de la política y la cultura en Guadalajara de los primeros años del siglo XXI. El “28 de mayo” condensa el giro neoliberal que dio el mundo en décadas anteriores y que precisamente estuvo marcado por un intenso y desigual proceso de globalización económica y cultural, que a nivel local se pudo observar en la creación del famoso “Sillicon Valley” en El Salto o la llegada de empresas trasnacionales a la ciudad. Desde un punto de vista cultural, el reajuste neoliberal y globalizatorio trajo el desarrollo de Guadalajara como una marca, bien para el desarrollo de una cumbre entre mandatarios, o bien para albergar un torneo internacional de golf, los Juegos Panamericanos, y ahora la famosa Ciudad Digital. En el tintero se han quedado muchos otros proyectos, como el famoso museo Guggenheim y otros van a atrasados, como el polémico Santuario de los Mártires. Por otra parte, el “28 de mayo” condensa prácticas políticas autoritarias. En el sexenio de Francisco Ramírez Acuña no nada más ocurrió esta represión, está también el caso del Tlajomulcazo, una auténtica celada a un movimiento cultural como el de la música electrónica y las fiestas rave. En tiempos de Emilio González fue proverbial aquella frase de “a mí, lo que unos poquitos dicen, me vale madre”, y después a una parte de esos poquitos que conforman la sociedad les llamó “opositodos” y luego dijo que otros poquitos le “deban asquito”.

No son pocos los que han criticado las manifestaciones en contra de la globalización y las descalifican por su violencia y contradicciones. Sin embargo, es claro que el “28 de mayo” es una coyuntura que nos recuerda que no vivimos en una sociedad en donde se acepte la proliferación de discursos críticos, mucho menos de diálogos públicos para construir colectivamente el entorno. Es evidente que el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años ha estado lejos de ser la panacea para Guadalajara. El Sillicon Valley tapatío nunca trajo dinero y trabajo digno para la clase trabajadora, los Juegos Panamericanos no le “cambiaron el rostro a Guadalajara” y la cumbre de 2004 no logró un tratado de libre comercio con Europa. En cambio, las manifestaciones políticas y culturales que critican el estado de cosas, han sido ridiculizadas, excluidas y reprimidas.

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Artículo semanal Carlos Peralta Coyuntura sobre Derechos Humanos Sin categoría Tortura

La tortura en México aún persiste

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 7 de mayo de 2014

Juan Méndez Relator Especial de la ONU sobre la tortura está realizando una visita a México para evaluar la situación e identificar los desafíos respecto a la persistencia de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.

A pesar de los recientes avances legislativos en el país y de que México es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pena Crueles, Inhumanos o Degradantes, esta práctica ha aumentado en años recientes. Según datos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registraron entre el 2006 y 2012, 7 mil 253 casos de tortura. Esta percepción coincide con lo reportado en el informe del Comité Contra la Tortura emitido en el 2012, que señala un aumento alarmante del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado.

  • En los encuentros que ha sostenido el relator con organizaciones civiles mexicanas surgieron diversas preocupaciones, entre ellas: 
  • Aumentaron en 500% de los casos de tortura durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa debido a la estrategia de seguridad implementada por este, sin embargo se observa continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
  • En la práctica del arraigo, el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias, se posibilitan actos de tortura, por lo que es importante que existan protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea detenida, se traslade y presente inmediatamente al Ministerio Público.
  • Persiste el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten sus culpas o expresen confesiones y se auto inculpen.
  • Asimismo, se señaló que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina en instituciones de cuidado alternativo o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público.

Si bien estas preocupaciones se formularon pensando en el nivel federal, debe enfatizarse que en Jalisco también padecemos de la cotidiana práctica de tortura. Tan solo el pasado 05 de febrero del presente año, en el contexto de la Glosa Ciudadana del Primer Informe del Gobernador, Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1997 y 2001), lanzó una severa crítica al gobierno de Jalisco por la persistencia de prácticas de tortura en las corporaciones policiacas. En su réplica el Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera en forma por demás inaudita confesó y confirmó que la tortura se vincula a prácticas de investigación. Vaya cinismo, admitió que cometen delitos, supuestamente con el objetivo de generar seguridad.

Posteriormente en una entrevista que aparece en un medio impreso, la procuradora social de Jalisco, Felícitas Velázquez, mencionó que la mitad de las personas que solicitan un defensor de oficio fueron víctimas de tortura. Por su parte Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del Estado, informó el 9 de abril pasado, que el 40% de los procesados penalmente había referido que fueron objeto de tortura y por ello se declararon culpables.

Tomemos en cuenta que un derivado de la presencia explícita de la tortura es que se generan más dudas y cuestionamientos sobre la justicia, se genera las preguntas¿realmente los apresados eran todos culpables o se declararon culpables por la tortura?, ¿las prácticas de investigación llevan a la verdad o falsean la verdad?

Cabe mencionar que las organizaciones de la sociedad civil, entre las recomendaciones que han hecho al Estado mexicano manifiestan la urgencia de que:

  • Se cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura y se investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica. 
  • Se aplique de manera adecuada el Protocolo de Estambul, además de que debe de independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, las autoridades judiciales y jueces; Sumado a que deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales.
  • Deben introducirse mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Las autoridades toleran o consciente la tortura en Jalisco. Solo así se puede explicar que año tras año se denuncien prácticas de tortura, se emitan recomendaciones por tortura (en el 2013 fueron tres recomendaciones de la CEDHJ), y sin embargo, ningún funcionario público ha sido juzgado y sentenciado por prácticas de tortura. Ojalá y las recomendaciones que emita el Relator de la Tortura contribuyan a combatir este grave problema.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Coyuntura sobre Derechos Humanos Sin categoría

La visita de Amnistía Internacional al presidente de México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 26 de febrero de 2014

Amnistía Internacional es uno de los pocos movimientos de carácter mundial en defensa de los derechos humanos. Está presente en 150 países y cuenta con más de tres millones de miembros y simpatizantes. Tal vez sea la organización más amplia y numerosa en esta línea de acción. Amnistía realiza labores de investigación y emprende acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Es también una organización con una estructura y misión claras, fue fundada en Inglaterra en 1962 y aún tiene mucha vigencia y capacidad de acción. En México tiene un órgano coordinador en el DF y grupos en varios estados donde ha venido implementando estrategias de difusión y acción, para impulsar el respeto de los derechos humanos. En particular debo subrayar que ha contribuido en la denuncia de casos graves de violación, como el de los feminicidios de Ciudad Juarez, entre muchos otros.

Una de sus áreas de labor relevante es la de investigación. Con su informe anual ponen en la mira las principales violaciones cometidas en los diferentes países en donde tienen acceso. En general sus informes suelen tener mucho impacto puesto que son realizados con objetividad y profesionalismo. Dado que no reciben financiamiento de ningún gobierno no pueden ser acusados de ser tendenciosos. Sus actividades se sostienen y desarrollan esencialmente, a partir de los aportes de sus miembros y simpatizantes, así como a través de la articulación con otras organizaciones de derechos humanos.

No es común que el Secretario General de Amnistía y una comitiva de primer nivel, visiten un país, sin embargo nos visitaron hace unos pocos días. Salil Shetty actual Secretario General es un veterano activista en asuntos relacionados con la pobreza y la justicia. Antes de unirse a Amnistía Internacional fue director de la Campaña del Milenio de la ONU y desempeñó entonces un papel fundamental en la campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la primera parte de su visita Salil Shetty, Érica Guevara directora ejecutiva para el área de Las Américas, y Perseo Quiroz director para México, fueron al norte del país. La violencia ejercida contra migrantes y los casos de personas desaparecidas aparecieron como los asuntos primordiales en su diálogo con agrupaciones locales. Salil Shetty consideró su estancia en México de “alta prioridad” porque es visible la gravedad de estos casos.

En el Estado de Coahuila se reunió con miembros de la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y expresó su preocupación por que durante el gobierno de Felipe Calderón se reportó en México la desaparición de más de 26 mil personas, cifra excepcional y grave a los ojos de Amnistía Internacional (AI), pero y sobre todo, porque a la fecha “no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, y en que se hayan rendido cuentas claras’’.

También visitó Saltillo y fue a las instalaciones de la Casa del Migrante. Denunció entonces que el año pasado las autoridades mexicanas detuvieron a 83 mil indocumentados de distintos países, la mayor parte originarios de países de Centroamérica. De éstos 76 mil fueron deportados no obstante que habían sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, tanto por organizaciones criminales como por autoridades.

El hecho es que a pesar de las declaraciones de buena voluntad del actual gobierno y de las iniciativas legales que ha propuesto en materia de derechos humanos, en México siguen ocurriendo cotidianamente, graves violaciones y abusos, como desapariciones forzadas, ataques contra migrantes indocumentados, hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de una casi total impunidad; señalaron los representantes de Amnistía Internacional (AI).

Pero la cereza del pastel ocurrió el lunes de la semana pasada cuando Salil Shetty entregó al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada, un memorandum titulado “Los retos de México en materia de derechos humanos”, en el cual se advierte que el país enfrenta una situación de crisis en diferentes ámbitos de los derechos humanos, situación que debería ocupar el mismo nivel de importancia que las reformas económicas y políticas.

En este documento se insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente. Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos. Cito un párrafo del documento “México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.”

Es importante que existan organizaciones de la sociedad civil independientes y profesionales, como es el caso de Amnistía Internacional. Es importante que alcen su voz a nivel nacional e internacional, que denuncien y que den a conocer su posición dentro de las altas esferas del poder en nuestro país y en muchos otros países, porque esas voces ayudan a movilizar voluntades y contribuyen a generar los cambios que el mundo necesita.

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Gerardo Moya Sin categoría

Los que vengan de Michoacán, “Revísenlos”.

Mtro. Gerardo Moya, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 29 de enero de 2014

Se escuchó recientemente en diversos medios de comunicación, la “estrategia” del Gobierno del Estado de Jalisco, de “blindar” la frontera con nuestra vecina entidad federativa de Michoacán, para “evitar que se pasen los delincuentes”.

Francamente, cuando la escuché, se dibujó en mi cara una leve sonrisa burlona; no sé si por la ingenuidad de las autoridades Jaliscienses de creer que con dicha acción pueden “detenerlos”, o por la ingenuidad de pensar que los ciudadanos nos vamos a creer que la estrategia funcionaría. Como un desliz, pasaron por mi mente las imágenes de diversos puestos estratégicos, en los que servidores públicos jaliscienses, tanto estatales como municipales, se encontraban apostados revisando a cuanto Michoacano quería pasar a Jalisco, como si en Jalisco fuéramos los puritanos vecinos del Norte, no queriendo dejar pasar a los “mojados mexicanos”.

Pues bien, las autoridades jaliscienses, ya sea estatales o municipales que lo hicieren, no sólo estarían cometiendo el delito de abuso de autoridad de acuerdo con nuestro Código Penal; sino que estarían violentando la Norma Constitucional Federal, aquella de que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Además, revisarlos por el mero hecho de ser “Michoacanos” es precisamente lo que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define como “discriminación”; es decir, “restringir” basándose en su “origen”, el ejercicio de su derecho al libre tránsito y a la no molestia de su persona. En otro sentido, se trata de “estigmatizarlos”; ponerle la etiqueta a alguien precisamente por “ser de Michoacán”. Estarían cometiendo entonces un acto discriminatorio, ese que prohíbe también el artículo 1 de Nuestra Constitución Política Federal y el 4to de nuestra Constitución Local de Jalisco.

¡Pero qué creen!, que NO existe procedimiento administrativo que permita a la postre sancionar a servidores públicos estatales y municipales de Jalisco que cometan “actos discriminatorios”. ¿Por qué?, porque no existe aún en Jalisco, una Ley Estatal en materia de Discriminación, y porque la Ley Federal sólo puede abrir procedimientos en contra de servidores públicos Federales.

Aquí es en donde al Poder Legislativo local le toca cumplir con su función, y crear una ley para Jalisco que elimine este vacío. Valga decir que el Colectivo “Jalisco Incluyente” integrado por diversas organizaciones tanto civiles como públicas, ha impulsado desde 2002, una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco, pero a lo largo de cuatro Legislaturas su propuesta ha tenido que esperar, debido a que siempre hay un tema “más importante” que legislar. Veamos si ésta Legislatura, con todo y sus escándalos puede hacer la excepción.

Entonces, señores de las grandes ideas de revisar personas en la frontera con Michoacán, antes de violar la ley, mejor cumplirla primero en casa, tanto ciudadanos como autoridades, ya que los “delincuentes” también los tenemos en casa y muchos de ellos coludidos, protegidos, entrelazados con nuestros servidores públicos de todos los niveles. La frase bíblica lo describe mejor: “no mires la paja en el ojo ajeno”.

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Retrocesos en materia de Derechos Humanos en México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 18 de septiembre de 2013

La semana pasada la relevante reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, aprobada hace poco más de un año en el 2011, sufrió un duro golpe, que para diversos analistas debe considerarse un retroceso en su espíritu.

La reforma constitucional nos sorprendió a todos por los cambios tan importantes que se observaron en el artículo primero. Por ejemplo, afirmaba la relevancia de los derechos humanos en el país, por encima de las garantías. En este sentido ubicó en el mismo nivel de importancia a la constitución y a los tratados internacionales. Por otro lado enunciaba principios de gran relevancia necesarios para la defensa y promoción de los derechos, entre ellos el principio pro persona. La reforma también incorporaba la obligatoriedad de que todos los servidores públicos denunciaran cualquier violación a los derechos humanos. Entre otros aspectos más.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un paso atrás en tan importante reforma. La semana pasada, después de arduas y políticas discusiones, resolvió dos asuntos que van vinculados: 1) confirma que “los derechos humanos de fuente internacional (a partir de la reforma al Artículo 1° constitucional) tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual va en concordancia con la reforma de 2011. Sin embargo también acordó “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional”. Aquí es donde radica la regresión, e incluso el peligro para los derechos humanos, porque en la práctica si en la Constitución se consiente la violación a un derecho, se privilegia a esta aunque en los tratados internacionales se asuma como una acción violatoria, en este punto: los tratados internacionales por debajo de la Constitución.

Por ejemplo, en los tratados internacionales se menciona que una persona detenida tiene derecho a ser puesto a disposición de una autoridad (un juez), en un plazo reducido, tiene derecho a saber cuál es la acusación, derecho a la defensa y a estar comunicado. Algunos de estos derechos se vulneran en la figura del arraigo, que aunque poco eficiente, es de recurrente práctica en México, y se encuentra incluida en la Constitución.

Cabe mencionar que diferentes organismos internacionales, entre ellos la propia Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, a través de su informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas en México (torturas y malos tratos en México)”, se ha expuesto que el arraigo es violatorio a los derechos humanos. Asimismo durante el foro “Retos y acciones del Estado frente al arraigo”, realizado en el Senado, el representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, recordó que instancias internacionales han solicitado ya a México que elimine esa práctica. El arraigo impide la posibilidad de defensa inmediata de un detenido, porque te detienen para poder investigar, no hay acusación y por lo tanto, tampoco derecho a defensa.

Con la resolución de la Suprema Corte, en la medida que el arraigo aunque violatorio de derechos esta plasmado en la Constitución, los cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad. La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y consolidar el avance decide dar un paso atrás.

Al quedar la Constitución y los tratados internacionales en un mismo nivel y en un conjunto se puede dar lo que algunos abogados como Edgar Cortés del Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos llama “la interpretación conforme”; es decir, la Constitución junto con los tratados podrían hacer una lectura coherente y armónica. Lo que pasó con la resolución de la Suprema Corte es que se limitó la interpretación conforme, porque ante el desacuerdo prevalece la constitución.

Consideramos entonces que la Suprema Corte tomó una decisión contraria al espíritu de la reforma constitucional (de 2011), refrendó la visión de que nada puede estar por encima de la Constitución y que los derechos humanos son algo que amenaza. El riesgo ahora es que empiecen a realizarse reformas constitucionales para poder imponer en ella asuntos por encima de los derechos humanos.