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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos humanos

Foto: Carlos Sánchez Pimienta
Por Juan S. Larrosa Fuentes,
Asambleísta de CEPAD AC.


En días recientes nos enteramos que, por segunda ocasión, concluyeron las transmisiones del programa de noticias dirigido por Carmen Aristegui en Noticias MVS. El término de las relación laboral entre Aristegui y MVS ha sido polémica, pues la periodista ha señalado que el origen de esta ruptura es de orden político y la empresa sostiene que se trata de una desavenencia laboral entre particulares. Más allá de esta disputa, hay algo incontrovertible: la oferta periodística nacional se ha quedado sin uno de los pocos equipos de reporteros que ofrecía, cotidianamente y no sin estar exento de errores, un trabajo periodístico profesional y crítico frente al poder político.

El caso Aristegui se ha discutido intensamente y se han construido diversas interpretaciones. Uno de los debates más intensos ocurre entre aquellos que señalan que este caso puede considerarse como un atentado en contra de derechos constitucionales y entre quienes no lo consideran así. Quisiera, en este caso, argumentar que el caso Aristegui sí puede considerarse como un atentado en contra de los derechos fundamentales.

El Artículo 6 de la Constitución Mexicana señala que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Por otro lado, la Constitución señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información […]”

El caso de Carmen Aristegui sirve para ejemplificar una de las contradicciones de las sociedades democráticas contemporáneas: la construcción y desarrollo de sistemas de comunicación social que tiene la tarea de ofrecer un servicio público, pero que son administrados por empresas privadas. El periodismo es una práctica que produce información política, económica y cultural, para que los ciudadanos puedan obtener conocimientos de su entorno y evaluarlo. Este conocimiento debe servirles para entender su vida, para decidir sus formas de participación política y para tomar las decisiones que más le convengan.

El problema es que ese servicio público, el cual está garantizado por la Constitución, está sujeto a las decisiones de intereses privados, ya sea de familias dinásticas que controlan grandes empresas comunicacionales, o de corporaciones trasnacionales, que lo mismo producen y transmiten mensajes en México, que en otras partes del mundo. El Estado mexicano no está garantizando que la radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad y fomentando la pluralidad de la información, porque el interés principal ha sido defender los derechos, pero de las empresas privadas que ofertan información. Por ello, el caso Aristegui es relevante, pues opera como evidencia de un sistema de comunicación que privilegia la generación de ganancias económicas y supedita el servicio público.

Carmen Aristegui y su equipo tienen grandes oportunidades por delante. Será interesante ver cómo se defenderán legalmente, especialmente si argumentan su caso como una violación a derechos fundamentales. Por lo pronto, vale la pena señalar que el caso Aristegui es paradigmático porque si ella y su equipo salen del aire, las opciones de periodismo crítico en México se ven reducidas drásticamente. Y se ven reducidas no porque Aristegui y compañía serán periodistas superdotados, sino porque hay muy pocos espacios para periodistas críticos en el sistema de comunicación mexicano. 
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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014

Foto: Carlos Sánchez Pimienta


Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.
El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.

El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.
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Artículo semanal Derecho a la Información Jorge Narro Sin categoría Transparencia

El nuevo titular del ITEI en Jalisco

Por Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC





Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 24 de julio de 2013

En abril de 2012, cuando entró en vigor la actual Ley de Información Pública del Estado y sus Municipios, se incluyó un mecanismo para tratar de asegurar que quien alcanzara la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (el Itei) no fuera un simple e ignorante buscachambas al servicio de algún partido o personaje político. El mecanismo es un examen elaborado, aplicado y calificado por al menos “cinco instituciones de educación superior o especialistas en materia de información pública con prestigio reconocido a nivel nacional”. Un examen, además, con carácter vinculante; esto es: sólo quien lo apruebe –y con calificación superior a 80 puntos- puede aspirar a la presidencia del Instituto. Nadie más.

El último día de junio pasado Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei desde 2009, terminó su gestión. 18 ciudadanos (entre ellos el propio Gutiérrez) entregaron expedientes y presentaron examen buscando la Presidencia. Sólo tres candidatos obtuvieron la calificación indispensable para pasar a la última etapa, la elección por parte del pleno del Congreso: Alfredo Delgado Ahumada, Cynthia Cantero Pacheco y Héctor Ontiveros Delgadillo.

El electo lo fue por cuatro años: de julio de 2013 a junio de 2017.

Pero las cosas no han sido nada fáciles y, previsiblemente, lo que viene por delante tampoco lo será.

La primera bronca estalló cuando la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del estado, integrada mayoritariamente por legisladores del partido Movimiento Ciudadano, decidió que ninguna institución de educación superior local participaría en el examen a los candidatos. ¡Escándalo! El episodio terminó cuando, como resultado de una impugnación promovida por la diputada del PRD Celia Fausto, el omnipresente Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ordenó incluir a las universidades locales en el examen.

La siguiente bomba hizo explosión cuando Gutiérrez Reynaga denunció que los exámenes habían sido filtrados previamente a su aplicación, que él había obtenido una calificación mayor a 80, que el examen era confuso al mencionar indiscriminadamente la Ley de Transparencia y la Ley de Información, y que el haber difundido los resultados dañaba su imagen, “mi individualidad que tengo”.

El tercer conflicto puede estar latente.

El 19 de junio la comisión de Participación Ciudadana aprobó el dictamen con los tres aspirantes elegibles para la Presidencia del Itei. El 28 el pleno del Congreso escogió de entre los tres a Cinthya Patricia Cantero.

Pero la designación podría ser impugnada.

Resulta que el artículo 17 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece entre los requisitos para ser consejero presidente o ciudadano del Consejo del Instituto el “No haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público, durante los seis años anteriores al día de su nombramiento”. Y Cantero trabajó en la Unidad de Transparencia de los Hospitales Civiles.

Aunque a los otros dos finalistas también se les podría poner ese “pero”: Héctor Ontiveros trabajó en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan y Alfredo Delgado Ahumada ha sido director jurídico del Itei desde hace varios años.

Y aunque la ley no define qué es un “órgano de gobierno”, existen resoluciones de tribunales que sí lo hacen. Tesis que pueden ser usadas para impugnar la designación del presidente.

¿Son simples anécdotas en la historia de un organismo intrascendente? ¡Para nada! Se trata de conflictos que vulneran aún más el prestigio y la actuación de una institución indispensable para que los jaliscienses sepamos cuánto y en qué se gastan los políticos profesionales nuestros recursos.

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Artículo semanal Derecho a la Información Sin categoría Transparencia

Por un ITEI que tutele el derecho a la información de los jaliscienses

Por Juan Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 15 mayo de 2013

La semana pasada, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco, publicó la convocatoria para elegir a un nuevo Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI). Este proceso no es menor y requiere del ojo crítico de la sociedad, pues de ello depende que este instituto continúe por un camino de baja autonomía y rendimiento o que por el contrario, se convierta en un espacio que marque un claro contrapeso a los poderes públicos.

Luego que durante el primer lustro del siglo XXI en Jalisco se viviera un importante desarrollo de la transparencia en el estado, en tiempos recientes hemos observado claros retrocesos, como fue la elección de Jorge Gutiérrez Reynaga, actual presidente del ITEI o la aprobación de una nueva ley de transparencia en 2011, que de un plumazo eliminó una serie de derechos que los jaliscienses teníamos con la ley promulgada en 2005.

En julio de 2009, los entonces diputados del Congreso de Jalisco, eligieron a Gutiérrez Reynaga, luego de un proceso plagado de irregularidades y poco transparente. Los expedientes de los contendientes no fueron analizados a profundidad y muchos de los participantes fueron desestimados por cuestiones políticas, cuando tenían méritos suficientes para ganar la convocatoria. Al final, los diputados dejaron a la suerte la elección  y recurrieron a la insaculación. Curiosamente, quien resultó electo fue Jorge Gutiérrez Reynaga, un funcionario con muy poca experiencia en el tema de la transparencia y  con un perfil público bajo. En otras palabras, Gutiérrez Reynaga cumplió con un perfil ubicado en las antípodas de Augusto Valencia, anterior presidente del Instituto.

Esta elección, sin duda, marcó el rumbo del ITEI desde entonces. Gutiérrez Reynaga llegó al instituto a poner orden en las finanzas, a realizar nuevas contrataciones y a “cumplir” con su trabajo. Por el contrario, no buscó hacer frente a los grandes escándalos de corrupción del gobierno del estado, como fue el caso de los Juegos Panamericanos, ni tampoco presionó para que el Congreso o del Poder Judicial transparentaran su actuación. No buscó reducir los sueldos de los empleados del ITEI, mucho menos una nómina onerosa y que tiene por objetivo pagar favores a los distintos partidos políticos. En 2011, cuando el Congreso dio el albazo con la aprobación de una contrarreforma, la voz del ITEI fue tímida y complaciente con el poder.

Pero lo más importante, desde 2009 tenemos en el ITEI a un funcionario público que, como un buen cuenta chiles, solo se ha dedicado a administrar una institución que maneja un gran presupuesto. Por el contrario, no se ha constituido en un defensor del derecho a la información de los jaliscienses quienes queremos saber las cuentas del Congreso, los gastos de comunicación social de los municipios o las cuentas finales de los Panamericanos. Al día de hoy, eso, y muchas cosas más, no las sabemos.

Por estas razones, el proceso de elección del presidente del ITEI es de suma importancia para la vida pública del estado. Estamos ante un escenario de continuidad o de cambio. Es tiempo, entonces, de exigirles a los diputados que busquen el mejor perfil para dirigir una institución fundamental de la democracia jalisciense.