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Boletín de prensa Derechos de los Niños y las Niñas Personas Desaparecidas

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

04 de septiembre de 2017

El pasado 30 de agosto, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

Las organizaciones presentamos esta denuncia general al GTDFI ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.

El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia. La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Por tales razones, elegimos esta problemática debido a la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.

El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.

Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México.
Trial International

 

Consulta la versión integral de la denuncia general AQUÍ

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Derechos de los Niños y las Niñas Derechos Sexuales y Reproductivos Discriminación Paola Lazo Corvera Sin categoría

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…

Cuando las creencias sostienen la desigualdad…


Por Paola Lazo Corvera,
Asambleísta del CEPAD AC


El pasado 22 de enero un grupo de madres y padres de familia de la Secundaria 4 Mixta, apoyados por el director de la escuela, presentaron una queja ante la Secretaría de Educación Jalisco, para expresar su desacuerdo e inconformidad por el hecho de que Andrea Carolina Márquez González impartiera clases a sus hijos, apelando a que el tener un maestro transgénero (a quien debieran referirse como maestra, ya que ella se asume como mujer de género), acudiendo a la escuela vestido de mujer, podría afectar la integridad psicológica y emocional de sus hijos e hijas.

Ante la queja, las autoridades de la Secretaría de Educación decidieron que la mejor manera de atender una situación de evidente discriminación, era a través de una Sesión de Mediación entre ambas partes: los padres y madres, y la maestra Andrea Carolina. Es de sorprender la tibieza de la propia Secretaria, así como de la CEDHJ, para poner un ejemplo contundente de defensa y protección hacia quien está viendo vulnerados sus derechos a razón de creencias, prejuicios y estereotipos que lo único que promueven es la desigualdad.

Desde un enfoque de derechos, las autoridades debieron señalar cómo es que el reclamo de los padres y madres era contrario a la propia Constitución (Art. 1º), al ser discriminatorio hacia la maestra, y contradictorio también hacia los principios promovidos en los Planes y Programas de Educación Básica, que respaldan la inclusión, la aceptación y la no discriminación, así como del Art. 15 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Una vez hecho el señalamiento y habiendo frenado una posible cruzada en contra de la maestra, las autoridades podrían entonces impartir talleres de sensibilización y educación en derechos humanos a las familias y alumnos con el fin de promover una cultura de la Diversidad, desde el respeto a las diferencias y la educación para la paz (tal y como lo establecen los lineamientos de DH tanto de la SEJ como de la CEDHJ, así como la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por nuestro país, y promovida por la propia SEJ).

La discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y el pleno ejercicio de la ciudadanía (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).
Los argumentos de los padres de familia no sólo son antipedagógicos, sino también producto de una violencia estructural que perpetúa las relaciones desiguales, contraria a una cultura de paz y poco favorecedora de un desarrollo integral abierto, plural y libre en los muchachos y muchachas. Justifican desde sus miedos y prejuicios una supuesta violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay investigaciones que demuestran que el aprender de maestras y maestros diversos enriquece las posibilidades de socialización, aceptación y valoración de las diferencias. Estas jóvenes y muchachos resultarán beneficiados del contacto con una maestra distinta a las demás, crecerán aprendiendo que las personas pueden decidir ser cómo quieren ser, y que eso no agrede ni violenta a los demás, y que es en principio una muestra de congruencia y autenticidad. En esta etapa en que las y los jóvenes cuestionan los patrones sociales establecidos por el orden social como parte de su independencia y desarrollo de su pensamiento crítico, conocer adultos que han explorado otras formas de ser y de identificarse desde su género, les abre un panorama más amplio, acorde a sus propias inquietudes, que propicia la erradicación de la ignorancia, los estereotipos, los prejuicios y una moral basada en los usos y costumbres, que no corresponde al progreso científico y a las necesidades actuales de nuestro mundo.

Desde una visión de educación para la paz, conflictos como éste nos permiten buscar formas creativas, solidarias y respetuosas de enfrentar las diferencias; ésta será sin duda una oportunidad de reflexión y aprendizaje no sólo para la comunidad escolar de la Secundaria 4 Mixta, sino para la sociedad jalisciense en general. Esperemos que las autoridades educativas y la misma CEDHJ resuelvan desde un enfoque de derechos, que nos permita a todos re-educarnos y hacer de la inclusión una práctica cotidiana en nuestras vidas. Para lograr la paz que tanto exigimos, es necesario actuar desde la no violencia, construir espacios cotidianos de respeto, de inclusión y de aceptación, en donde todos y todas quepamos, y construir a través del diálogo, con apego a derecho, relaciones de armonía y solidaridad.

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Artículo semanal Derechos de los Niños y las Niñas Paola Lazo Corvera Sin categoría

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014

El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.