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Por una visión de Derechos Humanos en los Medios de Comunicación

Por Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC


Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta


6 de marzo de 2013

Hace algunas semanas circuló por la mayoría de los medios locales la noticia de que una niña de 9 años de edad había dado a luz en el Hospital de Zoquipan, la nota causó revuelo y comentarios de toda índole tanto por parte de los diversos medios de comunicación, articulistas, autoridades, así como de la gente común, que también se dio a la tarea de hacer públicos sus comentarios a través de las redes sociales o en los espacios que los periódicos y la radio abren al público en general.

Fue sorprendente que la mayor parte de los comentarios y análisis se dieran desde una especie de morbo y chismorreo, sin tener el menor cuidado, preocupación e interés por proteger la integridad, intimidad y dignidad de esta niña, que fue sin lugar a dudas víctima de un abuso sexual.

Se discutió por ejemplo, si en realidad la niña tenía 9, 11 ó 13 años de edad, como si eso fuera importante. Llegué a leer que la niña había consentido el abuso, según comentarios del padrastro (quien hoy se sabe que es el papá biológico de la niña, y que ha sido consignado a prisión por el delito de abuso sexual infantil agraviado). Independientemente de si hubo uso de la fuerza o no, cualquier interacción de índole sexual entre un adulto y un niño o niña, es considerado un abuso sexual. El cuerpo de los niños y las niñas, y su intimidad les pertenecen. Y debe haber siempre límites incluso para las muestras de cariño y afecto de las y los familiares. Nadie puede ser culpado por no haber sido lo suficientemente hábil para escapar de una situación de abuso. La víctima nunca tiene la culpa de una agresión sexual. El único culpable es el agresor. Los abusos sexuales pueden ocurrir a cualquier edad.

Cuando se trata de un agresor que es cercano afectivamente a la víctima, y todos sabemos que es muy común que el agresor sea conocido por la víctima, resulta mucho más difícil para ésta denunciarlo o defenderse, ya que los une un lazo afectivo que funciona como chantaje emocional, persuasión o engaño, y que debido a la desinformación, falta de autoestima o miedo al rechazo, es probable que la víctima tenga menos elementos para poner un lato, y prevenir el abuso.

El pésimo manejo que dieron los medios y las autoridades del caso, puso a esta niña en una situación de doble vulnerabilidad: no sólo fue víctima de un abuso sexual, sino que quedó embarazada como resultado de este abuso, poniendo en riesgo su integridad, su salud, su desarrollo y su estabilidad emocional. Las autoridades y los medios hicieron pública su identidad, cometiendo un gravísimo error, al ponerla en riesgo de ser víctima de rechazo social, segregación y estigmatización.

La falta de cuidados parentales, de protección familiar y de una educación sexual integral, entre otras cosas, provocaron que la niña fuera víctima de una agresión sexual con terribles consecuencias para su vida y por supuesto para la del bebé producto de una relación de abuso, agresión, maltrato físico y emocional. Las consecuencias físicas y psicológicas para ambos serán sin duda difíciles de subsanar.
Este caso y su manejo son un claro ejemplo de la falta de sensibilización y educación en Derechos Humanos que tienen tanto los medios de comunicación, como las autoridades y la ciudadanía en general. Es evidente que su difusión se dio sin conocer los derechos fundamentales de la niña, establecidos en la Convención por los Derechos de los Niños, ratificada por México en el año de 1990, la cual hace referencia a derechos tan importantes como el acceso a una vida libre de violencia, a una familia estable que le brinde cuidados y protección, al respeto a su integridad física y emocional, al manejo confidencial de sus datos y su persona ante situaciones como ésta… derechos que fueron vulnerados con el pésimo manejo que se dio a este asunto tan desafortunado.

Veo con preocupación que el estado mexicano no considera estos hechos como parte de su responsabilidad social y jurídica. Existe un enorme número de niñas y adolescentes convertidas en madres de manera prematura que no son sólo responsabilidad de sus familias, sino también del estado y su protección constituye una importante función social del gobierno. Es urgente que se tomen medidas preventivas, que vayan más allá de las leyes y que puedan atenderse desde la cotidianidad: en la escuela, en los centros de salud, en los parques… a través de programas efectivos de educación sexual integral y de involucramiento de los padres de familia en estos procesos.

Se requieren partidas presupuestales más fuertes para que las autoridades intensifiquen los programas de educación integral en sexualidad, para difundir y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre niñas y adolescentes. Las estrategias educativas no han sido suficientes, ya que tan sólo el año pasado se duplicó la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en edad escolar.
Es necesario también que los responsables de los medios de comunicación, así como las oficinas de comunicación social del gobierno del estado, se capaciten y sensibilicen desde un enfoque de derechos, uno que les permita cuidar en todo momento la información que difunden, garantizando que al hacerlo respeten la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.

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México frente a la CEDAW: Ante el vacío de respuestas, un reflejo de realidades

El día de ayer 7 de agosto, la Coalición CEDAW Ciudadana dio a conocer el balance sobre las recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité CEDAW al Estado Mexicano, las cuales se presentaron el mes pasado en el marco de la 52ª sesión en la ciudad de Nueva York.

En  dicha reunión, el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, reconoció los avances que el Estado mexicano ha tenido particularmente en la materia legislativa: La  Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011 y la Adopción de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia del 2007.

No obstante, el Estado mexicano no pudo dar cabal respuesta a los cuestionamientos que se le formularon, como el aumento de  más de 1,000% de feminicidios en los últimos años;  al incremento de desapariciones forzadas de mujeres y niñas, al nivel de vulnerabilidad que enfrentan las periodistas y defensoras de derechos humanos, a la vulnerabilidad jurídica de las trabajadoras del hogar, a las mujeres que quedan excluidas del sistema educativo, muchas de ellas indígenas; a las mujeres que no pueden transitar libremente por las calles por miedo a ser robadas, violadas o incluso manoseadas en el transporte público.

El Comité manifestó una gran preocupación “ante el aumento de los patrones ya existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en México,  debido entre otras cosas a la estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada que ha contribuido a incrementar y al mismo tiempo invisibilizar los crímenes por razones de género y a la persistente impunidad y corrupción que impiden escandalosamente el acceso a la justicia para las víctimas” [1].

En ese contexto, la CEDAW recomendó al Estado Mexicano revisar su estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, “así como  poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país” [2] el cual impacta de manera diferenciada a las mujeres  y a las niñas.

La invisibilización por parte del Estado ante los crímenes y violaciones de los derechos humanos de las mujeres jamás tendrá una respuesta de normalización por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Mientras el Estado siga postergando el cumplimiento de sus responsabilidades, las organizaciones de la sociedad civil seguirán en pie de lucha para confrontar al silencio y al olvido.

Ilustración :”No nos cabe tanta muerte” de Paula Laverde.Nuestra Aparente Rendición.


[1] Centro de Información de las Naciones Unidas: México, Cuba y República Dominicana. Boletín ONU: ONU Retoma exigencias de la sociedad civil sobre las grandes violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Comunicado No. 12/121-7 de agosto 2012. Disponible en: http://www.cinu.mx/comunicados/2012/08/onu-retoma-exigencias-de-la-so/
[2] Naciones Unidas,CEDAW. Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer México. 52º período de sesiones, 27 de julio de 2012